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miércoles, 25 de noviembre de 2009

Reflexión a propósito de las "21 megaobras"

Integrantes de la mesa que presidió el foro sobre las "21 megaobras" convocado por Fesovalle, en el momento de la instalación del certamen. De izquierda a derecha, Lizardo Carvajal, Élmer Fabio García, Rodrigo Salazar, Mónica Lucía Marulanda, Luis Alfonso Mena, Wilson Arias, Armando Palau, Antonio González y Germán Arboleda. (Foto: especial para ¡PERIODISMO LIBRE!).

La arrogancia del poder

Por Luis Alfonso Mena S. (*)
Aparte de los problemas sociales, económicos, ambientales, administrativos, legales e incluso constitucionales que afronta la empresa de las 21 megaobras en que está empeñado el alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, hay un asunto que aparece en el fondo de todos los anteriores: el del ejercicio del poder político.

Uno de los primeros problemas con que se topan los hombres que acceden al poder por la vía de las urnas es cómo manejar ese poder, cómo establecer en lo sucesivo, una vez en la silla del Ejecutivo, el nexo entre él y quienes lo han elegido y, sobre todo, entre él y quienes no lo han elegido, para los que, desde el momento mismo de la sentencia comicial, se vuelve también su mandatario.

Y es en esta última palabra donde parece estar una de las claves de los problemas de nuestros gobernantes. Se trata de un término mal entendido y, especialmente, mal asumido. Mandatario no significa, si hemos de reconocer los códigos deontológicos, esto es, los principios de los deberes, ejercicio omnímodo del gobierno, desentendido del mandato. No.

Para que exista el mandatario se requiere de un mandante que confía su mando a otro en unas elecciones. No lo hace, o por lo menos no lo debería hacer, por prebendas o canonjías, por tamales o aguardiente. Lo hace porque delega su poder, aquel poder que, en términos generales y abstractos, poseemos dentro de esa asamblea de todos que es la polis, la ciudad.

Pero en el acto de delegación del poder, que son las elecciones populares, media la propuesta del aspirante a mandatario, el programa político con el que el candidato procura convencer al elector para que le ceda temporalmente su parte de poder.

Ese es el contrato que firman cada cuatro años los ciudadanos con alcaldes, gobernadores y presidente de la República, en el plano Ejecutivo; concejales y diputados, en el ámbito de la coadministración de municipios y departamentos; representantes a la Cámara y senadores de la República, en el espacio Legislativo.

Así que en un sistema nominalmente democrático esta premisa, la del contrato social, es parte inicial, y final también, del ejercicio del poder político de los mandatarios: éstos sencillamente reciben un mandato de hacer, de cumplir, mediatizado por la propuesta electoral del aspirante ahora elegido.

Ospina les falló a los caleños
Este prolegómeno nos permite desembocar en el asunto de fondo: el Alcalde de Cali ha fallado en el cumplimiento de ese contrato, porque aquello para lo que los ciudadanos le entregaron su poder, representado en 268.950 votos, no fue para que se les excluyera del diálogo y la concertación de sus decisiones. No. Lo que pactaron ellos y él en el Programa titulado Para que Cali vuelva a ser Cali fue otra cosa.

Sostuvo el alcalde Ospina en su Programa de Gobierno 2007: “Toda la comunidad caleña tendrá el derecho efectivo de informarse, a participar y a incidir en las decisiones de gobierno, como ejercicio efectivo de ciudadanía” [1].

Y agregó: “Toda la inversión pública se hará con criterios de racionalización, participación, transparencia, satisfacción de beneficiarios y de focalización a partir de prioridades con presupuestos participativos” [2].

Como para que no quedaran dudas, en otra parte del compromiso programático ofreció una “ciudad democrática”, mediante “la participación de ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones y en la inversión equitativa del recurso público a partir de presupuestos participativos” [3].

En lo atinente a la propuesta de las 21 megaobras ninguno de estos tres compromisos ha sido cumplido en lo fundamental. Lo que hemos visto, por el contrario, es una actitud obcecada del Jefe de la Administración Municipal, quien se ha negado a recibir y escuchar a quienes se oponen con múltiples y justos argumentos al pago del paquete de obras mediante el sistema de Valorización.

No se dio cumplimiento al Programa de Gobierno cuando éste afirma que la comunidad tendrá derecho a “participar y a incidir en las decisiones de gobierno”, ni cuando dice que se diseñarán “presupuestos participativos”, ni cuando señala que se construirá una “ciudad democrática” con la participación de todos “en la toma de decisiones”.

Si bien es cierto el contrato de delegación del poder ciudadano en un mandatario lo autoriza a tomar decisiones, y así debe hacerlo, pues lo contrario sería paralizar la Administración Pública, también es cierto que en asuntos fundamentales, de gran trascendencia, como el que nos ocupa, el funcionario debe consultar a sus electores.

Y si no lo hizo antes de proferir los actos administrativos correspondientes, su deber político y ético es escuchar los reclamos posteriores, atender las solicitudes de reconsideración, generar espacios de debate abierto que posibiliten una segunda instancia, que abran el camino de la concertación y eviten los de la polarización innecesaria.

Pero, aunque muchos esperábamos otra actitud, lamentablemente el alcalde Ospina se la ha jugado por encerrarse en su concha, seguramente acompañado por su círculo de gobierno inmediato. Y he ahí el grave riesgo de los gobernantes: volverse autistas ante los llamados de quienes no aprueban sus decisiones, o de quienes, probablemente, no satisfacen sus egos.

Un diablillo se embosca

Ese es, además, el gran riesgo de todos los que acceden al mando, como lo decíamos al principio: no saber delinear, una vez elegidos, su relación con quienes le han delegado su poder, con los ciudadanos afines, pero también con los adversos.

Una vez en la silla del Ejecutivo, el diablillo de la arrogancia y la autosuficiencia hace su entrada porque sabe que, en general, el poder genera un espacio propicio para emboscarse y, al menor descuido, entronizarse en la mente del mandatario.

Si éste no anda atento a la amenaza, caerá fácilmente en sus redes y, lo más grave, creerá que si acepta puentes o los tiende, si dialoga o procura concertar entonces estará dando muestras de debilidad. Y, en consecuencia, ingresa en un círculo interminable, como el de ahora.

Un círculo que no sólo genera reacciones desde dentro de la Administración, sino que las provoca desde fuera, con respaldos mal entendidos, y es entonces cuando hacen carrera comportamientos tan negativos como los señalamientos y las estigmatizaciones.

El diablillo entronizado en los mandatarios se expande, incluso sin que él lo pida, y aparecen carteles, pancartas y vallas injuriando a los críticos, tildándolos de enemigos del progreso simplemente porque cuestionan. Nace así un comportamiento antidemocrático, que ve enemigos en todo aquel que formula reparos.

La arrogancia siempre será mala consejera. Y si se ejerce desde el poder, aún más. La firmeza de convicciones y la capacidad de decisión, incluso el temple para gobernar, son cualidades indispensables del buen mandatario. Pero ellas no deben confundirse con la intransigencia, las decisiones a ultranza o la negación del error.

El poder obnubila, enceguece, envanece. Siempre habrá, además, un entorno dispuesto a asentir, acríticamente, todas las decisiones del jefe. Ese tipo de entornos es, igualmente, mal consejero. En vez de ayudar a corregir fallas contribuye a hacerlas más protuberantes.

Las razones nos atropellan
Las razones para oponerse al cobro mediante el sistema de Valorización se las encuentra uno en las calles, se tropieza con ellas cuando escucha las noticias que no alcanzan a ocultar la crisis de desempleo y de pobreza que azota a la ciudad. Y en el transcurso del día se las cuenta el compañero de trabajo, si es que lo tiene.

También se las cuenta en la noche el vecino que se queja, el familiar que llama, el desconocido que pone el tema en el bus o en el MÍO. Hasta en los pasacalles instalados en las principales avenidas por el propio Gobierno de Cali hay razones: “¿Cómo así --se pregunta el ciudadano de a pie-- que el Alcalde anuncia descuentos de hasta el 70% en los intereses de mora para quienes adeudan los impuestos de predial o de industria y comercio, pero ahora nos quiere cobrar un nuevo gravamen, sin que los otros hayan sido cancelados?”

Una estudiante llegó hace poco a mi clase de periodismo en la Universidad Santiago de Cali alarmada por el cobro elevado que había tocado la puerta de su casa del oriente de Cali. No se explicaba por qué si reside en un barrio de estrato tres debía pagar más $800.000 de contribución. Un mundo de plata para un padre de salario mínimo y gastos máximos.

Así que no es sólo a los opositores que el Alcalde debería escuchar, si le bajara el tono a su obcecación. Es al ciudadano común y corriente. A aquel que incluso ya ni se queja porque piensa, desesperanzado, que eso ya no sirve de nada.

Tal vez el Alcalde se apoya en el conformismo en el que dormitan muchos mirando el cielo uribista con el que siguen obnubilados y que Ospina quiere remodelar. Por ello se arrima al discurso que el Presidente pronunció hace menos de dos meses en la Universidad Icesi, en el que pidió a los caleños pagar sin chistar las megaobras.

Ospina creyó ser hábil cuando mandó a hacer una extensa cuña que pasaron por espacios de Telepacífico en la que intercalaba su voz con la del Mandatario nacional. Seguramente esa construcción discursiva iba dirigida a aquellos que, perteneciendo a estratos altos, rechazan los cobros. Apelaba al uribismo de esos estratos. Pero ni así.

Es que las dinámicas sociales no son fáciles de encuadrar en determinadas coyunturas. El alcalde Ospina se ha encargado con sus decisiones de dibujar un espectro complejo. Ante sus medidas y actitudes se unió gente de todas las clases, se coaligaron actores políticos de diversos credos, se aliaron movimientos de distintos ámbitos sociales.

La exclusión aumenta
Cali necesita obras, sí, pero ¿son las propuestas las fundamentales? En los últimos días nos encontramos con dos noticias aparentemente antípodas, es decir, una buena y una mala. La buena: que seis colegios de la ciudad, todos pertenecientes a los estrados más altos de la escala social caleña, clasificaron entre los 50 que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas del Icfes en todo el país.

Y la mala, que Cali es la segunda ciudad capital de departamento con los mayores índices de homicidios después de Medellín: 79,4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes entre enero y octubre del presente año, cifra que representa un incremento, con relación al mismo período del año anterior, del 24,6%.

Entre enero y octubre de 2009, en Cali se presentaron 1.468 homicidios, en tanto que en el mismo periodo de 2008 las muertes violentas en la ciudad fueron 1.186

Pero incluso la noticia buena tiene un lado preocupante, muy preocupante diría yo: entre los mejores colegios no aparece ni uno del sector público. Y en el grupo de los cien primeros, tampoco, aunque allí vuelven a figurar otros cinco privados de estrato alto.

La institución educativa oficial de Cali mejor situada quedó en el puesto 1.022... La distancia en materia de calidad educativa entre el sector privado y el público es abismal. Y esa diferencia, que crece todos los días y que no se soluciona con paños de agua tibia, requiere respuestas urgentes, inmediatas, con programas de fondo, estratégicos.

Si como lo ha pregonado siempre Jorge Iván Ospina debemos procurar la igualdad de oportunidades, éstas no se logran con la exclusión en la enseñanza. Ni con el desprestigiado Programa de Ampliación de Cobertura Educativa.

La exclusión social crece. También lo hace la violencia, que tiene que ver, y mucho, con la falta de empleo y de inclusión. Esta no es una visión apocalíptica. Es el producto de, simplemente, mirar la pobreza que circula por las calles, que se estaciona en los semáforos en forma de limpiavidrios y malabaristas, es la queja silenciosa que transita por doquier y se mete en las casas porque no hay con quién, es el desempleo que cabalga a un ritmo del 14,2%.

Hora de corresponder al mandato
Aunque no creo que los mandatarios deban gobernar con el reloj de las encuestas taladrando su tic tac a toda hora en sus oídos, considero que la última medición de Invamer Gallup, hace menos de un mes, retrata el rechazo de un sector importante de la sociedad caleña a sus cobros y a su actitud arrogante: bajar 19 puntos porcentuales, del 75% al 56% en la calificación positiva, es un síntoma que Ospina no debió desestimar. Pero lo hizo.

Hace una semana, por ejemplo, no compareció a la sesión de la Comisión Tercera del Senado que lo citó para hablar del tema. Despreció esta célula del Congreso. Delegó en un funcionario de su despacho dar respuesta al cuestionario formulado por los senadores Alexander López y Germán Villegas.

¿Y si eso hace con quienes tiene una obligación institucional, qué pueden esperar los demás, los que no poseen esa u otras investiduras? ¿Continuará por esa senda?

Estaba invitado a este foro de la Federación de Empresas de Economía Solidaria del Valle del Cauca, Fesovalle, pero, como vemos, tampoco asistió. Ello es muy diciente de su displicencia.

Ojalá corrija, señor Alcalde. Recuerde que la arrogancia es como la bacteria que se embosca en las salas de urgencias: después de entronizada en la mente del gobernante causa verdaderos estragos. Lo que los ciudadanos esperan es que el mandatario corresponda al mandato entregado por sus mandantes, los pobladores de Cali.

Lo que el Alcalde recibió el 28 de octubre de 2007 no fue un poder omnímodo para ejercer un gobierno absoluto, fue una delegación, delimitada por el Programa de Gobierno Para que Cali Vuelva a ser Cali. Jorge Iván Ospina debe corresponder a ese mandato. Y los caleños deben continuar exigiéndolo.

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Notas
[1] Programa de Gobierno Para que Cali Vuelva a ser Cali. Parte 2: Criterios que orientarán todas las acciones del Gobierno, literal a: Comunicaciones para la Democracia.
[2] Ídem, literal f: Focalización de la Inversión Pública.
[3] Ídem, Parte 3: La Ciudad que Podemos.

(*) Este artículo fue la ponencia del autor en el foro sobre las "21 megaobras", realizado el martes 24 de noviembre en Cali, organizado por la Federación de Empresas de Economía Solidaria del Valle del Cauca, Fesovalle.

NOTAS ÁCIDAS. Bases, inseguridad, educación

MIS APOSTILLAS
Por Luis Alfonso Mena S.

Siembra vientos y… Cada vez se ve más claro el aislamiento de Colombia en relación con los demás países del continente, como lo analizamos en artículo que publicamos en este blog el 9 de noviembre pasado.

Ese ha sido uno de los temas de la presente semana, en la que hemos escuchado a los dirigentes de la élite empresarial y a los áulicos del Gobierno en los medios de comunicación reclamando porque ninguno de los países del continente, ni siquiera Estados Unidos, “se solidariza” con Colombia…

Siembra vientos y recogerás tempestades, dice el refrán. La instalación de siete bases estadounidenses en nuestro país no es un juego de niños y la mayoría de los gobiernos del continente no se traga el cuento de que no son para intervenir contra los mandatarios que tienen una política independiente frente a los gringos.

Con tal de ganar más indulgencias con el imperio estadounidense, Uribe no dudó en entregar el país a la potencia extranjera, que podrá usar no sólo las siete bases del Acuerdo sino todo el territorio nacional para sus planes contra los vecinos.

Pero el aislamiento no sólo se presenta en el continente. Llevar el tema a la Organización de las Naciones Unidas generará un debate mayor y pondrá en la mira del mundo la irresolución de la guerra interna que se registra en Colombia desde hace 61 años.

Y como sabemos, el gobierno de Álvaro Uribe tiene serios cuestionamientos en el plano internacional, de manera especial en materia de derechos humanos.

En la próxima actualización de ¡PERIODISMO LIBRE! incluiremos un análisis de este fenómeno y de los resultados de la Cumbre de la Unión de Países Suramericanos, Unasur, que se reúne el viernes 27 de noviembre.



¿Dónde está la seguridad democrática? Son aterradoras las cifras de inseguridad en las principales ciudades del país reveladas en su última edición por la revista Semana.

Cómo será la situación, que a pesar de su cercanía con el gobierno de Álvaro Uribe esta publicación sostiene que el incremento en los homicidios “está dejando al descubierto vacíos en la política de seguridad democrática”.

En realidad no se trata de simples “vacíos”: son huecos enormes, que tienen múltiples causas, como el crecimiento del abismo entre ricos y pobres, pero, además, el incremento de mafias de toda clase.

Por encima de la propaganda oficial, el narcotráfico no ha disminuido, los carteles se mimetizan en bandas más pequeñas y la delincuencia común de toda índole va en aumento.

Y ni qué decir de la corrupción administrativa, que también genera inseguridad. Colombia acaba de empeorar su calificación entre los países más corruptos del mundo.

Según la organización Transparencia Internacional, Colombia pasó del puesto 75 al 70, es decir subió en el lamentable ranking de los más corruptos.

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Cali, entre las más inseguras. Lo más preocupante para los pobladores de Cali es que su ciudad figura, según las cifras de Semana, en el segundo lugar de las principales capitales de la nación en materia de asesinatos.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes hasta octubre del presente año es de 88,8 en Medellín y de 79,4 en Cali. Pereira ocupa el tercer lugar con 73,2.

Después siguen Cúcuta (61), Pasto (34,3), Barranquilla (30,9), Cartagena (27) y Bucaramanga (26,2).

De las nueve capitales más importantes del país, la que menor tasa de homicidios registra es Bogotá, con 22,2 por cada 100.000 habitantes.

En Cali, entre enero y octubre de 2009 se presentaron 1.468 homicidios, en tanto que en el mismo periodo de 2008 las muertes violentas en la ciudad fueron 1.186

Lo anterior representa un incremento del 24,6%, el tercer aumento más alto de las ciudades reseñadas, siendo el primero el de Medellín, con la impresionante cifra del 105,9%.

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Propaganda oficial y realidad. Así, pues, ¿dónde queda la seguridad para todos que tanto pregona el gobierno de Uribe? ¿Será que ella sólo es para los grandes hacendados e industriales del país?

Las cifras demuestran, una vez más, que una cosa es la propaganda oficial, que tiene volando en una nube a muchos colombianos, y otra muy distinta los hechos.

Ni siquiera en materia de su principal política, que es la de la seguridad, triunfa verdaderamente el Gobierno, que la limita sólo a su confrontación con la guerrilla.

El problema de la inseguridad en las ciudades no es asunto sólo de los alcaldes. Lo es también del Gobierno central, pues sus programas son nacionales.

Las políticas de Uribe en materia de generación de empleo han sido un fracaso. Hoy la desocupación se ubica en el 12%, según cifras oficiales optimistas.

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Los resultados del Icfes. Se conocieron los resultados de los exámenes del Estado, las llamadas pruebas del Icfes, para los bachilleres colombianos.

Con bombos y platillos los medios masivos difundieron los éxitos de los colegios de la élite caleña: seis de ellos se situaron entre los 50 de todo el país con los mejores puntajes.

Se alardeó de las comodidades de sus instalaciones, de que sus profesores son bilingües, de que desarrollan los métodos más modernos, de que sus sedes son campestres…

También se dijo que otros cinco colegios privados, con matrículas y mensualidades altísimas, como las de los anteriores, aparecen entre los cien mejores en el Icfes.

En contraste se agregó que el mejor colegio público de Cali, la Institución Educativa Villa Colombia, ocupó el lejano puesto 1.022.

Y, para rematar, se dijo que sólo un colegio oficial, radicado en Bogotá, estuvo entre los cien mejor calificados por las pruebas del Icfes.

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Otra forma de exclusión. Las cifras dadas a conocer para Cali reflejan lo que pasa en todo el país: crece la distancia entre la educación privada de altísimos costos económicos y la pública, financiada por el Estado con un presupuesto irrisorio.

En un afán propagandístico para sus colegios (pues la educación es un negocio muy lucrativo) las élites se esfuerzan por hacer énfasis en sus éxitos.

No mencionan que ellos sólo son posibles como producto del modelo neoliberal plutocrático imperante en Colombia, que no apoya como debe ser la educación pública y, en cambio, permite cobros millonarios en los colegios privados del estrato seis.

La formación bilingüe desde la más tierna infancia, como debe ser, sólo se está proporcionando en los establecimientos de los más adinerados de la sociedad.

Y éstos son la minoría de ella. Así que el grueso de la población queda supeditado a una educación llena de desventajas.

En esas condiciones, con razón los privados de mensualidades que oscilan entre $500.000 y $1.200.000 llevan la delantera.

Todo lo visto demuestra, una vez más, que la educación en Colombia es otra forma de exclusión social, y de las más lamentables y costosas.

miércoles, 18 de noviembre de 2009

Urge la unión del periodismo independiente

Los futuros periodistas colmaron el salón auxiliar del aula máxima de la Universidad Santiago de Cali el sábado 14 de noviembre y tuvieron activa participación en el pánel sobre medios cumplido en el lugar. Aquí, varios de ellos con Jorge Enrique Botero. (Foto: Luis Alfonso Mena S.)

La hora de los medios alternativos

Por Luis Alfonso Mena S.
“¡Tenemos la de abrir, tenemos la de abrir: quince muertos en Medellín!”, gritaba frenética la jefe de corresponsales del canal ante un grupo de periodistas expectantes que luego, ante la primicia en ciernes, empezó a aplaudir por el hallazgo.

Minutos antes habían circulado por la sala de redacción reclamos y gritos porque los editores del noticiero de Caracol Televisión se habían enterado, a través de un informante en su competencia, el noticiero del Canal RCN, que éste los ‘chiviaría’ en una emisión próxima con una primicia.

Ante la preocupación generada entre los periodistas por la ‘vaciada’ de sus jefes, la aparición de la ‘chiva’ hacía que les volviera el alma al cuerpo, así ello significara aplaudir, aunque no lo quisieran, por una noticia referida a la muerte de quince colombianos.

La anécdota, ocurrida hace varios años, fue recordada por el periodista Jorge Enrique Botero el sábado pasado, al cierre de la segunda sesión del Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia, realizado hasta el domingo en la Universidad Santiago de Cali, USC, con asistencia de más de tres mil personas de todo el país.

El hecho fue traído a colación por el veterano periodista a propósito de un pronunciamiento efectuado en el mismo foro por otro experimentado hombre de televisión, Raúl Ramírez, ex corresponsal de canales nacionales, quien dijo que se encuentra de regreso de esta experiencia porque, entre otras cosas, “me cansé de buscar muertos”.

Periodistas, principalmente de medios universitarios, comunitarios y alternativos de diferentes puntos de la nación, debatieron el tema en un panel que trabajó sobre los medios de comunicación y su compromiso con el acuerdo humanitario y la paz.

El panel registró un interesante intercambio sobre el ejercicio del periodismo en Colombia y respecto de la forma como se banaliza en los medios masivos tradicionales el cubrimiento de la violencia, como se invisibiliza la protesta social o se miente deliberadamente sobre ella.

Ramírez, quien puso de relieve el papel de muchos periodistas que no comulgan con la manipulación de los dueños de los medios donde trabajan y pidió no hacer generalizaciones respecto de los trabajadores de la prensa, propuso al mismo tiempo la conformación de la Sociedad Unificada de Medios Alternativos, Suma.

Esta agremiación, explicó, sería la respuesta a la alianza de los propietarios de los grandes medios de las élites, agrupados en torno de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, propuesta que Botero complementó al enfatizar que “es hora de crear una gran comunidad de medios alternativos y comunitarios con miras a un gran encuentro de todos ellos”.

En el panel también intervino Danilo Rueda, de la Comisión de Justicia y Paz, quien expuso una experiencia reciente de radio virtual a través de internet, y refirió que aunque hasta el momento sólo transmite doce horas al día ha tenido un alto grado de visitas.

Rueda sostuvo que los medios de las élites en Colombia transmiten información sin contexto, sin confrontación de fuentes, tergiversando y desconociendo actores fundamentales de la vida del país, y por ello propuso llamarlos simplemente “medios de información, pues sólo dan forma a…”

Carlos Lozano, director del semanario Voz, alertó sobre la oficialización de la información en Colombia, y aseveró que los medios de comunicación son un gran negocio con entronques en el poder político, lo que redunda en que los medios sean el poder mismo.

Además del panel referido a la prensa se llevaron a cabo otros dos, uno de ellos sobre las perspectivas de la solución política al conflicto en Colombia, que también abordó el tema del papel de los acuerdos humanitarios en la construcción de la paz.

Este panel, el más numeroso, se cumplió en el aula máxima de la USC y estuvo presidido, entre otros, por la senadora Piedad Córdoba, la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas y el profesor Gustavo Moncayo.

Allí mismo intervino el dirigente salvadoreño Jesús Jerónimo Aguilar, quien disertó sobre el aporte de su partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (hoy en el gobierno), en el difícil proceso de paz cumplido en su país, el cual condujo a un acuerdo que puso fin a la guerra civil en El Salvador.

El otro panel se cumplió en la Plazoleta de Los Sabios de la Santiago, donde se congregaron voceros de numerosas organizaciones sociales de todo el país para debatir sobre el rol protagónico de ellas en la búsqueda de la paz con justicia social.

A este escenario fue invitado David Herrada, dirigente del Movimiento al Socialismo, MAS, de Bolivia, para que explicara la trascendental experiencia de esta colectividad en la conducción de la protesta social y en la organización política que llevó al gobierno al líder indígena Evo Morales, hoy presidente de la República.

Además de Colombianos y Colombianas por la Paz, el encuentro fue convocado por la Alcaldía de Cali, la Federación de Estudiantes Universitarios, Asfamipaz, la Coordinación de Organizaciones Agrarias y Populares de Colombia, el Centro de Derechos Humanos e Interpretación Política de la Universidad Santiago de Cali, la Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente y la Iglesia Ortodoxa de Colombia, entre otras entidades.

Decenas de propuestas quedaron sonando luego del Encuentro, y entre ellas la de una gran alianza de los medios alternativos e independientes aparece como una de las más urgentes, para que la información trascienda al ámbito de la comunicación, la violencia no sea trivializada y la paz con justicia social se empiece a abrir paso algún día en Colombia.

Reportaje gráfico de ¡PERIODISMO LIBRE!

Lo que los medios ignoraron







La secuencia gráfica que presentamos a continuación corresponde al Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz cumplido con pleno éxito, entre los días viernes 13 y domingo 15 de noviembre, en la Universidad Santiago de Cali, USC.

El certamen, que tuvo una asistencia de más de tres mil colombianos y de delegados internacionales reunidos para conocer experiencias de procesos de paz en otros países y para analizar la guerra que afecta a Colombia, fue ignorado por los medios masivos tradicionales de comunicación.

Sólo se dieron por enterados del Encuentro cuando ocurrió un incidente que involucró a tres agentes del DAS, quienes, de acuerdo con denuncias de los organizadores del certamen, iban a detener de manera irregular a uno de los participantes en la reunión.

Los importantes debates cumplidos en la USC fueron invisibilizados y ninguna de sus propuestas recibió difusión de los órganos periodísticos de las élites.

* La primera foto corresponde a la marcha realizada por las calles de Cali por los participantes en el Encuentro, el viernes 13 de noviembre.

* La segunda es del panel sobre el rol de los medios de comunicación en el conflicto colombiano, efectuado el sábado 14, en el salón auxiliar del aula máxima.

* La tercera muestra a delegados de regiones campesinas, quienes participaron en el panel sobre organizaciones sociales, reunido en la Plazoleta de los Sabios, el sábado en la tarde.

* La cuarta gráfica es del mismo panel.

* En la quinta, jóvenes que ofrecen la camiseta que hizo popular la agrupación Calle 13.

* En la sexta, delegadas se dirigen al panel central, que abordó el tema de la necesidad de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Colombia.

* Y en la última imagen, la senadora Piedad Córdoba cuando presidía la jornada de cierre del certamen, el domingo 15, en el aula máxima de la USC, que estuvo colmada.

NOTAS ÁCIDAS

Hiede pero no se cae. (Tomado de: http://matadorcartoons.blogspot.com)

MIS POSTILLAS

Por Luis Alfonso Mena S.

Los campeones del cinismo.- El pasado 27 de octubre, hace tres semanas, vaticinamos en ¡PERIODISMO LIBRE! que la moción de censura contra el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, fracasaría.

Dicho y hecho. Contra toda evidencia, contra la opinión nacional, contra la ética pública y luego de recibir instrucciones de Uribe, 41 senadores, una mayoría simple, lo respaldaron.

Lo anterior no es otra cosa que apoyar el nefasto programa Agro Ingreso Seguro y comprobar que el de Uribe es un régimen plutocrático, que gobierna para los más ricos.

A la hora de jugársela por su clase, a Uribe, el inspirador de esta política, no le importan los ciudadanos que rechazan ese programa por las terribles irregularidades que contiene.

Pero Fernández, Andrés Felipe Arias y Álvaro Uribe, el trío ejecutor de los regalos multimillonarios a latifundistas, no podrán eludir la sanción de la sociedad.

Ni sus sonrisas descaradas, ni sus desplantes prepotentes los exonerarán, pues demostraron que son los campeones del cinismo.
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Alcalde arrogante.- Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, se muestra cada vez más arrogante no sólo con sus críticos, sino también con su propio electorado.

Por encima de los reclamos, la Administración anuncia sanciones para aquellos que no le paguen la “contribución” de Valorización.

El martes anterior Ospina se negó a comparecer ante la Comisión Tercera del Senado, que lo citó para que respondiera por sus muy cuestionadas “megaobras”.

Mandó una respuesta a través de un mando medio, en una actitud de clara falta de respeto para con los citantes, los senadores Alexander López y Germán Villegas.

Ojalá Ospina no termine igualando la arrogancia de los ministros de Uribe, en cuyo discurso tanto se apoya para que los caleños paguen su paquete de obras.
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¿Dónde está el control político?- Lamentable lo que ocurre en la Asamblea del Valle: la abyección ante el gobernador es evidente.

Incluso algunos diputados asumen la defensa del mandatario como si fueran funcionarios suyos y no voceros del pueblo elegidos para que ejerzan control político sobre él.

Fue así como los diputados le aprobaron a Abadía la ordenanza de las vigencias futuras que, según expertos, pignoran las finanzas de por lo menos tres gobernadores por venir…
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Docentes con sueldos de hambre.- Proliferan los testimonios de profesores de colegios privados de Cali acerca de sus terribles condiciones laborales.

A los que tienen contrato los obligan a trabajar en jornadas extenuantes: hasta 40 horas de clases semanales, amén de otras responsabilidades.

Hay colegios de mucho nombre y mucho caché, pertenecientes a las élites, que pagan a $7.000 la hora cátedra. ¡Qué tal el abuso!

Y eso que son establecimientos con mensualidades de entre $500.000 y $800.000 por alumno, costos astronómicos que no se corresponden con lo que les pagan a los profesores.

¿Con docentes tan mal remunerados se podrá esperar educación de calidad?

Lo más grave es que cuando los profesores reclaman les responden con arrogancia de capataces: ¡Al que no le guste, mire la cola de gente esperando el puesto!
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Fracasaron los ‘cacaos’.- En el equipo de fútbol Deportivo Cali están en plena campaña para elegir nuevo Comité Ejecutivo.

Y a la hora de los balances, el de los directivos que salen no puede ser peor.

Cuando fue elegido el Comité actual se creyó que por quedar integrado por dirigentes empresariales de la ciudad los éxitos lloverían.

Craso error: los ‘cacaos’ empresariales fueron un rotundo fiasco y se demostró que una cosa son los negocios particulares y otra, saber gerenciar una empresa deportiva.

Análisis político

Semblanza del Partido Liberal

Por Alberto Ramos Garbiras (*)
El liberal es un partido que no ha podido recuperarse ni reformarse. Un partido político que se autodestruyó dentro de la convivencia del Frente Nacional (1958-1974); después, en el período post-frentenacionalista, detentó el poder durante 20 años casi consecutivos desde 1974 hasta 1998, con los gobiernos de López Michelsen hasta Samper Pizano (20 años sólo interrumpidos por el gobierno de Belisario Betancourt), pero como partido en el Gobierno concedió la mitad de las administraciones al Partido Conservador, continuó aislado de la justicia social y entregado al clientelismo.

La conjunción frentenacionalista más el destinte ideológico posterior de los gobiernos sin oposición hicieron del liberalismo jirones fraccionalistas departamentales sin jefaturas o direcciones ideológicas. El conservatismo vivió la misma transmutación.

Después de finalizar el gobierno de Samper Pizano (1998), el Partido Liberal ha estado desvinculado del poder central, ausente de las decisiones gubernamentales durante 12 años, sin recuperar la Presidencia de la República y sin vocación real de poder. Uno de sus cuadros políticos regionales, Álvaro Uribe, que creció, se formó y benefició con el Partido Liberal, ganó como independiente la Presidencia.

Esos jirones los tomó Álvaro Uribe para erigirse como jefe de los sobrevivientes al bipartidismo burocrático. Obtuvo el poder en el año 2002 desconociendo a su Partido que no lo nominó ni postuló para esa campaña electoral; ha realizado dos gobiernos continuos con énfasis en la personalización del poder, el autoritarismo, inclinándose hacia el bonapartismo. De estado comunitario sin edificar, pasó al estado de opinión sin definir, sin opinión de los adherentes al proyecto personalista uribizado.

Durante los últimos ocho años consecutivos en el poder (1990-1998), los dos presidentes liberales (Gaviria y Samper) demolieron sus bases ideológicas y lo que quedaba de arrestos. La fallida política económica del primero (César Gaviria, 1990-1994), introdujo al país por la senda del neoliberalismo, arruinando el campo y a los microempresarios. No actuó como liberal de partido, ni respetó el pensamiento político y económico de quien le facilitó el triunfo, el candidato Luís Carlos Galán.

El segundo, Ernesto Samper Pizano (1994-1998), no pudo gobernar y menos aplicar su concepción proteccionista de la economía, se dejó penetrar por la mafia, su administración permaneció judicializada y cuestionada en el exterior.

El Liberalismo, después del fallido gobierno de Pastrana Arango (1998-2002), no supo ni pudo captar ni exponer el discurso de la seguridad nacional para enfrentar a los actores armados; quien interpretó esa necesidad fue Uribe Vélez, derrotando a los demás aspirantes en esa contienda.

El liberalismo, desde el año 2002, ha realizado una oposición forzada; sin ganas unas veces, esperando, al principio, los guiños del presidente Uribe o su regreso al seno del partido. En otros momentos hizo una oposición tibia para poder coquetear detrás de una porción burocrática, y en otros, una oposición errática por intentar ser condescendiente y no romper del todo las relaciones con el ejecutivo central.

Una sola senadora, Piedad Córdoba, en muchos momentos ha hecho más oposición sola que todo el Partido Liberal. Ella pertenece a la corriente socialdemócrata del partido, pero no ha podido hacer girar al liberalismo colombiano hacia posturas más progresistas; los sectores derechistas y centristas la han tenido entrampada, sin poderse tomar la dirección de la colectividad.

Las fuerzas parlamentarias del liberalismo, durante los primeros cinco años de los dos gobiernos de Uribe Vélez, nutrieron de profesionales a los movimientos políticos uribistas, esparcidos en siete organizaciones políticas oportunistas. Sus fuerzas parlamentarias se debilitaron por las disidencias y el transfuguismo.

(*) Profesor investigador de la Universidad Santiago de Cali, USC.

lunes, 9 de noviembre de 2009

La entrega de las siete bases militares a EE.UU.


El único lugar de Suramérica al que no pueden llegar los aviones C-17 de EE.UU. es Cabo de Hornos. De resto, pueden dirigirse a cualquier sitio de la subregión partiendo de la estratégica base de Palanquero, en Colombia. (Gráfico tomado del periódico Correo del Orinoco, edición del domingo 16 de agosto de 2009).

Uribe aísla a Colombia de Suramérica

Desde la Base de Palanquero, las tropas de EE.UU. podrán hacer desplazamientos rápidos hacia toda Suramérica. Para ello cuentan con el avión C-17, que posee un rango de acción de entre 4.400 y 5.200 kilómetros. Con una tripulación de dos pilotos y un auxiliar puede movilizar hasta 102 soldados y 77.519 kilos de carga o 36 camillas y 54 pacientes ambulatorios. El avión posee tanques para 134.556 litros de gasolina y desarrolla una velocidad de 830 km./h. Curiosamente, mientras Uribe sirve a EE.UU. para alcanzar cualquier objetivo en la subregión, aísla al país de sus hermanos suramericanos.


Por Luis Alfonso Mena S.
El acuerdo militar de Colombia con los Estados Unidos, lleno de cláusulas que obligan a nuestro país, pues hasta los peajes en las carreteras usadas por automotores de las tropas extranjeras deberán ser pagados por el Estado colombiano, ha crispado aún más las tensas relaciones con los países vecinos, de manera especial con Venezuela.

Claro que ahora toda la propaganda oficial y las versiones oficiosas en los medios masivos de comunicación del establecimiento les echarán la culpa a los gobierno de las naciones limítrofes, pues esa ha sido la tradición en lo que va corrido del actual mandato, y los discursos chauvinistas (nacionalistas a ultranza) saldrán a relucir y, de paso, a apuntalar aún más el régimen del presidente Álvaro Uribe.

Pero lo cierto es que, a pesar de lo que se ha dicho por parte del Gobierno, el Acuerdo, que amplía por diez años más el uso de siete bases militares colombianas por parte de tropas de los Estados Unidos, implica no sólo el tránsito sino el asentamiento en territorio patrio de soldados de otro país, razón más que suficiente para que el documento hubiese tenido que ser discutido en el Senado de la República, como ordena la Constitución Política de 1991.

El gobierno de Uribe burló esta obligación constitucional, a pesar de tener las mayorías en la cámara alta del Legislativo, e hizo caso omiso de un concepto del Consejo de Estado (tribunal que se encarga de los líos judiciales que se suscitan entre el Estado y los particulares o entre entidades del Estado) que se pronunció en tal sentido.

Todo indica que había mucho afán porque el documento fuera firmado sin discusión interna, aunque en el país norteamericano sí deberá surtir trámites preestablecidos. Es la entrega absoluta de la soberanía nacional, como si para combatir el narcotráfico o el terrorismo fuese ello necesario.

Bien lo dijo Fidel Castro Ruz en su última columna (Las Reflexiones de Fidel), titulada La Anexión de Colombia a los Estados Unidos: “Es realmente cínico proclamar que el infame acuerdo es una necesidad de la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Cuba ha demostrado que no se necesitan tropas extranjeras para evitar el cultivo y el tráfico de drogas y mantener el orden interno, a pesar de que Estados Unidos, la potencia más poderosa de la tierra, promovió, financió y armó durante decenas de años las acciones terroristas contra la Revolución Cubana”.

Y agrega Fidel con la lucidez mental y la claridad política que, a pesar del paso del tiempo, conserva con plenitud: “La paz interna es prerrogativa elemental de cada Estado; la presencia de tropas yanquis en cualquier país de América Latina con ese propósito es una descarada intervención extranjera en sus asuntos internos, que inevitablemente provocará el rechazo de su población”.

Además, la ampliación del Acuerdo convierte a nuestro país en la gran plataforma de espionaje, preparación e incluso ejecución de futuras operaciones contra gobiernos de los países hermanos. No se requiere demasiada sagacidad política para deducirlo. Y así se ha denunciado a partir del conocimiento de un documento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que ha circulado profusamente en medios alternativos, porque en los medios de los grupos de poder colombianos eso es casi imposible.

La importancia de Palanquero

La Base Aérea Germán Olano de Palanquero es la mejor situada y en la que serán invertidos más recursos con el fin de satisfacer los intereses estratégicos estadounidenses en el subcontinente. El nuevo gran objetivo gringo es recuperar parte de lo que históricamente siempre consideró su “patio trasero”, hoy con varios países que defienden una política soberana.

Y es precisamente contra los países que sostienen una política independiente ante los Estados Unidos que se dirige parte del Acuerdo, así el Gobierno colombiano lo niegue de manera reiterada. Leamos lo que denuncia la investigadora social y jurista estadounidense Eva Golinger al respecto: “Un documento oficial del Departamento de la Fuerza Aérea del Departamento de Defensa de Estados Unidos revela que la base militar de Palanquero, Colombia, ‘garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur’”.

Textualmente, el documento dado a conocer por Golinger señala: “Estableciendo (Estados Unidos) una Localidad de Cooperación en Seguridad, CSL, en Palanquero apoyará la Estrategia de Postura del Teatro del Comando Combatiente, Cocom, y demostrará nuestro compromiso con la relación con Colombia (sic). El desarrollo de este CSL nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos anti-estadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales…”

¿Cuáles son los gobiernos que por defender su independencia y soberanía el documento del Departamento de Estado califica como “antiestadounidenses”? Todos lo sabemos: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y, por extensión, cualquier gobierno que se atreva a tener una política exterior autónoma, no dictada por los designios gringos. Y es la base militar de Palanquero la más estratégica para operaciones regionales de gran escala por parte de las tropas de EE.UU. hacia esos países.

¿A qué conduce lo anterior? Así en Colombia se vea de otra forma, conduce al aislamiento en Suramérica, como se registró de manera palpable en la Cumbre de la Unión de Naciones de América del Sur, Unasur, cumplida en Bariloche, Argentina, a finales de agosto del presente año.

Allí, todos los países de la región mostraron, de una u otra forma, más allá de las maneras más o menos diplomáticas, su rechazo a la presencia de tropas extranjeras en sus territorios.

Así, pues, la preocupación no sólo es del gobierno venezolano. El brasileño de Lula da Silva la ha expresado en varias ocasiones. También, el argentino de Cristina Fernández. El ecuatoriano de Rafael Correa. Y, cómo no, el boliviano de Evo Morales. Pero el Presidente de Colombia prefiere el aislamiento subcontinental, con tal de satisfacer los designios de su patrón, Estados Unidos, y del gobierno de turno allí, llámese el de George Bush, antes, o el de Barack Obama, ahora.

Análisis de la coyuntura económica


El Valle, entre crisis y oportunidades

Por Jorge Enrique Almario G. (*)
Aunque oficialmente la recesión mundial terminó, la reactivación no será pareja ni prolongada para todos los países ni para todas las regiones.

A Colombia la llamada “crisis global más profunda de la economía desde la gran depresión de 1928” la dejó sumida en una recesión cuyos efectos se expresan este año en un crecimiento económico “cero”, alto desempleo y la caída de sus ventas al exterior tras la crisis con Venezuela y Ecuador. Lo anterior significa que la reactivación puede ser mucho más lenta y tortuosa para Colombia que para el resto de países de América.

Para empezar, la industria nacional sigue paralizada, ya no tanto por la falta de crédito o materias primas, sino por la falta de compradores para la producción del 2010 y el 2011, ya que Estados Unidos redujo las importaciones de productos colombianos en un 26% este año, mientras la crisis diplomática con Venezuela y Ecuador le significa a Colombia la pérdida de dos mercados que absorvían el 30% de su producción y va a ser muy difícil conseguir compradores de esa magnitud.

Para el Valle del Cauca la situación económica es particularmente delicada si la comparamos con el resto del país, pero a la vez registra mejores oportunidades que las regiones cuyas economías dependen de productos agrícolas y mineros, debido a que la nuestra es una región industrial, transformadora de productos para el mercado internacional y poseedora de una plataforma de servicios altamente atractiva para los países vecinos y aunque estos no nos están comprando hoy, no podemos renunciar al proceso de integración comercial de la noche a la mañana debido a lo complejo de esas relaciones.


El gráfico (con información del Dane) revela que los tres grandes compradores de nuestros productos son justamente los que hoy no nos están comprando por diferentes razones y pese a los esfuerzos de Proexport, por buscar nuevos mercados que reemplacen los actuales, esa tarea será lenta y de muy bajos resultados. 

Es necesario precisar que hoy en el departamento del Valle enfrentamos problemas como el cierre de empresas, el desempleo y la pérdida de calidad de vida que deben ser atendidos urgentemente.

Las cifras son elocuentes: un desempleo del 14,2%, mientras el promedio nacional (en las 13 principales ciudades de Colombia) es del 13,8%. Las ventas al exterior cayeron un 22% a Venezuela y Ecuador y un 25% a EE.UU, cerca de 120 empresas relacionadas con el comercio ecuatoriano o venezolano se vieron en la obligación de cerrar, mientras cerca de 220 bajaron el ritmo de producción, pero en ambos casos eso significa el despido de trabajadores.

Trimestralmente el Valle pierde cerca de 139.000 puestos de trabajo que la economía informal no logra absorber, ya que cerca de 60.000 personas ingresas a la informalidad en el Valle cada tres meses.


El grafico muestra que la economía colombiana creció el año pasado muy por debajo e los niveles alcanzados en el 2007. Para este año, el crecimiento será “cero”, lo que tenderá a agravar la situación social para las regiones que como el Valle cuentan con una economía orientada al comercio internacional con sus vecinos. 

Como si fuera poco, las remesas de los emigrantes vallecaucanos se han reducido en un 22% desde que estalló la crisis mundial, debido a que se quedaron sin empleos y sin recursos para enviar a sus familias.

La caída de los giros de “la legión extranjera” de trabajadores antes de la crisis era de 4.500 millones de dólares cada año, cerca del doble de las exportaciones de café, al punto que representaron el 2% del PIB nacional.

Lo grave del panorama es que gobiernos como los de España y otros de la Unión Europea están aplicando la llamada “directiva de retorno”, que consiste en devolver a los colombianos con unos pocos recursos.

Hasta el momento han sido “repatriados” cerca de 500.000 emigrantes que ya estaban acomodados en el exterior. A ese ritmo, en dos años estarían de regreso cerca de un millón y medio de nacionales, de los cinco millones que trabajan en el exterior y envían recursos a cerca de 15 millones de familiares que los esperan para poder sobrevivir aquí.

Si nos devuelven esos cinco millones de colombianos que ya se habían acomodado por fuera, ¿qué les vamos a ofrecer aquí, si precisamente emigraron porque no encontraron empleo en su tierra? Es necesario precisar que cerca de 1,5 millones de vallecaucanos de los 4,5 millones que habitan este Valle del Cauca reciben giros de sus familiares en el exterior para complementar sus ingresos.  

Una alternativa de emergencia
Ante la realidad que nos rodea hoy, que de no ser atendida podría desestabilizar todo el suroccidente colombiano, se requiere con urgencia adelantar un plan mínimo basado en cuatro objetivos para aprovechar el fin de la recesión mundial y reactivar la economía regional por una ruta más segura que la que tenemos hoy:

1.- Preservar los actuales empleos que generan ingresos y estabilidad en el Valle, como los de la industria azucarera, los de los sectores oficiales, en especial de las empresas prestadoras de servicios públicos y las empresas que orientan su producción al mercado interno, poniendo fin a los despidos y comprometiéndose en un pacto social por el Valle.

2.- Conformar una delegación, con el visto bueno del Gobierno Nacional, que, como en el departamento de Nariño, busque un diálogo estrictamente comercial con las autoridades, gremios y empresas de Ecuador y Venezuela, a fin de definir unos rubros o posiciones arancelarias generadas en el Valle, para ser comercializadas en el Ecuador y Venezuela, teniendo en cuenta que se trata de bienes esenciales para mantener la calidad de vida a lado y lado de la fronteras.

3.- Que los vallecaucanos, con nuestra autoridades a la cabeza, le propongamos al Ministerio de Relaciones Exteriores una comisión para hacer lobby ante el Parlamento español (cortes), el Parlamento europeo y el Congreso de los Estados Unidos (que también está discutiendo un proyecto de ley de migraciones), para que esas leyes de migraciones no incluyan la “directiva de retorno” pues no es justo que compatriotas nuestros hayan contribuido a incrementar las riqueza de Europa y EE. UU. en el pasado inmediato y ahora se les expulse como naranjas exprimidas.

4.- Que la Gobernación del Valle y los gobiernos municipales aceleren los proceso de licitación, concursos y contrataciones encaminados a la ejecución de obras públicas que generen empleo masivo y mejoren la plataforma de competitividad de la región, a fin de preparar al Valle para los retos de la reactivación económica global. Los recursos de las caletas e incautaciones al narcotráfico serían parte de los recursos que se requieren para esas obras  

(*) Periodista y analista económico.

Tres casos protuberantes de intolerancia


El tiempo de las mordazas

Por Luis Alfonso Mena S.
Con el crecimiento de la amenaza autoritaria desde el poder central en Colombia se multiplican las expresiones igualmente autoritarias y de censura, no sólo para el periodismo independiente sino también para otros actores de la vida del país.

Comentaremos cronológicamente tres casos protuberantes ocurridos en el último mes en nuestro país.

El primero fue un hecho de censura producido el 13 de octubre de 2009, cuando el principal periódico de las élites gobernantes en Colombia, El Tiempo, convirtió un artículo de opinión de la columnista Claudia López en “carta de renuncia” que, sin fórmula de juicio, al final del texto, decidió aceptar “de manera inmediata”.

¿A qué obedeció la actitud desafiante del diario? Sencillamente a que, haciendo uso del derecho a disentir, Claudia López consideró sesgado el cubrimiento efectuado por el periódico del escándalo de Agro Ingreso Seguro, al que, de acuerdo con la periodista, el medio procuró darle un giro para beneficiar a Juan Manuel Santos, contendor dentro del uribismo de Andrés Felipe Arias, el ex ministro de Agricultura inspirador, con el presidente Álvaro Uribe, de ese modelo de entrega de subsidios multimillonarios a familias de ricos terratenientes.

El Tiempo, que tanto respeto a la libertad de expresión les exige a los vecinos, produjo un acto no sólo de censura sino de arrogancia pública con el despido de su columnista, una de las más aguerridas y serias investigadoras de los crímenes del paramilitarismo en Colombia.

El periódico del vicepresidente de la República, Francisco Santos; del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Enrique Santos, y del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos no le perdonó que ella se atreviera a decir lo siguiente en su columna (Reflexiones sobre un Escándalo): “No sobra recordar que a El Tiempo nunca se le ocurrió preguntarles a sus foristas –quienes se pronuncian a través de la Internet con el diario— si Juan Manuel Santos debía renunciar por el escándalo de los ‘falsos positivos’”.

Lo más lamentable es que luego escasearon las voces de solidaridad con la periodista. Que la SIP no se pronunciara condenando el hecho era de esperarse. La SIP es la vocera de los propietarios de los grandes diarios de las élites del continente, y, además, como dijimos, uno de los dueños de El Tiempo ha sido su presidente en el último año.

Pero que gremios de periodistas y muchos de los colegas de Claudia López con importantes tribunas de opinión no lo hicieran resultó lamentable. El temor campea. Algunos asumieron posiciones blandengues, deplorando el despido, pero justificándolo. Y otros, abiertamente, se pusieron del lado de los censores.

Calladas las barras
La mordaza no se limita a los periodistas independientes (Claudia Julieta Duque, William Parra, Hollman Morris, Carlos Lozano, Daniel Coronel, entre muchos otros comunicadores, han padecido o padecen presiones, señalamientos y persecución). También se registra en otros ámbitos, como el del Congreso de la República.

Este martes 10 de noviembre de 2009 se cumplen dos semanas de un hecho lamentable: en la noche del 27 de octubre, el Presidente del Senado ordenó la intervención de la Policía para que desalojara las barras que presenciaban el debate que el congresista Jorque Enrique Robledo hacía respecto del escándalo de Agro Ingreso Seguro.

En desarrollo de ese debate, entre otras denuncias, Robledo reveló que los obsequios a amigos del Gobierno Nacional y a grandes latifundistas habían ascendido a más de $33.000 millones y que, incluso, proyectos inicialmente negados luego habían sido revalidados con los mismos valores solicitados en principio.

A lo largo del debate, sustentado con cifras y documentos, las barras guardaron compostura, pero se atrevieron a aplaudir al senador Robledo cuando éste concluyó su intervención. Y a solicitar en voz alta la renuncia del actual ministro de Agricultura, Andrés Fernández.

De inmediato, Javier Cáceres, presidente del Congreso, clausuró la sesión en un gesto de intolerancia que, además, fue interpretado como una decisión orientada a darle más tiempo al Gobierno para preparar su defensa ante las nuevas acusaciones presentadas en la sesión por el parlamentario del Polo Democrático.

Como quien dice, prohibido aplaudir y reclamar una renuncia. Y eso que el Congreso es el escenario del debate y la controversia por naturaleza en cualquier democracia. A la semana siguiente, para la continuación del debate en la noche del martes 3 de noviembre, la Mesa Directiva del Senado fue más allá: no dejó entrar barras…

Señalamientos presidenciales
Otro acto autoritario lo protagonizó el presidente Álvaro Uribe el sábado 31 de octubre en uno de sus consejos comunitarios, cuando en tono altanero hizo señalamientos contra la Corte Suprema de Justicia, a la que le lanzó acusaciones de todo tipo.

¿Qué motiva la actitud de Uribe? Que el alto tribunal no se ha plegado ante sus decisiones y ha sido el garante de que los procesos por parapolítica, que en la inmensa mayoría de los casos enredan a congresistas ligados a los partidos de la colación de gobierno, no se detengan.

Seguramente lo que hoy más molesta al mandatario es que la Corte se mantiene firme en su posición de calificar como inviables a los tres postulados por el Presidente para aspirar a ser Fiscal General de la Nación. Ellos no reúnen los perfiles de penalistas que necesita en la práctica un cargo como el que los convoca y tampoco poseen la independencia a toda prueba requerida frente al Jefe del Estado.

Para muchos, Uribe pretende con sus alocuciones públicas contra la alta corporación generar un estado de animadversión frente a sus integrantes, hacer lo que ha venido haciendo a lo largo de casi ocho años de mandato: usar el capital político que le da su favorabilidad en las encuestas para derrotar a quienes considera sus enemigos. Y él ha convertido a la Corte en uno de sus adversarios preferidos.

Lo anterior desarrolla la tesis gubernamental de que lo que debe prevalecer en Colombia es un “estado de opinión”, es decir, el plebiscito cotidiano, el imperio de los incondicionales que deciden como resultado de las acciones efectistas del poder central y de la propaganda diseminada diariamente por los grandes medios de comunicación al servicio del Ejecutivo.

Es el desarrollo también del culto de la personalidad, que cuando no es acatado por alguno de los órganos del Estado, como ocurre en este caso con la Corte Suprema de Justicia (una de las cuatro altas cortes que integran la Rama Judicial del Poder Público vigente en Colombia), desata la furia del mandatario.

Así, se está tipificando en Colombia un poder autoritario, antidemocrático, que impone decisiones con base en encuestas y que no duda en promover la mordaza cuando hay disidencias y denuncias contra la antidemocracia.

Es el camino del cesarismo, una modalidad de régimen político caracterizada por tres premisas: 1) culto de la personalidad, 2) recurrencia permanente al plebiscito para avalar las determinaciones gubernamentales y 3) desconocimiento de organismos constitucionalmente establecidos para dar cuerpo al estado de derecho, si en determinado momento éstos no cumplen con los designios del mandatario, como por ejemplo el Congreso o la Corte Suprema.

A pasos agigantados, en Colombia se empiezan a materializar esas premisas. Los pasos del autoritarismo suenan. Y las mordazas, públicas o privadas, vienen con ellos.