Memorias de la Barbarie (III). Habla abogado de detenidos en Tuluá

Juan Carlos Herrera García, abogado de dos de los jóvenes detenidos en Tuluá por la Fiscalía de Iván Duque. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).

“CAPTURARON A MUCHACHOS INOCENTES, LOS TORTURARON Y LOS IMPUTARON”

Por Luis Alfonso Mena S.

El abogado Juan Carlos Herrera García es contundente al caracterizar lo que está ocurriendo con los jóvenes capturados en Tuluá y sindicados del incendio del Palacio de Justicia, sucedido el 25 de mayo de 2021. “Desde el mismo momento de la captura, a los muchachos se les violaron sus derechos como ciudadanos”, dijo

Herrera García, penalista defensor de dos de los seis jóvenes sometidos a un proceso judicial y recluidos en la cárcel de Popayán, acompañó a familiares de los investigados reunidos en la Plaza Céspedes de Tuluá, quienes portaban pancartas reclamando la libertad para sus muchachos: Daniel Navarrete, Jorge Andrés Noguera Flórez, Santiago Ramírez Duke, José Mauricio García Nieto, Jorge Mario Ramírez y Dan Brayan Andrade.

Con él hablamos para recoger su análisis de lo acontecido en Tuluá, en el marco de la documentación que estamos haciendo en Periodismo Libre de las arbitrariedades, violaciones de los derechos humanos, crímenes y otros actos de la barbarie cometida por el régimen de Iván Duque contra la juventud y el pueblo colombiano, al reprimir el Paro Nacional e incurrir en falsos positivos judiciales para responsabilizar sin pruebas a muchos jóvenes de episodios ocurridos desde el 28 de abril.

“El Juez de Control de Garantías hace un mal mandado al Ministro de Justicia y a la Fiscalía imponiendo una medida de aseguramiento sin tener los elementos suficientes para hacerlo, violando la Constitución”, expresó el jurista en relación con el caso de los detenidos en Tuluá.

“El daño moral se lo hicieron a las familias desde el primer día en que capturaron a muchachos inocentes, los golpearon, los torturaron, los amenazaron y, no quedando contentos con eso, les imputaron unos delitos gravísimos, los cuáles los tienen hoy privados de la libertad”, aseveró.

Según Herrera García, “algunos empresarios de la ciudad de Tuluá estaban interesados en levantar los bloqueos por la fuerza, con sangre”, y puntualizó: “Aquí ni siquiera había habido presencia del Esmad en ninguno de los días del paro. El día que hubo presencia, empezó la violencia en Tuluá”. He aquí la entrevista:

El Palacio de Justicia de Tuluá, luego de ser incendiado en extrañas circunstancias el martes 25 de mayo de 2021, un hecho aún no esclarecido. (Foto: Luis Alfonso Mena S.). 

HABÍAN SIDO ASESINADOS TRES MUCHACHOS

–Doctor Juan Carlos Herrera, ¿qué pasó ese día?, ¿por qué a seis jóvenes se les ha endilgado el delito de la quema del Palacio de Justicia?, ¿qué hay detrás de estas detenciones?

–Hay que plantear la situación desde un contexto político de lo que había pasado en razón de la protesta social que cumplía ya un mes en Colombia. Tuluá había sido un caso particularmente especial en temas de protesta social. En Buga había enfrentamientos y bloqueos casi desde el primer día. En Tuluá había una situación particular, pues había presentado una especial paz en torno a la protesta social.

Nosotros aquí registrábamos entre tres y cuatro marchas semanales muy nutridas, con bastante participación ciudadana. De hecho, a nivel nacional planteábamos esa situación en las redes sociales y en los noticieros porque Tuluá había sido ejemplo de tranquilidad y de paz y especialmente de la protesta social pacífica.

Cuando llegó la fecha del 25 de mayo, cuando se iba a cumplir un mes, en razón de una solicitud de unos empresarios, por sus relaciones, tal vez, con altos mandos de la Policía a nivel departamental, el Esmad penetra los puntos de bloqueo, por la fuerza desaloja los puntos de bloqueo, no sin dejar de mencionar que días antes a ese desalojo por la fuerza del Esmad, habían sido asesinados tres muchachos en las zonas de bloqueo, asesinatos que hasta el momento no ha podido la Fiscalía ni siquiera imputar a nadie porque las personas que capturaron después del asesinato de esos muchachos quedaron libres, pues se declaró ilegal la captura porque los muchachos fueron quienes realizaron la misma.

Ya el 25 de mayo, cuando se acercaba la celebración de un mes de estar en Paro a nivel de Colombia, y especialmente en Tuluá, los muchachos fueron desalojados el 24 por la fuerza en horas de la madrugada de los puntos de resistencia como ellos los llaman, 30 fueron capturados por la Policía, retenidos y en el transcurso de ese día 25 los devolvieron por la presión de los miembros de los grupos de Derechos Humanos y especialmente por la presión social y política que se ejercía sobre esa acción policial.

Ya en horas de la tarde se presentaron nuevas protestas en el centro. Ya la situación se sale de control y comenzaron a ser objeto de ataques con piedras por parte de la protesta social y de algunos muchachos que se dirigen al centro de la ciudad. Dicen que son los mismos muchachos que habían sido golpeados por la Policía en horas de la mañana, que les quemaron los zapatos, la ropa, al ser desalojados de los puntos de resistencia del puente de Las Mariposas y del puente de la salida norte de Tuluá, esos muchachos fueron retenidos y ya por la tarde, cuando fueron liberados, volvieron otra vez a la protesta.

Allí hubo enfrentamientos nuevamente con el Esmad. En horas de la noche esa situación se salió de las manos y es cuando surge un hecho que ha sido noticia a nivel nacional. El Palacio de Justicia de Tuluá, un edificio emblemático, que ha sido declarado patrimonio arquitectónico de la ciudad, un edificio que fue construido a mediados del siglo pasado, donde funcionaban los juzgados municipales y del Circuito de Tuluá, fue atacado por personas que lo incendiaron. La reacción de la Policía manifiesta que capturó a más de 25 personas esa noche.

De esas 25 personas, tres fueron capturadas cuando vandalizaban unos almacenes de motos, incluso cuando iban llevándose unos de esos vehículos, y los otros seis jóvenes, que se encuentran detenidos en la ciudad de Popayán, fueron capturados en diferentes sitios de Tuluá. A estos seis jóvenes la Fiscalía les ha imputado el delito de terrorismo.

Imagen del costado lateral del Palacio de Justicia de Tuluá, luego del incendio del 25 de mayo de 2021. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).

“NO SE NOS PERMITIÓ HABLAR CON LOS PROCESADOS”

Lo que pasa en este caso es algo especial. Desde el mismo momento de la captura, a los muchachos se les violaron sus derechos como ciudadanos. A toda persona que es capturada o aprehendida por la Policía debe comunicársele la razón por la cual es capturada e inmediatamente informarle a su familia y adicionalmente garantizarle el derecho a comunicarse con un abogado.

Ese simple derecho fue vulnerado porque no se nos permitió nunca, en ningún momento, ni siquiera hablar con alguno de los procesados. La Policía siempre nos obstaculizó la entrevista que teníamos que hacer con ellos, y solamente los vinimos a ver al momento de la captura. Todas esas situaciones se pusieron de presente ante el juez de control de garantías, pero hay una situación particular que ocurrió en ese hecho. El día después de haber sido incendiado el Palacio, después de haber sido capturados los muchachos, a Tuluá llegaron el Ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación. Casualmente al día siguiente fueron los muchachos judicializados por un juez de control de garantías de Buga, porque los juzgados penales municipales de control de garantías de Tuluá habían sido incinerados y no estaban trabajando, por lo que la diligencia se ejecutó en Buga.

Al ejecutarse en Buga y nosotros no tener acceso a la situación particular de ellos, a haber conocido los hechos por los cuales se les había capturado, no se conocieron circunstancias de modo, tiempo y lugar porque no pudimos hablar con ellos. Claro, al nosotros presentar las oposiciones en la audiencia, pues eran mínimas, porque quién más va a conocer la situación en la que es capturado que la persona detenida, el punto donde es capturada. Para buscar elementos materiales probatorios que nos permitieran oponernos a esas capturas, son los mismos capturados con quienes debemos hablar, porque ellos son los que saben dónde fueron retenidos.

Ese derecho fundamental que lo trae el Código de Procedimiento Penal, que son los derechos del capturado, fueron violados flagrantemente por la Policía y especialmente por la Judicatura, toda vez que no atendió los reclamos de los abogados al momento de la legalización.

Es tan complicada la situación, que no hubo ni siquiera elementos materiales probatorios que la Fiscalía presentara al juez para legalizar esa captura. Quiero poner un ejemplo: a uno de los jóvenes se le acusa de haber llevado en su poder una botella de gasolina con la cual intentaba supuestamente vandalizar e incendiar un CAI de la ciudad, pero ni la botella de gasolina, ni la foto, ni la experticia que refiriera qué clase de sustancia llevaba en la botella fue llevada ante el juez. Simplemente el informe de Policía decía eso y con eso el juez legalizó la captura, con eso legalizó la imputación, y con esos elementos el juez, a pesar de que son jóvenes sin antecedentes, de ser jóvenes con arraigo, de ser jóvenes estudiantes, el juez de control de garantías hace un mal mandado al Ministro de Justicia y a la Fiscalía imponiendo una medida de aseguramiento sin tener los elementos suficientes para imponerla, violando la Constitución.

Pero no quedando contentos con eso, al presentar los reclamos los abogados y las apelaciones, ya han pasado dos meses y el juez de segunda instancia no se pronuncia. Es una situación sobre la que debió haberse pronunciado con rapidez, porque es la libertad de seis jóvenes que están privados de ella por unos delitos que los abogados reclamamos en su momento que no había elementos materiales suficientes para imputarlos. Adicionalmente, violando todos los derechos de una persona privada de la libertad en estas circunstancias, fueron trasladados de la ciudad de Tuluá a la ciudad de Popayán, ya ahí sí violando y cortando toda posibilidad de comunicación que puedan tener la familia y los abogados con ellos para iniciar su proceso de defensa.

Recaudar estos elementos y estas entrevistas con que nosotros vamos a solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento no ha sido fácil. Hay personas que estaban aquí y que también fueron detenidas, como por ejemplo Leidy Johana Luna Chasoy, una ciudadana indígena que fue capturada con los jóvenes y a quien, adicionalmente, le cortó el cabello una patrullera de la Policía Nacional, nuevamente violando los derechos de los ciudadanos. Y, además, no ha sido posible que la Policía Nacional nos entregue la información del libro de población de la Policía donde se refiere cuántos jóvenes fueron capturados, a qué hora ingresaron al Comando de Policía y en qué condiciones. Ese día hubo más de 25 capturas y solamente estas seis personas fueron imputadas por el delito de terrorismo.

Quiero significar con esto que, por ejemplo, el joven Daniel Navarrete, un mecánico que salía de trabajar, que se vino en dirección a su casa y en razón de que, al observar la protesta social, los gases lacrimógenos y la gente corriendo, él también corrió, la Policía lo captura, se lo lleva y lo presenta como un “terrorista”. De este joven tenemos videos de la hora en la que está trabajando, de las vías por las que se movilizó, nunca está participando en la protesta social y cualquiera diría que es fácil para nosotros como abogados pedir la revocatoria de una medida de aseguramiento, pero por ejemplo este es el momento en que ni siquiera conocemos quién es el juez de conocimiento, no conocemos ni siquiera cuál es la decisión del juez de segunda instancia en cuanto a la solicitud de apelación de la medida de aseguramiento que se impuso.

Entonces claro, a uno como abogado se le dificulta cada vez más la situación, porque cuando fuimos a presentar la solicitud de revocatoria acá en Tuluá, donde ocurrieron los hechos, donde naturalmente tiene que hacerse la solicitud, los jueces dicen que se declaran impedidos para conocer de esto en razón de que fueron afectados por el daño, entonces que ellos no están en capacidad de ser neutrales y ecuánimes para tomar alguna decisión al respecto.

–¿Y ante esa flagrante violación del debido proceso no cabe una tutela?

–Si claro, lo que pasa es que para la acción de tutela tendríamos nosotros que primero solicitar la revocatoria de la medida y que se nos niegue esta medida y que adicionalmente nosotros apelemos y se retarden, como se ha retardado la apelación que hicimos respecto al día de la imputación y legalización de la captura. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos recaudando los elementos, estamos terminando todo el trabajo investigativo.

Uno de los puntos del Palacio de Justicia de Tuluá atacados por los pirómanos el 25 de mayo fue su área de Archivos Judiciales. ¿Qué querían hacer desaparecer? (Foto: Luis Alfonso Mena S.).   

“ESTO ES UN ATAQUE CONTRA LA JUVENTUD QUE PROTESTA”

–¿Qué puede haber detrás de este episodio?

–Yo estoy seguro de que esto es un falso positivo, y lo es con la única intención de generar desazón y miedo dentro de la juventud, porque esto es un ataque directo contra la juventud que protesta, esto es un ataque directo contra la juventud inconforme en el país, y especialmente es un ataque directo contra la posibilidad que tienen los muchachos de la participación en esta protesta pacífica.

¿Por qué razón? Porque con esto cualquier muchacho que ve esta vulneración de derechos humanos, pues inmediatamente teme. Ahí, en medio de la protesta, también fue asesinado un muchacho, fue sicariado un joven estudiante de derecho, eso no hace sino generar miedo, ¿y de ese miedo quién se beneficia? Indudablemente el beneficio es político.

No conozco el primer funcionario, juez o fiscal que de verdad pague con su patrimonio estas violaciones de los derechos humanos y de la libertad, no conozco, para ellos esto no importa, va y viene, no importa, porque el último que de verdad paga estas indemnizaciones y este daño es el Estado, lo pagamos todos. Entonces, como a ningún juez ni a ningún fiscal le quitan su patrimonio por estas violaciones de derechos humanos, pues indudablemente esto va a seguir pasando, como ha venido pasando hace muchos años en Colombia.

–Todo indica que a los seis jóvenes detenidos les están cobrando un delito que no cometieron.

–Estos jóvenes son chivos expiatorios, ni siquiera pensaría uno que les están cobrando el incendio del Palacio, les están cobrando es que estuvieron veintitantos días en protesta pacífica, que estuvieron respetando a las autoridades porque aquí nunca se había lanzado una piedra, aquí lo único que se intentó fue desprestigiar la protesta social.

–¿Quiénes están detrás del incendio del Palacio?

–A uno le queda muy difícil decir quién está detrás del incendio del Palacio de Justicia, pero pensemos en esta reflexión: yo llevo 28 días en protesta social, he hecho dos o tres marchas por semana en una ciudad como Tuluá, y solamente el día que aparece el Esmad y la Policía a confrontar a los muchachos hay un incendio y hay casi actos de vandalismo y terrorismo en esta ciudad.

Aquí no hay ninguna posibilidad de asignarle a los muchachos la responsabilidad de ese vandalismo, porque es imposible que usted sea vándalo un día y 28 días anteriores en medio de la protesta social tomándose las calles, caminando la ciudad, no haya ni siquiera lanzado una piedra.

–¿Cuál es la salida jurídica?

–La salida jurídica son los elementos materiales probatorios que recaudemos y contrarrestemos la evidencia precaria que ha presentado la Fiscalía. Esto indudablemente tendrá que llevar alguna consecuencia, esto no puede quedarse así simplemente, porque en algún momento alguien con sentido común tendrá que revisar.

–Mientras tanto, hemos visto a unas madres, a unas hermanas, a unos familiares que están sufriendo intensamente.

–El daño está hecho, el daño moral se lo hicieron a las familias desde el primer día en que capturaron a muchachos inocentes, los golpearon, los torturaron, los amenazaron, y no quedando contestos con eso, les imputaron unos delitos gravísimos, los cuáles los tienen hoy privados de la libertad.

–¿Cuáles son los otros casos de violación de derechos humanos en Tuluá?

–Hay una situación particular: uno no puede desconocer la situación política y social de Tuluá específicamente y del centro del Valle. Esta es una zona que ha sido violenta históricamente. Esta es una ciudad con 180, 200 homicidios al año, no es una situación sencilla. Entonces, claro, disfrazar un homicidio político, represivo con un señalamiento a las bandas criminales es muy sencillo, como viceversa: las bandas criminales se podrían amparar en la situación política con cualquier homicidio que ocurra en el marco de esa protesta social.

Atreverse a decir que tal o cual homicidio es asignado a las fuerzas de represión del Estado a uno le quedaría muy difícil, porque nadie anda uniformado disparando a otro. De hecho, sobre el caso del joven Camilo Arango, que murió el 25 de mayo en Tuluá, nadie se atreve a denunciar porque eso fue en presencia de todo el mundo, eso no fue un homicidio por la espalda ni oculto, fue delante de todo mundo: dos personas en una moto le disparan a ese joven y lo asesinan delante de todos los ciudadanos, pero: ¿quién se atreve a denunciar y no corra el riesgo de sufrir el mismo daño? 

Le voy a contar una historia. Dos o tres días antes, una ambulancia prende sus sirenas para anunciar que le abran el corredor humanitario en el puente norte de la ciudad. Cuando los muchachos se acercan y le abren la barricada, desde un vehículo automóvil atrás les disparan y asesinan a dos.

–Este caso es de los que se han denominado en Cali paramilitarismo urbano, civiles armados disparando contra quienes participaban en el paro.

–Claro, y es lo que nosotros hemos referido y es la razón por la cual nosotros buscamos una mesa de concertación y de diálogo con los jóvenes del bloqueo, porque teníamos información de que algunos empresarios de la ciudad de Tuluá estaban interesados en levantar los bloqueos por la fuerza, con sangre.

Otro ángulo de la Sección de Archivo del Palacio de Justicia de Tuluá incinerado. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).

“EL DÍA QUE HUBO PRESENCIA DEL ESMAD EMPEZÓ LA VIOLENCIA”

–¿Qué papel se jugó ahí por parte de empresarios como instigadores?

–Lo que pasa es que esta es una región altamente marcada por el narcotráfico y el paramilitarismo. Entonces atreverse uno a señalar a ciertos grupos, a ciertos sectores es casi como ponerse una lápida en el cuello.

–Pero, ¿hubo instigación?

–Claro y, adicionalmente, en las redes sociales hay exalcaldes pidiendo el uso de la fuerza para el levantamiento del bloqueo, eso no tenía ningún otro final que el que se presentó en la ciudad de Tuluá, un hecho de violencia, de muerte, de sangre, y especialmente de dolor para muchas familias.

–Es decir que la clase dirigente de Tuluá también ha estado comprometida.

–Debe haber algún sector de la clase dirigente en eso, porque aquí ni siquiera había habido presencia del Esmad en ninguno de los días. El día que hubo presencia empezó la violencia en Tuluá.

–Finalmente, doctor Herrera García: ¿qué va a pasar con toda esta violación de derechos humanos que hasta ahora queda en la impunidad?

–Desde mi punto de vista creo que en Colombia esto ha sido toda la vida, esa ha sido la acción recurrente del Estado en contra de la protesta social y de los grupos minoritarios: la violación de los derechos humanos, la persecución política, la segregación social, casi que el abandono del Estado. Cualquiera que se permita enfrentar a esos grupos políticos que se han enquistado en los poderes municipales, es indudablemente señalado, macartizado e, incluso, asesinado. Por eso usted observa que estas ciudades que tienen un alto grado de marcación política conservadora, de extrema derecha, ha tenido mucha influencia de grupos paramilitares y especialmente de grupos del narcotráfico. Un tema casi que cultural es la acción violenta contra los ciudadanos. Esta es una ciudad con 190 mil habitantes con 180 homicidios al año, qué más puede uno referir como una violación de derechos humanos. No hay otra forma de actuar del Estado, hay una desatención del Estado, especialmente a esa población vulnerable que llama la atención para que se haga inversión social.

La clase vulnerable es casi el 90% de la población de este país, porque aquí los grupos económicos manejan sectorialmente los municipios, las mañas políticas manejan desde Bogotá estos municipios y es muy complicado para uno hacer activismo político, hacer activismo social y especialmente participar en esa protesta social política con la que uno quiere construir un país mejor. Es muy complicado en un país como Colombia, es muy complicado en una población como esta, enmarcado en la violencia.

(Entrevista realizada el sábado 17 de julio de 2021 y publicada el sábado 31 de julio de 2021).

PERIODISMO LIBRE CALI.

El sábado 17 de julio de 2021, familiares de los jóvenes capturados en Tuluá, se reunieron en la Plaza Céspedes para exigir la libertad de sus seres queridos. (Foto: Luis Alfonso Mena S.). 

Memorias de la Barbarie (II). Seis falsos positivos judiciales

Familiares de los jóvenes detenidos, reunidas en la Plaza Céspedes de Tuluá, frente al Palacio de Justicia. (Foto: Luis Alfonso Mena S.). 

MADRES DE TULUÁ EXIGEN LA 

LIBERTAD DE SUS HIJOS

Por Luis Alfonso Mena S.

Tres madres, dos hermanas, una esposa. Todas ellas son como un solo rostro: el del dolor, la angustia, la desazón. Son familiares de los jóvenes detenidos por orden de la Fiscalía y enviados a prisión, luego de procedimientos exprés, para sindicarlos, sin pruebas, del incendio del Palacio de Justicia de Tuluá, ocurrido el 25 de mayo de 2021.

En todas ellas se refleja el sufrimiento que representa la cárcel a la que son sometidos sus seres queridos: Daniel Navarrete, Jorge Andrés Noguera Flórez, Santiago Ramírez Duke, José Mauricio García Nieto, Jorge Mario Ramírez y Dan Brayan Andrade.

Por estos días, el Estado colombiano despliega su aparataje jurídico para castigar a los participantes en el Paro Nacional y para endilgar presuntas responsabilidades penales, en la mayoría de los casos sin fundamentos sustanciales, a jóvenes ciudadanos con cuyas capturas buscan mostrar resultados y eficacia, así esas acciones no pasen de ser, como se ha denunciado en el caso de Tuluá, falsos positivos judiciales.

En la Plaza Céspedes, frente al Palacio de Justicia, encontramos a las familiares de los muchachos procesados por los hechos que sacudieron a la llamada ciudad corazón del Valle cuando estaba a punto de cumplirse el primer mes del Paro.

Mirando a los ojos y con la tristeza marcada en sus rostros, las entrevistadas denunciaron que las detenciones son absurdas, pues incluso tres de los muchachos fueron aprehendidos a las 5:30 de la tarde, dos horas y media antes del incendio, uno de ellos fue capturado en momentos en que se encontraba en jornada laboral en su mototaxi, y otro, cuando salía de su trabajo de mecánico. Uno de los muchachos se hallaba en un punto bastante retirado del Palacio de Justicia. Otro estaba laborando en la repartición de pedidos de refrescos Postobón.

A ellas las acompañaban cuatro familiares más, con su solidaridad incondicional, lo mismo que Isaac Bermúdez González, del Observatorio de Derechos Humanos de Tuluá, y el abogado Juan Carlos Herrera, defensor de dos de los sindicados.

Los detenidos fueron remitidos a Popayán, donde se encuentran sometidos a prisión mientras se desarrolla el proceso judicial. Son presos sociales y políticos del régimen de Iván Duque. He aquí los testimonios de las familiares, que hablaron con Periodismo Libre:

HABLA YEDI BETANCURTH, ESPOSA DE DANIEL NAVARRETE

Yedi Betancurth, madre de Daniel Navarrete. (Foto: Luis Alfonso Mena S.). 

Daniel Navarrete fue detenido el 25 de mayo, a las 5:30 p.m., en Tuluá.

–Yedi: coméntenos en primer lugar, por favor, quién es Daniel Navarrete, su esposo.

–Es un joven muy responsable. Más o menos desde los 15, 16 años empezó a trabajar porque él es de una vereda del corregimiento de Trujillo. Desde los 18 años se fue para la ciudad de Tuluá a desempeñarse como mecánico, y yo vivo con él desde hace dos años. Nos apoyamos mutuamente, ya que yo también estaba sola. Daniel se desempeña como mecánico acá en la carrera 30 de Tuluá. El día de su captura estaba trabajando y a los pocos minutos que salió del trabajo fue capturado.

–¿Cómo ocurrió esa detención, por qué lo sindican de unos hechos que ocurrieron después de su captura?

–Él nos dice que salió del trabajo con dos compañeros más y se dirigió acá hasta la esquina y la policía lo empezó a seguir y el corrió un poco hacia Sinergia. Cuando llegó a Sinergia, lo capturan y lo llevan al CAI. En ese momento yo me dirijo al taller y es cuando me entero de que fue capturado. Voy a la estación y me dicen que él no está allí. Me llaman a las nueve de la noche a decirme que él estaba ahí y que lo estaban acusando de esos delitos. Entonces cuando yo puedo hablar al otro día con él me dice que una persona de la Sijín los escogió, decía: “Éste se queda, éste no se queda”, así fue. En eso quedaron los muchachos que están sindicados.

–¿Quién hacía ese perfilamiento?

–No, él no sabía. Lo único que sabe es que es una persona de la Policía. 

–¿Por qué corrió él cuando lo detuvieron?

–Porque la policía lo estaba siguiendo.

–¿Él se hizo presente para participar en la protesta o iba de paso?

–Nunca había participado en una protesta, ni siquiera en una marcha, en nada.

–Y así hubiera participado estaba en su derecho. ¿Qué gestiones han hecho ustedes en relación con esta detención?

–Hasta el momento hemos aportado todos los videos que demuestran que él estaba trabajando en el momento de su captura. No ha sido mucho lo que hemos podido hacer porque no hemos podido tener contacto directo con él, solamente por llamadas.

–¿Qué acusaciones tiene la Fiscalía contra él? Es un derecho que tienen ustedes de conocer la acusación.

–No, la Fiscalía nunca se ha comunicado con nosotros.

–¿Qué mensaje tienen ustedes para las autoridades en relación con el caso de su esposo?

–Ellos necesitan mostrar responsables, pero que busquen a las personas que son, porque están metiendo muchos jóvenes inocentes que no tienen nada que ver y que deberían ser más humanos, porque ellos también tienen familias.

–¿Qué esperan ustedes al final de este proceso?

–Que nos entreguen a nuestros jóvenes sanos y salvos.

HABLA BERNARDA FLÓREZ, MADRE DE JORGE ANDRÉS NOGUERA

Rocío Noguera, hermana, y Bernarda Flórez, madre, de Jorge Andrés Noguera. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).

 Jorge Andrés Noguera Flórez fue detenido el 25 de mayo, a las 5:30 p.m., en Tuluá.

–Inicialmente, señora Bernarda, háblenos, por favor, acerca de su hijo.

–Mi hijo es trabajador, muy juicioso. Trabaja con un jardinero, es ayudante del parque y también trabaja mototaxi en los tiempos libres. Tiene 23 años de edad, está soltero.

–¿Qué estaba haciendo en el momento en que fue detenido?

–Estaba trabajando en la moto, que es la herramienta para su sustento.

–¿Por qué lo detuvieron?

–Estaba en el sitio equivocado. Él no estaba haciendo nada malo. La moto la llevaron a la Alcaldía y nos la regresaron. A él le dijeron que le iban a hacer un comparendo, y cuando lo llevaron al Comando le dijeron que quedaba detenido.

–¿En qué momento les comunican a ustedes que está capturado y sindicado del incendio del Palacio de Justicia?

–Cuando ocurrió la quema, él ya estaba capturado.

–¿Por qué lo sindican de un incendio que ocurrió después de que a él lo capturaran?, ¿qué ha averiguado usted?

–De eso no nos han dicho nada, sino que a él lo sindicaban dizque de terrorismo.

–¿Qué ha dicho el abogado?

–El abogado nos dice que mi hijo no tiene nada qué ver, porque en la captura no está implicado en algo, que lo del Palacio de Justicia fue a las 7:45 p.m. y ya mi hijo estaba capturado.

–Señora Bernarda: ¿qué reclama usted?

–Exijo la libertad de mi hijo, porque él es inocente, y que no se cometan más injusticias.

HABLA ROCÍO NOGUERA, HERMANA DE JORGE ANDRÉS NOGUERA

–Indíquenos, Rocío, ¿qué supo acerca de la detención de su hermano?

–A él lo capturaron a las 5:30 p.m. Como mi mamá dijo, él trabaja en el transporte informal. Ese día estaba laborando, estaba haciendo una carrera, dejando una persona allá. En ese instante que lo capturaron estaba subiéndose a la moto, porque como buen curioso tulueño, como somos la mayoría, él se asomó, dejó la moto cuadrada.

A él lo capturaron cerca de la Alcaldía de Tuluá, entre la 25 y la 26. Le informan a mi madre como a las 7:30 de la noche que él estaba capturado. Le dieron un permiso para llamar. En el momento en que lo capturaron él no tenía nada que lo comprometiera, nada con disturbios o algún elemento para la quema del Palacio.

–¿Por qué creen ustedes que esto ha ocurrido?

–El Gobierno necesita culpables y acá en Tuluá están haciendo falsos positivos.

–¿Qué exigen ustedes?

–La libertad de los jóvenes, la libertad de mi hermano, que le quiten los cargos, porque él no es un delincuente, no es un bandido como están diciendo, que dizque está detenido por terrorismo, por la quema del Palacio. A él no le encontraron ningún elemento que lo pueda incriminar en ese sentido.

HABLA DANIELA RAMÍREZ, HERMANA DE SANTIAGO RAMÍREZ

Daniela Ramírez, hermana de Santiago Ramírez Duke. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).

Santiago Ramírez Duke fue detenido el 25 de mayo, a las 8:00 p.m., en Tuluá.

–Daniela: háblenos, por favor, sobre su hermano.

–Mi hermano es un muchacho de 27 años, trabajador, echado para adelante. Es papá de un niño de cinco meses, trabajaba en un grupo ambiental, porque es tecnólogo ambiental egresado del Sena, pero por la pandemia se le canceló el contrato. Nosotros tenemos una empresa familiar pequeña y nos estaba colaborando con las ventas.

–¿Qué estaba haciendo él cuando fue detenido a las ocho de la noche del 25 de mayo?

–Él estaba en el Parque de la Teta, muy lejos y retirado del sitio de los hechos. Él estaba ahí departiendo con unos amigos cuando pasó la tanqueta, y la versión que nos dan es que ellos empezaron a decir: “El mono, el mono, cojan al mono”. Se le fueron encima a él y lo capturaron. 

–¿Por qué?

–No sabemos por qué, esa es la misma pregunta que nosotros nos hacemos, por qué a él.

–¿Estando él sentado en el Parque?

–Es muy retirado de acá.

–Ni siquiera estaba en el área del incendio del Palacio de Justicia.

–No, eso es muy retirado del sitio, no tenía nada que ver.

–¿Han averiguado con quienes lo detuvieron por qué lo hicieron?

–Hemos hecho preguntas y es lo mismo, por qué a él se lo tenían que llevar.

–¿Qué les ha dicho la Fiscalía?

–La Fiscalía con nosotros no ha tenido ninguna comunicación.

–¿Entidades de Derechos Humanos los están asesorando?

–Sí, nos han hecho acompañamiento, nos han informado cuando los trasladaron a la ciudad de Popayán, han estado en las actividades.

–¿Han podido hablar con sus familiares en Popayán?

–Durante 15 días estuvieron aislados, sin poder comunicarse con nosotros, y pues hemos tenido comunicación, pero a través de llamadas de un minuto, dos minutos.

–¿Cuál es el estado de ánimo de él?

–Pues él dice que está bien porque tiene la comida y la dormida allá, pero le da muy duro por su hijo de cinco meses que está desamparado sin él.

–¿Qué dice la esposa?

–No, pues imagínate, está sola prácticamente.

–¿La madre?

–Mi mamá está muy afectada.

–¿Qué piensan ustedes de toda esta situación?

–Yo pienso que uno no sabe o acepta las cosas hasta cuando le toca vivirlas. Nunca nos imaginamos que nos iba tocar pasar por algo así a nosotros y es algo que a diario vive Colombia. Nunca sabemos lo que tenemos hasta que nos toca. Han sido días muy difíciles por la injusticia, porque ellos no hicieron nada por lo que los están judicializando.

–¿Qué reclaman ustedes?

–Reclamamos la libertad y el nombre en limpio de nuestros jóvenes.

HABLA MÓNICA NIETO, MADRE DE JOSÉ MAURICIO GARCÍA

Mónica Nieto, madre de José Mauricio García. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).

José Mauricio García Nieto fue detenido el 25 de mayo, a las 5:30 p.m., en Tuluá.

–Señora Mónica: háblenos, por favor, sobre su hijo.

–Es un joven de 24 años de edad muy trabajador. Labora en Postobón hace 4 años, vela por mí y sus hermanitas. Tiene una hermana de 23 años y otra de 20. Lo capturaron el 25 de mayo. Hizo hasta noveno grado de bachillerato.

–¿Qué hace en Postobón?

–Trabaja en cargas y descargas de productos.

–¿Qué se encontraba haciendo él en el momento de la detención?

–Estaba trabajando en la carrera 22.  Se encontraba llevando un pedido.

–¿Por qué lo detienen si estaba trabajando?

–Porque en eso se formó todo eso de la quema del Palacio.

–¿Pero él no argumentó ante la Policía que estaba trabajando?

–A él lo cogieron y lo capturaron ahí, la Policía.

–¿Han pedido explicación del porqué de ese procedimiento?

–Sí, cuando lo capturaron.

–¿Y qué dijo la Policía?

–Nada, no dan respuesta de nada.

–¿Qué reclama usted?

–Que lo liberen, pronta liberación.

–¿Qué gestiones han hecho?

–Pues cuando nos han llamado a entrevistas.

–¿El padre qué dice?

–El papá de él está muy enfermo.

 HABLA MARIELA ALZATE, MADRE DE JORGE MARIO RAMÍREZ

Mariela Alzate, madre de Jorge Mario Ramírez. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).

Jorge Mario Ramírez Alzate fue detenido el 25 de mayo, a las 7:30 de la noche, en Tuluá.

–Señora Mariela, coméntenos, por favor, sobre su hijo.

–Él es la cabeza de hogar, es el que vela por nosotros en la casa. Es muy echado para adelante, muy trabajador. Trabaja en un taller. Responde por mí y por la hermanita. Tiene 22 años de edad.

–¿Qué hace en el taller?

–Trabaja en una vulcanizadora de carros.

–¿Qué se encontraba haciendo él en el momento de la detención?

–Él estaba trabajando y pasó por ahí cuando lo detuvieron.

–¿Qué le informaron a usted acerca de la detención?

–No me dijeron nada.

–¿Qué reclama usted?

–Justicia y la libertad, eso es lo único.

Familiares de Dan Brayan Andrade no pudieron estar presentes en la Plaza Céspedes, donde se hicieron las entrevistas.

Cali, miércoles 28 de julio de 2021.

PERIODISMO LIBRE.

Memorias de la Barbarie (I). Testimonio de una infamia policial en Yumbo

Héctor Manuel Vargas Cobo, mutilado por la Policía en Yumbo, el 17 de mayo de 2021. Aquí, en su hogar. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).

EL CALVARIO DE HÉCTOR MANUEL VARGAS

Por Luis Alfonso Mena S.

Héctor Manuel Vargas Cobo, un hombre de 33 años de edad, atraviesa desde el 17 de mayo de 2021 un doloroso calvario. A las 2:30 de la mañana, en momentos en que resistía frente a la represión violenta del régimen de Iván Duque como integrante de la Primera Línea en Las Américas, municipio de Yumbo, recibió un disparo de granada aturdidora hecho por el Esmad de la Policía, el cual le cercenó los genitales. En su hogar del barrio San Jorge, hoy se encuentra, en medio de la pobreza y las necesidades, en otra resistencia, la de la sobrevivencia y la lucha contra la impunidad y la desesperanza.

Aunque es muy joven, ya es padre de tres hijos que ahora tienen 15, 13 y 8 años de edad, nacidos de su primera unión matrimonial. Venía laborando en una empresa local y con lo que devengaba pagaba el arriendo de la casa en la que habita y se alimentaba. Hoy urge la solidaridad de toda Colombia con él y con su familia.

La Alcaldía de Yumbo no le ha prestado ninguna ayuda, a pesar de que está en la obligación de hacerlo, pues es corresponsable de la represión ejercida durante aquellas 24 horas de terror oficial que padecieron los participantes en los puntos de resistencia de Yumbo entre el 16 y el 17 de mayo, represión que dejó más de 30 heridos y cinco manifestantes asesinados por el Estado. No solo debe responder la Alcaldía de Yumbo. También lo deben hacer la Gobernación del Valle del Cauca, la Presidencia de la República y sus Fuerzas Armadas.

“Coomeva (la empresa de salud a la que está afiliado) no me responde por las incapacidades, no tengo entradas, estoy pasando necesidades fuertemente en mi casa y nadie lo sabe”, nos dijo con un gesto de dolor que hiela el alma y conmueve hasta al más insensible habitante de la tierra, sentado en una silla mecedora al lado de su cama, acompañado de un pequeño gato.

Hasta el momento, Héctor Manuel solo ha contado con la solidaridad de organizaciones como el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Yumbo y algunos sindicatos, por lo que se requiere redoblar la ayuda humanitaria con él y con muchas personas que hoy soportan penurias por sus lesiones y sus condiciones de subsistencia, pues son en su mayoría gente de muy escasos recursos económicos.

Durante ocho días, Periodismo Libre y el Canal Telesur estuvimos en tres departamentos del suroccidente colombiano para dialogar con víctimas de la violencia estatal desatada contra los participantes en el Paro Nacional en Pereira, Cartago, Tuluá, Buga, Vijes, Yumbo, barrios de Cali, Jamundí y Popayán. Sus testimonios los iremos dando a conocer en la serie que hemos denominado Memorias de la Barbarie, cuya primera entrega es este artículo.

Padres, madres y familiares de jóvenes asesinados por la Policía y por civiles armados (paramilitares); personas con lesiones en diferentes partes de sus cuerpos, entre ellas los ojos, o perseguidos, detenidos y víctimas de falsos positivos judiciales hacen parte del grupo de 76 colombianos que nos dieron sus testimonios de dolor y padecimientos, pero también de conciencia social y de persistencia en la lucha contra el estado de desigualdad y opresión que padece el país. Muchos también nos contaron sus experiencias de resistencia y valentía.

Nuestro propósito es hacer visibles sus voces y sus denuncias, porque los asesinados, lacerados, violentados y perseguidos por el actual régimen tienen los rostros de la gente buena, noble y trabajadora que durante tres meses ha estado en las calles exigiendo soluciones a sus graves problemas, y ahora reclama castigo para los responsables de la barbarie protagonizada por un gobierno despótico, representante de unas clases dominantes segregadoras. Que no haya impunidad depende de todos.

El siguiente es el testimonio de Héctor Manuel Vargas Cobo, quien, a pesar de su tragedia, nos dijo al final: “Si pudiera salir a las marchas, saldría. Ahora con más ganas hay que luchar”.

“CUALQUIERA NO SOPORTARÍA ESTO”

–Héctor Manuel, recuérdenos inicialmente, por favor, qué pasó en la noche del 16 y en la mañana del 17 de mayo de 2021 en su vida.

–El día 16 de mayo estábamos en la resistencia de Las Américas, y aparecieron los señores del Esmad. Nos sometieron y siendo las 2:30 de la mañana recibí el impacto de una granada aturdidora en mis partes íntimas, que me causó amputación de pene y testículos. Eso fue lo que me pasó el 16 de mayo en mi vida. Me encuentro en proceso de curaciones y con ganas de salir de adelante.

–¿Cómo vivió esos momentos tan terribles?

–Fueron momentos de angustia porque sentir eso ahí es impresionante, eso no lo viviría cualquiera. Se siente una inmensa tristeza, uno siente que perdió la mitad de la vida. Eso es algo que me tiene pensativo, empezando por mi hogar. Es duro explicarlo, creo que cualquiera no lo soportaría.

–¿Cómo ha hecho usted para sobrellevar ese dolor?

–Cuando hablo de esto me da mucha tristeza y muchas ganas de llorar, pero hablo mucho con mi esposa y me dice que me va a apoyar, esa es la gran fuerza que tengo. De resto, no sé cómo pueda superar esto, porque en realidad es algo muy duro.

–¿Ha recibido ayuda psicológica?

–De la EPS me llamó un psicólogo, me dijo que en 15 días me llamaba y no volvió a llamar.

–En el momento que usted recibió el impacto de la granada aturdidora, ¿qué sintió?

–En ese instante yo sentí que explotó. Me dejó aturdido, medio sonso, y la impotencia de que nadie me llevaba al hospital me hizo sentir peor en ese instante, ni una ambulancia. Por ahí tengo un video de una ambulancia que paramos y no me quiso llevar. Uno se siente muy impotente en esos momentos de dolor.

–¿El ataque fue en qué punto exactamente de la geografía de Yumbo?

–No me sé la dirección bien, pero fue en la entrada de Yumbo, en la entrada del barrio, no fue ni siquiera en el taponamiento, el Esmad se metió hasta acá (barrio San Jorge) a someternos a todos, fue como a tres cuadras de la avenida principal.

–¿Usted vio cuando le dispararon?

–Eso me lo tiró uno (agente del Esmad) con la mano, como a cinco metros de distancia estábamos, se vinieron corriendo y uno de esos sacó la granada y me explotó.

–¿Cuáles eran los reclamos como Primera Línea?

–Nosotros estábamos apoyando por el futuro de los niños, de uno. Mi papá es pensionado y le iban a quitar la pensión y todo eso. Eso es una causa justa para luchar.

–¿Usted qué piensa ahora después de lo ocurrido en relación con la represión desatada por el Gobierno contra los participantes en el Paro?

–Que nos sometieron muy feo. Nosotros estamos por una causa justa. Eso nosotros no lo estamos haciendo por vandalismo ni por gusto, porque, la verdad, el país lo necesita, Colombia necesita que cambie la realidad en la que vivimos.

“EN EL DEPARTAMENTAL NO ME QUISIERON ATENDER”

–¿Cuánto tiempo tardaron en socorrerlo y quiénes lo hicieron?

–La verdad, no me socorrió nadie, mi mujer fue la que me llevó al hospital en una moto. Ella estaba por los alrededores del barrio viendo, entonces ella me llamó, yo le llegué ahí y me llevó en una moto al hospital. Me socorrieron como a las 3:30 de la mañana en el hospital de Yumbo, y luego me hicieron traslado a Cali.

–¿Dónde lo atendieron en Cali?

–Me mandaron para el Hospital Departamental, pero ahí no me quisieron recibir porque la EPS Coomeva no tiene convenio, de ahí me mandaron a la Clínica Nuestra, allá me atendieron. Me hicieron una operación el mismo 17. Debido al impacto, el pene quedó necrótico y tuvieron que amputarlo a los cuatro días, no resistió, no superó la reconstrucción. Se puso negro y tocó mocharlo. Los testículos se perdieron en el instante del impacto. Yo llegué sin testículos al hospital y con el pene destrozado. Esa fue la triste realidad.

–Usted es un hombre muy valiente.

–Eso me dice mucha gente, pero eso es duro, muy duro, no se lo deseo a nadie.

–¿Qué piensa para seguir adelante y superar este momento?

–Pienso esperar a ver cómo reacciona la medicina y ver si se puede solucionar algo. Le pido mucho a Dios que mi mujer no se decepcione. Yo creo que esa es la mayor fuerza que tengo en este momento.

–¿Qué ha dicho Coomeva, su EPS?, ¿cómo lo está atendiendo?

–Eso es una complicación para todo. Para una cita, para las autorizaciones. Es en Cali que me hacen todos los procedimientos, aquí en Yumbo no hay la capacidad para las heridas que yo tengo. Todo lo tengo que venir a autorizar acá, y eso se demora quince días. Yo salí el 2 de junio del hospital y me mandaron unas curaciones, y se demoraron 15 días para autorizármelas. Me las hicieron 15 días después, ya tenía infección debido a la demora de las autorizaciones de Coomeva. Ahí estoy perjudicado porque me mandaron cita con el anestesiólogo, primero se cumplió el plazo antes de que me la autorizaran también.

–¿Qué le exige usted a Coomeva?

–Que me preste un servicio justo. Yo soy cotizante, toda la vida he cotizado y, la realidad, cuando uno lo necesita no están para uno. Yo necesito que me colaboren con mis autorizaciones y que me hagan el proceso debido a tiempo.

–¿Hay posibilidad de una prótesis?

–Los doctores dicen que para eso hacen prótesis. La verdad, no sé muy bien del caso. El urólogo que me vio una vez dijo que me iba a hacer reconstrucción y que ahí ya terminaba el proceso, no sé cómo será, si lo reconstruyen todo de una o le ponen algo. La verdad no me ha explicado bien cómo sería, pero ellos dicen que se hace reconstrucción.

 

Héctor Manuel Vargas Cobo dialoga con Rodrigo Vargas (centro) y Jorge Calderón, del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Yumbo. (Foto: Luis Alfonso Mena S.).

“QUE DUQUE ME RESPONDA”

–¿Quiénes lo están ayudando en este momento, además de su esposa?

–Los únicos que me han ayudado son los de Derechos Humanos, de resto nadie más.

–¿Qué le exige a Duque, primer responsable de la represión en todo el país?

–A Duque, que me responda por todos los daños causados, tanto físicos como mentales, porque la verdad es muy dura. Económicamente no me está alcanzando ni para las curaciones, no tengo los recursos necesarios para desplazarme porque todo es en Cali. Yo no tengo ninguna entrada. Coomeva no me responde por las incapacidades, no tengo entradas, estoy pasando necesidades fuertemente en mi casa y nadie lo sabe.

–¿La empresa con la que usted laboraba cómo se ha comportado?

–A ellos les correspondía pagarme dos días de la incapacidad, no más. Ellos me han mandado una colaboración de $600.000 en estos dos meses.

–¿Sus compañeros de trabajo se han solidarizado?

–No, mis compañeros no saben la realidad como es. De este caso son poquitas personas las que saben.

–¿A la sociedad qué le pide?

–Claro, hay que exigir. Si, yo he averiguado, y soy uno de los casos más extremos que hay. Los compañeros de Derechos Humanos nunca me han dejado desamparado.

"FUE MÁS RÁPIDA LA BALA"

–Cuando usted está al frente del policía represor y ve que va a dispararle, ¿qué hace?

–Todos corrimos, pero fue más rápida la bala.

–¿Él le estaba apuntando a usted?

–Le estaba apuntando a todos, y se nos vinieron corriendo encima.

–¿Cuántos había?

–Éramos como 50.

–¿Primera Línea?

–Sí.

–¿El único afectado fue usted?

–No, fueron más afectados, pero yo fui el más grave. Hay uno al que le pegan también en la espalda y le quedó la cicatriz, a otro se lo pegaron en un pie, y a mí en esa zona. Fuimos tres, pero yo fui el de gravedad.

–Cuando lo hieren, ¿cae al suelo?

–No, yo me quedo parado, aturdido, pero consciente y ahí mismo me arrimé donde un compañero de lucha que me socorrió porque ahí se me fueron las luces.

–¿Usted siente desde el primer momento que la agresión fue contra sus genitales?

–Si claro, fue allí. El impacto me quemó toda la ropa, me hizo una bola, me quemó todos los vellos del sector abdominal y yo me miré y vi todo desbaratado, destrozado. Yo me cogí con la mano y se me salían partes de entre los dedos. Cuando iba en la moto yo me miré y vi que las carnes se me metían entre los dedos. Eso fue muy duro. Las doctoras estaban sorprendidas, me rodeaban, me tomaban fotos, me daban fuerza y me decían que todo iba a estar bien.

–¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado?

–Quince días, hasta el 2 de junio.

–¿Después de la hospitalización lo han seguido asistiendo los médicos?, ¿cómo es su tratamiento?

– Claro, yo soy muy sensible allí. Yo no puedo medio tocarme allí porque me duele. Me mandaron curaciones dos días por semana, tengo que ir a la Clínica de los Colores a hacerme las curaciones y del Centro Médico de Yumbo me llaman a hacerme citas de control, pero allí no hay especialistas que entienden la gravedad de mis heridas. Las citas de neurólogo y eso por las autorizaciones siempre son demoradas. Eso es lo que me ha perjudicado en el proceso, la demora de la EPS. Me gustaría que me ayudaran para poder hacer mis procesos a tiempo. Es lo único que le exijo a Coomeva.

–Porque tiene que ir hasta allá…

– Sí. Me dijeron que iban a hacerme curaciones aquí en mi casa, luego me llamaron y me dijeron que no tenían doctor para este sector, no hay especialista para este sector, pero el doctor si pudo venir a visitarme acá, ¿entonces ahí como es?

“AHORA CON MÁS GANAS HAY QUE LUCHAR”

–¿Los vecinos del barrio qué han dicho?

–Los vecinos son muy colaboradores, se mantienen pendientes, gracias a Dios. Hay vecinos que son viejitos, pero me dan para comer frutica, ahí están presentes con cualquier colaboración. Cuando necesito transporte a la Clínica de los Colores, un vecino me ha llevado a las citas, porque a veces no tengo el presupuesto para pagar, pues cada carrera me vale $50.000.

–¿Qué necesita de las organizaciones sociales y humanitarias, de los sindicatos?

–Que me colaboren en lo que más puedan y no me dejen solo en este proceso que es duro, eso es lo único que yo les pido.

–¿Cuál es su mensaje al alcalde de Yumbo?

–Para el alcalde, que se ponga la mano en el corazón y sea consciente del daño que me hicieron, no solo a mí sino a muchas familias que hemos sufrido el daño. Que piense y mire en qué nos puede ayudar.

–¿Qué sigue en su vida?

–Sigo en el proceso de las curaciones y esperar a ver el día que me hagan reconstrucción de piel, porque no tengo piel allí. Lo que me quedó está sin piel, ese es el primer proceso. De ahí tienen que hacerme reconstrucción del miembro o la prótesis. Pero pues eso depende de Coomeva, porque no autoriza las cosas.

–¿Coomeva está queriendo pasar de ‘agache'?

– Sí, eso es un problema para que le den cita a uno, para que lo autoricen, todo es un proceso, tengo que meter peticiones.

–¿Ha instaurado acción de tutela?

–No. La única tutela que metí fue para las incapacidades, porque económicamente estoy pasando necesidades. La empresa me colaboró en ese sentido, porque si no, no sabría qué hacer.

–¿Continúa resistiendo a pesar de todo lo ocurrido?

–Si pudiera salir a las marchas, saldría. Ahora con más ganas hay que luchar.

–Muchas gracias, Héctor Manuel, por su testimonio.

–Muchas gracias a ustedes por venir.

(Entrevista realizada el lunes 19 de julio de 2021 en Yumbo. Publicada el lunes 26 de julio de 2021).

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