Hecatombe en la salud
Ante cada bandazo, Uribe demuestra la improvisación e irresponsabilidad con que asumió la crisis de la salud. Y el oportunismo con que actúa, tratando de acomodarse a las protestas para no perder popularidad y cumplirles a los negociantes de las EPS.
Por Luis Alfonso Mena S.
Los decretos con fuerza de ley expedidos por el Gobierno dentro del estado de emergencia han puesto en evidencia la insondable crisis del sistema de salud en Colombia.
Crisis que no se soluciona con improvisados decretos legislativos, cuyos contenidos han sido repudiados por el pueblo colombiano de manera casi unánime. [1]
Pocas medidas del gobierno de Álvaro Uribe han despertado tal grado de indignación generalizada como los ya bautizados decretos de la muerte.
Hasta los gremios de los médicos y las academias de medicina, de reconocida tendencia uribista, los han rechazado en forma consistente por lesionar el ejercicio de la profesión.
Y ni qué decir de la posición de los usuarios de las EPS y de los trabajadores, atacados hasta la médula por las medidas del Gobierno.
Todo ello ha conducido a que Uribe dé palos de ciego para tratar de corregir sus graves atropellos a la salud de los colombianos y evitar perder popularidad.
Pero cada vez que hace un anuncio para echar atrás alguna de sus medidas, el Presidente demuestra la improvisación e irresponsabilidad con que ha asumido un problema tan grave.
Y, además, el oportunismo con que actúa, tratando de acomodarse a las circunstancias con el fin de no perder favorabilidad en época de elecciones.
Deben andar muy preocupados él y los candidatos de los partidos uribistas, especialmente los de la U, por las posibles repercusiones que en sus electorados tengan estas medidas.
“Tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe” solían decir nuestras madres para significar que los abusos no pueden ser eternos.
Uribe es manipulador, juega a varias bandas. Los decretos son de su autoría porque él los respaldó con su firma, pero al darse cuenta del rechazo popular sale a maniobrar.
Entonces les endilga la responsabilidad a los demás: que los redactaron mal, dijo al principio; luego, que no los entendieron y, finalmente, que el Congreso derogue lo malo.
¡Qué irresponsabilidad, qué desgreño! Uribe improvisa en materia delicada y la sociedad se ha dado cuento de ello. Él creyó que podía abusar de su “popularidad” y se equivocó.
Ni siquiera los shows mediáticos en los que es experto le han ayudado sustancialmente a convencer a los colombianos de la perversidad de sus decretos.
En esta ocasión el “estado de opinión” no le ha funcionado. Las manifestaciones en las calles persisten y el malestar crece.
Cada vez son más las voces que claman la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Uribe que instauró la emergencia. Seguramente la Corte la establecerá.
Y si ello ocurre, se caerán los restantes 14 decretos de la malhadada emergencia con la que el Presidente quiso saltarse una reforma profunda e incluyente del sistema de salud.
Una reforma estructural es lo que la crisis reclama, pero Uribe, que ha cerrado 20 hospitales públicos en siete años, lo único que buscaba era llenar las fauces de las EPS.
La corrupción
La improvisación con que la crisis ha sido tratada es tan grande, que incluso políticos y medios uribistas la cuestionan y sacan a la luz graves hechos de corrupción.
Primero se conoció que en la redacción de los decretos participaron médicos y asesores comprometidos con las EPS, lo cual los hacía entrar en conflicto de intereses.
Luego, que a esos flamantes asesores ligados a los negociantes de la salud les pagaron contratos de $700 millones y $1.200 millones para la redacción de los decretos.
Posteriormente, asociaciones de pacientes sostuvieron que hay otras asesorías similares por las que se habrían pagado $3.000 millones.
Y el martes 16 de febrero se denunció la existencia de un contrato de “asesorías” por 63 millones de dólares, ¡unos $125.000 millones!
Incluso, un noticiero de televisión uribista, CM&, el de Yamit Amat que se transmite por el Canal Uno, hizo graves revelaciones sobre los mismos hechos.
En esas denuncias se ponen en evidencia el despilfarro y la feria de los contratos liderada por el ministro de las desprotección social.
Como siempre, el Gobierno ha salido a negarlo todo y a tratar de tender nuevas cortinas de humo con más shows en los medios, que abren sus puertas al espectáculo del poder.
El Gobierno usa la doble faz: se muestra aparentemente arrepentido de lo que hizo, pone parches a los decretos, pero en el fondo busca que sigan iguales.
Trata de arreglar los entuertos que el mismo creó, pero la sociedad se dio cuenta de su juego. La última encuesta dice que si hay reelección no ganaría en primera vuelta.
A Uribe le falló el cálculo en su afán por enriquecer más a los negociantes de la salud. Olvidó que ésta es un bien preciado de todos. La gente no está dispuesta a dejarse morir.
Por eso se espera que la Corte Constitucional declare inexequible la emergencia, para que en el país se abra un gran debate que pugne por una reforma estructural del sistema.
Una reforma que acabe con los males del mismo, agravados por la Ley 100 de 1993 que inspiraron César Gaviria Trujillo, en la Presidencia, y Álvaro Uribe, en el Senado.
Antes de los decretos de emergencia la salud estaba en crisis, porque las EPS tienen a los pacientes como clientes y la atención es perversa.
Pero con los decretos, la salud quedó en estado terminal y Uribe creyó que podía abusar de su popularidad para imponerlos.
Tanto va el cántaro al agua… hasta que la gente se cansa.
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[1] Ver en la edición No. 16 de ¡PERIODISMO LIBRE! el artículo Uribe Prohíbe Enfermarse, en el que hacemos un análisis de los contenidos más importantes de los decretos de emergencia.
Ante cada bandazo, Uribe demuestra la improvisación e irresponsabilidad con que asumió la crisis de la salud. Y el oportunismo con que actúa, tratando de acomodarse a las protestas para no perder popularidad y cumplirles a los negociantes de las EPS.
Por Luis Alfonso Mena S.
Los decretos con fuerza de ley expedidos por el Gobierno dentro del estado de emergencia han puesto en evidencia la insondable crisis del sistema de salud en Colombia.
Crisis que no se soluciona con improvisados decretos legislativos, cuyos contenidos han sido repudiados por el pueblo colombiano de manera casi unánime. [1]
Pocas medidas del gobierno de Álvaro Uribe han despertado tal grado de indignación generalizada como los ya bautizados decretos de la muerte.
Hasta los gremios de los médicos y las academias de medicina, de reconocida tendencia uribista, los han rechazado en forma consistente por lesionar el ejercicio de la profesión.
Y ni qué decir de la posición de los usuarios de las EPS y de los trabajadores, atacados hasta la médula por las medidas del Gobierno.
Todo ello ha conducido a que Uribe dé palos de ciego para tratar de corregir sus graves atropellos a la salud de los colombianos y evitar perder popularidad.
Pero cada vez que hace un anuncio para echar atrás alguna de sus medidas, el Presidente demuestra la improvisación e irresponsabilidad con que ha asumido un problema tan grave.
Y, además, el oportunismo con que actúa, tratando de acomodarse a las circunstancias con el fin de no perder favorabilidad en época de elecciones.
Deben andar muy preocupados él y los candidatos de los partidos uribistas, especialmente los de la U, por las posibles repercusiones que en sus electorados tengan estas medidas.
“Tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe” solían decir nuestras madres para significar que los abusos no pueden ser eternos.
Uribe es manipulador, juega a varias bandas. Los decretos son de su autoría porque él los respaldó con su firma, pero al darse cuenta del rechazo popular sale a maniobrar.
Entonces les endilga la responsabilidad a los demás: que los redactaron mal, dijo al principio; luego, que no los entendieron y, finalmente, que el Congreso derogue lo malo.
¡Qué irresponsabilidad, qué desgreño! Uribe improvisa en materia delicada y la sociedad se ha dado cuento de ello. Él creyó que podía abusar de su “popularidad” y se equivocó.
Ni siquiera los shows mediáticos en los que es experto le han ayudado sustancialmente a convencer a los colombianos de la perversidad de sus decretos.
En esta ocasión el “estado de opinión” no le ha funcionado. Las manifestaciones en las calles persisten y el malestar crece.
Cada vez son más las voces que claman la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Uribe que instauró la emergencia. Seguramente la Corte la establecerá.
Y si ello ocurre, se caerán los restantes 14 decretos de la malhadada emergencia con la que el Presidente quiso saltarse una reforma profunda e incluyente del sistema de salud.
Una reforma estructural es lo que la crisis reclama, pero Uribe, que ha cerrado 20 hospitales públicos en siete años, lo único que buscaba era llenar las fauces de las EPS.
La corrupción
La improvisación con que la crisis ha sido tratada es tan grande, que incluso políticos y medios uribistas la cuestionan y sacan a la luz graves hechos de corrupción.
Primero se conoció que en la redacción de los decretos participaron médicos y asesores comprometidos con las EPS, lo cual los hacía entrar en conflicto de intereses.
Luego, que a esos flamantes asesores ligados a los negociantes de la salud les pagaron contratos de $700 millones y $1.200 millones para la redacción de los decretos.
Posteriormente, asociaciones de pacientes sostuvieron que hay otras asesorías similares por las que se habrían pagado $3.000 millones.
Y el martes 16 de febrero se denunció la existencia de un contrato de “asesorías” por 63 millones de dólares, ¡unos $125.000 millones!
Incluso, un noticiero de televisión uribista, CM&, el de Yamit Amat que se transmite por el Canal Uno, hizo graves revelaciones sobre los mismos hechos.
En esas denuncias se ponen en evidencia el despilfarro y la feria de los contratos liderada por el ministro de las desprotección social.
Como siempre, el Gobierno ha salido a negarlo todo y a tratar de tender nuevas cortinas de humo con más shows en los medios, que abren sus puertas al espectáculo del poder.
El Gobierno usa la doble faz: se muestra aparentemente arrepentido de lo que hizo, pone parches a los decretos, pero en el fondo busca que sigan iguales.
Trata de arreglar los entuertos que el mismo creó, pero la sociedad se dio cuenta de su juego. La última encuesta dice que si hay reelección no ganaría en primera vuelta.
A Uribe le falló el cálculo en su afán por enriquecer más a los negociantes de la salud. Olvidó que ésta es un bien preciado de todos. La gente no está dispuesta a dejarse morir.
Por eso se espera que la Corte Constitucional declare inexequible la emergencia, para que en el país se abra un gran debate que pugne por una reforma estructural del sistema.
Una reforma que acabe con los males del mismo, agravados por la Ley 100 de 1993 que inspiraron César Gaviria Trujillo, en la Presidencia, y Álvaro Uribe, en el Senado.
Antes de los decretos de emergencia la salud estaba en crisis, porque las EPS tienen a los pacientes como clientes y la atención es perversa.
Pero con los decretos, la salud quedó en estado terminal y Uribe creyó que podía abusar de su popularidad para imponerlos.
Tanto va el cántaro al agua… hasta que la gente se cansa.
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[1] Ver en la edición No. 16 de ¡PERIODISMO LIBRE! el artículo Uribe Prohíbe Enfermarse, en el que hacemos un análisis de los contenidos más importantes de los decretos de emergencia.
Reportaje Gráficos de ¡PERIODISMO LIBRE!
*** Las tres primeras fotos corresponden a las nutridas manifestaciones realizadas en el centro de Cali contra los decretos de emergencia promulgados por Álvaro Uribe. La marcha fue efectuada el sábado 6 de febrero desde la Plaza de San Francisco hasta el CAM.
*** Las tres fotografías restantes fueron captadas durante la marcha organizada por las centrales obreras y que transcurrió por calles del centro y el sur de la ciudad el jueves 18 de febrero. En el trayecto no sólo fueron repudiados los decretos del Gobierno sino que decenas de pasacalles de candidatos uribistas al Congreso fueron descolgados.
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