De izquierda a derecha, Alexander López, Wilson Arias, Ramiro Varela y Armando Palau, cuatro de los principales líderes del movimiento ciudadano que rechaza al cobro de las “21 megaobras” del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, mediante el gravamen de Valorización.A Ospina se le cayeron las megaobras
Las 21 megaobras no tienen a la fecha los estudios terminados y por lo tanto van a ser contratados sus diseños definitivos por concesión. Ilegalmente se cobró y recaudó un “impuesto” para hacer obras.
Por Ramiro Varela Marmolejo (*)
Después de sostener como vocero de la comunidad y con conocimiento de causa por espacio de 21 meses que los diseños de las megaobras no estaban terminados, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Alcalde de Cali la suspensión de la licitación pública para contratar obras por $589.000 millones hasta tanto no se demuestre la existencia de los diseños terminados de las 21 obras, a lo cual Jorge Iván Ospina respondió con el aplazamiento de la licitación por 20 días, hasta el 4 de mayo, a fin de mostrar los estudios que se tienen de los proyectos.
Pero lo de fondo es que está demostrado en diversas instancias judiciales, tanto por los contratistas diseñadores, la misma Secretaría de Infraestructura y Valorización, como por la Emru y Emcali, que aún no están finalizados todos los proyectos, que deben ser contratados con los futuros concesionarios de las obras y por lo tanto todo el proceso de decretación del plan de obras, liquidación, distribución, cobro, recaudo y licitación ha sido ilegal y de esta manera en el Ministerio Publico se le cayeron a la Administración Municipal las 21 megaobras, pues será imposible probar lo que no se tiene : estudios terminados.
Cómo se cayeron las 21 megaobras
Después de centenares de derechos de petición, 36.453 recursos de reposición, más de un centenar de tutelas, demandas de nulidad, acciones populares y acciones de cumplimiento se logró que el estado de derecho empezara a hacer justicia.
Fue mediante una tutela que se le solicitó a la Juez 19 Civil Municipal amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y de petición, con el fin de que las 21 megaobras de Cali se atemperen a las normas constitucionales y legales.
El Alcalde, con habilidad que le duró más de un año y medio, argumentó extensamente la improcedibilidad de la tutela por existir otras jurisdicciones para atender las vulneraciones a las normas jurídicas por parte de la Administración Municipal, desconociendo el perjuicio irremediable que se causaría con la adjudicación de la licitación, e ignorando las respuestas al derecho de petición que solicitaba la información precisa de dónde y cómo se viabilizaron técnicamente los proyectos del plan de obras.
La Juez 19 Civil Municipal tuteló el derecho de petición ordenándole contestar en 48 horas al Alcalde, lo que se hizo efectivo el martes 6 de abril del 2010 y oficialmente se supo la verdad: las 21 megaobras no tienen a la fecha los estudios terminados y por lo tanto van a ser contratados sus diseños definitivos por concesión con los contratistas que serían escogidos.
Ante estos hechos nuevos como pruebas irrefutables que le presentamos a la Procuraduría General de la Nación, violatorios de la Constitución, de la ley y de varios acuerdos municipales, se ordenó la suspensión hasta que se demuestre la existencia de estudios.
Primero cae un mentiroso…
Desde la presentación del proyecto de acuerdo que decretó el Plan de Obras en el mes de mayo del 2008, se les recomendó al Alcalde, al director de Planeación, Johannio Marulanda, y al secretario encargado de Infraestructura y Valorización, Néstor Martínez, elaborar los estudios primero.
Sin embargo, arrancaron con una cascada de mentiras al Concejo y a la ciudadanía, pontificando sobre la existencia de los estudios y diseños y argumentando que sólo faltaban ajustes…
Pero nuestra exposición en el Cabildo permitió que se le diera plazo de cinco meses para terminar los estudios, no los terminaron y lo demostramos. Pidieron otro plazo por otros cinco meses, es decir hasta el 30 de junio del 2009, no los terminaron y lo demostramos.
Así fue que a pesar de nuestra posición constructiva de cumplir la ley, en cuanto a lo mínimo que un buen ciudadano puede exigirle a su mandatario: hacer los estudios de cada obra, se liquidó y distribuyó la contribución de Valorización.
Luego, ilegalmente, se cobró y recaudó un “impuesto” para hacer obras. Pero el Alcalde, con la inversión publicitaria más alta en la historia de la ciudad, violando los derechos humanos de los ciudadanos que opinábamos sobre lo inconveniente de sus obras sin estudios, logró pasar el fin de año y pudo elegir a su hermano senador de la República.
Aquí cae perfectamente la frase de Abraham Lincon quien dijo: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo, todo el tiempo”.
Enemigo del progreso
Indudablemente que el tiempo le da la razón al que la tiene y ya queda demostrado quien es el enemigo del progreso de Cali, pues hacer una cirugía sin examen clínico y estudios es atentar contra la salud, es decir contra los derechos de los caleños en este caso.
Eso le ha pasado al Alcalde de Cali, que sin diseños para manejar contratos por diez años y con más de US$500 millones de los caleños nos estafó con un proyecto que no tuvo ni tiene pies ni cabeza.
Luego él es el enemigo número uno del progreso de Cali y quien nos debe rendir cuentas por tamaño descalabro técnico, jurídico, político, administrativo, fiscal, presupuestal, social y ambiental.
Las salidas del Alcalde
1. Que tiene todos los estudios y diseños: mentira.
2. Que está facultado para hacer contratos de concesión: mentira.
3. Que los diseños se pueden terminar con los concesionarios: mentira.
4. Que está facultado para cobrar primero y hacer diseños después: mentira.
Invitamos a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía y a los medios de comunicación a que nos permitan el derecho a la réplica, para que no sigan engañando a los caleños.
(*) Representante de los propietarios de predios gravados con valorización.
Las 21 megaobras no tienen a la fecha los estudios terminados y por lo tanto van a ser contratados sus diseños definitivos por concesión. Ilegalmente se cobró y recaudó un “impuesto” para hacer obras.
Por Ramiro Varela Marmolejo (*)
Después de sostener como vocero de la comunidad y con conocimiento de causa por espacio de 21 meses que los diseños de las megaobras no estaban terminados, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Alcalde de Cali la suspensión de la licitación pública para contratar obras por $589.000 millones hasta tanto no se demuestre la existencia de los diseños terminados de las 21 obras, a lo cual Jorge Iván Ospina respondió con el aplazamiento de la licitación por 20 días, hasta el 4 de mayo, a fin de mostrar los estudios que se tienen de los proyectos.
Pero lo de fondo es que está demostrado en diversas instancias judiciales, tanto por los contratistas diseñadores, la misma Secretaría de Infraestructura y Valorización, como por la Emru y Emcali, que aún no están finalizados todos los proyectos, que deben ser contratados con los futuros concesionarios de las obras y por lo tanto todo el proceso de decretación del plan de obras, liquidación, distribución, cobro, recaudo y licitación ha sido ilegal y de esta manera en el Ministerio Publico se le cayeron a la Administración Municipal las 21 megaobras, pues será imposible probar lo que no se tiene : estudios terminados.
Cómo se cayeron las 21 megaobras
Después de centenares de derechos de petición, 36.453 recursos de reposición, más de un centenar de tutelas, demandas de nulidad, acciones populares y acciones de cumplimiento se logró que el estado de derecho empezara a hacer justicia.
Fue mediante una tutela que se le solicitó a la Juez 19 Civil Municipal amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y de petición, con el fin de que las 21 megaobras de Cali se atemperen a las normas constitucionales y legales.
El Alcalde, con habilidad que le duró más de un año y medio, argumentó extensamente la improcedibilidad de la tutela por existir otras jurisdicciones para atender las vulneraciones a las normas jurídicas por parte de la Administración Municipal, desconociendo el perjuicio irremediable que se causaría con la adjudicación de la licitación, e ignorando las respuestas al derecho de petición que solicitaba la información precisa de dónde y cómo se viabilizaron técnicamente los proyectos del plan de obras.
La Juez 19 Civil Municipal tuteló el derecho de petición ordenándole contestar en 48 horas al Alcalde, lo que se hizo efectivo el martes 6 de abril del 2010 y oficialmente se supo la verdad: las 21 megaobras no tienen a la fecha los estudios terminados y por lo tanto van a ser contratados sus diseños definitivos por concesión con los contratistas que serían escogidos.
Ante estos hechos nuevos como pruebas irrefutables que le presentamos a la Procuraduría General de la Nación, violatorios de la Constitución, de la ley y de varios acuerdos municipales, se ordenó la suspensión hasta que se demuestre la existencia de estudios.
Primero cae un mentiroso…
Desde la presentación del proyecto de acuerdo que decretó el Plan de Obras en el mes de mayo del 2008, se les recomendó al Alcalde, al director de Planeación, Johannio Marulanda, y al secretario encargado de Infraestructura y Valorización, Néstor Martínez, elaborar los estudios primero.
Sin embargo, arrancaron con una cascada de mentiras al Concejo y a la ciudadanía, pontificando sobre la existencia de los estudios y diseños y argumentando que sólo faltaban ajustes…
Pero nuestra exposición en el Cabildo permitió que se le diera plazo de cinco meses para terminar los estudios, no los terminaron y lo demostramos. Pidieron otro plazo por otros cinco meses, es decir hasta el 30 de junio del 2009, no los terminaron y lo demostramos.
Así fue que a pesar de nuestra posición constructiva de cumplir la ley, en cuanto a lo mínimo que un buen ciudadano puede exigirle a su mandatario: hacer los estudios de cada obra, se liquidó y distribuyó la contribución de Valorización.
Luego, ilegalmente, se cobró y recaudó un “impuesto” para hacer obras. Pero el Alcalde, con la inversión publicitaria más alta en la historia de la ciudad, violando los derechos humanos de los ciudadanos que opinábamos sobre lo inconveniente de sus obras sin estudios, logró pasar el fin de año y pudo elegir a su hermano senador de la República.
Aquí cae perfectamente la frase de Abraham Lincon quien dijo: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo, todo el tiempo”.
Enemigo del progreso
Indudablemente que el tiempo le da la razón al que la tiene y ya queda demostrado quien es el enemigo del progreso de Cali, pues hacer una cirugía sin examen clínico y estudios es atentar contra la salud, es decir contra los derechos de los caleños en este caso.
Eso le ha pasado al Alcalde de Cali, que sin diseños para manejar contratos por diez años y con más de US$500 millones de los caleños nos estafó con un proyecto que no tuvo ni tiene pies ni cabeza.
Luego él es el enemigo número uno del progreso de Cali y quien nos debe rendir cuentas por tamaño descalabro técnico, jurídico, político, administrativo, fiscal, presupuestal, social y ambiental.
Las salidas del Alcalde
1. Que tiene todos los estudios y diseños: mentira.
2. Que está facultado para hacer contratos de concesión: mentira.
3. Que los diseños se pueden terminar con los concesionarios: mentira.
4. Que está facultado para cobrar primero y hacer diseños después: mentira.
Invitamos a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía y a los medios de comunicación a que nos permitan el derecho a la réplica, para que no sigan engañando a los caleños.
(*) Representante de los propietarios de predios gravados con valorización.
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