La pobreza crece. Un dato revelador, entre centenares, lo evidencia: en Cali, de acuerdo con información del Sisben, el 85% de la población vive en la pobreza. Ante tal panorama, ¿podrá el movimiento obrero y popular hacerle el juego a la política del somnífero social desarrollada por Santos y los ex izquierdistas adocenados?
Por Luis Alfonso Mena S. (*)
Es claro que las élites en el poder en Colombia no cederán fácilmente ante las exigencias de democracia social verdadera, no meramente retórica, y que 2011 será un año de intensas luchas protagonizadas desde los diferentes escenarios de la acción obrera y popular.
El estilo aparentemente conciliador implementado por el presidente Juan Manuel Santos, diferente en lo formal al despótico practicado por Álvaro Uribe, ha generado falsas expectativas en sectores sociales y políticos, incluidos varios de la centro-izquierda y el liberalismo, y se avizora como un somnífero paralizante y engañoso.
La crisis social que sacude al país, agravada por el desastre invernal que dejó dos millones de damnificados y que generó una nueva modalidad de desplazamiento poblacional, condujo a Santos a subir un 0,6% más en el salario mínimo decretado por su gobierno el 30 de diciembre de 2010.
Así, en pocos días el incremento pasó del 3,4% al 4%, una cifra pírrica frente al costo de vida real (que va más allá de los índices oficiales de inflación) y a las angustias que la población soporta consuetudinariamente, que obligarían a un monto superior al 12% propuesto por las centrales obreras en la llamada mesa de concertación.
Mesa de “concertación” que, a propósito, no es más que un requisito llenado por el gobierno de turno para presentarse como mediador entre empresarios y trabajadores, cuando en realidad aquél es coequipero de los dueños del capital y siempre tenderá a favorecerlos.
Es la antigua ardid de los gobiernos liberal-burgueses: mostrarse en el centro de las disputas entre las clases fundamentales de la sociedad, crear la percepción de “neutralidad” en los grandes conglomerados humanos empobrecidos para terminar favoreciendo a quienes realmente representa.
A los reparos expuestos a la medida por los personeros de los gremios de los oligopolios (Andi, Fenalco, SAC, Asobancaria, Fedesarrollo), que, insaciables, querían un incremento menor, seguirá la calma: Santos es su Presidente y no conviene afectar la tramoya en la que apareció como el mandatario sensible a los intereses populares.
La Mesa de Concertación es una gran farsa a la que las centrales obreras no deberían asistir al finalizar este año, pues de ella jamás han salido decisiones que por lo menos sirvan para remendar la rota canasta familiar de los trabajadores y en la que finalmente los empresarios han delegado en su gobierno decretar el salario mínimo que les conviene.
La dupla Garzón-Gómez
Claro que en esta oportunidad la reunión contó con un elemento nuevo: la actitud doble del presidente de la segunda central obrera del país, la CGT, a quien se le salen por sus grandes ojos las ganas de ser nombrado ministro del Trabajo tan pronto se produzca la reforma legal que deslinde esta cartera de la de “Protección Social” creada por Uribe.
Julio Roberto Gómez es hoy el comodín del sindicalismo en el gobierno Santos, y se proyecta como el segundo a bordo de la política de conciliación de clases liderada por su inspirador, el vicepresidente Angelino Garzón, ex líder obrero al servicio de la oligarquía colombiana.
De dientes para afuera, Gómez criticó el 3,4%, pero tan pronto Santos decretó el 4%, incremento nada sustancial como hemos dicho, pero sí demagógicamente simbólico, apareció de inmediato para sacar pecho y ganar indulgencias con la camándula de quien aspira sea su patrón dentro de poco en el Palacio de Nariño.
La dupla Garzón-Gómez hace parte de la táctica de Santos de aplicar su somnífero al movimiento obrero y popular, para adormecerlo e ir cooptando más espacios que definitivamente lo neutralicen y lo sometan a aceptar las migajas que le aviente la clase dominante.
¿Qué dirán ellos de los conflictos laborales en marcha en áreas de la economía tan importantes como las del carbón, los alimentos, la salud y la educación, entre otras?
Los trabajadores deberían estar alertas ante el doble juego de los nuevos adalides de la conciliación, que en el fondo buscan conducirlos a la claudicación en sus intereses de clase y a facilitarle su sometimiento por parte del gran empresariado nacional y transnacional.
¿Qué han dicho ellos y Santos, por ejemplo, frente al prolongado conflicto en la multinacional Kraft Foods Colombia, donde, además, fueron despedidos de manera arbitraria más de 400 de sus trabajadores con el pretexto de la ola invernal en el Valle del Cauca?
¿O sobre las exigencias de los obreros del complejo minero El Cerrejón, formuladas en el pliego de peticiones que la compañía se niega a responder en asuntos claves?
¿O sobre los reclamos de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, Anthoc, contra la nueva reforma de la salud aprobada en el Congreso y orientada a nutrir de más ganancias multimillonarias el negocio de las EPS?
¿O sobre las exigencias de hacer efectiva la oferta de acabar con las cooperativas de trabajo asociado, convertidas en nefastos mecanismos de pauperización de los salarios?
¿O sobre los reclamos contra la reforma laboral contenida en la Ley 789 de 2002, que esquilma a los trabajadores y les quitó las horas extras, disminuyó los pagos por trabajar los domingos y las indemnizaciones por despidos sin justa causa?
¿O sobre el crecimiento del desempleo, que, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina, Cepal, supero ya el 13% y sitúa al país como el líder en la materia en todo el subcontinente?
Crecen los abismos
El incremento porcentual en el salario mínimo, además de insuficiente, no fue ni siquiera un arranque altruista de Santos. Fue simplemente la necesidad de atemperarlo, como manda la ley, a las cifras de inflación, que el gobierno y los empresarios creían sería inferior al 3%, pero que llegó al 3,17 % en 2010.
¿Puede vivir decentemente una familia con 535.600 en Colombia? Definitivamente no. De hecho, el incremento ya fue absorbido por los altísimos aumentos en los precios de la gasolina, los productos básicos de la canasta familiar, los servicios, la educación…
Pero el del salario y el costo de vida son sólo dos de la multiplicidad de asuntos que afectan al grueso de la población.
Luego de los ocho años de Uribe, en el país se profundizaron los abismos entre los más ricos y los pobres, creció la desigualdad social y hoy Colombia es uno de los países con los más altos índices de inequidad en el continente americano.
Uno de los asuntos medulares de la problemática nacional, el conflicto armado interno, sigue sin resolución, latente, pues la línea estratégica de Santos es la misma de Uribe: la guerra prolongada.
Nada distinto a Uribe, aunque muchos se hacen ilusiones con la “amplitud” mediadora de Garzón, por aquello de que estuvo en la izquierda…
Pero ese antecedente ya no parece valedero, pues muchos ex dirigentes revolucionarios pasaron al campo del reformismo o, abiertamente, al de la derecha y hoy andan felices con el nuevo ambiente que le atribuyen a Santos.
Y mientras tanto, la pobreza crece. Un dato revelador, entre centenares, lo evidencia: en Cali, de acuerdo con la última encuesta realizada en el marco del Sisben, el 85% de la población vive en la pobreza.
Desglosada, la cifra muestra que el 42% de las 2.260.000 personas residentes en la ciudad está ubicado en los estratos uno y dos, mientras que el 43% lo está en el estrato tres.
La mayor parte del 15% restante se sitúa en los estratos cuatro y cinco, el de las capas medias, y una ínfima minoría está en los estratos seis y extra seis, el de los ricos.
Ante tal panorama, ¿podrá el movimiento obrero y popular hacerle el juego a la política del somnífero social desarrollada por Santos y los ex izquierdistas adocenados?
La respuesta es clara, pero los efectos del adormecedor tardarán en perder sus efectos.
(*) Director de la revista virtual ¡Periodismo Libre!
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