 |
| Con la devolución de la personería jurídica a la Unión Patriótica se empieza a reconocer el genocidio del que fue víctima este partido político por agentes paramilitares en asocio con militares. (Foto tomada de portdelsur.info). |
Unión
Patriótica: vigencia de un
ideario por la
paz con justicia social
Por la historia
de la UP, la de los miles de hombres y mujeres que encarnaron la dignidad y el
heroísmo de los revolucionarios, levantamos las banderas de la solidaridad y
proponemos que la restitución de su personería jurídica, como acto mínimo de
reparación política a la Unión Patriótica, sea puesta al servicio de todas
las expresiones de convergencia democrática del pueblo colombiano, de la Causa
Común a que se refiere el III Pleno
Nacional, para proseguir con más fuerza y con toda su gloria.
Los
militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica y quienes en Colombia
ejercimos cargos de elección popular en su representación y hemos sido forzados
al exilio en Suiza, Francia, Bélgica, España, Suecia, Noruega, Italia,
Inglaterra, Alemania y Grecia, sobrevivientes de la horrenda persecución
criminal desatada contra la UP, que ha tenido evidentes connotaciones de
terrorismo de Estado por la participación inocultable de agentes estatales en
su perpetración, manifestamos nuestro respaldo a las conclusiones adoptadas por
el reciente III pleno nacional de la Unión Patriótica y expresamos nuestra
solidaridad con la Dirección Nacional, integrada por probados luchadores
populares, que preside el compañero Ómer Calderón.
La
actual situación del país confirma la vigencia del ideario político de la Unión
Patriótica por las transformaciones políticas, económicas y sociales, por la
democracia efectiva, la solución política del conflicto interno y la paz con
justicia social en Colombia.
El
genocidio de la Unión Patriótica permanece en la
impunidad, característica del terrorismo de Estado, que encubre a
los perpetradores amparados con fueros especiales y que reproduce los efectos
de la “guerra sucia” desplegada contra el movimiento popular colombiano,
instaurando el crimen como instrumento político y el terror como mecanismo
cotidiano de control social y político, de proscripción de la disidencia y de
cercenamiento de las libertades individuales y las garantías sociales.
El
exterminio sistemático desatado contra la UP, para contrarrestar su enorme
vocación de poder popular, puso al descubierto la carencia de voluntad política
de los gobiernos de turno para garantizar a una fuerza legal de oposición su
derecho a un espacio en la escena política. Un poder mezquino y arrogante ante
una fuerza política en ascenso, que hizo de la lucha por la paz y el progreso
social su desafío espléndido e irreductible: la lucha por los derechos de los
trabajadores, por las libertades, por los derechos fundamentales y la
democracia efectiva, por la proscripción del terrorismo de Estado y de la
impunidad oficial, por la defensa de la soberanía nacional y los
recursos naturales, por la paz con justicia social y el derecho de los
colombianos a vivir con dignidad. La dura brega de la UP por los
cambios políticos y sociales que continúa exigiendo el pueblo colombiano.
El
gobierno nacional, el alzamiento en armas y el conjunto de la
sociedad colombiana deben asumir clara conciencia de que el genocidio
perpetrado contra la Unión Patriótica, en el siniestro itinerario de la “guerra
sucia” y sus desdichas innombrables, crimen de lesa humanidad que no tiene
perdón ni olvido y que permanece sin castigo, no puede quedar en la impunidad
ni puede repetirse si se aspira a encontrar una salida concertada al conflicto
interno del país, hacia una paz justa y duradera, que permita la solución
progresista de la crisis social contenida en la confrontación armada y que
dé paso a una democracia efectiva y humanista.
Quienes hemos defendido la solución del conflicto interno por la vía de la negociación política, acogemos con esperanza los diálogos, que avanzan en La Habana, entre el alzamiento en armas de las Farc y el gobierno nacional, por la paz en Colombia, al tiempo que nos sumamos a las voces que reclaman un cese bilateral al fuego y a las hostilidades que contribuiría positivamente a aclimatar las conversaciones, a detener el escalamiento de la guerra y a reducir el dolor del pueblo que la padece.
El gigantesco desfile de masas que el 9 de Abril de 2013 movilizó a millones de colombianos, en formidable manifestación respaldada por muy diversos sectores sociales, políticos y de opinión, constituye una contundente demostración de apoyo a los diálogos de La Habana y deja un claro mensaje al gobierno para defender sin ambigüedades la solución política negociada como un hecho irreversible, y para enfrentar sin vacilación a los enemigos declarados y a los detractores de los diálogos de paz, que desde las fuerzas regresivas del militarismo y la reacción de la extrema derecha están empeñados en deslegitimar y bloquear.
Por
el derecho a la verdad que nos asiste, consideramos que la historia fidedigna
sobre el genocidio de la UP debería ser enseñada en las instituciones oficiales
de educación, conforme a una publicación que cuente con el beneplácito
de las víctimas y que sea editada por el Estado, para que la
juventud colombiana conozca la verdad en la recuperación de la memoria histórica
y comprenda que lo sucedido no puede tolerarse ni repetirse nunca más.
El
derecho a la reparación política colectiva de la Unión Patriótica implica la
restitución de los cargos de elección popular que le fueron arrebatados
mediante el crimen.
Por
la historia de la UP, la de los miles de hombres y mujeres que encarnaron la
dignidad y el heroísmo de los revolucionarios, levantamos las banderas de la
solidaridad y proponemos que la restitución de su personería jurídica, como
acto mínimo de reparación política a la Unión Patriótica, sea puesta al
servicio de todas las expresiones de convergencia democrática del pueblo
colombiano, de la Causa Común a que se refiere el III Pleno Nacional, para
proseguir con más fuerza y con toda su gloria.
Ginebra,
Suiza, verano de 2013
Hernán
Motta
Motta
Fundador
y Ex Presidente nacional
UP
Senador
Aida
Avella Esquivel
Ex
Presidente nacional UP
Constituyente
1991- Concejal de Bogotá
Beatriz
Gómez
Presidente
UP
Antioquia
Diputada
Departamental de Antioquia
Andrés
Pérez Berrio
Alcalde
de Chigorodó
Unión
Patriótica Urabá
Bladimir
Meneses
Unión
Patriótica
Pasto
Junta
Departamental UP
Nariño
Julio
Avella García
Junta
Nacional ex Coordinador UP Santander
Concejal
de Bolívar y Lebrija
Esteban
Mercado
Coordinador
UP Cartagena y Barranquilla
Valia
Rochast
Unión
Patriótica Santander
Alirio
Rodríguez P
Unión
Patriótica
Cundinamarca
Luz
Stella Pardo C
UP
Dpto. Cundinamarca
Maria
I González L
Unión
Patriótica Chigorodó
Pedro
A Osorio
E
Unión
Patriótica
Bogotá
Gerardo
Nieto
Unión
Patriótica Urabá
René
Cabrales
Unión
Patriótica Córdoba
Jesús
Rodríguez
Unión
Patriótica Pasca
Cundinamarca
Efraín
Avella
Unión
Patriótica
Departamento
de Magdalena
Alejandro
De La Hoz Y
Hijo
de militantes de la UP
Germán
Osorio
Unión
Patriótica Santander
Clemencia
Morales
Unión
Patriotica Pasca
Cundinamarca
Sonia
Gutiérrez de MOTTA
Unión
Patriótica Santander
Teresa
Castro
Zapata
Unión
Patriótica
Bucaramanga
Marco
Avella Medina
Hijo
de militantes de la UP
Martha
López
Unión
Patriótica Bogotá
Leo
García
Nieto
de militante de la
UP
Marcela
Martínez
Hija
de militantes de la UP
Olgher
Santodomingo G
UP
Barrancabermeja
Eliécer
Jiménez
Julio
Fundador
UP Dpto. de Cesar
Jaime
Cedano Roldán
Ex
Secretario de Relaciones
Internacionales
PCC
Alcides
Lesmes
Fundador
UP Dpto. de Meta
Francisco
Gómez
UP
Oriente Antioqueño
José
Manuel Gómez
Unión
Patriótica Barranquilla
Manuel
Jara
Fundador
UP Dpto. de Caquetá
Javier
David Rodríguez R
Unión
Patriótica
Barranquilla
María
del Socorro Vivas Bonilla
Unión
Patriótica Buenaventura
Gladys
Corredor
Unión
Patriótica Valle del
Cauca
Hernán
Vargas Niño
Fundador
UP Dpto. de Santander
Concejal
de San Vicente de Chucuri
Ruby
Cueto
Unión
Patriótica Dpto. de Córdoba
No hay comentarios:
Publicar un comentario