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| Momento en el cual frente a la Gobernación del Valle se leían las peticiones agropecuarias y populares del departamento del Valle. (Foto tomada de: marchapatrioticaenelvalle.blogspot.com). |
Pliego
departamental de peticiones agropecuarias y populares del Valle del Cauca
Las organizaciones y comunidades agrarias y
populares del Valle del Cauca presentamos ante el Gobernador Ubeimar Delgado
Blandón nuestras demandas sociales,
económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor
manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos,
demandas que se encuentran enmarcadas en el Pliego Nacional de Peticiones
Agropecuarias y Populares (documento adjunto).
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Si bien la
Constitución Política de Colombia, reconoce como sujetos de derechos a las
comunidades indígenas y afrocolombianas, a la fecha al campesinado no se le ha
reconocido como sujeto de derechos sociales, políticos y económicos, en efecto,
como parte del sector agrario ha sido marginado históricamente de las
decisiones fundamentales que le atañen; sin embargo el Estado ha impuesto una
política agraria fundamentada en el modelo de desarrollo agroexportador, cuyo
carácter extractivista ha re-primarizado la economía del sector, ésta, favorece
la importación de los elementos más importantes de la canasta familiar y
simultáneamente, ha negado de facto al productor nacional colocar sus productos
en el mercado interno, creando las condiciones para la dependencia alimentaria
y de otros bienes, situación que se viene agudizando con los TLC dada la
imposición de la desregulación del mercado nacional y la laxitud asumida en el
intercambio comercial, de hecho, el aumento de la importación de alimentos fue
calculada en 700% entre 1991 y 2009, fenómeno derivado de la implementación de
esta política.
La
re-primirazación de la economía agraria, ha conllevado a que solo las grandes
empresas agroindustriales y especialmente las relacionadas a la producción de
banano, azúcar, agrocombustibles y parcialmente el café, tengan la posibilidad
de transformar sus productos y competir en el mercado nacional e internacional,
sacrificando la oferta nacional de alimentos y la absorción de mano de obra en
el campo. Sin embargo, el “éxito” de
una política agraria fundamentada en la re- primarización de la economía ha dependido además de la concentración del
mercado y la concentración de poder sobre: la propiedad de la tierra, del
capital y, de la transferencia investigación y tecnología.
En el Valle,
el sector rural está compuesto por campesinos pequeños propietarios, medianos y
grandes propietarios. Los pequeños productores se definen como aquellos que
tienen 2 (o menos) Unidades Agrícolas Familiares (UAF), a su vez una UAF, se
define como la unidad productiva agropecuaria con la capacidad de producir 3
salarios mínimos de ingreso mensual. Los medianos poseen entre 2 y 10 UAF y los
grandes propietarios más de 10 UAF.
El modelo
adoptado por grandes productores para el Valle del Cauca, tiene un carácter
rentístico extractivista asociado a la producción de caña para elaboración de
azúcar y alcohol carburante en la zona plana, ganadería de ceba en la zona
media baja y ganadería de leche en la zona alta; dichas actividades
agropecuarias limitan la capacidad de aumentar la absorción de mano de obra en
el marco de una demanda creciente de la misma.
La pequeña
propiedad rural demuestra ser significativamente más productiva que la gran
propiedad, la tendencia del uso del suelo es preferentemente a labores
agrícolas asociados a la producción alimentaria y al abastecimiento del mercado
local y nacional, de hecho Fajardo (2002) demuestra que las fincas campesinas
con tamaños inferiores a 5 Has destinan en promedio el 38,6% de su área a
labores agrícolas, mientras que fincas con tamaños superiores a 200 Has
destinan en promedio 72,3% del área a la producción de pastos para ganado. En
donde los minifundios (con menos de 0,5 UAF) son 40 veces más productivos que
los predios asociados a grandes extensiones (con más de 10 UAF).
La ausencia de
propiedad sobre la tierra deriva en la existencia de jornaleros cuyos ingresos
son bajos, altamente dependientes de trabajos, sin existencia de los mínimos
requisitos de seguridad social y sin estabilidad laboral, generándose migración
intra e intermunicipal.
La
capitalización rural y los proyectos de investigación y transferencia de
tecnología, se han destinado casi que exclusivamente a desarrollar los procesos
agropecuarios y agroindustriales de los grandes propietarios, la tramitología
deriva en que al campesinado se le dificulte acceder a dichos programas; por
otra parte, las oportunidades de beneficiarse de los incentivos de
capitalización rural, dependen en proporción directa, de la magnitud de la
contrapartida, la que en últimas varía de acuerdo al tamaño de la propiedad de
la tierra. El programa Agro Ingreso Seguro (AIS) ejecutado en el gobierno del
ex presidente Uribe es una muestra de ese desequilibrio, en efecto, AIS presentó un
índice GINI de 0,79, es decir altamente concentrado por emporios
agroindustriales.
Las organizaciones y comunidades agrarias y populares del Valle del
Cauca presentamos ante el Gobernador Ubeimar Delgado Blandón nuestras demandas sociales, económicas y
políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de
resolver el conflicto económico, político y social que vivimos, demandas que se
encuentran enmarcadas en el Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y
Populares (documento adjunto). De parte nuestra ya están los voceros
departamentales y nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de
Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, escenario que proponemos como
la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.
1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA
CRISIS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Exigimos el cumplimiento en la
implementación de las leyes pesqueras en beneficio de pescadores artesanales
del departamento debido a la vulnerabilidad de ese sector frente al creciente
caudal de importaciones.
Exigimos
la implementación de programas fortalecimiento a la producción y
comercialización de renglones agropecuarios departamentales sensibles como son
el café y la leche. Además la toma de medidas para controlar el contrabando de
leche que ingresa al departamento.
Exigimos la
veeduría y acompañamiento del gobierno departamental explotación maderera que
garantice la sostenibilidad de este recurso y la permanencia de pequeños
madereros que derivan su sustento de esa actividad.
2. EXIGIMOS ACCESO A
LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
Exigimos que la administración departamental y las alcaldías
municipales, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, Madr, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, conjuguen esfuerzos para la adquisición de
tierras para los campesinos, Resguardos Indígenas y los Consejos Comunitarios
que no la posean o la posean de manera insuficiente.
Exigimos el
apoyo logístico y presupuestal en la legalización de tierras para los
campesinos, indígenas y afrocolombianos que no hayan saneado sus títulos de
posesión así como la solución de conflictos relacionados a la titulación
individual de predios, a campesinos beneficiarios de proyectos del Incora en
las décadas de los años 80 y 90.
Exigimos la redistribución entre campesinos
con problemas de acceso a la propiedad, de las tierras incautadas a la mafia y
que en la actualidad son administradas por el Estado.
Exigimos el saneamiento de conflictos
relacionados al uso del suelo en territorios altamente intervenidos considerados por la normatividad estatal como
Zonas de Reserva Forestal (ZRF) o de otras figuras de ordenamiento territorial
que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –Sinap.
3. EXIGIMOS
RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA, DE AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS
Exigimos la constitución de Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) en:
Florida, Pradera, Palmira, Ginebra, Guacarí, Buga y Tuluá como la mejor forma
de ordenamiento social de la propiedad rural y del territorio, para ello la
Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías municipales en coordinación con
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mads, el Madr e Incoder,
dispondrán los recursos para que las organizaciones campesinas formulen los
Planes de Desarrollo Sostenible en cada municipio, por su parte, las
instituciones apoyarán y desarrollarán los mecanismos de gestión institucional
para la constitución de las ZRC.
Exigimos constituir los Resguardos Indígenas de Ginebra en la zona
alta del municipio para la etnia Lili, la constitución de un resguardo indígena
en Tuluá y tres en Sevilla para la comunidad Embera Chamí.
Los entes Estatales, serán medio y generará
programas de interlocución con las demás instituciones de orden departamental y
nacional, para viabilizar la constitución de ZRC Se promoverá a la creación de
instancias de concertación con la CVC.
Exigimos la titulación colectiva inmediata del
Consejo Comunitario de la cuenca del Naya.
Exigimos que las administraciones departamentales y municipales
reconozcan la autonomía de las comunidades campesinas en el ordenamiento
territorial del departamento y municipio, rechazando los megaproyectos y las
transnacionales que planteen invertir capital en el territorio y afecten a las
comunidades
Exigimos las comunidades agrarias accedan a
los recursos de regalías departamentales y municipales, éstos se invertirán en
programas que generen desarrollo y sostenibilidad en las comunidades, dichos
programas deben ser formuladas con participación directa del campesinado y sus
organizaciones representativas en la mesa departamental de interlocución con
organizaciones campesinas.
Apoyo en la financiación de proyectos
productivos, para consolidar el desarrollo agropecuario de la región y
estabilizar la propiedad de los campesinos, afrodescendientes e indígenas.
Exigimos respeto y
prevalencia de las figuras de ordenamiento territorial, productivo y ambiental
de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas sobre las zonas de
consolidación y recuperación, así como aquellas de desarrollo agroempresarial.
4. EXIGIMOS LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS
PEQUEÑOS Y TRADICIONALES EN LA FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA MINERA.
Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros
pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo del Plan de Desarrollo
Minero – Energético del Departamento.
Exigimos detener la concesión de títulos mineros y revertir las
concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las
comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el
derecho prevalente de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas a
ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería
artesanal.
Exigimos
el apoyo y reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y
mediana y apoyo para la reconversión tecnológica hacia modelos de producción
minera más limpios y de bajo uso de contaminantes, en coordinación con la
Coorporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, el Ministerio de Minas
y Energía y el Mads.
Apoyo
desde las instancias de gobierno del departamento, los municipios y la CVC,
para que las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, participen en
la redefinición concertada de un nuevo Código de Minas y Recursos Naturales.
Así mismo, exigimos que se apoye la participación de las comunidades en la
construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación
nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.
Exigimos
la promoción por parte de la gobernación del valle del cauca, la CVC y las
alcaldías municipales de la sujeción del desarrollo de producción minera y
energética a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, los Planes de
Vida de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como a Planes de
Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a
estudios sobre vocación del suelo.
Exigimos
el apoyo por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, la CVC y los
municipios de Palmira, Tuluá, Buga, San Pedro y Bugalagrande para que las
comunidades campesinas e indígenas afectadas por la construcción de las
centrales hidroeléctricas Amaime y Tuluá, participen en la decisión de la
inversión de los recursos captados por las instituciones por concepto de la
venta de energía hidroeléctrica. Así mismo, exigimos un aumento del aporte por
concepto de regalías del 6 – 10% de las utilidades de las Centrales
Hidroeléctricas. El 4% será manejado directamente por las comunidades para el
desarrollo de programas y proyectos de conservación ambiental de las cuencas,
la producción agropecuaria sostenible, vivienda, infraestructura, saneamiento
básico, fortalecimiento organizativo y protección de derechos humanos.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan garantías reales para el
ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
Exigimos dar cumplimiento a la acción de consulta previa para las
comunidades afro e indígenas en proyectos o normativa que afectan los derechos
de estos pueblos.
Otorgar el derecho al Consentimiento previo, libre e informado a las
comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, lo
político, lo ambiental, lo económico y lo cultural.
6. Exigimos inversión social en la población
rural y urbana en educación, salud,
vivienda, servicios públicos y demás.
Exigimos dotar adecuadamente los centros hospitalarios y de salud
tanto en el sector urbano como rural del departamento, así como la vinculación
suficiente y cualificada de personal de salud.
Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y
dotación para educación, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y
alcantarillado.
Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las
comunidades con criterio social y no empresarial. Y en donde no se cuente con
ellos promover su constitución.
Exigimos la
construcción de vivienda digna financiada por el Estado tanto en áreas rurales
como urbanas, que sean concertadas con los beneficiarios.
Exigimos la creación de programas de acompañamiento y veeduría desde
la administración departamental y las administraciones municipales a las
familias en procesos de desalojo, garantizando vivienda digna durante tal
proceso.
Exigimos el pago
del cargo básico en la tarifa de servicios públicos en los estratos 0 y 2.
Exigimos la excepción del Impuesto predial para estratos 1, 2 y 3 en
la ciudad de Cali y municipios aledaños.
Santiago
de Cali, Agosto 15 de 2013
MESA AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
-MIA NACIONAL-
¡Por la vida y contra el desarraigo!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y popular del 19 de Agosto!
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