El
desafío de la sociedad civil por la
paz
En las últimas décadas
se hace cada vez más fuerte el
surgimiento de un conjunto de prácticas de la sociedad civil en la resolución
pacífica de los conflictos armados internos. Con fundamento en lo anterior,
este artículo aborda la proyección e incidencia de las organizaciones sociales
en los procesos de paz en Colombia. La afirmación de una cultura democrática y pacífica en todo
caso es directamente proporcional a la existencia de la misma sociedad civil. A
mayor pluralismo, mayor posibilidad de canalizar los intereses y de institucionalizar
los conflictos, contribuyendo así a estrategias de negociación y cooperación
entre los actores sociales.
Por Harold Ortiz (*)
En
la década de los años noventa[1],
en algunas hermanas republicas centroamericanas
se presentaron procesos de
negociación de conflictos armados. Algunos, como en El Salvador (1992) y en Guatemala (1997)
terminaron en acuerdos de paz. Otros
procesos de negociación no terminados como el de México cesaron su curso normal y el
de Colombia es el acontecimiento más importante en Suramérica como lo
acaba de denominar un presidente del subcontinente. A pesar de que estos
procesos de paz son experiencias únicas, se pueden retomar sus experiencias de
ellas para enriquecer nuestro propio
proceso de paz Por eso se retomara brevemente los procesos de negociación en El Salvador y Guatemala, más concretamente
el papel de la sociedad civil en las
mencionadas negociaciones.
En El Salvador las negociaciones entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Fmnl, implicaron que las organizaciones que constituían el Debate Nacional (entidad más destacada de la sociedad civil) no tuvieron la fuerza suficiente para incorporar sus demandas a la negociación y tuvieron más bien un papel débil. En el caso de Guatemala, el acuerdo de Oslo firmado en 1990 estableció que se realizara el proceso en dos etapas: primero, un proceso de diálogo entre la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Urng, y diferentes sectores de la sociedad civil, partidos políticos, religiosos, académicos, populares y demás sectores representativos, y, segundo, iniciar la negociación directa entre representantes del Gobierno y la Urng. En México, se observó el más alto nivel de movilización de la sociedad civil en el proceso de paz. Desde el año de 1994 se han desarrollado múltiples actividades y movilizaciones civiles en solidaridad con la causa indígena a nivel local, nacional e internacional, lo que expresó una altísima demanda de democracia frente a un conflicto con una bajísima intensidad militar.
El
caso colombiano
En
Colombia, ante la debilidad del Estado, han surgido grupos u organizaciones que se estructuran en
el ámbito local dependiendo de sus necesidades. La precariedad de instancias
públicas hace que la gente canalice sus problemas por vías no gubernamentales y
amparada en los cambios que la
Constitución Política de 1991 introdujo en el régimen
político colombiano, al establecer la democracia participativa como elemento
esencial de la organización del Estado. De allí que el desarrollo y expansión
de la sociedad civil colombiana ha cobrado especial importancia.
En
la solución del conflicto armado interno, la presencia de la sociedad civil
cobra cada vez mayor protagonismo. Se requiere de un consenso nacional (no sólo
de un acuerdo político) a favor de una solución negociada del conflicto, lo que
supone la presencia en el proceso de las comunidades organizadas. Su
participación en instancias representativas es una de las claves de la
construcción de la paz, a condición de que esa presencia signifique una
vocación colectiva de paz. La sociedad civil
aparece en el centro del debate contemporáneo sobre la democracia, la
paz y el desarrollo en Colombia. La escena política contemporánea colombiana
muestra la activación de un gran número de organizaciones agrupadas bajo el
nombre de sociedad civil.
Las
grandes movilizaciones que se expresan en la actualidad, más concretamente las
recientes a favor de la paz y la convivencia, el canje humanitario y el apoyo a
las negociaciones actuales en La Habana,
están lideradas por actores que se
identifican a sí mismos de manera amplia por su pertenencia a la sociedad
civil, más que a organizaciones políticas laborales y empresariales
determinadas.
El
actual escenario político confirma la extraordinaria vitalidad y creatividad de
los sectores populares, no sólo por ser autogestionadores de su propio
desarrollo cotidiano, sino también por su empecinamiento en modificar de manera
estable el presente orden de cosas, especialmente en lo relacionado con las
consecuencias de la violencia y el enfrentamiento armado.
La
sociedad civil surge como el ente
articulador del proceso dirigido a alcanzar la paz, en tanto que su acción reconfigura
los actores sociales y reconstruye los alcances de lo público. Tradicionalmente
la tarea principal de la sociedad civil era proveer la base para limitar el
poder del Estado y ejercer un control
democrático sobre el mismo.
La
superación de dicha visión permite observar como las organizaciones de la
sociedad civil ofrecen mecanismos de agrupación, creación de nuevo tejido
social y defensa colectiva, tanto frente a las acciones estatales como frente a
acciones privadas, en este caso la violencia indiscriminada que prevalece en
nuestra sociedad.
La
tarea de la sociedad civil aumenta la eficacia política y proporciona destrezas
que permiten aprehender valores y reglas de comportamiento, construyendo la
democracia no solo como un procedimiento, sino como un conjunto de valores que
permiten la paz, la convivencia y ordenan la vida social.
Las
formas de organización crean canales para la articulación social y política, la
agregación y representación de intereses
y la integración de grupos
excluidos. Su acción permite ampliar el espectro de intereses que pueden mitigar la polarización
de los conflictos, contribuyendo a darle legitimidad al sistema político e,
inclusive, ayudando a la formación de nuevos liderazgos políticos. Su actuación
crea confianza y legitimación de la vida pública y en las instituciones
políticas, lo cual redunda en mayor desarrollo
económico y debe permitir alcanzar la paz y la convivencia.
Bajo
este horizonte, la sociedad civil se expresa claramente sobre la lectura de la
reforma democrática del Estado y apunta, especialmente, al fortalecimiento de la
participación ciudadana en la decisión y la gestión de los asuntos colectivos,
como en el caso de la superación del conflicto armado interno.
La
afirmación de una cultura democrática y
pacífica en todo caso es directamente proporcional a la existencia de la misma
sociedad civil. A mayor pluralismo de la sociedad, mayor posibilidad de
canalizar los intereses e institucionalizar los conflictos contribuyendo así a
estrategias de negociación y cooperación entre los actores sociales, que es lo
propio de un sistema democrático.
Conviene señalar que en determinados momentos de la
historia y frente a situaciones en las que se pone en peligro la propia
existencia de la sociedad en su conjunto, las diferentes manifestaciones de la
sociedad civil concurren en un interés común para preservar la existencia de la
sociedad y sus instituciones. Este es el caso de la guerra y la violencia
política que hace que alrededor de un
propósito de paz se encuentren los más diferentes actores. Desde luego, al
margen de tales acuerdos quedan aquellos grupos y sectores que protagonizan la
guerra y actúan en la dirección de la destrucción total de la organización
social.
Actores
en el conflicto
Al
estudiar los orígenes de las guerrillas colombianas encontramos que son muy
diferentes, pero también fueron de naturaleza política: el de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, Farc-EP, se encuentra
en las luchas agrarias y sociales de los años cuarenta y más concretamente en
la decisión del Partido Comunista en 1949 de autorizar la organización de
núcleos de resistencia campesina que lucharon al lado de los liberales en la
época de la Violencia de los años cincuenta y nacen como guerrilla en los
acontecimientos en Marquetalia.
El
origen del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se inspiró en la Revolución Cubana ,
los movimientos estudiantiles y la experiencia trágica de Camilo Torres. El del
Ejército Popular de Liberación, EPL, en las diferencias ideológicas en el
interior de la izquierda nacional a raíz de la ruptura Urss-China y, luego, en la Revolución Cultural
de Mao. Y el del Movimiento 19 de Abril, M-19, en el descontento con el modelo
de las Farc-EP existente en Anapo Socialista, en los sucesos del 19 de abril de
1970 y en los sectores medios profesionales y urbanos radicalizados. Sin
embargo, los movimientos insurgentes de hace 20 años y que hicieron parte de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, Cgsb, son algo diferentes hoy.
Los
analistas coinciden en que en los inicios de los años ochenta se dio
importancia a la salida militar y a la optimización de un ejército por encima
del trabajo político, aislando al movimiento armado de las luchas sociales y
políticas de las últimas décadas en Colombia. Si bien es cierto que siempre
existieron directrices ideológicas y proyectos políticos en las diferentes
organizaciones y para mediados de los ochenta el fortalecimiento de las
estructuras militares se combinó con el trabajo político que significó el
proceso de paz del presidente Belisario Betancourt, los requerimientos
implícitos en la intensificación de la lucha armada obligatoriamente establecen
prioridades que van en detrimento del trabajo político y cierran el acceso a la
posibilidad de interlocución con la mayoría de los estamentos de la opinión
nacional.
La
composición misma de la guerrilla colombiana ha cambiado sustancialmente en las
últimas décadas. Hoy, las Farc-EP, el ELN y el pequeño pero activo reducto del EPL
que queda están conformados principalmente por campesinos sin mayor formación o
educación formal, a pesar de la
existencia a nivel de dirigencia de intelectuales citadinos con capacitación
profesional. Aun en el mismo M-19, la más urbana de las guerrillas, desde 1985
hasta la entrega de armas en 1991 la gran mayoría de sus integrantes eran
campesinos. Es decir, la vinculación de los combatientes obedeció más a razones
económicas y sociales que políticas. En este momento, es un imperativo que
la guerrilla en Colombia se inserte en la lucha política y deje de lado la vía
armada que tantos talentos ha derrochado y en ese mismo sentido es un llamado
al Estado colombiano para que facilite las condiciones de una verdadera
negociación.
También
el narcotráfico ha incidido en los problemas políticos de la guerrilla. Las
acusaciones de participar activamente en el comercio de cocaína y amapola han
desvirtuado enormemente sus ideales, deslegitimando su condición revolucionaria
y creando la impresión en muchos sectores de la opinión nacional de que su
razón de existir en la lucha armada es
solamente para poder continuar
enriqueciéndose con su multimillonario negocio ilícito. Aunque esta tesis es
generadora de amplios debates, ya que otros sectores de la vida nacional
consideran que a pesar de la llegada del tráfico de cocaína como fuente de
financiación a las Farc-EP, de todas maneras no se desvirtúa su imaginario
político.
En
las negociaciones llevadas a
cabo en Colombia, entre los años ochenta e inicios de los años noventa se
observa una relativa ausencia de la
sociedad civil, por lo cual la negociación se dio bajo el modelo de elites:
Gobierno e insurgencia. El proceso de paz con el M-19, llevado bajo
el gobierno del presidente Virgilio Barco, se debió a una circunstancia política especial y a una
correlación de fuerzas decididamente favorable al Estado. Este modelo de
negociación ha sido tomado como ejemplo
para posteriores negociaciones con otros grupos armados. El M-19 era una
pequeña organización militar, pero con alta sensibilidad política. Esa doble
condición explica, por lo menos en parte, su disposición para negociar la
desmovilización a cambio de un apoyo financiero y político por parte del
ejecutivo, en el camino hacia la
conformación como movimiento político.
La desventaja militar del M-19 le impidió exigir reivindicaciones económicas y
sociales para el conjunto de la sociedad colombiana. Otras opiniones
consideran que más bien fue la vocación democrática la que incidió en la
desmovilización del M-19.
Por
ser el primer grupo armado en negociar, se convirtió en un premio adicional que
la opinión pública, deseosa de paz, le avaló con una altísima votación en los
primeros comicios en que tuvo participación
Después
de desmovilizado el M-19, siguieron el EPL, el Quintín Lame y el PRT. Estos
grupos, aislados o en su conjunto, se hallaban en una posición de inferioridad
política y militar frente al Estado. En lo fundamental, se repitió con ellos el
mismo esquema negociador. Se pactó con ellos la no guerra, a cambio de la
participación política en la vida democrática.
La
Coordinadora Guerrillera, a excepción de los grupos desmovilizados hasta ahora,
se hallaba en una correlación militar y política de fuerzas comparativamente
bastante favorable frente al Estado. Por ejemplo, las Farc-EP y el ELN, más
concretamente las primeras, cuentan con verdaderos dominios
político-territoriales en algunas regiones del país.
A
diferencia de las anteriores negociaciones, las actuales con las Farc-EP y el
ELN presentan dos dificultades. Primero, por que son actores con un relativo
poder y que no han renunciado a su proyecto político-militar. Aquí no se
está negociando la desmovilización de estos grupos guerrilleros ni la
imposición de la rendición a un enemigo derrotado. Lo que subyace en el fondo
de esta negociación es un conflicto de poder entre el Estado y los sectores
dirigentes de la sociedad, de una parte, y las organizaciones que pretenden
disputarse ese poder.
Ante
un proceso de negociación político, lo más urgente es el cese al fuego. Sin
embargo, lo más importante gravita en torno a la agenda política. En lo
posible, los temas de la agenda se pueden plantear como una reelaboración de un
nuevo pacto social que puede quedar consignado en una nueva Constitución
Política.
Dentro
del escenario de la negociación, las guerrillas de las Farc-EP y del ELN desean
que como resultado del proceso de negociación se produzcan reformas profundas
en lo político, lo social, lo económico y lo militar, mas no tanto acordar
reformas en el futuro, relativamente inciertas. Es decir, deben quedar
conclusiones y medidas de tipo inmediato, y no expectativas para el futuro. Lo
anterior hace más compleja la
negociación.
Otra
limitante que presentan las actuales negociaciones es que debe ser un
imperativo la participación de la sociedad civil, además de las partes
enfrentadas. Es a la sociedad colombiana la que define hasta dónde se está
dispuesto acceder en cada uno de los temas en discusión.
Los
procesos de negociación desarrollados con los ex presidentes Belisario
Betancourt, Virgilio Barco, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe (El Ralito) en
general se han caracterizado por un relativo aislamiento interno. En Colombia
ha sido, comparativamente, muy baja la participación y la presión de la sociedad civil en pro de
una paz negociada.
De
esta manera, las negociaciones han quedado a la voluntad de los actores armados
en el conflicto. La sociedad civil ha sido ignorada. Tanto el Estado como la
insurgencia hablan en su nombre, pero nadie representa verdaderamente sus
intereses.
La
primera generación de negociaciones en Centroamérica se puede sostener que se
caracterizó por una baja participación
de la sociedad civil y por una negociación entre élites: gobierno e
insurgencia. Sin embargo, la segunda generación de negociaciones (las iniciadas
en los primeros años de la década del noventa) se caracterizó por una creciente participación de la sociedad
civil y finalmente por la exigencia y participación (movilizaciones a favor de
la paz) de la ciudadanía en los asuntos de la
política. Tanto en El Salvador como en Guatemala fue de mucha utilidad
no solo el papel de los conciliadores internos y de los mediadores externos,
sino también el de la sociedad civil durante el proceso de negociación, ya que
ésta indujo a cambios de las posiciones de las partes e incluso creando
propuestas a la mesa de negociación.
Desde
1995, en México y en Colombia se observa
que la sociedad civil se ha agotado en un modelo pedagógico de paz en cierto
modo reconocido por la comunidad internacional. Esas estrategias serían la
prevención, solución y transformación de conflictos para canalizarlos al plano
político a través de acciones diplomáticas, tareas de la sociedad civil y los
esfuerzos para sostener buenas
relaciones entre las partes. Sin embargo, haciendo una evaluación de la
participación de la sociedad en los procesos de paz centroamericanos, ésta se ha limitado a tratar de mantener el
conflicto en el plano político y a encaminar esfuerzos hacia una cultura de
paz.
Participación
ciudadana para la paz
La
participación de las múltiples
expresiones de la sociedad civil en los procesos de concertación y negociación
del conflicto armado tiene cada vez mayor trascendencia. La supresión del
conflicto armado exige a todos los sectores de la ciudadanía esfuerzos
organizados para fortalecer su capacidad de control sobre sus condiciones de
vida, su seguridad y el ejercicio de sus derechos.
Fortalecer
y dinamizar el poder de la sociedad civil para actuar sobre los conflictos y
resolverlos pacíficamente es la estrategia que con mayor profundidad y eficacia
se opone a la violencia.
Tanto
las luchas guerrilleras como las
acciones públicas y privadas de contrainsurgencia subordinan la
tramitación de los conflictos a la lógica de la guerra y atomizan las
organizaciones de la sociedad civil. En cambio, la superación de la violencia
recorre el camino inverso al devolver a la población la capacidad de reconocer
sus intereses y definir sus objetivos y controlar las condiciones de su
supervivencia y desarrollo. En los años recientes, múltiples organizaciones de
la sociedad civil han venido trabajando diversas iniciativas por la paz:
El
Comité de Búsqueda de la Paz ,
la Unión Sindical
Obrera, USO, comisiones departamentales de diversa índole, mesas de trabajo
ciudadanas, acciones colectivas en los pequeños municipios, pactos de
convivencia y comunidades de paz en zonas neutrales, entre otras, adelantan
diversas acciones a todos los niveles.
La
Red de Universidades por la Paz desde sus escenarios académicos está generando
ideas, debates y soluciones para esclarecer la actual negociación política en
las negociaciones en La Habana.
El
Mandato y el Voto por la Paz
ha sido el acontecimiento de mayor importancia en la presencia de la sociedad
civil a favor de la paz. Alrededor de diez millones de colombianos se
pronunciaron en las urnas a favor de la paz y en contra de la violencia; a
favor de la vida y la libertad como un acto simbólico que manifiesta la
intención de rechazar el fenómeno de la guerra. Por primera vez los colombianos
se comprometieron a ser constructores de paz.
Son triunfos que no se
relativizan porque al hacerlo las partes en conflicto pierden legitimidad y es
precisamente el mayor valor que buscan tener a su favor cada una de las partes.
Entonces su conveniencia es ignorar los reclamos de la sociedad civil en la
mesa de negociaciones y en la tribuna pública. Analicemos uno a uno los
triunfos de la sociedad civil que no se relativizan, entendiendo por
relativización el reconocimiento de ellos como condicionantes a sus
actuaciones:
1.-La guerra perdió
legitimidad.
2.-La sociedad civil hizo
crecer la presión por una solución pacífica y negociada.
3.-Sensibilizó a la
población sobre las atrocidades y barbarie de la guerra.
4.-Creció la solidaridad
internacional.
5.-Creció la solidaridad por
los derechos humanos. Exigencia de la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario.
6.-La exigencia de la
liberación de todos los secuestrados y el canje humanitario. -.
Es
decir, se han reafirmado los valores de la civilidad por sobre la violencia,
los valores de la civilidad son vistos como logros simbólicos. Sin embargo, la
violencia es creciente.
Este
paradigma de la pedagogía por la paz no ha logrado detener la escalada
violenta. Por eso se requiere que la sociedad civil incluya las siguientes acciones:
-Participar
directamente en los espacios políticos que conciernen a la resolución de
conflictos.
-Incidir
directamente en la creación de condiciones que posibiliten la negociación.
-Participar
en los términos en que pueda definirse la negociación
De
esta manera, la sociedad civil puede
intentar modificar la dinámica de la
guerra, ya que con ésta en la negociación se logra representatividad y legitimidad, tanto de los
acuerdos como de su cumplimiento.
Por
lo tanto, se requiere que todas las formas de organización social se
expresen y movilicen a favor de la reconciliación. Un
hecho de tales características hará
irreversible la superación del conflicto armado y de la violencia
política.
BIBLIOGRAFIA
Bejarano, Jesús Antonio. Una agenda para la paz. TM Editores,
Bogotá, 1995.
-------------------------------. “El
papel de la sociedad civil en el proceso de paz”, en Los laberintos de la Guerra.
TM Universidad de los
Andes, Bogotá, 1999.
Constitución Política de Colombia
1991.
Gramsci, Antonio. “La Sociedad Civil ”, en
Antología. Editorial Siglo XXI,
México, 1970.
(*) Filósofo y
politólogo de las universidades del Valle y Pontificia Javeriana, profesor e
investigador de la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional
Cali.
Fuente: Revista Cuadernos de Paz, edición No. 1, enero-abril
de 2014.
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