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para la paz con justicia social
El movimiento social y sus medios alternativos y populares tienen el deber
de emprender la brega por construir y pelear una Ley de Medios para Colombia, que
distribuya justamente el espacio electromagnético y la televisión nacional para
dar voz a quienes han permanecido en silencio, otorgue presupuesto digno y
apoyo técnico y tecnológico a los medios comunitarios y brinde garantías de
vida para que la verdad no nos sea cobrada y sea narrada por sus reales
protagonistas.
Por Equipo de Comunicaciones
de Marcha Patriótica
Valle del Cauca
El pasado 3 de mayo la Federación
Colombiana de Periodistas -Fecolper- ha presentado un alarmante informe acerca de cómo
solo en los cuatro meses que llevamos del 2016, se ha superado casi que el 80%
de las agresiones del año 2015 al ejercicio del periodismo en Colombia. Estas
se presentan en su mayoría por personas particulares, luego por funcionarios
públicos y finalmente por estructuras paramilitares; se materializan en
amenazas, obstrucción al trabajo periodístico, campañas de desprestigio y
estigmatización. Esta última modalidad es la más notable pues representa el 66%
de los casos registrados el año pasado y lo más preocupante, es que estas
campañas de desprestigio y estigmatización son promovidas por “particulares” en
lo referente al tema del proceso de paz y conflicto y en funcionarios públicos
cuando se toca el tema de la corrupción en las instituciones del Estado. Es
aquí cuando surge la gran preocupación acerca de las garantías de participación
política tanto para las comunidades como para sus diferentes expresiones de
comunicación en un escenario de posconflicto.
Dentro del Acuerdo General para la
terminación del conflicto entre insurgencia de las Farc-ep y el Gobierno
Nacional encontramos un segundo punto tan trascendental como los demás, el
acuerdo sobre Participación Política, donde más allá de lo que han pretendido
desdibujar los grandes monopolios de la comunicación según los cuales con
dicho acuerdo Timochenko y su combo se van a tomar el congreso del país,
plantea con gran preocupación la necesidad de un escenario de democracia
verdadera, unas condiciones mínimas para que el movimiento social y popular
pueda desarrollar el pleno ejercicio de la política en sus territorios y con
sus comunidades.
El planteamiento de este acuerdo
pretende materializar en Colombia una democracia participativa e incluyente,
abriendo nuevos escenarios de participación y alternativas de poder para las
organizaciones sociales de base y sus líderes, donde sin temor se pueda entrar
en disenso y oposición, sin ser señalados, estigmatizados o en el peor de los
casos eliminados de los escenarios políticos. Tengamos en cuenta que el
ejercicio de la violencia contra el movimiento social y popular es direccionado
evidentemente desde el Estado con sus miles de herramientas represivas, con sus
políticas antipopulares, además de descargar en el pueblo colombiano a través
de sus medios de comunicación el odio que las élites sienten hacia los
desposeídos de Colombia.
Así las cosas, toma sentido el
planteamiento que hace la insurgencia en este acuerdo, donde se pretende dar
voz y participación a las organizaciones sociales y populares a través de los
medios de comunicación comunitarios, regionales e institucionales, intentado de
esta manera fortalecer la democracia participativa, el empoderamiento de las
comunidades en los territorios, la convivencia pacífica y todo lo que conlleva
la construcción y creación colectiva en las bases de la sociedad; como parte
del acuerdo, el gobierno se ha comprometido en incrementar las convocatorias
para democratizar el espectro electromagnético y vincular más emisoras
comunitarias, brindar formación técnica y profesional a comunicadores y
operadores comunitarios, poner a disposición de las organizaciones y
movimientos sociales los canales y emisoras institucionales y regionales para
la divulgación de su trabajo, contenidos acordes al momento político del país
que promuevan la paz con justicia social y la reconciliación y así mismo serán
financiados los medios comunitarios que vayan en este sentido.
Sin embargo, el movimiento social y
popular y sus medios alternativos y populares tienen el deber de hacer un alto
en el camino y emprender la brega por construir y pelear una Ley de Medios para
Colombia, donde se distribuya justamente el espacio electromagnético y la
televisión nacional para dar voz a quienes han permanecido en silencio, una ley
de medios que regule el lenguaje y los contenidos cargados de odio en la
televisión, la radio y la prensa escrita, presupuesto digno y apoyo técnico y
tecnológico para los medios comunitarios y sobre todo garantías de vida para
que la verdad no nos sea cobrada y sea narrada por sus verdaderos
protagonistas, y así reconstruir la historia que nos ha sido robada y mal
contada. La Ley de Medios para Colombia es un imperativo para la paz con
justicia social, la Ley de Medios como todas las reivindicaciones del pueblo
colombiano se pelea dignamente en las calles.
FUENTE:
Jueves 5 de mayo de 2016.
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