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| Aspecto de la movilización campesina iniciada a finales del mes de mayo de 2016 en Colombia y que se prolongó durante parte del mes de junio. (Foto: laboyanos.com). |
MOVIMIENTOS SOCIALES Y POSCONFLICTO
Por Alberto Ramos Garbiras (*)
Ante la cadena de marchas y protestas durante el paro agrario en junio 2016, promovido por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, llevado a cabo en las carreteras de 21 departamentos, con 37 puntos de obstrucción, y la participación de más de 65.000 manifestantes, apareció un calificativo a manera de eufemismo para referirse a los bloqueos y reprimir o dispersarlos, se llamó concentración de personas, como si se tratara de un accidente o un caso fortuito que obstaculiza la vía, sin reconocer que se trataba de una protesta social por incumplimiento de pactos para la inversión agraria y mejoramiento del campo colombiano.
Esta protesta social multiplicada en 37 zonas del país obedece a la cohesión de la Cumbre Agraria porque fue un llamado o convocatoria de una organización plural de 13 organizaciones sociales para que salieran en diferentes puntos de Colombia. Los camioneros no hacen parte de un movimiento social, son un sector social, los identifica solo lo relacionado con el gremio al que pertenecen por el tipo de trabajo que realizan, pero aprovecharon la coyuntura e ingresaron al paro en un momento oportuno para ellos presionar. Los linderos y características entre movimientos sociales y sectores sociales permiten generar más criterios para diferenciarlos, porque no se trata de lucha de clases sino de miembros de unos estratos que tienen afinidades por el oficio, pero que se identifican transitoriamente con los reclamos de los movimientos sociales.
A la presión popular campesina, indígena y afrodescendiente no puede mirársele como de inspiración guerrillera porque las dos guerrillas fuertes están en proceso de diálogo con el Gobierno (las Farc), o a punto de concretarlo (el ELN); esta fue una protesta donde el eco de los diálogos si influyó porque el “arreglo” sobre lo agrario tiene incidencia de cara al devenir diario y a lo que sucederá en el postconflicto para llegar a una normalización de la vida rural alterada por la violencia de más de medio siglo sin llegarse a una reforma agraria integral.
La agitación social de la pluriculturalidad colombiana (campesinos, indígenas, afrodescendientes…) nos muestra las convulsiones que vendrán dentro del postconflicto y que durarán el tiempo que requiera la reconstrucción de la sociedad y el establecimiento de los derechos sociales, culturales y económicos no practicados dentro del Estado Social de Derecho a causa de la extensión del neoliberalismo en las prácticas agrícolas.
No se puede uno imaginar el escenario del postconflicto sin protestas sociales. Lo queremos imaginar sin guerra interna, con los actores políticos armados que se desmovilicen (y el Estado controlando o reduciendo la violencia generada por la delincuencia común), para de esta forma ir reconstruyendo la nueva sociedad. Pero un período de postconflicto puede durar 15 o 20 años porque será un período de transición: económico, institucional, jurídico, político, etc. En los primeros años de la transición las protestas sociales se mantendrán y aparecerán otras porque si se trata de construir una nueva sociedad, estas formas de expresión son las que le quedan a quienes no van a utilizar la violencia para hacerse sentir.
Al reducirse la violencia política armada, quienes hagan actividad o activismo político sin violencia buscan canalizar los reclamos no oídos ni resueltos a través de las protestas o la resistencia civil verdadera porque toman otro camino para agitar los reclamos, los derechos de petición, las reuniones, el diálogo para intentar la concertación, etc. La democracia tiene canales de reclamación, presión y control. Los partidos lo hacen a través de la oposición en los cuerpos colegiados (el Congreso, las asambleas departamentales, los concejos); los pensadores de prestigio o figuras nacionales, a través del disenso; y la población en general sin contacto con esas figuras de representación o de renombre, después de haber agotado los trámites administrativos de reclamación, los mecanismos de participación frustrados o las veedurías ciudadanas desatendidas, lo hace a través de las marchas callejeras, los plantones, los paros, o la resistencia civil originaria, no impostada. Y los sindicatos por medio de las huelgas.
Al iniciarse el postconflicto, así sea por la dejación de las armas y el cese al fuego definitivo con una sola guerrilla, la reconstrucción social de Colombia requiere del reconocimiento a los movimientos sociales y a la pluriculturalidad. Nadie va a agenciar las necesidades de ellos y sus afugias, ni los partidos políticos, ni los gremios, sólo ellos: los movimientos sociales y los sectores sociales como grupos poblacionales que también requieren atención para avanzar en los logros de un verdadero Estado Social de Derecho. Cada movimiento social a su vez representa intereses específicos, inevitable será tratarlos con esas características, pero la ventaja ahora es la existencia del Decreto que reconoció a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular para visionar y tratar el grueso de temas a ventilarse en el desarrollo del postconflicto.
Los contenidos delas reclamaciones de los líderes del Paro Agrario son los mismos que se expusieron en el año 2013, y son el complemento de lo pactado entre el Gobierno y las Farc-EP en el primer punto de la agenda de paz, pero con la visión de los movimientos sociales que integran la Cumbre Agraria para esos movimientos. Alejandro Reyes Posada expone que “Los campesinos, en cambio, no tienen un interlocutor que pueda concertar con ellos las políticas que podrían cambiar la situación, sencillamente porque el Gobierno, en los últimos tres años, abandonó el propósito de preparar los instrumentos de política necesarios para hacer la reforma rural. La Cumbre Agraria pide un ordenamiento territorial de la propiedad que proteja el medio ambiente de la minería predatoria, asegure la tenencia campesina, recupere la vocación de los baldíos para sus ocupantes campesinos, cree las zonas de reserva campesina y formalice la pequeña propiedad familiar”[1] (Reyes, 2016).
Los movimientos sociales que componen la Cumbre de la Mesa Única Nacional no deben ser reprimidos ni criminalizados ni estigmatizados, sino regulados y atendidos, porque criminalizar la protesta social es arrojarlos a otras formas de reclamación que en distintas épocas ha llevado a la reacción extrema del uso de las armas. Sería volver a los orígenes de la violencia en varias de sus fases desde 1946 que se desenvolvieron en períodos de represión y confrontación y otras formas armadas hasta llegar a los actores armados de diferente denominación. La negociación en La Habana con las Farc-EP y la que se haga en Ecuador con el ELN no quiere decir negociación con los movimientos sociales que son civiles de la pluriculturalidad no armados y ligados a áreas productivas y también víctimas de la guerra interna prolongada.
El postconflicto requiere de la ampliación de la democracia para encontrar formas directas, viables, expeditas donde se tramiten las reclamaciones y se hagan efectivas, evitando así la violencia, las exclusiones y la burla a la justicia social. Lo que está en crisis también son los mecanismos de participación del artículo 103 de la Constitución y las talanqueras que creó la Ley 134 de 1994: Los movimientos sociales no creen ya en los formulismos y la sofisticación de estos mecanismos, en un 65% inanes e infructuosos. Además, los partidos políticos no abogan de lleno por ellos, podrán invocar la problemática, pero los movimientos sociales no creen en los partidos políticos tradicionales ni en lo que han aparecido como transmutación o mezcla de los tradicionales. Además, la falta de coherencia y comportamiento sin disciplina ideológica ni de bancadas les produce escepticismo y desconfianza.
Dos movimientos sociales con pasado y tradición en Colombia también tendrán otras formas más rigurosas de exigir dentro del posconflicto: el movimiento estudiantil y el movimiento ambiental. Ambos, por separado, reclaman desde hace varias décadas derechos de la Carta Constitucional, hoy parte del estado social de derecho. Dentro de los derechos sociales y culturales está la educación, angostada por los precios altos de la educación elitizada y manejada por colegios y universidades privadas sin la regulación debida. En Chille el movimiento estudiantil reclama educación gratuita.
Y los ambientalistas en Colombia conforman un movimiento social disperso que se ha expresado a través de varias ONG, fundaciones ambientales manipuladas, marchas, veedurías, protestas y transversalmente desde otros movimientos y sectores que ven cómo la depredación de los recursos naturales está afectando la calidad de vida por las fumigaciones, la tala de nacionales y extranjeros, la falta de autoridad ambiental, un sistema nacional, Sina, sin articulación, los vertimientos de aguas residuales incumplidos por los mismos municipios y en la etapa final la minería criminal que está destruyendo la faja lateral de los ríos, ecosistemas, páramos y afectando acueductos municipales. Todo esto daña la calidad de vida en el campo y las ciudades. El movimiento social ambiental reclama el respeto de los derechos colectivos y del medioambiente.
(*) Abogado con especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Libre Seccional Cali; magíster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana; PhD, doctorado en Política Latinoamericana de la Universidad Nacional de Madrid, Uned, España. Ha sido profesor de las asignaturas Ciencia Política, Derecho Internacional y Derecho Constitucional en la Universidad Libre.
Cali, domingo 25 de junio de 2016.
[1] Reyes Posada Alejandro. “El paro agrario y la preparación de la paz”. Columna de prensa publicada en el diario El espectador, sección editorial Bogotá, junio 5 de 2016.
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