Tres casos protuberantes de intolerancia

El tiempo de las mordazas

Por Luis Alfonso Mena S.
Con el crecimiento de la amenaza autoritaria desde el poder central en Colombia se multiplican las expresiones igualmente autoritarias y de censura, no sólo para el periodismo independiente sino también para otros actores de la vida del país.

Comentaremos cronológicamente tres casos protuberantes ocurridos en el último mes en nuestro país.

El primero fue un hecho de censura producido el 13 de octubre de 2009, cuando el principal periódico de las élites gobernantes en Colombia, El Tiempo, convirtió un artículo de opinión de la columnista Claudia López en “carta de renuncia” que, sin fórmula de juicio, al final del texto, decidió aceptar “de manera inmediata”.

¿A qué obedeció la actitud desafiante del diario? Sencillamente a que, haciendo uso del derecho a disentir, Claudia López consideró sesgado el cubrimiento efectuado por el periódico del escándalo de Agro Ingreso Seguro, al que, de acuerdo con la periodista, el medio procuró darle un giro para beneficiar a Juan Manuel Santos, contendor dentro del uribismo de Andrés Felipe Arias, el ex ministro de Agricultura inspirador, con el presidente Álvaro Uribe, de ese modelo de entrega de subsidios multimillonarios a familias de ricos terratenientes.

El Tiempo, que tanto respeto a la libertad de expresión les exige a los vecinos, produjo un acto no sólo de censura sino de arrogancia pública con el despido de su columnista, una de las más aguerridas y serias investigadoras de los crímenes del paramilitarismo en Colombia.

El periódico del vicepresidente de la República, Francisco Santos; del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Enrique Santos, y del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos no le perdonó que ella se atreviera a decir lo siguiente en su columna (Reflexiones sobre un Escándalo): “No sobra recordar que a El Tiempo nunca se le ocurrió preguntarles a sus foristas –quienes se pronuncian a través de la Internet con el diario— si Juan Manuel Santos debía renunciar por el escándalo de los ‘falsos positivos’”.

Lo más lamentable es que luego escasearon las voces de solidaridad con la periodista. Que la SIP no se pronunciara condenando el hecho era de esperarse. La SIP es la vocera de los propietarios de los grandes diarios de las élites del continente, y, además, como dijimos, uno de los dueños de El Tiempo ha sido su presidente en el último año.

Pero que gremios de periodistas y muchos de los colegas de Claudia López con importantes tribunas de opinión no lo hicieran resultó lamentable. El temor campea. Algunos asumieron posiciones blandengues, deplorando el despido, pero justificándolo. Y otros, abiertamente, se pusieron del lado de los censores.

Calladas las barras
La mordaza no se limita a los periodistas independientes (Claudia Julieta Duque, William Parra, Hollman Morris, Carlos Lozano, Daniel Coronel, entre muchos otros comunicadores, han padecido o padecen presiones, señalamientos y persecución). También se registra en otros ámbitos, como el del Congreso de la República.

Este martes 10 de noviembre de 2009 se cumplen dos semanas de un hecho lamentable: en la noche del 27 de octubre, el Presidente del Senado ordenó la intervención de la Policía para que desalojara las barras que presenciaban el debate que el congresista Jorque Enrique Robledo hacía respecto del escándalo de Agro Ingreso Seguro.

En desarrollo de ese debate, entre otras denuncias, Robledo reveló que los obsequios a amigos del Gobierno Nacional y a grandes latifundistas habían ascendido a más de $33.000 millones y que, incluso, proyectos inicialmente negados luego habían sido revalidados con los mismos valores solicitados en principio.

A lo largo del debate, sustentado con cifras y documentos, las barras guardaron compostura, pero se atrevieron a aplaudir al senador Robledo cuando éste concluyó su intervención. Y a solicitar en voz alta la renuncia del actual ministro de Agricultura, Andrés Fernández.

De inmediato, Javier Cáceres, presidente del Congreso, clausuró la sesión en un gesto de intolerancia que, además, fue interpretado como una decisión orientada a darle más tiempo al Gobierno para preparar su defensa ante las nuevas acusaciones presentadas en la sesión por el parlamentario del Polo Democrático.

Como quien dice, prohibido aplaudir y reclamar una renuncia. Y eso que el Congreso es el escenario del debate y la controversia por naturaleza en cualquier democracia. A la semana siguiente, para la continuación del debate en la noche del martes 3 de noviembre, la Mesa Directiva del Senado fue más allá: no dejó entrar barras…

Señalamientos presidenciales
Otro acto autoritario lo protagonizó el presidente Álvaro Uribe el sábado 31 de octubre en uno de sus consejos comunitarios, cuando en tono altanero hizo señalamientos contra la Corte Suprema de Justicia, a la que le lanzó acusaciones de todo tipo.

¿Qué motiva la actitud de Uribe? Que el alto tribunal no se ha plegado ante sus decisiones y ha sido el garante de que los procesos por parapolítica, que en la inmensa mayoría de los casos enredan a congresistas ligados a los partidos de la colación de gobierno, no se detengan.

Seguramente lo que hoy más molesta al mandatario es que la Corte se mantiene firme en su posición de calificar como inviables a los tres postulados por el Presidente para aspirar a ser Fiscal General de la Nación. Ellos no reúnen los perfiles de penalistas que necesita en la práctica un cargo como el que los convoca y tampoco poseen la independencia a toda prueba requerida frente al Jefe del Estado.

Para muchos, Uribe pretende con sus alocuciones públicas contra la alta corporación generar un estado de animadversión frente a sus integrantes, hacer lo que ha venido haciendo a lo largo de casi ocho años de mandato: usar el capital político que le da su favorabilidad en las encuestas para derrotar a quienes considera sus enemigos. Y él ha convertido a la Corte en uno de sus adversarios preferidos.

Lo anterior desarrolla la tesis gubernamental de que lo que debe prevalecer en Colombia es un “estado de opinión”, es decir, el plebiscito cotidiano, el imperio de los incondicionales que deciden como resultado de las acciones efectistas del poder central y de la propaganda diseminada diariamente por los grandes medios de comunicación al servicio del Ejecutivo.

Es el desarrollo también del culto de la personalidad, que cuando no es acatado por alguno de los órganos del Estado, como ocurre en este caso con la Corte Suprema de Justicia (una de las cuatro altas cortes que integran la Rama Judicial del Poder Público vigente en Colombia), desata la furia del mandatario.

Así, se está tipificando en Colombia un poder autoritario, antidemocrático, que impone decisiones con base en encuestas y que no duda en promover la mordaza cuando hay disidencias y denuncias contra la antidemocracia.

Es el camino del cesarismo, una modalidad de régimen político caracterizada por tres premisas: 1) culto de la personalidad, 2) recurrencia permanente al plebiscito para avalar las determinaciones gubernamentales y 3) desconocimiento de organismos constitucionalmente establecidos para dar cuerpo al estado de derecho, si en determinado momento éstos no cumplen con los designios del mandatario, como por ejemplo el Congreso o la Corte Suprema.

A pasos agigantados, en Colombia se empiezan a materializar esas premisas. Los pasos del autoritarismo suenan. Y las mordazas, públicas o privadas, vienen con ellos.