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domingo, 22 de octubre de 2017

El atentado contra el líder obrero Omar Romero y la urgente movilización social

Izq., Omar Romero Díaz, cuando concedía una entrevista a los portales alternativos  Paréntesis y ¡Periodismo Libre!, el 24 de febrero de 2014. Der. Manifestación campesina en la Localidad San Pedro de Usme de Bogotá, en agosto de 2013, durante el Paro Nacional Agrario, Étnico y Popular. (Fotos: Luis Alfonso Mena S.).

LA MANO CRIMINAL DISPARA
EN EL SUROCCIDENTE

Por Luis Alfonso Mena S.
Director de Pazífico Noticias

Desde hace algo más de dos semanas, la mano violenta y tenebrosa de la extrema derecha, en sus múltiples formas y procedencias, se pasea por el sur occidente colombiano, hasta que en la noche del viernes 20 de octubre llegó de nuevo al Valle del Cauca y, en Cali, intentó arrebatarle la vida a Omar Romero Díaz, uno de los líderes obreros de la región.

La rápida reacción del equipo de escoltas del dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, evitó que la mano larga del terror cumpliera su cometido, pero el nuevo atentado no puede quedar en la impunidad, como ha ocurrido con miles de hechos similares en la historia de Colombia y el Estado tiene el deber de responder.


El atentado contra Romero Díaz, abogado y dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción, Sutimac, en Yumbo, es una campanada de alerta, pues recientemente ya se había conocido un comunicado de uno de los grupos paramilitares que pululan en el país profiriendo amenazas contra orientadores de la Unión Patriótica, movimiento del que Romero es integrante, así como lo es del Partido Comunista Colombiano.

De tiempo en tiempo se sabe de listados de bandas criminales, como se le denomina ahora a la mayoría de los grupos paramilitares, que por la vía de la amenaza intentan desestimular las luchas sociales y las propuestas alternativas, de manera especial luego de la dejación de armas por parte de las Farc-EP y de su conversión en partido político legal.

Ola inusitada de crímenes

La coyuntura en la región suroccidental del país es especialmente preocupante por la serie de crímenes ocurridos desde el jueves 5 de octubre, cuando un comando de la Policía asesinó a siete cultivadores en la región de Alto Mira, Tumaco, hecho de gravedad suma que con pleno cinismo el Gobierno de Juan Manuel Santos sigue negando.

Luego, el domingo 8 de octubre, se produjo el asesinato de la periodista indígena Efigenia Vásquez Astudillo, en acciones atribuidas a la Policía por la comunidad que reivindica el derecho a la tierra en Coconuco, departamento del Cauca.

El domingo 15 de octubre, de acuerdo con el testimonio dado a Pazífico Noticias por René Hertz, líder del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ‘Aldemar Galán’ de Policarpa, Nariño, ocurrió otra masacre en la que fueron asesinados seis excombatientes de las Farc. Los hechos se presentaron en jurisdicción de Isupí, San José de Tapaje, municipio de El Charco, a manos de una banda criminal.

Poco después, el martes 17 de octubre, fue perpetrado en Tumaco el homicidio aleve de José Jair Cortés, reconocido y carismático líder de Alto Mira, quien al lado del consejo comunitario del que hacía parte se había pronunciado exigiendo castigo contra los responsables de la masacre cometida por la Policía doce días atrás.

El miércoles 18 de octubre se conoció la terrible noticia de los homicidios de Alirio y Geovanny Zabala, padre e hijo, de la comunidad awá asentada en la zona rural de Tumaco y activistas de la misma. De acuerdo con el testimonio entregado a Pazífico Noticias por Javier Cortés, líder del Pueblo Indígena Awá, hacía un año que Alirio Zabala había sido víctima de otro atentado, en el que fueron asesinados dos de sus hijos.

Varios crímenes más han sido cometidos en las personas de activistas sociales en Villa Rica, Corinto, Miranda y otros municipios del Cauca, el más reciente de los cuales es el de Berenice Tovar, en Guachené. Y este sábado 21 de octubre se informó sobre el asesinato del excombatiente Henry Meneses Ruiz, en Miranda, Cauca.

En el resto del país la situación no es menos preocupante y lo demuestran los crímenes cometidos contra Patricia Cataño, líder de la Comuna 13 de Medellín; Liliana Astrid Ramírez, docente y dirigente sindical del Tolima, y Eliécer Carvajal, activista social en el departamento del Putumayo.

En lo que va corrido del año han sido asesinados 120 líderes populares por paramilitares y agentes de la extrema derecha en todo el país, al tiempo que el número de excombatientes y familiares de éstos también víctimas de homicidios se acerca al medio centenar.

¿Se repite la historia?

Groso modo, el anterior es el crítico panorama que en materia de derechos humanos se visualiza en el suroccidente colombiano, radiografía que refleja la puesta en marcha de las mismas estrategias desarrolladas por diferentes actores de la extrema derecha paramilitar y estatal en los años ochenta y noventa del Siglo XX, cuando se produjo el exterminio, a sangre y fuego, de la Unión Patriótica, movimiento político surgido de un acuerdo de paz frustrado entre el Estado y las Farc, en 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur.

Las estrategias y las acciones se empiezan a repetir: ahora el Establecimiento y su clase dirigente usan la matriz según la cual quienes actúan en muchos de esos casos son “disidencias” de las Farc, argumento falaz con el que se pretende encubrir  el operar de grupos violentos de la extrema derecha e incluso de actores solapados del Estado, bajo la cubierta de múltiples siglas y parapetos, como ocurrió 30 años atrás contra la UP.

Lo más grave del momento, es que, a diferencia de los años ochenta, en este 2017 está en plena vigencia un Acuerdo de Paz firmado, pero cuya implementación registra una seguidilla inaudita de incumplimientos fatales por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, en puntos claves como el agrario y el de sustitución de cultivos, lo mismo que en el de la protección y las medidas de seguridad para los excombatientes y, en general, para los líderes sociales y populares que se la han jugado por la paz en campos y ciudades.

Paro Nacional Indefinido

Lo único que puede detener que se repita la historia de la UP en los ochenta es la movilización de la sociedad y visiones estratégicas con miras a 2018, que permitan un poder que dé continuidad a lo firmado en el Acuerdo Final.

Y por ello es tan importante el paro nacional que se plantea a partir de este lunes 23 de octubre, para exigir la implementación por parte del Gobierno Nacional del Acuerdo de Paz y de los centenares de acuerdos sectoriales y regionales pactados con múltiples comunidades, entre ellas las de Tumaco, el Chocó y Buenaventura.

De igual manera, la movilización, que será pacífica, pero firme, en veredas, calles, avenidas y carreteras del país, reclamará garantías para el ejercicio de la protesta social y de la acción política de las comunidades rurales y urbanas y de las fuerzas alternativas a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano.  

El Paro Nacional Indefinido, PNI, ha sido convocado, entre otras organizaciones, por la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro; la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas, Conpi; la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes, Conafro; la Coordinación Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Marihuana y Amapola, Coccam; el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc.

Entre los incumplimientos más sensibles en el plano social del Gobierno de Santos figura el de los acuerdos pactados en agosto de 2013, hace cuatro años, durante las grandes jornadas del Paro Nacional Agrario, Étnico y Popular, del que surgió una mesa de negociación que se propondría ser reactivada.

Así, pues, el Valle del Cauca, que recibirá en Cali el próximo miércoles 25 de octubre delegaciones de organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes y populares de todo el departamento, en un acto programado para las 4:00 p.m. en la Plaza de San Francisco, debe estar alerta frente a la extensión de la mano del terror de la extrema derecha a la región.

Lo ocurrido a Omar Romero Díaz es una voz de alerta, en primer lugar, para el movimiento sindical del departamento, que ha visto a este dirigente obrero siempre solidario acompañando sus luchas, y, en segundo lugar, para todo el movimiento popular vallecaucano, que debe salir decidido a repudiar en las calles los actos de terror de los enemigos de la paz, la reconciliación y la justicia social.

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