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martes, 3 de junio de 2014

Ensayo. La reelaboración de un pacto social puede quedar consignada en una nueva Constitución


El desafío  de la sociedad civil  por la  paz

En las últimas décadas se hace cada vez más fuerte  el surgimiento de un conjunto de prácticas de la sociedad civil en la resolución pacífica de los conflictos armados internos. Con fundamento en lo anterior, este artículo aborda la proyección e incidencia de las organizaciones sociales en los procesos de paz en Colombia. La afirmación  de una cultura democrática y pacífica en todo caso es directamente proporcional a la existencia de la misma sociedad civil. A mayor pluralismo, mayor posibilidad de canalizar los intereses y de institucionalizar los conflictos, contribuyendo así a estrategias de negociación y cooperación entre los actores sociales.

Por Harold Ortiz (*)
En la  década de los años noventa[1], en algunas hermanas republicas centroamericanas  se presentaron  procesos de negociación de conflictos armados. Algunos, como en El  Salvador (1992) y en Guatemala (1997) terminaron  en acuerdos de paz. Otros procesos de negociación no terminados como el de  México cesaron su curso normal  y el  de Colombia es el acontecimiento más importante en Suramérica como lo acaba de denominar un presidente del subcontinente. A pesar de que estos procesos de paz son experiencias únicas, se pueden retomar sus experiencias de ellas para enriquecer  nuestro propio proceso de paz Por eso se retomara brevemente los procesos de negociación  en El Salvador y Guatemala, más concretamente el papel de la sociedad civil en las  mencionadas negociaciones.


En El Salvador las negociaciones entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Fmnl, implicaron que las organizaciones que constituían el Debate Nacional (entidad más destacada de la sociedad civil) no tuvieron  la fuerza suficiente para incorporar sus demandas a la negociación y tuvieron más bien un papel  débil.  En el caso de Guatemala, el acuerdo de Oslo firmado en 1990 estableció  que se realizara  el proceso en dos etapas: primero, un proceso de diálogo entre la Unión  Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Urng, y diferentes sectores de la sociedad civil, partidos políticos, religiosos, académicos, populares y demás sectores representativos, y, segundo, iniciar la negociación directa entre representantes del Gobierno y la Urng. En México, se observó el más alto nivel de movilización de la sociedad civil en el proceso de paz. Desde el año  de 1994 se han desarrollado múltiples actividades y movilizaciones civiles en solidaridad con la causa indígena a nivel local, nacional e internacional, lo que expresó una altísima demanda de democracia frente a un conflicto con una bajísima intensidad militar.

El caso colombiano
En Colombia, ante la debilidad del Estado, han surgido  grupos u organizaciones que se estructuran en el ámbito local dependiendo de sus necesidades. La precariedad de instancias públicas hace que la gente canalice sus problemas por vías no gubernamentales y amparada en los cambios que la Constitución Política de 1991 introdujo en el régimen político colombiano, al establecer la democracia participativa como elemento esencial de la organización del Estado. De allí que el desarrollo y expansión de la sociedad civil colombiana ha cobrado especial importancia.

En la solución del conflicto armado interno, la presencia de la sociedad civil cobra cada vez mayor protagonismo. Se requiere de un consenso nacional (no sólo de un acuerdo político) a favor de una solución negociada del conflicto, lo que supone la presencia en el proceso de las comunidades organizadas. Su participación en instancias representativas es una de las claves de la construcción de la paz, a condición de que esa presencia signifique una vocación colectiva de paz. La sociedad civil  aparece en el centro del debate contemporáneo sobre la democracia, la paz y el desarrollo en Colombia. La escena política contemporánea colombiana muestra la activación de un gran número de organizaciones agrupadas bajo el nombre de sociedad civil.

Las grandes movilizaciones que se expresan en la actualidad, más concretamente las recientes a favor de la paz y la convivencia, el canje humanitario y el apoyo a las negociaciones actuales  en La Habana, están  lideradas por actores que se identifican a sí mismos de manera amplia por su pertenencia a la sociedad civil, más que a organizaciones políticas laborales y empresariales determinadas.

El actual escenario político confirma la extraordinaria vitalidad y creatividad de los sectores populares, no sólo por ser autogestionadores de su propio desarrollo cotidiano, sino también por su empecinamiento en modificar de manera estable el presente orden de cosas, especialmente en lo relacionado con las consecuencias de la violencia y el enfrentamiento armado.

La sociedad civil  surge como el ente articulador del proceso dirigido a alcanzar la paz, en tanto que su acción  reconfigura  los actores sociales y reconstruye los alcances de lo público. Tradicionalmente la tarea principal de la sociedad civil era proveer la base para limitar el poder del  Estado y ejercer un control democrático sobre  el mismo.

La superación de dicha visión permite observar como las organizaciones de la sociedad civil ofrecen mecanismos de agrupación, creación de nuevo tejido social y defensa colectiva, tanto frente a las acciones estatales como frente a acciones privadas, en este caso la violencia indiscriminada que prevalece en nuestra sociedad.

La tarea de la sociedad civil aumenta la eficacia política y proporciona destrezas que permiten aprehender valores y reglas de comportamiento, construyendo la democracia no solo como un procedimiento, sino como un conjunto de valores que permiten la paz, la convivencia y ordenan la vida social.

Las formas de organización crean canales para la articulación social y política, la agregación y representación de intereses  y la integración  de grupos excluidos. Su acción permite ampliar el espectro  de intereses que pueden mitigar la polarización de los conflictos, contribuyendo a darle legitimidad al sistema político e, inclusive, ayudando a la formación de nuevos liderazgos políticos. Su actuación crea confianza y legitimación de la vida pública y en las instituciones políticas, lo cual redunda en mayor desarrollo  económico y debe permitir alcanzar la paz y la convivencia.

Bajo este horizonte, la sociedad civil se expresa claramente sobre la lectura de la reforma democrática del Estado y apunta, especialmente, al fortalecimiento de la participación ciudadana en la decisión y la gestión de los asuntos colectivos, como en el caso de la superación del conflicto armado interno.

La afirmación  de una cultura democrática y pacífica en todo caso es directamente proporcional a la existencia de la misma sociedad civil. A mayor pluralismo de la sociedad, mayor posibilidad de canalizar los intereses e institucionalizar los conflictos contribuyendo así a estrategias de negociación y cooperación entre los actores sociales, que es lo propio de un sistema  democrático.

Conviene  señalar que en determinados momentos de la historia y frente a situaciones en las que se pone en peligro la propia existencia de la sociedad en su conjunto, las diferentes manifestaciones de la sociedad civil concurren en un interés común para preservar la existencia de la sociedad y sus instituciones. Este es el caso de la guerra y la violencia política que hace que  alrededor de un propósito de paz se encuentren los más diferentes actores. Desde luego, al margen de tales acuerdos quedan aquellos grupos y sectores que protagonizan la guerra y actúan en la dirección de la destrucción total de la organización social.

Actores en el conflicto

Al estudiar los orígenes de las guerrillas colombianas encontramos que son muy diferentes, pero también fueron de naturaleza política: el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, Farc-EP, se encuentra en las luchas agrarias y sociales de los años cuarenta y más concretamente en la decisión del Partido Comunista en 1949 de autorizar la organización de núcleos de resistencia campesina que lucharon al lado de los liberales en la época de la Violencia de los años cincuenta y nacen como guerrilla en los acontecimientos en Marquetalia.

El origen del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se inspiró  en la Revolución Cubana, los movimientos estudiantiles y la experiencia trágica de Camilo Torres. El del Ejército Popular de Liberación, EPL, en las diferencias ideológicas en el interior de la izquierda nacional a raíz de la ruptura  Urss-China y, luego, en la Revolución Cultural de Mao. Y el del Movimiento 19 de Abril, M-19, en el descontento con el modelo de las Farc-EP existente en Anapo Socialista, en los sucesos del 19 de abril de 1970 y en los sectores medios profesionales y urbanos radicalizados. Sin embargo, los movimientos insurgentes de hace 20 años y que hicieron  parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, Cgsb, son algo diferentes hoy.

Los analistas coinciden en que en los inicios de los años ochenta se dio importancia a la salida militar y a la optimización de un ejército por encima del trabajo político, aislando al movimiento armado de las luchas sociales y políticas de las últimas décadas en Colombia. Si bien es cierto que siempre existieron directrices ideológicas y proyectos políticos en las diferentes organizaciones y para mediados de los ochenta el fortalecimiento de las estructuras militares se combinó con el trabajo político que significó el proceso de paz del presidente Belisario Betancourt, los requerimientos implícitos en la intensificación de la lucha armada obligatoriamente establecen prioridades que van en detrimento del trabajo político y cierran el acceso a la posibilidad de interlocución con la mayoría de los estamentos de la opinión nacional.

La composición misma de la guerrilla colombiana ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas. Hoy, las Farc-EP, el ELN y el pequeño pero activo reducto del EPL que queda están conformados principalmente por campesinos sin mayor formación o educación formal, a pesar  de la existencia a nivel de dirigencia de intelectuales citadinos con capacitación profesional. Aun en el mismo M-19, la más urbana de las guerrillas, desde 1985 hasta la entrega de armas en 1991 la gran mayoría de sus integrantes eran campesinos. Es decir, la vinculación de los combatientes obedeció más a razones económicas y sociales que políticas. En este momento, es un imperativo que la guerrilla en Colombia se inserte en la lucha política y deje de lado la vía armada que tantos talentos ha derrochado y en ese mismo sentido es un llamado al Estado colombiano para que facilite las condiciones de una verdadera negociación.

También el narcotráfico ha incidido en los problemas políticos de la guerrilla. Las acusaciones de participar activamente en el comercio de cocaína y amapola han desvirtuado enormemente sus ideales, deslegitimando su condición revolucionaria y creando la impresión en muchos sectores de la opinión nacional de que su razón de existir en la lucha armada es  solamente para poder  continuar enriqueciéndose con su multimillonario negocio ilícito. Aunque esta tesis es generadora de amplios debates, ya que otros sectores de la vida nacional consideran que a pesar de la llegada del tráfico de cocaína como fuente de financiación a las Farc-EP, de todas maneras no se desvirtúa su imaginario político.

En las negociaciones llevadas a cabo en Colombia, entre los años ochenta e inicios de los años noventa se observa  una relativa ausencia de la sociedad civil, por lo cual la negociación se dio bajo el modelo de elites: Gobierno  e insurgencia.  El proceso de paz con el M-19, llevado bajo el gobierno del presidente Virgilio Barco, se debió a  una circunstancia política especial y a una correlación de fuerzas decididamente favorable al Estado. Este modelo de negociación  ha sido tomado como ejemplo para posteriores negociaciones con otros grupos armados. El M-19 era una pequeña organización militar, pero con alta sensibilidad política. Esa doble condición explica, por lo menos en parte, su disposición para negociar la desmovilización a cambio de un apoyo financiero y político por parte del ejecutivo, en el camino  hacia la conformación  como movimiento político. La desventaja militar del M-19 le impidió exigir reivindicaciones económicas y sociales para el conjunto de la sociedad colombiana. Otras opiniones consideran que más bien fue la vocación democrática la que incidió en la desmovilización del M-19.

Por ser el primer grupo armado en negociar, se convirtió en un premio adicional que la opinión pública, deseosa de paz, le avaló con una altísima votación en los primeros comicios en que tuvo participación

Después de desmovilizado el M-19, siguieron el EPL, el Quintín Lame y el PRT. Estos grupos, aislados o en su conjunto, se hallaban en una posición de inferioridad política y militar frente al Estado. En lo fundamental, se repitió con ellos el mismo esquema negociador. Se pactó con ellos la no guerra, a cambio de la participación política en la vida democrática.

La Coordinadora Guerrillera, a excepción de los grupos desmovilizados hasta ahora, se hallaba en una correlación militar y política de fuerzas comparativamente bastante favorable frente al Estado. Por ejemplo, las Farc-EP y el ELN, más concretamente las primeras, cuentan con verdaderos dominios político-territoriales en algunas regiones del país.

A diferencia de las anteriores negociaciones, las actuales con las Farc-EP y el ELN presentan dos dificultades. Primero, por que son actores con un relativo poder y que no han renunciado a su proyecto político-militar. Aquí no se está negociando la desmovilización de estos grupos guerrilleros ni la imposición de la rendición a un enemigo derrotado. Lo que subyace en el fondo de esta negociación es un conflicto de poder entre el Estado y los sectores dirigentes de la sociedad, de una parte, y las organizaciones que pretenden disputarse ese poder.

Ante un proceso de negociación político, lo más urgente es el cese al fuego. Sin embargo, lo más importante gravita en torno a la agenda política. En lo posible, los temas de la agenda se pueden plantear como una reelaboración de un nuevo pacto social que puede quedar consignado en una nueva Constitución Política.

Dentro del escenario de la negociación, las guerrillas de las Farc-EP y del ELN desean que como resultado del proceso de negociación se produzcan reformas profundas en lo político, lo social, lo económico y lo militar, mas no tanto acordar reformas en el futuro, relativamente inciertas. Es decir, deben quedar conclusiones y medidas de tipo inmediato, y no expectativas para el futuro. Lo anterior hace  más compleja la negociación.

Otra limitante que presentan las actuales negociaciones es que debe ser un imperativo la participación de la sociedad civil, además de las partes enfrentadas. Es a la sociedad colombiana la que define hasta dónde se está dispuesto acceder en cada uno de los temas en discusión.

Los procesos de negociación desarrollados con los ex presidentes Belisario Betancourt, Virgilio Barco, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe (El Ralito) en general se han caracterizado por un relativo aislamiento interno. En Colombia ha sido, comparativamente, muy baja la participación  y la presión de la sociedad civil en pro de una paz negociada.

De esta manera, las negociaciones han quedado a la voluntad de los actores armados en el conflicto. La sociedad civil ha sido ignorada. Tanto el Estado como la insurgencia hablan en su nombre, pero nadie representa verdaderamente sus intereses.

La primera generación de negociaciones en Centroamérica se puede sostener que se caracterizó por una baja participación  de la sociedad civil y por una negociación entre élites: gobierno e insurgencia. Sin embargo, la segunda generación de negociaciones (las iniciadas en los primeros años de la década del noventa) se caracterizó  por una creciente participación de la sociedad civil y finalmente por la exigencia y participación (movilizaciones a favor de la paz) de la ciudadanía en los asuntos de la  política. Tanto en El Salvador como en Guatemala fue de mucha utilidad no solo el papel de los conciliadores internos y de los mediadores externos, sino también el de la sociedad civil durante el proceso de negociación, ya que ésta indujo a cambios de las posiciones de las partes e incluso creando propuestas a la mesa de negociación.

Desde 1995, en  México y en Colombia se observa que la sociedad civil se ha agotado en un modelo pedagógico de paz en cierto modo reconocido por la comunidad internacional. Esas estrategias serían la prevención, solución y transformación de conflictos para canalizarlos al plano político a través de acciones diplomáticas, tareas de la sociedad civil y los esfuerzos  para sostener buenas relaciones entre las partes. Sin embargo, haciendo una evaluación de la participación de la sociedad en los procesos de paz centroamericanos, ésta  se ha limitado a tratar de mantener el conflicto en el plano político y a encaminar esfuerzos hacia una cultura de paz.

 

Participación ciudadana para la paz

La participación  de las múltiples expresiones de la sociedad civil en los procesos de concertación y negociación del conflicto armado tiene cada vez mayor trascendencia. La supresión del conflicto armado exige a todos los sectores de la ciudadanía esfuerzos organizados para fortalecer su capacidad de control sobre sus condiciones de vida, su seguridad y el ejercicio de sus derechos.

Fortalecer y dinamizar el poder de la sociedad civil para actuar sobre los conflictos y resolverlos pacíficamente es la estrategia que con mayor profundidad y eficacia se opone a la violencia.

Tanto las luchas guerrilleras como las  acciones públicas y privadas de contrainsurgencia subordinan la tramitación de los conflictos a la lógica de la guerra y atomizan las organizaciones de la sociedad civil. En cambio, la superación de la violencia recorre el camino inverso al devolver a la población la capacidad de reconocer sus intereses y definir sus objetivos y controlar las condiciones de su supervivencia y desarrollo. En los años recientes, múltiples organizaciones de la sociedad civil han venido trabajando diversas iniciativas por la paz:

La Comisión de Conciliación Nacional, con la presencia destacada de la iglesia católica, ha formulado una política de paz permanente para Colombia, tema que ha liderado con gran aceptación.

La Red de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, impulsa el Mandato Nacional por la Vida, la Paz y la Libertad.

El Comité de Búsqueda de la Paz, la Unión Sindical Obrera, USO, comisiones departamentales de diversa índole, mesas de trabajo ciudadanas, acciones colectivas en los pequeños municipios, pactos de convivencia y comunidades de paz en zonas neutrales, entre otras, adelantan diversas acciones a todos los niveles.

La Red de Universidades por la Paz desde sus escenarios académicos está generando ideas, debates y soluciones para esclarecer la actual negociación política en las negociaciones  en La Habana.

El Mandato y el Voto por la Paz ha sido el acontecimiento de mayor importancia en la presencia de la sociedad civil a favor de la paz. Alrededor de diez millones de colombianos se pronunciaron en las urnas a favor de la paz y en contra de la violencia; a favor de la vida y la libertad como un acto simbólico que manifiesta la intención de rechazar el fenómeno de la guerra. Por primera vez los colombianos se comprometieron a ser constructores de paz.

Por lo anterior, la sociedad civil reclama los siguientes triunfos[2]:
Son triunfos que no se relativizan porque al hacerlo las partes en conflicto pierden legitimidad y es precisamente el mayor valor que buscan tener a su favor cada una de las partes. Entonces su conveniencia es ignorar los reclamos de la sociedad civil en la mesa de negociaciones y en la tribuna pública. Analicemos uno a uno los triunfos de la sociedad civil que no se relativizan, entendiendo por relativización el reconocimiento de ellos como condicionantes a sus actuaciones:

1.-La guerra perdió legitimidad.

2.-La sociedad civil hizo crecer la presión por una solución pacífica y negociada.

3.-Sensibilizó a la población sobre las atrocidades y barbarie de la guerra.

4.-Creció la solidaridad internacional.

5.-Creció la solidaridad por los derechos humanos. Exigencia de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

6.-La exigencia de la liberación de todos los secuestrados y el canje humanitario. -.

Es decir, se han reafirmado los valores de la civilidad por sobre la violencia, los valores de la civilidad son vistos como logros simbólicos. Sin embargo, la violencia es creciente.

Este paradigma de la pedagogía por la paz no ha logrado detener la escalada violenta. Por eso se requiere que la sociedad civil incluya las siguientes acciones:

-Participar directamente en los espacios políticos que conciernen a la resolución de conflictos.

-Incidir directamente en la creación de condiciones que posibiliten la negociación.

-Participar en los términos en que pueda definirse la negociación

De esta manera, la sociedad civil  puede intentar modificar la dinámica  de la guerra, ya que con ésta en la negociación se logra  representatividad y legitimidad, tanto de los acuerdos como de su cumplimiento.

Por lo tanto, se requiere que todas las formas de organización social se expresen  y  movilicen a favor de la reconciliación. Un hecho de tales características hará  irreversible la superación del conflicto armado y de la violencia política.

BIBLIOGRAFIA

Bejarano, Jesús Antonio. Una agenda para la paz. TM Editores, Bogotá, 1995.

-------------------------------. “El papel de la sociedad civil en el proceso de paz”, en  Los laberintos de la Guerra. TM Universidad de los Andes, Bogotá, 1999.

Constitución Política de Colombia 1991.

Gramsci, Antonio. “La Sociedad Civil”, en Antología. Editorial Siglo XXI, México, 1970.

(*) Filósofo y politólogo de las universidades del Valle y Pontificia Javeriana, profesor e investigador de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Cali.

Fuente: Revista Cuadernos de Paz, edición No. 1, enero-abril de 2014.




[1]  Jesús Antonio Bejarano. Una agenda para la paz. TM Editores, Bogota. 1995
[2] Jesús Antonio Bejarano. “El papel de la sociedad civil en el proceso de paz”. En Los laberintos de la guerra. T.M.Uniandes, Bogota, enero 1999.

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