Reflexión a propósito de las "21 megaobras"

Integrantes de la mesa que presidió el foro sobre las "21 megaobras" convocado por Fesovalle, en el momento de la instalación del certamen. De izquierda a derecha, Lizardo Carvajal, Élmer Fabio García, Rodrigo Salazar, Mónica Lucía Marulanda, Luis Alfonso Mena, Wilson Arias, Armando Palau, Antonio González y Germán Arboleda. (Foto: especial para ¡PERIODISMO LIBRE!).

La arrogancia del poder

Por Luis Alfonso Mena S. (*)
Aparte de los problemas sociales, económicos, ambientales, administrativos, legales e incluso constitucionales que afronta la empresa de las 21 megaobras en que está empeñado el alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, hay un asunto que aparece en el fondo de todos los anteriores: el del ejercicio del poder político.

Uno de los primeros problemas con que se topan los hombres que acceden al poder por la vía de las urnas es cómo manejar ese poder, cómo establecer en lo sucesivo, una vez en la silla del Ejecutivo, el nexo entre él y quienes lo han elegido y, sobre todo, entre él y quienes no lo han elegido, para los que, desde el momento mismo de la sentencia comicial, se vuelve también su mandatario.

Y es en esta última palabra donde parece estar una de las claves de los problemas de nuestros gobernantes. Se trata de un término mal entendido y, especialmente, mal asumido. Mandatario no significa, si hemos de reconocer los códigos deontológicos, esto es, los principios de los deberes, ejercicio omnímodo del gobierno, desentendido del mandato. No.

Para que exista el mandatario se requiere de un mandante que confía su mando a otro en unas elecciones. No lo hace, o por lo menos no lo debería hacer, por prebendas o canonjías, por tamales o aguardiente. Lo hace porque delega su poder, aquel poder que, en términos generales y abstractos, poseemos dentro de esa asamblea de todos que es la polis, la ciudad.

Pero en el acto de delegación del poder, que son las elecciones populares, media la propuesta del aspirante a mandatario, el programa político con el que el candidato procura convencer al elector para que le ceda temporalmente su parte de poder.

Ese es el contrato que firman cada cuatro años los ciudadanos con alcaldes, gobernadores y presidente de la República, en el plano Ejecutivo; concejales y diputados, en el ámbito de la coadministración de municipios y departamentos; representantes a la Cámara y senadores de la República, en el espacio Legislativo.

Así que en un sistema nominalmente democrático esta premisa, la del contrato social, es parte inicial, y final también, del ejercicio del poder político de los mandatarios: éstos sencillamente reciben un mandato de hacer, de cumplir, mediatizado por la propuesta electoral del aspirante ahora elegido.

Ospina les falló a los caleños
Este prolegómeno nos permite desembocar en el asunto de fondo: el Alcalde de Cali ha fallado en el cumplimiento de ese contrato, porque aquello para lo que los ciudadanos le entregaron su poder, representado en 268.950 votos, no fue para que se les excluyera del diálogo y la concertación de sus decisiones. No. Lo que pactaron ellos y él en el Programa titulado Para que Cali vuelva a ser Cali fue otra cosa.

Sostuvo el alcalde Ospina en su Programa de Gobierno 2007: “Toda la comunidad caleña tendrá el derecho efectivo de informarse, a participar y a incidir en las decisiones de gobierno, como ejercicio efectivo de ciudadanía” [1].

Y agregó: “Toda la inversión pública se hará con criterios de racionalización, participación, transparencia, satisfacción de beneficiarios y de focalización a partir de prioridades con presupuestos participativos” [2].

Como para que no quedaran dudas, en otra parte del compromiso programático ofreció una “ciudad democrática”, mediante “la participación de ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones y en la inversión equitativa del recurso público a partir de presupuestos participativos” [3].

En lo atinente a la propuesta de las 21 megaobras ninguno de estos tres compromisos ha sido cumplido en lo fundamental. Lo que hemos visto, por el contrario, es una actitud obcecada del Jefe de la Administración Municipal, quien se ha negado a recibir y escuchar a quienes se oponen con múltiples y justos argumentos al pago del paquete de obras mediante el sistema de Valorización.

No se dio cumplimiento al Programa de Gobierno cuando éste afirma que la comunidad tendrá derecho a “participar y a incidir en las decisiones de gobierno”, ni cuando dice que se diseñarán “presupuestos participativos”, ni cuando señala que se construirá una “ciudad democrática” con la participación de todos “en la toma de decisiones”.

Si bien es cierto el contrato de delegación del poder ciudadano en un mandatario lo autoriza a tomar decisiones, y así debe hacerlo, pues lo contrario sería paralizar la Administración Pública, también es cierto que en asuntos fundamentales, de gran trascendencia, como el que nos ocupa, el funcionario debe consultar a sus electores.

Y si no lo hizo antes de proferir los actos administrativos correspondientes, su deber político y ético es escuchar los reclamos posteriores, atender las solicitudes de reconsideración, generar espacios de debate abierto que posibiliten una segunda instancia, que abran el camino de la concertación y eviten los de la polarización innecesaria.

Pero, aunque muchos esperábamos otra actitud, lamentablemente el alcalde Ospina se la ha jugado por encerrarse en su concha, seguramente acompañado por su círculo de gobierno inmediato. Y he ahí el grave riesgo de los gobernantes: volverse autistas ante los llamados de quienes no aprueban sus decisiones, o de quienes, probablemente, no satisfacen sus egos.

Un diablillo se embosca
Ese es, además, el gran riesgo de todos los que acceden al mando, como lo decíamos al principio: no saber delinear, una vez elegidos, su relación con quienes le han delegado su poder, con los ciudadanos afines, pero también con los adversos.

Una vez en la silla del Ejecutivo, el diablillo de la arrogancia y la autosuficiencia hace su entrada porque sabe que, en general, el poder genera un espacio propicio para emboscarse y, al menor descuido, entronizarse en la mente del mandatario.

Si éste no anda atento a la amenaza, caerá fácilmente en sus redes y, lo más grave, creerá que si acepta puentes o los tiende, si dialoga o procura concertar entonces estará dando muestras de debilidad. Y, en consecuencia, ingresa en un círculo interminable, como el de ahora.

Un círculo que no sólo genera reacciones desde dentro de la Administración, sino que las provoca desde fuera, con respaldos mal entendidos, y es entonces cuando hacen carrera comportamientos tan negativos como los señalamientos y las estigmatizaciones.

El diablillo entronizado en los mandatarios se expande, incluso sin que él lo pida, y aparecen carteles, pancartas y vallas injuriando a los críticos, tildándolos de enemigos del progreso simplemente porque cuestionan. Nace así un comportamiento antidemocrático, que ve enemigos en todo aquel que formula reparos.

La arrogancia siempre será mala consejera. Y si se ejerce desde el poder, aún más. La firmeza de convicciones y la capacidad de decisión, incluso el temple para gobernar, son cualidades indispensables del buen mandatario. Pero ellas no deben confundirse con la intransigencia, las decisiones a ultranza o la negación del error.

El poder obnubila, enceguece, envanece. Siempre habrá, además, un entorno dispuesto a asentir, acríticamente, todas las decisiones del jefe. Ese tipo de entornos es, igualmente, mal consejero. En vez de ayudar a corregir fallas contribuye a hacerlas más protuberantes.

Las razones nos atropellan
Las razones para oponerse al cobro mediante el sistema de Valorización se las encuentra uno en las calles, se tropieza con ellas cuando escucha las noticias que no alcanzan a ocultar la crisis de desempleo y de pobreza que azota a la ciudad. Y en el transcurso del día se las cuenta el compañero de trabajo, si es que lo tiene.

También se las cuenta en la noche el vecino que se queja, el familiar que llama, el desconocido que pone el tema en el bus o en el MÍO. Hasta en los pasacalles instalados en las principales avenidas por el propio Gobierno de Cali hay razones: “¿Cómo así --se pregunta el ciudadano de a pie-- que el Alcalde anuncia descuentos de hasta el 70% en los intereses de mora para quienes adeudan los impuestos de predial o de industria y comercio, pero ahora nos quiere cobrar un nuevo gravamen, sin que los otros hayan sido cancelados?”

Una estudiante llegó hace poco a mi clase de periodismo en la Universidad Santiago de Cali alarmada por el cobro elevado que había tocado la puerta de su casa del oriente de Cali. No se explicaba por qué si reside en un barrio de estrato tres debía pagar más $800.000 de contribución. Un mundo de plata para un padre de salario mínimo y gastos máximos.

Así que no es sólo a los opositores que el Alcalde debería escuchar, si le bajara el tono a su obcecación. Es al ciudadano común y corriente. A aquel que incluso ya ni se queja porque piensa, desesperanzado, que eso ya no sirve de nada.

Tal vez el Alcalde se apoya en el conformismo en el que dormitan muchos mirando el cielo uribista con el que siguen obnubilados y que Ospina quiere remodelar. Por ello se arrima al discurso que el Presidente pronunció hace menos de dos meses en la Universidad Icesi, en el que pidió a los caleños pagar sin chistar las megaobras.

Ospina creyó ser hábil cuando mandó a hacer una extensa cuña que pasaron por espacios de Telepacífico en la que intercalaba su voz con la del Mandatario nacional. Seguramente esa construcción discursiva iba dirigida a aquellos que, perteneciendo a estratos altos, rechazan los cobros. Apelaba al uribismo de esos estratos. Pero ni así.

Es que las dinámicas sociales no son fáciles de encuadrar en determinadas coyunturas. El alcalde Ospina se ha encargado con sus decisiones de dibujar un espectro complejo. Ante sus medidas y actitudes se unió gente de todas las clases, se coaligaron actores políticos de diversos credos, se aliaron movimientos de distintos ámbitos sociales.

La exclusión aumenta
Cali necesita obras, sí, pero ¿son las propuestas las fundamentales? En los últimos días nos encontramos con dos noticias aparentemente antípodas, es decir, una buena y una mala. La buena: que seis colegios de la ciudad, todos pertenecientes a los estrados más altos de la escala social caleña, clasificaron entre los 50 que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas del Icfes en todo el país.

Y la mala, que Cali es la segunda ciudad capital de departamento con los mayores índices de homicidios después de Medellín: 79,4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes entre enero y octubre del presente año, cifra que representa un incremento, con relación al mismo período del año anterior, del 24,6%.

Entre enero y octubre de 2009, en Cali se presentaron 1.468 homicidios, en tanto que en el mismo periodo de 2008 las muertes violentas en la ciudad fueron 1.186

Pero incluso la noticia buena tiene un lado preocupante, muy preocupante diría yo: entre los mejores colegios no aparece ni uno del sector público. Y en el grupo de los cien primeros, tampoco, aunque allí vuelven a figurar otros cinco privados de estrato alto.

La institución educativa oficial de Cali mejor situada quedó en el puesto 1.022... La distancia en materia de calidad educativa entre el sector privado y el público es abismal. Y esa diferencia, que crece todos los días y que no se soluciona con paños de agua tibia, requiere respuestas urgentes, inmediatas, con programas de fondo, estratégicos.

Si como lo ha pregonado siempre Jorge Iván Ospina debemos procurar la igualdad de oportunidades, éstas no se logran con la exclusión en la enseñanza. Ni con el desprestigiado Programa de Ampliación de Cobertura Educativa.

La exclusión social crece. También lo hace la violencia, que tiene que ver, y mucho, con la falta de empleo y de inclusión. Esta no es una visión apocalíptica. Es el producto de, simplemente, mirar la pobreza que circula por las calles, que se estaciona en los semáforos en forma de limpiavidrios y malabaristas, es la queja silenciosa que transita por doquier y se mete en las casas porque no hay con quién, es el desempleo que cabalga a un ritmo del 14,2%.

Hora de corresponder al mandato
Aunque no creo que los mandatarios deban gobernar con el reloj de las encuestas taladrando su tic tac a toda hora en sus oídos, considero que la última medición de Invamer Gallup, hace menos de un mes, retrata el rechazo de un sector importante de la sociedad caleña a sus cobros y a su actitud arrogante: bajar 19 puntos porcentuales, del 75% al 56% en la calificación positiva, es un síntoma que Ospina no debió desestimar. Pero lo hizo.

Hace una semana, por ejemplo, no compareció a la sesión de la Comisión Tercera del Senado que lo citó para hablar del tema. Despreció esta célula del Congreso. Delegó en un funcionario de su despacho dar respuesta al cuestionario formulado por los senadores Alexander López y Germán Villegas.

¿Y si eso hace con quienes tiene una obligación institucional, qué pueden esperar los demás, los que no poseen esa u otras investiduras? ¿Continuará por esa senda?

Estaba invitado a este foro de la Federación de Empresas de Economía Solidaria del Valle del Cauca, Fesovalle, pero, como vemos, tampoco asistió. Ello es muy diciente de su displicencia.

Ojalá corrija, señor Alcalde. Recuerde que la arrogancia es como la bacteria que se embosca en las salas de urgencias: después de entronizada en la mente del gobernante causa verdaderos estragos. Lo que los ciudadanos esperan es que el mandatario corresponda al mandato entregado por sus mandantes, los pobladores de Cali.

Lo que el Alcalde recibió el 28 de octubre de 2007 no fue un poder omnímodo para ejercer un gobierno absoluto, fue una delegación, delimitada por el Programa de Gobierno Para que Cali Vuelva a ser Cali. Jorge Iván Ospina debe corresponder a ese mandato. Y los caleños deben continuar exigiéndolo.

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Notas
[1] Programa de Gobierno Para que Cali Vuelva a ser Cali. Parte 2: Criterios que orientarán todas las acciones del Gobierno, literal a: Comunicaciones para la Democracia.
[2] Ídem, literal f: Focalización de la Inversión Pública.
[3] Ídem, Parte 3: La Ciudad que Podemos.

(*) Este artículo fue la ponencia del autor en el foro sobre las "21 megaobras", realizado el martes 24 de noviembre en Cali, organizado por la Federación de Empresas de Economía Solidaria del Valle del Cauca, Fesovalle.