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miércoles, 27 de enero de 2010

Análisis. Sólo los ricos tienen derecho a la salud


Uribe prohíbe enfermarse

Por Luis Alfonso Mena S.
Álvaro Uribe acaba de decretar que de ahora en adelante los colombianos no podrán enfermarse.

Si por esas cosas de la naturaleza, la contaminación o la violencia alguno cae en cama tendrá que contentarse con recibir las aspirinas del listado oficial.

Listado que está siendo confeccionado por el club de “sabios” que lidera el ministro de la des-protección social, Diego Palacios.

Sí, el de la yidispolítica absuelto por esos extraños avatares de la “justicia” colombiana que condena por un delito de dos solo a uno (Yidis).

Será el vademécum más breve de la historia: contendrá unos cuantos medicamentos susceptibles de ser recomendados.

Según el Decreto 131, los galenos que receten más allá del Plan Obligatorio de Salud, POS, serán sancionados con multas hasta de 50 salarios mínimos legales mensuales…

¡Qué tal! Casi 26 millones de pesos de sanción por el hecho de recetar las medicinas que un paciente necesita, pero que no están en el decreto de Uribe y Palacios.

O por enviar al enfermo a un especialista, o por diagnosticarle una enfermedad grave que implique altos costos para su tratamiento.

La salud sometida a la evaluación capitalista del menor costo para que los potentados puedan obtener las mayores ganancias.

Y los médicos puestos contra la pared, con la espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas cada vez que atiendan a un paciente.

Apoyado en decretos con fuerza de ley, según el artículo 215 de la Constitución, Uribe mostró de nuevo su cobre plutocrático: gobierna para los más ricos.

¿Su objetivo? Satisfacer las demandas de los dueños de las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, esos pulpos a los que sólo les interesan las ganancias multimillonarias.

A los negociantes de la medicina les molesta la tutela, única defensa de los pobres y de las capas medias para acceder a tratamientos, cirugías y medicinas de cierto nivel.

Desde el inicio de su mandato Uribe ha querido acabarla, le parece que la gente abusa de ella sólo porque la hace valer ante las injusticias, como la negación de la salud.

Con los decretos del estado de emergencia social el Presidente inocula contra la tutela todo su odio para dejarla postrada.

De ser avalados esos decretos por la Corte Constitucional y por las mayorías abyectas que Uribe tiene en el Congreso, el acceso a la salud será más segregacionista de lo que es hoy.

Será factible sólo para los que puedan sacar sus chequeras y pagar los gastos de una atención oportuna y de calidad.

En su lógica mercantilista, el Gobierno mira la salud como un asunto de costo-beneficio, no como un derecho del ciudadano y una obligación del Estado.

Según el Decreto 128, serán comités técnico-científicos, bien afilados, los que dirán cuándo un procedimiento médico de nivel medio o alto cumple con esa ecuación.

Es decir, todo quedará en manos de tribunales proclives a los negociantes de las EPS, para quienes lo importante serán las ganancias y no la salud de los pacientes.

Ese mismo decreto le cambia el nombre a los no POS y los vuelve “prestaciones excepcionales en salud”…

¡Qué tal el exabrupto! Para Uribe un tratamiento por cáncer, leucemia, o incluso una neumonía, son “prestaciones excepcionales”.

¡Así que en vez de ser autorizado el tratamiento necesario para salvar su vida, al paciente se le someterá a una investigación con el fin de establecer su tiene plata!

Es la deshumanización como política: el enfermo, o su familia, tendrá que recurrir a sus bienes, ahorros, cesantías o a préstamos bancarios para ser atendido.

Y a todas estas, el motivo principal de la declaratoria de la emergencia, es decir, la crisis del sector público de la salud, ¿en qué quedó?

Ninguna solución de fondo a la corrupción. Se calcula que el 40% de los $14 billones destinados al sector se pierde en corruptelas.

Es de esa corrupción de la que se nutren politiqueros y funcionarios afines o adscritos al gobierno de Uribe.

Ha sido en este mandato, además, en el que han sido cerrados más hospitales públicos y deterioradas más las condiciones labores de los trabajadores de la salud.

Uribe, no cabe duda, gobierna para los más ricos: los que pueden acceder con facilidad a la salud y los que verán crecer los $40.000 millones anuales de ganancias de sus EPS.

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