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| Piedad Córdoba cuando se dirgia a los campesinos e indígenas en el cerro de Calandaima, municipio de Miranda, tomado por ellos para evitar que se escenario de guerra. (Foto: Luis Alfonso Mena S.). |
“Mis
declaraciones son legítimas,
justificadas y precisas”
"Colombia
necesita un cambio en la política, cuyo primer objetivo debe ser no acrecentar
más la militarización y el saqueo, sino abrir la puerta para un diálogo de todo
el país, de todos los sectores, de todas las regiones porque son necesarios la
paz y el logro de la justicia social. Mi
presencia
en Miranda, respondió al acompañamiento solidario, humanitario y
humanista que durante años he realizado a procesos políticos y sociales y
mi
compromiso con la búsqueda de la paz y la justicia social" dice Piedad
Córdoba al responder señalamientos por sus palabras ante los indígenas y
campesinos de Miranda el 28 de junio de 2012.
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Hace
un mes, en mi calidad de dirigente política y social, expresé en el municipio
de Miranda, Cauca, mis puntos de vista acerca de los derechos de la población.
Hoy, me he enterado de la polémica que dicha visita generó, debido a unas
imágenes editadas y publicadas por algunos medios de información que las recibieron
de fuentes oficiales.
Conociendo
las reacciones del presidente del Partido, Sr. Simón Gaviria, en las que se
refiere a mis palabras como alejadas de los postulados ideológicos del Partido
Liberal, y las del procurador Alejandro Ordóñez, que junto con algunos otros
altos funcionarios piden se me procese por diferentes delitos, deseo manifestar
que estoy dispuesta a aclarar mi responsabilidad jurídica y política, y ante
todo mi responsabilidad moral con Colombia.
En
tal sentido, es irónico que quienes han promovido de una u otra forma
decisiones políticas a espaldas de los intereses del país, indiferentes a las
injusticias, exclusiones,
discriminaciones que viven cientos de comunidades
indígenas, campesinas, afro descendientes, sectores urbanos empobrecidos,
sectores medios, mujeres, y personas con diversas opciones sexuales, y en general
amplios sectores sumidos en la desigualdad, se asuman como jueces, desbordando
nuevamente sus competencias o pretendiendo ganar legitimidades para sus
intereses.
Me
acusan de “instigar al delito”, "asonada", "concierto para
delinquir" e "incitar a la violencia" por referirme básicamente
al retiro de las bases militares que ponen en peligro a la población y por
sumarme al llamado que pide la revocatoria del Congreso y que algunos sectores
plantearon al mandato del Presidente.
Mis
declaraciones son legítimas, justificadas y precisas, y acuden al supremo
recurso del pensamiento y la libertad de opinión que convoca la acción
civilista y pacífica, como lo vengo sustentando sin dobleces hace muchos años,
siempre en el marco de los principios de un Estado democrático moderno.
Parte
de ese legado histórico del derecho y
del humanismo se encuentra en obras y valores incluso anteriores a la
Revolución Francesa de 1789, en Tomás de Aquino, Tomas Moro, Pedro Claver. O en nuestra historia, basta detenerse en
pasajes de la vida de José Antonio Galán, asesinado en 1782, hace 230 años, o
en el pensamiento de Gaitán, Uribe Uribe, López Pumarejo. O en una mirada universal al repasar la obra
de Henry David Thoreau sobre la desobediencia civil, o a autores como Mahatma
Gandhi o Martin Luther King.
Porque
evidentemente en la modernidad, en un Estado de Derecho se comprende con
nitidez la diferencia entre los delitos que desean se me imputen instigación y
la legitimidad de la actuación en libertades, en conciencia y en Derecho.
Lo
que he hecho, en relación con la situación que padece el norte del Cauca, y
también, otras regiones, es recordar que hay al menos dos derechos de primer
rango a los que la población no puede ni debe renunciar:
1.- El derecho
humanitario, que prohíbe que las partes contendientes, sean militares o
guerrillas, se instalen entre la población civil para convertirla en escudo,
protegiéndose indebidamente, exponiéndola o haciéndola objetivo de acciones
bélicas.
El
derecho internacional es claro en este aspecto, por lo tanto invito a un debate
público, pluralista y respetuoso de las diferentes posturas jurídicas y
políticas sobre esta materia. Colombia necesita un cambio en la política, cuyo
primer objetivo debe ser no acrecentar más la militarización y el saqueo, sino
abrir la puerta para un diálogo de todo el país, de todos los sectores, de
todas las regiones porque son necesarios la paz y el logro de la justicia social.
2.- El derecho a la
protesta, a la opinión, a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia,
respaldado en el pensamiento humanista liberal y social. Se expresa, en este
caso, de dos maneras: en primer lugar llamando a la defensa pacífica por y
desde la población civil atacada, velando por su protección, su libertad,
derechos y recursos, desde su propia cosmovisión, a favor del territorio que
está siendo militarizado y cruzados por dos modelos de desarrollo de la guerra.
En segundo lugar, adhiriéndome al torrente que muchos ciudadanas y
ciudadanos han desatado, de la necesidad
de revocar el mandato de poderes que no están salvaguardando intereses sociales
o públicos sino amparando solamente los intereses privados.
En
el transcurso de mi quehacer político siempre he acompañado las justas
reclamaciones en derecho de comunidades
indígenas, de campesinos, de mujeres, de afro descendientes; así como otras expresiones para que los
derechos de los colombianos sean una realidad.
Mi
presencia en Miranda, respondió al acompañamiento solidario, humanitario y
humanista que durante años he realizado a procesos políticos y sociales y mi
compromiso con la búsqueda de la paz y la justicia social.
Es
claro y es un menosprecio a su memoria ancestral, su creatividad y valentía,
que las comunidades indígenas, quienes padecen, como otros sectores, el
conflicto armado claman por la humanización y la paz, que sus movilizaciones,
que han desarrollado por sí mismos hace muchos años, sin mis expresiones de
solidaridad y de preocupación, en el Cauca y decenas de regiones del país, son
una prueba de esa firme voluntad colectiva que busca hacer realidad el sagrado
Derecho a la Paz, que consagra el artículo 22 de la Constitución Nacional.
Estas
manifestaciones, al igual que las campesinas y afrodescendientes, y de otros
sectores de la sociedad, indican
la necesidad de dialogar, ante los costos en vidas y daños irreparables
para los civiles, para los combatientes de los bandos enfrentados, para la
economía del país, por los efectos sociales y ambientales que hacen inviable
una sociedad reconciliada en una democracia profunda.
Los
momentos que vivimos de crisis en diversos planos son una invitación al país, las
colombianas y colombianos sin distinción, en decidir por la búsqueda de la paz
en una democracia política, social, ambiental o una guerra prolongada, o la
esperanza o un aniquilamiento lento, doloroso, inhumano, destructivo.
Piedad
Córdoba Ruiz.
28
de julio de 2012
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