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martes, 17 de mayo de 2016

Análisis. El papel de las Naciones Unidas en el proceso de paz en Colombia

Los puntos de concentración de los integrantes de las Farc-Ep, al hacer su tránsito a la vida legal, es uno de los aspectos clave de lo que falta por concretar en la Mesa de Conversaciones de La Habana. (Foto: primiciadiario.com).

La ONU y la verificación
del cese bilateral del fuego

Es necesario aclarar la modalidad de concurrencia de la ONU, no solo para verificar sino para hacer valer los pasos cruciales del cese el fuego bilateral y dejación de armas que redunden en su cumplimiento y que impidan el avance de fuerzas destructoras de los acuerdos que tratan de impulsar a los nuevos actores armados de derecha para acabar con el proceso de paz. El gran problema es que el neoparamilitarismo puede torpedear los últimos pasos del proceso. En estas circunstancias, las labores de verificación de la ONU se verían retrasadas o suspendidas y nuevamente Colombia no podrá ser ayudada por este organismo mundial que, en 52 años, no ha podido llevar a cabo una tarea efectiva para evitar el desangre nacional. Aquí es donde puede operar la ONU, a fin de vigilar que se lleve a cabo la decisión del Consejo de Seguridad y se garantice la vida de los excombatientes.

Por Alberto Ramos Garbiras (*)
Una pregunta recurrente en los últimos 16 años que se han hecho los académicos, gobernantes, dirigentes políticos, entre otros, es esta: ¿por qué la ONU no ha intervenido de manera eficaz para ayudar a solucionar esta guerra interna que lleva 52 años sin resolverse?


La ONU tiene entre sus propósitos, artículo 1 de la Carta de San Francisco, “Realizar la cooperación internacional en  la solución de los problemas internacionales y en el desarrollo y respeto de los derechos humanos”. Es claro que dentro de los principios de la ONU prima el arreglo pacífico de las controversias internacionales; el artículo 2 con 7 literales contempla dos que debo resaltar, los literales E y el G, allí puede encontrarse una explicación a su pasividad respecto al conflicto interno que ha desestructurado a Colombia. El literal E se refiere a la forma de asistir a la organización multilateral cuando estuviere ejerciendo una acción preventiva o coercitiva; y el literal G expresamente alude a la no intervención de la ONU en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.

Hasta allí se entiende que no hayan intervenido sino de forma aleatoria, circunstancial u ocasional. Pero desde el año 2002 hasta el 2010, dentro de los dos gobiernos de Uribe Vélez, cuando el conflicto interno se desborda hacia las fronteras de los países vecinos y surge una crisis regional de ribetes conocidos, el conflicto pasa a tomar una forma diferente que a la luz de la jurisprudencia internacional configura una guerra internacional, y tampoco ha intervenido de manera eficaz.
Colombia hace parte de la ONU desde  1945 y cumple con todas las obligaciones, tenemos embajador ante la ONU, pagamos las cuotas de membresía, acatamos las resoluciones, asistimos a la Asamblea General cada año, hemos tenido asiento transitorio en el Consejo de Seguridad, etc.

Durante varios gobiernos se han formulado propuestas para que la ONU participe más a fondo, unas descabelladas, otras fallidas, otras no viables, y todo ha sido infructuoso. Uribe como gobernador de Antioquia planteó que se convocara a los cascos azules (sin saber que solo son un ejército de disuasión y ayuda humanitaria); en otro momento se propuso activar la Comisión de Encuesta; en otra época se invocó la presencia del relator especial; han invocado la intervención de la Corte Penal Internacional, CPI; en el año 2003 se  formuló la propuesta de la Fundación Seguridad y Democracia para que la ONU enviara una fuerza multilateral de carácter preventivo que ubicara tropas en las fronteras para evitar el desbordamiento del conflicto hacia los países vecino; se han suscrito convenios para la erradicación de cultivos ilícitos; la incorporación y veedurías para la operatividad del Derecho Internacional Humanitario y su cumplimiento; hemos tenido asistencia humanitaria para los desplazados del conflicto interno con las dependencias de Acnur; se ha logrado asistencia alimentaria de la FAO, ayudas de la Unicef para la infancia; programas de desarrollo , etc. Y todos han sido llevados a cabo pero de manera parcial, preliminar, a medias, infructuosos o fallidos.

Lo acordado
Recientemente Juan Manuel Santos logró la presencia de un delegado de la ONU, el señor Jean Arnault, quien tiene experiencia por haber hecho parte de misiones de observación en Georgia, Afganistán, Burundi y Guatemala. Desde enero 19 de 2016 el Gobierno colombiano y las Farc solicitaron a la ONU que conformara una misión de observadores para verificar los dos aspectos encomendados: 1) alto el fuego definitivo y 2) dejación de las armas. El mecanismo aprobado es tripartito: delegados del Gobierno, de la guerrilla y del Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Grupo de verificación tripartito para dirimir controversias, realizar recomendaciones y presentar informes. Se determinó en la Resolución No 2261 del Consejo de Seguridad, proyectada por el británico Matthew Rycroft, empezará a operar una vez se firmen los acuerdos de paz. La misión no tendrá un carácter militar y funcionará un año. Como no se firmaron los acuerdos el 23 de marzo, el mecanismo quedó en suspenso. Desde los primeros días de marzo de 2016 llegó a Colombia un equipo de la ONU (diez personas con el liderazgo de Jean Arnault) para diseñar la planeación tendiente a la verificación. La misión recibirá la colaboración del grupo de apoyo Mapp-OEA que ha evaluado de tiempo atrás los casos de reconfiguración de los fenómenos de la violencia. Nuevamente surge entre todos los entendidos una pregunta: ¿Qué utilidad y efectividad tendrá esta intervención aceptada por la organización multilateral?

Este proceso de paz que ya lleva tres años y siete meses ha tenido el componente de la internacionalización como forma de cooperación para la solución del conflicto, desde el principio por la presencia de los países amigos como buenos componedores : Cuba, Chile, Venezuela, y Noruega. Y en la fase final, desde el año 2015, la presencia de delegados internacionales de Unasur, la ONU, la Unión Europea, los EE.UU. y Alemania. Con el ingreso del ELN a los diálogos, Ecuador es el otro país que entra al realizar un acompañamiento.

La internacionalización del conflicto colombiano es notoria dentro de este proceso de paz. Así, ha ganado notoriedad y preocupación mundial. Ello no quiere decir acatamiento de las fuerzas insurgentes de plano porque esa justicia internacional tampoco opera con eficacia. Donde ha operado tarda más de diez años en producir efectos. Y los internacionalistas saben que el derecho internacional tampoco ha podido frenar el desorden mundial respecto a Estados que usan la fuerza de manera ilegal cayendo en el campo del terror estatal. Entonces en nuestro conflicto colombiano para la solución las partes conocen que no opera la justicia ordinaria tradicional, ni los estados de excepción, ni el DIH; y se busca diseñar una justicia transicional. Así, las transacciones para la transición están a la orden del día. En La Habana y en la ONU los delegados harán el trabajo de “manicuristas y estilistas”, para no hacer el papel de chaperonas invidentes.

Es necesario identificar y aclarar la modalidad de intervención internacional dentro del proceso de negociación y la concurrencia de la ONU no solo para verificar  sino para hacer valer los pasos cruciales del cese al fuego y dejación de armas, que no se queden en protocolos, actas, constancias notariales, sino que redunden en respeto y cumplimiento, e incluso que impidan el avance de fuerzas destructoras o demoledoras de los acuerdos que tratan de impulsar a los nuevos actores armados instrumentalizados por la derecha para acabar con el proceso de paz.
En Colombia hay un caos humanitario por el número flotante de desplazados que existe (casi siete millones en los últimos años, una población equivalente a la de Bogotá, que deambulan como miserables y NN vivos por todos los tugurios y casas de hacinamiento de Colombia), y hay también una barbarización con la violencia aplicada en la etapa final, en la que han aparecido grupos franquiciados para el control territorial, jalonados por un clan como el de los Urabeños, un grupo amorfo que extiende el caos. Esa población que deambula por todo el país, la mayoría sin lograr el retorno a sus terrenos (los siete millones), es igual o superior a la población de refugiados y expulsados de varias guerras alrededor del Viejo Continente que tienen en crisis a la Unión Europea hoy, sin resolver aún los cupos migratorios de ayuda humanitaria y ponen en vilo esa política por la radicalización del terrorismo agenciado por el califato islámico.

La ONU tendrá que aplicar un mecanismo de intervención para evitar un rebrote del conflicto hacia las fronteras vecinas (Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú, Brasil). Así, como el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la verificación sobre esa Resolución, podría ampliarla con el envío de una fuerza de control, contención y apaciguamiento que evite la destrucción del proceso de paz y la consiguiente prolongación de la guerra. Ese efecto negativo en las fronteras de países que también hacen parte de la ONU le da al conflicto una internacionalización de facto, sin ser una guerra binacional o internacional, pues sigue siendo un conflicto interno, pero las repercusiones compelen a la ONU a intervenir con mayor rigor que la mera acción notarial de verificación. Con la presencia de las fuerzas Peacekeeping Operation, a fin de vigilar que se lleve a cabo la decisión del Consejo de Seguridad y así ejecutar una verdadera operación de Paz. 

Habría que acudir a la doctrina y jurisprudencia internacional para sopesar cuándo un conflicto interno que rebasa las fronteras contiguas se desdobla en internacional, como en el caso Tadic, donde se  probó el involucramiento de Yugoslavia en los conflictos  internos de Bosnia-Herzegobina y Croacia; o el caso Rajic, que demostró que la injerencia directa de las fuerzas armadas de un Estado en apoyo a organizaciones armadas de oposición en otro Estado convierte el conflicto interno en uno de carácter internacional; o en el caso de Nicaragua y los contras antisandinistas por el apoyo de los EE.UU., que la jurisprudencia internacional los valoró como agentes norteamericanos de facto.

La ONU ha adelantado misiones similares en Liberia (año 2003) para apoyar los acuerdos de cesación del fuego, proteger a la población civil, apoyar con asistencia humanitaria; en Timor Oriental (año 2002) para proporcionar asistencia por dos años; en Nepal, al final del conflicto entre una monarquía avejancada y los rebeldes maoístas, la ONU hizo presencia (año 2006) con un comité de coordinación y monitoreo; también en Etiopia y Eritrea (año 2000), cuando se firmó el acuerdo de paz, revisaron el cese de hostilidades. Supervisando la ONU todos lo pactado en los diálogos, sirvió para garantizar los compromisos de seguridad  y establecieron un mecanismo para confirmar el alto al fuego; también en Kosovo (año 1999), entre otras actividades, para: restablecer el orden, coadyuvar a la normalización del trabajo en las esferas de la administración civil, verificar el establecimiento de formas democráticas de autogobierno, etc. Otras misiones similares se han llevado a cabo en el Congo (1999), Georgia (1993); Marruecos contra el Frente Polisario (1991); en El Líbano (1978), para verificar el retito de tropas de Israel; en la zona del Golán (1974), para el retiro de las tropas de Siria e Israel en 1964, y  para evitar la prolongación de la lucha entre Chipre y Turquía.

El injerencismo estadounidense
Dentro de mi libro titulado Conflicto interno, fronteras y crisis diplomática, planteo cómo el conflicto armado en Colombia adquirió cada vez características diferentes: del foco guerrillero a los frentes estratégicos; luego la eclosión de guerrillas rurales y urbanas adscritas a ejes internacionales; la guerra de guerrillas como constante; la guerra de posiciones, la guerra de movimientos; la guerra ambigua, y finalmente, el accionar de la guerrilla y los efectos fronterizos internacionales. Desde el Departamento de Estado de los EE.UU. enfocaron el conflicto interno colombiano como un problema de seguridad regional, y por el relacionamiento de algunos frentes guerrilleros con zonas cocaleras, como un asunto de lucha contra los narcóticos. La exsecretaria de Estado Madeleine Albright escribió el 10 de agosto de 1999 en el New York Times que “el conflicto colombiano tiene una dimensión regional, pues la delicada situación del país se extiende más allá de la frontera y tiene implicaciones para la seguridad y estabilidad de toda el área”.

Marc. W. Chernick, profesor de ciencia política en Georgetown University, en su ensayo sobre las dimensiones internacionales de los conflictos internos, sostiene que desde 1989 con más notoriedad, los EE.UU. han convertido el combate contra el narcotráfico como la principal misión militar en la región. El ex presidente Bush anunció una estrategia andina contra el narcotráfico que inicialmente canalizaría 439 millones de dólares para Colombia, Perú y Bolivia. Al mismo tiempo, personal militar fue enviado a la región: tropas militares estadounidenses construyeron y operaron sistemas de radar en las selvas y a lo largo de las costas de Colombia; la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, construyó una base en el Valle del Alto Huallaga, en el Perú; especialistas del ejército de Estados Unidos entrenaron soldados andinos y asistieron en la lucha contra las guerrillas, con base en las zonas de cultivo de drogas (Chernick, 1998). El autor se apoyó en los datos y análisis de Bruce Bagley publicados dentro del escrito “Myths Of Militarization: enlisting armed forces in the war on drugs” (1992).

Una reflexión sobre la problemática se llevó acabo en Carlisle (Pennsylvania) durante los días 12 y 13 de noviembre de 1999 en las instalaciones del Colegio de Guerra del Ejército estadounidense; allí se reunieron militares, académicos, representantes de la sociedad civil, funcionarios de los gobiernos de Colombia y EE.UU., y en el marco de la conferencia Guerra y Paz en Colombia: Estrategias para un Conflicto Ambiguo, produjeron recomendaciones y proclamaron el apoyo y el entendimiento nacional e internacional sobre la crisis.

Indudablemente no se registró en Colombia una  guerra exterior que en ciencia política se llama guerra internacional, porque ningún país le  declaró la guerra a Colombia, ni viceversa. Pero hemos mantenido una intervención externa sin guerra externa (con el único país que se especula podrían existir fricciones internacionales era con Venezuela). La intervención ha tenido ribetes de ayuda militar, porque los países vecinos evaluaron que Colombia más que una amenaza como país, incuba y porta factores de desestabilización institucional para el área, colocó en riesgo los procesos de redemocratización en los estados andinos y por ende la integración económica y las políticas de cooperación.

Dentro de este cuadro, los EE.UU. alentaron la formación de un bloque militar subregional para no intervenir directamente sino de manera aleatoria e indirecta evitando colocar sus propias tropas para combatir, utilizando la de los países fronterizos; así pueden vietnamizar el conflicto sin exponer en tierra los contingentes con sus hombres, eludiendo la presión interna de las familias y ONG norteamericanas que repelen las intervenciones exponiendo a sus hijos y ciudadanos en varios países.
 
Entonces, la intervención norteamericana no se  produjo de manera directa como en Vietnam o Granada, ni con ataques aéreos como en Kosovo. Se  presentó como una mezcla de las intervenciones en El Salvador y Nicaragua: entrenando militares, aportando capital, reforzando el país con más asesores, con el Plan Colombia (ya llevan mucho tiempo aquí funcionarios de la DEA, la CIA y el Ejército), y con un elemento nuevo: utilizando las tropas de los países colindantes a la manera de cordón sanitario: forma hábil de sitiar el país sin colocar sus tropas.

La táctica norteamericana de conformar un cordón sanitario fue una nueva variable de la contención; doctrina expuesta por el diplomático G. Kennan después de la Segunda Guerra Mundial, y acogida oficialmente desde 1947 por el presidente Truman para colaborar con el gobierno griego en la resolución de la guerra civil. De la misma manera Truman aplicó la contención norteamericana para disminuir la presión soviética contra Turquía (Ramos, 2008).

“De tal modo, el presidente norteamericano prefiguró tanto los sucesivos programas de ayuda de los Estados Unidos a los países no comunistas como el nacimiento de los sistemas de alianzas colectivas bajo el liderazgo de Washington, y también, finalmente, las intervenciones militares directas estadounidenses, donde se hubiera presentado la ocasión. La política de contención responde teóricamente a algunos postulados precisos: la contraposición entre diferentes concepciones filosóficas y la relativa convicción de la indivisibilidad de las mismas; por consiguiente la necesidad de proceder al reagrupamiento de todos aquellos que profesan el mismo tipo de ideología en el interior de sistemas de seguridad colectiva, y al aislamiento de aquellos que profesan la ideología contraria; la convicción de que el mantenimiento del status que sea la única condición de la paz, sobre y fuera de las organizaciones mundiales internacionales y de tutelar la conservación de la paz; la asunción del rechazo de la ideología adversaria como verdadera y propia ideología autónoma” (Ostellino 1987).

En Colombia la intervención estadounidense con el Plan Colombia, desde los aportes financieros y la asesoría militar, y los apoyos aéreos para  bombardear, permitirían una revaloración  para lograr ver el conflicto como de carácter internacional, no por los observadores, sino por los intervinientes que en diferentes momentos atizaron la guerra contra la cocaína, siendo esta el combustible de la misma guerra que, antes de combatirla más, habría que legalizarla para que se acabe la guerra, al quedar todos sin piso de financiación. La intervención ha sido un fantasma que rondó al país y seguirá siendo hasta que termine el conflicto.

Pero ahora en el momento en que la ONU se apresta a intervenir, en la etapa final del proceso de paz, aflora en Colombia con claridad una organización armada colectiva, amorfa y con varios tentáculos que no es propiamente una organización paramilitar clásica (como hasta hoy se conoce), es un símil de esos grupos, pero más complejo de enfrentar. Los Urabeños de Bacrim se desdoblaron en una sumatoria de varios grupos delincuenciales descompuestos, reciclados, rearmados y extendidos que giran alrededor del narcotráfico a nivel macro y micro, sin ideología, sin proyecto político, pero con dominio territorial.

El neoparamilitarismo
Los Urabeños se formaron como una Bacrim (banda criminal) de carácter territorial, de allí han resultado clanes. Estas bandas aparecieron después del proceso de desmovilización paramilitar en el segundo Gobierno de Uribe Vélez. Poco a poco el gran clan se fue extendiendo y nucleando a exparamilitares, exguerrilleros del EPL, del ELN, de las Farc, de otras Bacrim que no resistieron la presión de la Fuerza Pública, al disolverse se articularon aquí. Por esta explicación no se trata de paramilitarismo con los moldes conocidos en Colombia durante los últimos 25 años; se trata de una nueva forma que podríamos mirar y estudiar como neoparamilitarismo, porque no tiene cohesión y financiación de un solo sector económico (ganaderos, bananeros, terratenientes, azucareros, etc.) o de un consorcio con enclave económico: petrolero, minero u otro. El nuevo clan o multiforme organización armada tiene vuelo propio y proyecto económico multipropósito: narcotráfico, extorsión, minería ilegal, secuestros…

Este tipo de fenómeno se alimenta de todos los descontentos y exclusiones, captando adeptos que buscan lograr movilidad social personal, enriquecimiento ilícito, subsistencia familiar, etc. En este contexto este neoparamilitarismo sirve también como mano de obra armada para torpedear los procedimientos de restitución de tierras y generar nuevos desplazamientos.

Y digo aflora con evidencia el fenómeno porque existía de manera más fragmentaria en los últimos 7 años. El gran problema ahora es que su configuración ya detectada en esta dimensión puede entrar a torpedear en la práctica los últimos pasos del proceso de paz: el cese al fuego bilateral definitivo, la dejación de las armas y la reinserción de las Farc que, ante la apertura del dialogo con el ELN, hace repensar los mecanismos planteados, y eventualmente frenar los avances para el fin del conflicto.

En estas circunstancias las labores de verificación de la ONU se verán retrasadas, obstaculizadas o suspendidas y nuevamente Colombia no podrá ser ayudada por este organismo mundial que en 52 años no ha podido llevar a cabo una tarea efectiva para evitar el desangre nacional y alcanzar la paz que impide el funcionamiento de la justicia y la economía.

Las zonas de ubicación
Un tema polémico es el de las zonas de ubicación de las Farc como primer paso de la desmovilización y coetáneo a la dejación de las armas y antes de partir a los lugares de reinserción.

Se ha hablado de siete zonas ubicables en lugares donde la guerrilla ha operado desde hace muchos años y tiene influencia, en los departamentos fronterizos con Ecuador, en el centro del país; en los departamentos de Meta y Antioquia; en Arauca y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, y también en la región del Pacífico.

Estos sitios deberán estar custodiados, vigilados al máximo para evitar un ataque de contrarrevolucionarios, de paramilitares o de fuerzas que quieran romper el  proceso. Sitios identificados como viables para moverse a zonas de abasto, mercados, con vías carreteables y disposición de puestos de salud. La ONU tiene allí el trabajo de verificación y la Celac, el de acompañamiento.
El criterio de las Farc es que no pueden ser campos de concentración, ni encierros sin posibilidad de contacto con los moradores para hacer trabajo político previo a la desmovilización definitiva.

Sobre los procedimientos de manejo de estas zonas hay especulaciones sobre su conveniencia, inconveniencia y permanencia. Debe establecerse un reglamento que impida incumplimientos, sorpresas y saboteos. Y existe duda sobre la vigilancia, porque consideran que si lo hace solo la Fuerza Pública podría darse un ataque súbito impostado; entonces se piensa en dejar con armas un grupo de la guerrilla que haga el papel de escoltas y sea combinada la vigilancia.

De todas formas, debe haber protección para evitar una masacre. Con anillos de seguridad para todos los intervinientes. Aquí es donde puede operar la ONU con una fuerza  de Peacekeeping Operation: a fin de vigilar que se lleve a cabo la decisión del Consejo de Seguridad y se garantice la terminación del proceso de paz.

El planeta tierra con todos los gobernantes estatales se enfrenta a dos problemas globales: el calentamiento global y el terrorismo global. El conflicto interno colombiano por razones distintas reproduce estos dos problemas y los agrava.

1) la depredación y afectación del medio ambiente con daños incuantificables a los recursos naturales que conlleva la guerra interna con la voladura de oleoductos, contaminado ríos y suelos; la deforestación por talas para extender cultivos ilícitos, laminería ilegal dañando ecosistemas, etc.

2) el terrorismo nacional como forma de lucha complementaria practicado por las guerrillas, barbarizó el conflicto, y pese al reconocimiento de contendores políticos armados dado por este proceso de paz, la solución a todas esas afectaciones depende del resultado final con la dejación de armas y el cese bilateral del fuego. Para después, seguir el Estado combatiendo a los actores organizados no políticos. A las organizaciones criminales y mafias dispersas que mueven la violencia común. Sin contar a la gama de delincuentes que alteran la vida urbana.

Bibliografía:

El Tiempo. “Qué es Negociable con las Farc”, pág. 8, domingo 25 de abril de 1999.

Ostellino Piero. Concepto de contención. Diccionario de la Política. Compilación de Norberto Bobbio y Nicola Matteucci. Siglo XXI Editores. Redactor Gianfranco Pasquino. Quinta edición, 1987.

Ramos Garbiras Alberto. Conflicto interno, fronteras y crisis diplomática, libro publicado por la Universidad Libre, Departamento de Publicaciones, Artes Gráficas del Valle”, Cali, 2008.

(*) Magister en ciencia política de la Universidad Javeriana; doctor en realidad política latinoamericana, Universidad Nacional (Uned) de Madrid, España; profesor de derecho internacional de la Universidad Libre.


Cali, lunes 2 de mayo de 2016.

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