La
derecha tras la capucha
Por
Luis Brito García (*)
En un relato de Gabriel García
Márquez figura una pensión que en lugar de excusados ofrece máscaras para que
sus clientes hagan sus necesidades en plena calle. Esconde el rostro quien se
averguenza de sus acciones ¿Qué esconde el terrorismo encapuchado en Venezuela?
Una conjura de los medios
nacionales e internacionales pretende presentar a los terroristas como
“estudiantes” y “pacíficos”. Las cifras dicen otra cosa. A principios de mayo,
la Fiscal Luisa Ortega Díaz revela que desde el 12 de febrero fueron
detenidas unas 800 personas, la mayoría de ellas sólo retenidas para evitar que
continuaran con los actos violentos y liberadas a las pocas horas, de las
cuales unas 174 quedaron en definitiva privadas de libertad mientras avanzaban
las averiguaciones. De estos detenidos, apenas 12 eran estudiantes, menos del
7%. También a principios de mayo las autoridades allanan varios campamentos
establecidos en la vía pública para mantener focos de perturbación permanentes,
y detienen 243 personas. No más de un 20% de ellas eran
estudiantes. El cuerpo de vigilantes de la Universidad Central de Venezuela
detiene en el recinto a cinco violentos con armas. Sólo uno era estudiante,
pero de otra universidad. La rectora hace despedir a los vigilantes por cumplir
con su deber.
La Fiscal General de la
República, Luisa Ortega Díaz, revela el viernes 9 de mayo que 49 de las
190 pruebas de toxicología que le fueron practicas a los opositores
detenidos en el desalojo de los campamentos dieron positivo en consumo de
drogas. Cerca de una cuarta parte de los examinados estaba bajo el efecto de
estupefacientes. No parece comportamiento ejemplar de ciudadanos
dedicados a la defensa de sus derechos políticos. ¿Quieren tomar el poder para
imponer al resto de la población sus modelos de conducta?
El ministro de Interior y
Justicia declara que entre los detenidos figuran 58 extranjeros. De ellos
21 son comprobadamente paramilitares colombianos, otros tienen órdenes de
captura en Interpol, otros son terroristas buscados en el Medio Oriente:
algunos estaban en posesión de arsenales de armas y sustancias incendiarias,
muchos tienen prontuarios de narcotráfico o terrorismo internacional. Es el
método largamente probado en Nicaragua, Líbano, Libia, Siria, en tantos otros
sitios: inundar de mercenarios extranjeros armados países pacíficos, para
legitimar destructivas intervenciones externas ¿No hay venezolanos para
hacer oposición política? ¿De triunfar estos forasteros, ejercerán sus
pacíficas profesiones desde el poder?
Basándonos en análisis de
noticias de medios de comunicación, e informes de la Red de Apoyo
por la Justicia y la Paz, Provea, Amnistía Internacional, Red de
colectivos La Araña Feminista, del Centro para la Paz y los
Derechos Humanos de la UCV, del diario web Aporrea, del informe escrito
por el periodista Luigino Bracci el 15 de abril de 2014 y de compendios
realizados por el comunicador Modesto Emilio Guerrero, llegamos a un conteo
todavía provisional de víctimas fatales entre el 12 de febrero y mediados de
abril.
Tras la capucha, mienten los
medios internacionales y nacionales, se ocultan seres “pacíficos”. La violencia
que desencadenan desde el 12 de febrero arroja un saldo de 42 muertos. Éstos se
pueden separar en las categorías siguientes: 1) 20 víctimas fatales
bolivarianas, que comprenden: 9 militantes del PSUV y agrupaciones sociales
afines, 10 miembros de cuerpos de seguridad pública del Estado (GNB, PNB
y el SEBIN) y 1 fiscal del Ministerio Público. 2) 15 ciudadanos cuya
filiación política no se conoce, víctimas de diversos episodios de violencia 3)
el resto de víctimas fatales se podrían adscribir a la oposición, de los cuales
sólo 8 fallecieron por actos imputables a las autoridades, y 7 fueron víctimas
de incidentes o peleas debidas a sus cortes viales, o de sus
propios actos: uno murió al accionar un mortero improvisado, otro se
electrocutó al reponer un obstáculo para una barricada, un tercero cayó
desde la azotea de su propia casa. No incluimos en este listado asesinatos
horrendos cometidos contra bolivarianos o contra personas notables con
presumible intención terrorista, pero en relación con los cuales no hay todavía
pruebas definitivas.
Es significativa la
desproporción. De las 42 víctimas fatales unas 20, casi la mitad,
pertenecen al bolivarianismo, entre ellas 11 funcionarios que cumplían
con su deber; y otras 15 no tienen filiación política conocida pero fallecen
por causa de la violencia opositora. En la oposición habría unas 15
víctimas fatales, cerca de la tercera parte del total, pero sólo 8 debidas en
forma directa a actos de las autoridades, menos de la sexta parte de las
fatalidades. Todos estarían hoy vivos de no haber elegido la oposición el
camino de derrocar por la violencia al gobierno legítimamente electo.
Ello desvirtúa la idea de que la
violencia homicida pueda deberse a “estudiantes”, “desarmados” y mucho
menos “pacíficos”. Parte considerable de las víctimas entre los
bolivarianos perecieron por disparos en la cabeza, a veces realizados desde
larga distancia. Una estudiante opositora falleció de un tiro en la nuca,
obviamente asestado desde las propias filas de la manifestación con la que
marchaba. Una artesana y una joven embarazada fueron abatidas con disparos de
armas largas. No son tácticas de estudiantes, desarmados y menos pacíficos.
Tampoco lo son el incendio y destrucción de cerca de un centenar de unidades de
transporte colectivo, de varias centrales eléctricas, ni el incendio de
universidades, bibliotecas y de dependencias públicas, una de ellas
con 89 niños de un preescolar adentro. No, una primera mirada debajo de la
capucha revela una delincuencia terrorista, profesional, en buena parte foránea
y mercenaria.
La incidencia de muertes sigue
como una sombra al dominio político derechista. Señala Emilio Guerrero que el
52% de las víctimas cayó en la Capital, que de 12 víctimas en ella, 9
perecieron en las urbanizaciones del Este donde los alcaldes opositores y sus
policías protegen a los terroristas; que en Mérida murieron 4 y en San
Cristóbal 6. Hay otras 3 víctimas en Aragua, en barrios controlados por
Voluntad Popular y 2 en Maracaibo, cuya alcaldía es opositora. Es mentira que
se trate de una insurrección nacional: sus víctimas caen en un escaso número de
urbanizaciones capitalinas de privilegiados con autoridades y
policías opositoras cómplices de los victimarios, y en los estados cercanos a
la frontera, en donde han sido detenidos paramilitares y sicarios.
Ninguna proclama, ningún
manifiesto, ningún plan de gobierno ha sido esgrimido como excusa para esta
hecatombe, salvo la propuesta de que quien gana las elecciones no debe
gobernar. Ocultamos nuestros propósitos cuando son más inconfesables que
nuestros actos. Una masiva campaña de destrozos y asesinatos no se
mantiene durante más de tres meses sin complicidades ni financiamiento.
Numerosos detenidos han confesado que recibían pagos de mil bolívares por día,
y de tres mil si participaban con motocicletas ¿Levantamos un poco más la
capucha terrorista? Tras ella atisban la CIA, la USAID y la NED, las mil y una
ONGs creadas para distribuir sus fondos y los de los empresarios para pagar
mercenarios, los partidos opositores que no han condenado el terrorismo,
la Fundación Internacionalismo para la Democracia, de Alvaro Uribe
Vélez, el Paquete Neoliberal que privatizará PDVSA y la educación, la salud y
la seguridad social y traerá de regreso los niveles de pobreza de 70% del siglo
pasado. Te conozco, mascarita. No me trates de engañar.
(*)
Periodista y escritor venezolano.
http://www.contrainjerencia.com/?p=87744
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