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domingo, 25 de mayo de 2014

Ensayo. Cómo cerrar la brecha y mitigar años de confrontación


Los diálogos de La Habana y el posconflicto

Estamos frente a una de las posibilidades más reales en muchos años de poder superar el conflicto armado en nuestro país. Tanto el Gobierno como las Farc-EP han hecho gestos de querer superar la guerra. Urge aclarar el alcance del diálogo y abordar iniciativas para el posconflicto. No se trata de soñar despiertos, se trata de pensar un país diferente del que nos tocó. No es fácil, pero tampoco imposible.

Por Juan Carlos Lozano (*)
La negociación política es vista de manera negativa por muchos, gracias a la fallida negociación del expresidente Andrés Pastrana Arango.  Sin lugar a dudas, nadie se baña dos veces en el mismo río.  Nuestro país ha cambiado desde aquella negociación del Gobierno y las Farc en San Vicente del Caguán, las reformas legislativas así lo indican: Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras; la reforma constitucional conocida como Marco Jurídico para la Paz, que pretende establecer “instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del Artículo 22 de la Constitución  Política”[1], dan muestra de voluntad de paz. 


Colombia tiene casi 50 años de confrontación, siendo el gobierno Uribe Vélez aquel que recrudeció y desdibujó la realidad nacional al imponernos a todos una visión alterna de la realidad del país, al introducirlo en la corriente norteamericana del señor Bush Jr. y su lucha contra el terrorismo donde quiera que éste se encuentre; simpatizamos (Gobierno Uribe) en aquellos días con la doctrina peligrosa de la guerra preventiva.  Pasó el tiempo y llegamos a un gobierno igual, pero con cara más amable. Ya pasaron los días del fin del mundo de la cosmovisión uribista, los gritos y las ofensas quedaron atrás. La salida política vuelve a tener espacio en la propuesta del Ejecutivo.  La crítica recurrente que advierte la falta de voluntad política para llevar a cabo una negociación seria fue parcialmente superada por los diálogos exploratorios del Gobierno Santos que comenzaron bien, en privado con delegados de ambas partes fuera del país, algo que resulta vital dado el experimento fallido de las zonas de distensión, primero el Caguán y luego Santa Fe de Ralito.  La agenda es clara a pesar de que siguen las confrontaciones.  Por tanto, cinco son los puntos a discutir:

1. Política de desarrollo rural: punto trascendental en la agenda. Esta política debería ser entendida como la democratización del acceso a la tierra, formalización de propiedad, además de llevar desarrollo a regiones inhóspitas sumidas en la miseria. 

2.  Participación política: es uno de los temas de mayor importancia y complejidad.  Estos diálogos son posibles por el reconocimiento del otro como interlocutor válido. Sin embargo, el antecedente es negativo.  En el año 1984, en la Uribe, Meta, se acuerda la búsqueda de una salida política al conflicto. De esta manera nace la Unión Patriótica, movimiento político que entre la década de los años 80 y 90 fue exterminada por la extrema derecha.  Las corrientes políticas distintas deben poder presentar a la sociedad su ideario en busca de cautivar al electorado con argumentos de razón pública, para lo cual deberán tener una protección seria del Estado colombiano.

3.  Fin del conflicto: es el puerto adonde deberán llegar los diálogos si salen como se espera. En este intento de Santos el cese debería tener cabida, con metas claves: el cese al fuego y hostilidades bilaterales será definitivo como preámbulo a una entrega de las armas que permita la dejación de las mismas y la reincorporación de las Farc a la vida civil. Para posteriormente analizar la situación de guerrilleros presos, y por último, el compromiso del Estado de brindar protección a estos guerrilleros que se reincorporan a la vida civil.

4.  Drogas ilícitas: o combustible del conflicto a lo largo de todo este tiempo. El narcotráfico es el gran bebedero donde convergen todo tipo de actores armados: Farc, paramilitares y delincuencia común, además de los conocidos narcos, cuyos capos reciben de los medios de comunicación el tratamiento diferencial de “don”.  Ante este cáncer (la droga) que devora el país, es poco lo que se puede hacer. Mientras no se legalicen a nivel global, las drogas seguirán galopando como un jinete más del apocalipsis.  Para efectos prácticos de esta negociación, se plantean la sustitución con planes integrales de desarrollo y la urgente recuperación ambiental de zonas afectadas por el narcotráfico.  Igualmente, se deben implementar programas de prevención y consumo, además de pactar con las Farc su renuncia irrevocable a la producción y comercialización de narcóticos, lo cual está dentro de los temas a negociar.

5. Las víctimas: son la piedra angular de todo el proceso.  Son el tema más importante si de verdad se busca la solución de nuestros lastres.  La verdad, justicia y reparación es vital, así como la no repetición. En los registros del Gobierno actualmente figuran inscritos unos 2.000 colombianos como víctimas de la guerrilla; entre otros delitos de las Farc, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía documentó ya 135 casos de violencia sexual. Los diálogos son un compromiso del país, si se firma el fin del conflicto con las guerrillas, el éxito de la reinserción de estos combatientes dependerá de todos, de allí que sea importante que los negociadores del Gobierno representen a diversos sectores de la vida nacional. Sin el compromiso del sector privado la reinserción a la vida civil se verá en dificultades para lograr el desarrollo de estas personas. La discusión está abierta.  De igual forma, es urgente abordar el alcance de los diálogos. Para ello veamos brevemente el siguiente análisis.

Los diálogos y su alcance

He llamado diálogos al proceso de La Habana, porque eso creo que es.  Se ha dado un importante paso en el camino hacia la finalización del conflicto con las Farc. Al dialogar se reconoce en la insurgencia a un interlocutor válido. No es de poca monta este reconocimiento. Recordemos que durante el gobierno Uribe Colombia se inscribió en la corriente de George Bush Jr. y su estrategia antiterrorista de guerra preventiva.  Ahora Santos, en una decisión crucial para el inicio de los diálogos, reconoce el conflicto, lo que abre la puerta para la discusión en torno a factores determinantes del mismo. 

Respecto de los diálogos, considero urgente tratar el tema del uso del lenguaje. Este debe ser tratado con suma delicadeza. Me explico: no creo que debamos llamar diálogos de paz a los diálogos de La Habana.  La paz como plataforma es construida por el colectivo, por la ciudadanía, por débil que ésta sea; los combatientes pactan acuerdos para abandonar el conflicto, no para hacer la paz.  En últimas, la paz debe ir más allá de la ausencia de la guerra. Sin embargo, el fin de la confrontación es un paso importante que sin dudas tendrá un efecto reparador en la confianza perdida por muchos. Para luego empezar a recorrer el difícil camino del posconflicto.

En este momento Colombia se dispone a votar para escoger sus legisladores, y de darse el fin del conflicto con las guerrillas aquí arrancaría el postconflicto.  Lo anterior, por la pesada responsabilidad de un Legislativo que tiene la tarea de sacar adelante el paquete de reformas que se acuerde con las guerrillas. El posconflicto debería servir para replantear, entre otros temas, la manera de interactuar con el otro, de respetar y aprender a respetar la diferencia, es decir, profundizar la democracia aceptando que otros también deben gozar de libertad, que no existe una visión única de país, que la fuerza de las ideas debe primar sobre la fuerza de las armas que lastiman el cuerpo como vehículo de la venganza por ser diferente.

El posconflicto debería redimensionar la convivencia. Allí está el secreto. En mi opinión, la paz no tiene su base en la cúspide, la paz es algo más que un papel que se acuerda y se refrenda. La preocupación gira en este momento en dejar bases sólidas para el posconflicto. Pero no debemos llamarnos a engaños, este puede ser el primer estadío de un largo trecho por recorrer (no hay que perder de vista que las Farc son sólo uno de los actores armados en nuestro país). Colombia debe cerrar la brecha y garantizar el desarrollo humano que logre mitigar años de guerra y sangre.  En este momento, el dolor de las víctimas no aparece con fuerza en la mesa de diálogos, sólo aparece en los estudios de algunos académicos, ONG y la Comisión de Memoria Histórica, entre otros.

Tampoco aparecen la niñez involucrada y todos aquellos delitos sexuales cometidos durante años de confrontación.  Pero, sin lugar a dudas, la paz pasa por el rediseño de la manera como vemos al otro y, desde luego, como solucionamos nuestros problemas.

Ahora abordemos de manera breve y pronta el problema de los civiles armados a manera de iniciativa para el posconflicto.

Armas y posconflicto

Según Medicina Legal, en el año 2013 en Colombia fueron asesinadas más de 14.000 personas, de las cuales, según el cálculo, el 90% se debe al uso de armas de fuego. Más concretamente, en nuestro Valle del Cauca son más de 3.000 los muertos por armas de fuego, mientras en Cali la cifra llega a los 1.936 muertos. Más allá del debate por la cifras y la forma en que éstas son presentadas, la vida como valor en una democracia exige un poco más de reflexión. Habrá que empezar por tomar en serio eso del “monopolio” de las armas. Este último, en cabeza del Estado, según el Artículo 223 de la Constitución. Este artículo no debe ser leído en solitario, no debemos perder de vista que según el Artículo 2 del texto constitucional, son fines esenciales del Estado, entre otros, asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Asimismo, la Constitución en su artículo 22 consagra: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Resulta contradictorio pensar en la paz como derecho en una nación armada, más aún cuando el país se encuentra en una mesa de diálogo con la guerrilla de las Farc, cuando parte de la negociación se centra en la devolución de las armas de esta guerrilla y haya tolerancia a la presencia de civiles armados. El monopolio de las armas es un tema que tiene tanto de ancho como de largo: las armas están rodeadas de muerte en medio de un negocio macabro. Las mismas son alquiladas en actividades que tienen por los menos tres efectos: 1) convertir en accesible el negocio de la muerte a todos aquellos sin dinero para un arma propia, 2) al ser susceptible de alquiler, el asesino se libra del material probatorio que serviría en la práctica para judicializarlo y 3) facilita el desplazamiento entre las ciudades, al no tener que portarlas.

En un país como el nuestro, que desea una nueva Colombia y dejar atrás el envejecido conflicto armado que retrasa flagrantemente nuestro desarrollo, es plausible imaginar una Colombia con un monopolio real de las armas en manos de autoridades competentes.  El Estado es quien debe poseer el control sobre éstas, las altas cifras de muertes violentas dan cuenta de una problemática social profunda. Estamos acostumbrados en buena medida a resolver nuestras diferencias por la vía de la fuerza, el cuerpo sigue siendo el vehículo para manifestar nuestro repudio hacia los demás.

El postconflicto debe servir para cerrar la brecha de tantos años de guerra, el ser humano como centro del desarrollo debería contribuir en la reconstrucción del tejido social. Bienvenida la desmovilización de los actores armados. Sin embargo, no debemos caer en la trampa del formalismo. Aquí no se trata de hacer acuerdos de papel, se trata de impactar las vidas de las personas. Es justo ahorrar en sufrimientos. La vida tiene que volver al lugar que le pertenece, como valor que es. Urge en este orden de ideas pensar en una ciudadanía distinta. La superación del lastre de años de guerra debería servir como laboratorio para cambiar la manera de hacer las cosas, es necesario pensar en una Colombia donde quepamos todos, donde los debates sean de ideas y no contra las personas, donde prime el respeto, donde seamos capaces de discutir bajo el sagrado manto de la diferencia, donde se haga realidad eso de la igualdad sin distingo, pero no igualdad en poder, no igualdad de tener licencia para vivir armados. El miedo debe ceder su puesto a las reglas claras para todos, en una Nación armada solo de una ética ciudadana empotrada sobre el respeto y la tolerancia.

Los diálogos son en la práctica el retorno a la posibilidad de una salida política negociada que permita la aplicación del texto constitucional en un ambiente de no confrontación en muchas zonas del país.  Este ejercicio no promete mares de leche y miel, pero es un gran paso en la reconstrucción de nuestro tejido social. No es de poca monta que una de las guerrillas más antiguas del mundo quiera dialogar con el Estado en busca de condiciones que le aseguren su retorno a la vida civil.  Es posible, y por ello debemos soñar y luchar, un país más justo, donde podamos expresar nuestras opiniones de manera libre y espontánea, retornar al campo y poder ejercer el ánimo de señor y dueño sobre la tierra, de poder redistribuir la riqueza de manera más igualitaria en vez de concentrar la ganancia en unos cuantos bolsillos.  No se trata de soñar despiertos, se trata de pensar un país diferente del que nos tocó. No es fácil, pero tampoco imposible.

(*) Abogado de la Universidad Libre, Seccional Cali, candidato a magister en filosofía de la Universidad del Valle, consultor en asuntos de seguridad ciudadana.




 (1) Proyecto de Acto Legislativo 014 Senado–094 Cámara de Representantes, “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en  el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.


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