Por Alberto Ramos Garbiras (*)
La Corte Constitucional, con la sentencia del 26 de febrero 2010, salvó su propia integridad al demostrar independencia respecto a la Rama Ejecutiva, no se dejó seducir ni subyugar.
No se trataba de mostrar distancia por el mero prurito de exhibir solvencia moral, no, se trataba de realizar un estudio a fondo como lo hizo el primer ponente, Humberto Sierra Porto, para clarificar el trámite en la formación de la ley del referendo, porque varios de esos vicios eran insubsanables y no podían maquillarse u ocultarlos.
El referendo es un buen mecanismo de participación popular, un instrumento ideal para reformar la Constitución porque la reforma la hace el mismo pueblo en las urnas, pero para llegar a la votación debe surtirse un trámite legal mediado por el Congreso como constituyente secundario.
Así, el constituyente primario (el pueblo) firma para promover el referendo; el constituyente secundario (el Congreso delegado del pueblo) tramita la Ley de formación para cumplir con el procedimiento de los artículos 378 y 155 de la Constitución Política, reglados por la Ley 134 de 1994; y el constituyente primario vuelve a actuar decidiendo el día de la votación. Este tercer acto no se producirá porque en el segundo acto también se cometieron errores y vicios que violaban los principios democráticos.
Si hubiera obrado ocultando estos vicios de trámite la Corte habría perdido toda la credibilidad porque esos defectos eran de público conocimiento. Y entonces, con cual autoridad y criterio habrían podido continuar ejerciendo control constitucional sobre el Estado de Derecho y sostener la supremacía de un Estado Constitucional que contiene al estado de derecho, si los mismos guardianes de la Carta Política permitían su violación.
El neoconstitucionalismo se caracteriza por el garantismo de los derechos que brinda el control constitucional. A diferencia del viejo Estado Legislativo, donde se manipulaban las leyes con las interpretaciones apoyadas sólo con extractos judiciales acomodados al caso concreto, sin respetar los precedentes judiciales análogos que sí garantizan la estabilidad jurídica y el derecho a la defensa.
La misma Corte Constitucional desde el año 2003 ha invocado el precedente judicial ya recurrido, de que una reforma constitucional no puede desmontar los elementos esenciales de la Constitución (la separación de poderes, la igualdad electoral, la alternancia en el Gobierno…); y el precedente sentado con la exequibilidad de la primera reelección acerca de la estabilidad institucional.
La Corte Constitucional se recompuso con esta sentencia porque los rumores la tenían en vilo, muy debilitada ante la opinión pública con la especie de haber sido permeada por el poder presidencial que durante casi ocho años alcanzó a ternar a varios magistrados que, se decía, eran obsecuentes. Sólo dos de ellos guardaron el agradecimiento sumo.
Este es el primer gran paso para reconstruir la independencia de la justicia en la época post-Uribe. Una democracia no puede funcionar si la justicia está supeditada y maniatada a la rama Ejecutiva, la concentración del poder es un retorno a la tiranía.
La falta de reglas claras acaba con la competencia democrática y desguarece los derechos sociales, humanos y colectivos.
Con la Sentencia de la Corte Constitucional vuelve la democracia a su cauce para avanzar hacia espacios más reales con futuras reformas, no a retrocesos como los que se estaban presentando.
Y ganan también el derecho y la ética en el ámbito de las decisiones de control. Un Estado Constitucional no puede estar en manos de magistrados sin equidad; los miembros de esta Corte no solo salvaron lo que quedaba de democracia, se salvaron también ellos de ser juzgados por la historia como peleles, mequetrefes o servidores públicos de bolsillo.
La campaña presidencial tomará otra cara a partir de la sentencia que declaró inexequible el referendo reeleccionista, las fuerzas políticas en competencia tomarán otras dinámicas, afloraran con enjundia las propuestas de los partidos y candidatos que estaban invisibilizados, es decir, ahora los programas serán lo de mostrar; el electorado dejará de estar obnubilado por el peso de la figura del presidente Uribe y comenzarán a pensar por quién votar.
Los medios de comunicación se desuribizarán y mostrarán más el repertorio de otros candidatos; las coaliciones entrarán en remojo, queriendo y pretendiendo cada fuerza política posicionarse entre los dos primeros partidos para poder pasar a la segunda vuelta electoral, donde se harán las coaliciones.
(*) Profesor-investigador de la Universidad Santiago de Cali, USC.
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