¿Temor, complicidad o implicación?
El Estado español es responsable por las víctimas de la guerra civil y las desapariciones. ¿Será esta una de las causas del temor porque se conozca la verdad: por la millonaria condena que tendría que pagar a las familias de las víctimas?
Por Luis Carlos Lozano Ospitia (*)
No es necesario conocer de leyes para interpretar lo insólito, lo aberrante y absurdo de la persecución que han emprendido contra el magistrado Baltazar Garzón, quien puede ser juzgado por investigar las desapariciones (crímenes) de más de cien mil personas ocurridas durante la guerra civil española y la dictadura franquista.
La Ley de Amnistía de 1977 ha sido invocada para perseguir al único juez (magistrado) que ha intentado dar respuesta sobre víctimas de desaparición forzada a familiares y al mundo entero.
Si este juicio se produce será la primera vez en todo el mundo, al menos que tengamos conocimiento, que algún juez de una democracia es sentado en el banquillo de los acusados por intentar conseguir verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Las normas internacionales de derechos humanos expresan claramente que el crimen de desaparición forzada no prescribe y entorpecer su investigación es un delito. Por lo tanto ninguna ley de amnistía puede contradecirlas.
El Estado español es responsable por las víctimas de la guerra civil y las desapariciones. ¿Será esta una de las causales del temor porque se conozca la verdad, por la millonaria condena que tendría que pagar el Estado a las familias de las víctimas?
¿Habrá complicidad de los acusadores para pretender limpiar o lavar la imagen del Estado? ¿O temor de que salgan algunas “personalidades” salpicadas por las investigaciones que adelante y pruebe el magistrado Garzón?
Los familiares de los desaparecidos tienen derecho a conocer las circunstancias de la muerte de sus allegados, el paradero de sus cadáveres y los nombres de los implicados en estos horrendos crímenes.
Lo incomprensible es que los tribunales españoles, con base en el derecho internacional, hayan asumido su competencia para investigar, perseguir y condenar crímenes cometidos en países como Chile y Argentina, pero se abstienen de investigar o de permitir investigar los crímenes similares cometidos en este país.
¿Con todo esto, cuál es el mensaje para otros jueces que intenten investigar casos similares de desapariciones forzadas como las de nuestro país? ¿Y para el resto del mundo, donde existen investigaciones pendientes por realizar o que se están haciendo?
(*) Abogado y escritor. Corresponsal en España.
El Estado español es responsable por las víctimas de la guerra civil y las desapariciones. ¿Será esta una de las causas del temor porque se conozca la verdad: por la millonaria condena que tendría que pagar a las familias de las víctimas?
Por Luis Carlos Lozano Ospitia (*)
No es necesario conocer de leyes para interpretar lo insólito, lo aberrante y absurdo de la persecución que han emprendido contra el magistrado Baltazar Garzón, quien puede ser juzgado por investigar las desapariciones (crímenes) de más de cien mil personas ocurridas durante la guerra civil española y la dictadura franquista.
La Ley de Amnistía de 1977 ha sido invocada para perseguir al único juez (magistrado) que ha intentado dar respuesta sobre víctimas de desaparición forzada a familiares y al mundo entero.
Si este juicio se produce será la primera vez en todo el mundo, al menos que tengamos conocimiento, que algún juez de una democracia es sentado en el banquillo de los acusados por intentar conseguir verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Las normas internacionales de derechos humanos expresan claramente que el crimen de desaparición forzada no prescribe y entorpecer su investigación es un delito. Por lo tanto ninguna ley de amnistía puede contradecirlas.
El Estado español es responsable por las víctimas de la guerra civil y las desapariciones. ¿Será esta una de las causales del temor porque se conozca la verdad, por la millonaria condena que tendría que pagar el Estado a las familias de las víctimas?
¿Habrá complicidad de los acusadores para pretender limpiar o lavar la imagen del Estado? ¿O temor de que salgan algunas “personalidades” salpicadas por las investigaciones que adelante y pruebe el magistrado Garzón?
Los familiares de los desaparecidos tienen derecho a conocer las circunstancias de la muerte de sus allegados, el paradero de sus cadáveres y los nombres de los implicados en estos horrendos crímenes.
Lo incomprensible es que los tribunales españoles, con base en el derecho internacional, hayan asumido su competencia para investigar, perseguir y condenar crímenes cometidos en países como Chile y Argentina, pero se abstienen de investigar o de permitir investigar los crímenes similares cometidos en este país.
¿Con todo esto, cuál es el mensaje para otros jueces que intenten investigar casos similares de desapariciones forzadas como las de nuestro país? ¿Y para el resto del mundo, donde existen investigaciones pendientes por realizar o que se están haciendo?
(*) Abogado y escritor. Corresponsal en España.
excelente articulo,que nos lleva a reflexionar sobre un absurdo juicio contra el magistrado Garzon y las consecuencias posteriores para la justiciay la humanidad, sobre lo horrores de los crimenes franquistas.
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