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| Foto tomada de apdm.com.mx |
Legalización de la coca
Legalizar la
producción, comercializar la coca y regularla, es una forma de combatir el
lucro ilícito, las violencias que devienen por el mercado clandestino de la
coca. Asistir a los adictos en centros de salud es menos costoso que reparar
los daños causados por la violencia mafiosa.
Por Alberto
Ramos G. (*)
La diferencia
entre legalizar y despenalizar radica en que con la primera decisión se acepta
y reglamenta una actividad a través de una ley, y con la segunda se suprimen y
eliminan las sanciones, penas o castigos, pero no se legaliza.
Lo paradójico es
que de no despenalizarse la producción y la comercialización, el ámbito de lo
ilícito siempre hará productivo y redituable el tráfico, y hará difícil la
terminación de la guerra en Colombia, porque todos los actores armados de
izquierda y derecha (y todos los actores corruptos no combatientes), se nutren
de las ganancias de ese tráfico. Este no es ya un conflicto bajo la sombrilla
de la guerra fría, es un conflicto amorfo que tiene a la guerra como negocio, y
lamentablemente para maldición de Colombia, los sicotrópicos son la fuente de
todo el flujo de dineros. Por esta razón el arma de la legalización o
despenalización es más contundente que los aviones fantasmas, los helicópteros
black hawk y las fumigaciones con glifosato; pero la legalización tendrá que
ser global, porque el producto más globalizado es la sustancia adictiva de la
coca y la heroína. Y en muchos años no habrá legalización global. Entonces,
estamos condenados, porque el país que empiece a legalizar la producción
ipso-facto será demonizado.
Muchos
presidentes de América ya están inclinados por acabar la prohibición de la coca y a punta de impactos crueles al ver
que la guerra contra las drogas no avanza, desangrando más a varios países
(Colombia, México, Guatemala, Brasil…), rompiendo el equilibrio institucional,
corrompiendo a la clase política, alentando a los actores armados, volviendo
invivible importantes ciudades, etc., estos líderes están ahora considerando
que la legalización de la coca es la
salida a la crisis. Tardíamente se hizo este fin de semana un debate público y sonoro por el escenario multinacional, la VI
Cumbre de las Américas, en Cartagena no pudieron eludir este tema donde al
final fijaron las posiciones pero
ninguna decisión de fondo, el camino a
seguir fue pasarlo a la OEA.
Legalizar la
producción, comercializar la coca y regularla, es una forma de combatir el
lucro ilícito, las violencias que devienen por el mercado clandestino de la
coca. Asistir a los adictos en centros de salud es menos costoso que reparar
los daños causados por la violencia mafiosa, la descomposición gubernamental,
la voladura de oleoductos que contamina ríos y el desangre urbano que deja a
las autoridades impávidas en el papel de contar y restar muertos sin poder
garantizar la convivencia ciudadana.
Pero la
discusión continental debe llegar al seno de la Asamblea General de la ONU para
su aprobación multilateral. Algún día la producción y comercialización de la
coca será como la del tabaco, los cigarrillos, el whisky y los demás licores
que emborrachan y descomponen en exceso pero son rentas estatales y cada
consumidor se auto regula para no desbaratar el organismo.
Desde hace 50
años (1961) los EE.UU. “persiguen” en todo el mundo los estupefacientes, pero
con mayor intensidad desde 1971, el Presidente Nixon declaró una especie de
guerra contra las drogas que, solo ha traído daños directos y colaterales y no ha acabado con la
producción. Fumigan la biodiversidad aledaña a las plantaciones en los países
cultivadores y no terminan con el mercado negro de ellos ni con os carteles que
distribuyen adentro. El crimen organizado para defender el negocio ha acudido
al terrorismo mafioso. Y las guerrillas al terrorismo sistemático.
El valor
agregado de Juan Manuel Santos en este tema es que abordó el problema, a su
estilo diplomático, esboza la solución, no se casa con ella para no ser demonizado,
hace calambures en el discurso sobre la legalización, se escurre, vuelve y lo
menciona, pero abrió las compuertas de la discusión, por ejemplo, el Presidente
Otto Pérez de Guatemala lo incluyó en su exposición, y todos los medios se
refirieron al tema.
La Cumbre de la
Américas en 1994 se creó con la idea de ser el escenario propicio y el motor de
un proyecto: beneficiarse los EEUU con todo el mercado de América Latina a
través del Alca. Hoy ante la oposición de bloques regionales en estos 17 años y
la eclosión de otros mercados, la bilateralidad de los TLC se impuso y los
términos de negociación económica se atemperaron. Los temas a ventilarse en la
VI Cumbre de las Américas dejan ver la relativa autonomía que comienza a
moverse en América latina respecto a EE.UU. antes obsecuentes y patio de
colonias.
Hoy, la política
antidrogas debe empezar por la despenalización escalonada para llegar a la
legalización, después de discutirse en los organismos regionales (Unasur, CAN,
OEA) hasta llegar a la ONU. Una política antidrogas ya no se puede quedar
enfrascada en las sanciones y prohibiciones cíclicas de los últimos 40 años,
esto es prolongar el conflicto y afectar la economía formal. La ilegalidad de
la coca prolongó el conflicto colombiano y lo desnaturalizó. También deformó la
conducta de componentes de las Fuerzas Armadas estatales.
Y no solo la
coca prohibida es causa gran parte de los delitos urbanos. La ilegalidad trae
daños secundarios a la salud porque al no estar regulada la calidad entonces los
distribuidores terciarios, los jíbaros y otros mezclan la coca con otras
sustancias para lograr mayor cantidad, generando destrozos en el cuerpo de los
cocainómanos. Por tratar supuestamente de cuidar la salud de la población
prohibiendo los psicotrópicos, se causa un daño aún más grave a toda la nación:
La guerra no termina y las ciudades terminaron siendo más inseguras.
La hoja de coca
y sus usos lícitos con medicamentos genéricos o especiales, también
medicamentos homeopáticos, de yerbateros y naturistas, debe ser considerada sin
tapujos en el herbario nacional. Para luego, al ampliar la discusión sobre la
legalización total (ya habiendo vivido la etapa de admisión del consumo de la
dosis personal por vía de jurisprudencia), que admita definitivamente el
consumo, tolere a los adictos y se realice el control con cobertura ampliada
desde el Ministerio de Salud y Protección Social, para todos los consumidores
que, seguramente como sucede con los cigarrillos, disminuirá gradualmente, para
cada uno, no afectar su organismo. La legalización no acabará con la demanda y
el consumo, obvio, la disminución será posterior, por conducta personal y
autodeterminación: derecho a la autonomía. Pero la legalización si acaba rápido
con la guerra y la violencia urbana que produce más muertos sin ni siquiera ser
adictos.
El derecho
interno expedido para combatir a los grupos mafiosos, a los minicarteles, a los
distribuidores terciarios, a las mulas y demás; persecución tanto con normas
dentro de los estados de excepción como
de carácter punitivo normal (reformas penales), conforma una galería de reglas
jurídicas ineficaces porque la mayoría de los controles son burlados con nuevas
modalidades de distribución y relacionamiento con los delitos que han producido
un glosario largo, un nuevo lenguaje del crimen. También los costos judiciales
por la prohibición son muy altos. Mover el aparato de la justicia y sostener el
cuerpo policial es un gravamen.
(*) Politólogo de la Universidad Javeriana,
PHD en derecho público, con énfasis en política latinoamericana de la
Universidad Nacional, Uned, de Madrid, España.
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