Las luchas contra el clientelismo
en la Usaca
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Lecciones de las luchas en la Usaca contra los causantes de la crisis. El régimen clientelista se mantiene en el poder cambiando de piel y aprovechando la división de sus estamentos en cinco grupos que aquí caracterizamos.
La agitación política y académica dentro de la Universidad Santiago de Cali generada por su crisis ha dividido la población de estudiantes y profesores en cinco sectores clasificados así: 1) los apáticos, 2) los pancistas, 3) los intervencionistas, 4) los reestructuradores y 5) los refundadores.
Los apáticos son la mayoría, es la población universitaria que no participa, no se entera, entra y sale. Se pueden asimilar dentro del Estado a los abstencionistas.
Los pancistas son las personas acomodadas, oportunistas, no figuran en uno u otro sector, son camaleónicos, se camuflan, están con uno u otro alternativamente, quieren estar bien con los activistas de las otras posiciones. Y están a la expectativa de pescar en el río revuelto.
Los intervencionistas son los más politizados desde la óptica partidista. Quieren que el Ministerio de Educación imponga un rector que pertenezca al partido político de ellos. Así lograran tomarse la Rectoría por asalto y clientelizar con exclusividad la universidad para seguir en lo mismo, pero sólo para el grupo de ellos.
Los intervencionistas son los más politizados desde la óptica partidista. Quieren que el Ministerio de Educación imponga un rector que pertenezca al partido político de ellos. Así lograran tomarse la Rectoría por asalto y clientelizar con exclusividad la universidad para seguir en lo mismo, pero sólo para el grupo de ellos.
Los reestructuradores proponen reformas a través de mesas de trabajo, anuncian que recibirán propuestas, quieren que continúe el Consejo Superior para mantener el mismo status y conservar las ventajas logradas en la anterior administración. Sus reformas serían un reparcheo a los estatutos que colapsaron. Son la vía egipcia: cambiar la cabeza, pero dejar intacta la administración: gobernar a través de cuerpo ajeno.
Los refundadores proponen un vuelco total llevando a cabo una constituyente universitaria, partieron de una asamblea refundacional y un Acta de Refundación que lleve a la conformación de un consejo directivo transitorio de 29 miembros para adelantar un proceso en el contexto de la autonomía universitaria, con la vigilancia del Ministerio de Educación, pero sin intervención rectoral. Desconocen al Consejo Superior y a la Administración, mas no al cuerpo de empleados.
El mínimo ético de un centro de educación superior está en el cumplimiento de las condiciones de calidad trazadas por el Ministerio de Educación. Si se transgreden o burlan esas condiciones la universidad transita el camino de la ilegalidad y sobrevienen los actos desregulados y las conductas dolosas.
La Santiago de Cali es la más popular de las universidades privadas del del Valle y presta un servicio público: educa a quienes no tienen acceso a otros centros superiores.
Cuando la crisis afloró en toda su dimensión, los estamentos empezaron a comprobar que las mismas autoridades internas violaron el control del Ministerio de Educación, quedó en evidencia la incapacidad del Consejo Superior para regular la parte administrativa, dejaron colapsar sus finanzas y se incumplieron los pagos de parafiscales, de nómina y compromisos administrativos.
La Asamblea Estudiantil Refundacional del miércoles 23 de marzo desconoció a ese Consejo Superior, lo derogó y decretó su cesación para que fuera reemplazado por un órgano colegiado más eficaz y menos voluminoso.
La autonomía universitaria permite la autodeterminación de las universidades en el camino a la excelencia, y extiende la plataforma para la competencia, al ser un negocio de los particulares que se animan a disponer de mejores programas, servicios y profesores, hasta competir con las universidades públicas.
Con la reforma a la Ley 30 se acelerará esta competencia al impulsarse más la privatización.
El Ministerio de Educación con su función de control y vigilancia refina y requiere las condiciones de calidad, acreditando o desacreditando programas, así los estudiantes saben elegir el centro de educación superior al cual van a ingresar, quedando al desnudo las universidades hechizas y de garaje.
Pero los negociantes enquistados en las universidades encuentran en la privatización una mina para realizar los negocios personales. Ese es el gran problema.
El Ministerio de Educación controla, supervisa, exige, regula la educación, por ser un servicio público que el Estado colombiano permitió se privatizara; las condiciones de calidad y sus parámetros los regula el Ministerio, pero no puede imponer en las universidades privadas a las personas que las dirijan, solo lo puede en las universidades públicas.
La diferencia está en el control fiscal: el Estado vigila desde las contralorías los gastos en las públicas, en las privadas la parte financiera se ha manejado con los parámetros internos de las mismas universidades, de allí los focos de corrupción protagonizados por rectores y socios en algunas universidades.
(*) Docente de la Usaca. El texto fue publicado originalmente en el periódico Paréntesis, edición No. 15, mayo-junio de 2011, pág. 10. albertoramos2005@yahoo.com
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