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domingo, 22 de mayo de 2011

5. Análisis. A 20 años de la Constitución Política

Vulneración a los derechos
fundamentales en la Santiago de Cali

A la falta de salud, pensiones, cesantías y otros derechos se agrega otra situación irregular: en el actual semestre los salarios no se están pagando de manera oportuna a profesores y empleados, lo que afecta su calidad de vida y la prestación de sus servicios.

Por Jairo Vladimir Llano (*)
El modelo de Estado social de derecho tiene su precedente en las constituciones de la posguerra de los países que participaron en esta nefasta confrontación. Es el caso de la ley fundamental de Bonn, en la República Federal Alemana, a mediados de los años 40 del siglo pasado, y que está en correspondencia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


Estos derechos se convirtieron, a partir de las decisiones de los tribunales y cortes constitucionales de distintos Estados, en derechos sociales fundamentales que son de obligatorio cumplimiento por parte de las instituciones públicas y privadas.

Este modelo de Estado fue incorporado formalmente en la Constitución colombiana de 1991 con sus respectivos derechos sociales fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la educación como un servicio obligatorio por parte de las instituciones públicas responsables, con la aclaración de que puede prestarse por parte de instituciones privadas, como es el caso de la Universidad Santiago de Cali, Usaca.

Ese servicio tiene la supervisión de instituciones públicas como el Ministerio de Educación, Colciencias e Icfes, que determinan el funcionamiento de los programas de pregrado y posgrado e impulsan la investigación.

La Santiago está cumpliendo con un mandato constitucional que beneficia a la sociedad caleña del sur-occidente colombiano, representada en 15.000  estudiantes matriculados e inscritos, más de 1.200 profesores y unos 800 empleados, los cuales ofrecen este servicio que tiene connotaciones de derecho fundamental.

Lo paradójico es que a los profesores, que son quienes garantizan este derecho, en los últimos meses les han sido vulnerados sus derechos sociales fundamentales, entre ellos el derecho a la salud.

El no pago oportuno de las EPS lleva a que la atención de la salud por parte de las IPS en el mejor de los casos sea un proceso desgastante para los afiliados, por los trámites que deben realizar, lo cual agrava la situación del enfermo o, en el peor de los casos, conduce a que  no sean atendidos, poniendo en riesgo la vida de los docentes y empleados de la Universidad.

Esta crítica situación se agrava con el no pago oportuno de las pensiones o cesantías de las personas que laboran en la institución, lo cual afecta la seguridad social, relacionada con uno de los primeros derechos sociales que se proclamó desde la Constitución alemana de Weimar de 1919, el derecho a una vejez protegida por el Estado.

Tal situación irregular está presentándose desde 2008 y tiene un agravante mayor con la vulneración de otro derecho, el de los salarios, los cuales, en el actual semestre, no se están pagando de manera oportuna a profesores y empleados, lo que afecta su calidad de vida y la prestación de sus servicios.

Como profesor de la Facultad Derecho denuncio la afectación de los derechos esenciales de profesores y empleados de la Usaca, consagrados desde hace 20 años en nuestra Carta Magna.

(*) Docente de la Usaca. El texto fue publicado originalmente en el periódico Paréntesis, edición No. 15, mayo-junio de 2011, pág. 10. vladimirllano@hotmail.com

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