¿Se avecina una cacería de
brujas en la Usaca?
En los últimos días se pasó de los rumores a los hechos: cinco profesores fueron llamados a descargos, para que respondan por su presunta instigación de protestas estudiantiles y digan si han hecho manifestaciones de desconocimiento de “las instituciones” de la Universidad Santiago de Cali.
Los citados son los docentes Lucy Mar Bolaños, Vladimir Llano, Armando Aroca, Henry Hincapié y Rufino Cruces, pero trascendió que la lista de los llamados por sus denuncias relacionadas con los problemas de la Usaca podría incluir a 30 profesores.
Los descargos han sido rendidos ante los directores de los departamentos Jurídico y de Gestión Humana, por orden expresa del Rector encargado.
En las citaciones a los docentes se les pide responder sobre si participaron en “hechos que tuvieron ocurrencia desde el mes de febrero del año en curso a la fecha (mayo), y durante los cuales se ha dado impedimento a la ejecución normal de las actividades de los funcionarios contratados para ellas, protestas verbales y escritas con afrentas a compañeros de trabajo y autoridades administrativas con trato agresivo y desobligante, manifestaciones desconociendo las autoridades legítimamente constituidas en la institución e incitación y promoción de actos que atentan contra las personas y las instalaciones de la universidad”.
El lenguaje no puede ser más estigmatizador: a los docentes citados y a los que probablemente llamen les quieren cobrar sus posiciones críticas frente al desgreño en la Santiago. Grave precedente para una universidad, que supone es pluralista y de libre debate.
Violación de la Constitución
La ofensiva contra el derecho a la crítica y a la protesta que está en marcha en la Universidad Santiago de Cali viola los artículos 18 y 20 de la Constitución Política.
El primero hace referencia a la libertad de conciencia y pensamiento que cobija a todos los colombianos, y el segundo, a la libertad de expresar opiniones y a publicarla a través de diferentes medios, sin censura.
Además, la Ley 1010 de 2006 castiga el acoso laboral, entendido como los actos de hostigamiento y persecución sistemáticos contra los trabajadores por parte de sus patronos, en este caso los directivos de la Usaca.
(El texto fue publicado originalmente en el periódico Paréntesis, edición No. 15, mayo-junio de 2011, pág. 11. Luismena7@gmail.com).
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