El viernes 9 de octubre miles de personas marcharon por el centro de Cali y se concentraron en la plazoleta del CAM para rechazar el abusvio y millonario cobro de Valorización con el que el alcalde Jorge Iván Ospina pretender financiar las "21 megaobras". (Foto: especial para ¡PERIODISMO LIBRE!)La noticia y su análisis. Lo sucedido el viernes 9 de octubre en Cali retrata la coyuntura de la ciudad: mientras en el hemiciclo del Concejo la mayoría de los ediles aprobaba la privatización del área más rentable de Emcali (idea del Alcalde), afuera del recinto miles de personas rechazaban este hecho y el cobro de Valorización para financiar 21 obras que no fueron consultadas con la población, profundamente afectada por el desempleo. Ospina contradice lo ofrecido en campaña y se enfrenta a todos los estratos. Sólo los más ricos lo apoyarían. Líderes y ciudadanos de diversas tendencias y clases sociales se unen. Voceros de la protesta denuncian guerra sucia. El 30 de octubre, nueva marcha.
Por Luis Alfonso Mena S.
Debe estar feliz la cúpula oligárquica de Cali con Jorge Iván Ospina, a quien ella tanto vituperó en la campaña electoral de 2007 y al que no se traga por ser hijo de uno de los comandantes del M-19 de los años 70, por haberse hecho médico en Cuba y por venir de abajo.
Lo está porque, finalmente, Ospina claudicó ante los voraces intereses de los negociantes de los servicios públicos con su propuesta de entregarle el 49% del componente de Telecomunicaciones de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, al sector privado, idea que el Concejo de la ciudad acaba de aprobar.
Y, además, porque las denominadas “21 megaobras” programadas por el Alcalde para que Cali se parezca a Medellín saldrán del bolsillo de los caleños de todos los estratos sociales a través de millonarios gravámenes de Valorización, sin tener en cuenta la crisis de desempleo que azota a la clase media y a los sectores populares, y que hoy alcanza el 14,6%.
La capital del Valle es una de las ciudades más damnificadas por la recesión económica, el cierre de empresas y la caída del comercio con los países vecinos, lo cual redunda en el desplome del ingreso promedio y tipifica una clarísima falta de capacidad de pago. Así, el gravamen, cercano a los $900.000 millones para 500.000 familias caleñas propietarias de predios, resulta no sólo inoportuno sino francamente abusivo.
Lo ocurrido el viernes 9 de octubre en el corazón de Cali, la plazoleta del Centro Administrativo Municipal, CAM, retrata de manera precisa y sintomática la coyuntura de la ciudad: mientras en el hemiciclo del Cabildo la inmensa mayoría de los ediles proclives a Uribe y, ahora, a Ospina, aprobaba la propuesta privatizadora del Alcalde (con la excepción de José Luis Pérez), afuera del recinto miles de personas repudiaban no sólo este hecho sino también el cobro anticipado de Valorización para la ejecución de 21 obras que no fueron consultadas por el burgomaestre con la ciudanía ni sometidas a estudios serios, como se ha denunciado insistentemente.
El 34% que del área de Telecomunicaciones de Emcali se les entregará a los particulares, de conformidad con el proyecto de acuerdo aprobado, se convertirá en el 49%, pues el 15% restante que, para guardar las apariencias, Ospina propuso con destino a trabajadores y usuarios de la empresa irá también a manos del pulpo que se quede finalmente con el componente más productivo de Emcali.
De esta forma, el socio estratégico que ahora buscará la Gerencia de Emcali, intervenida casi desde el principio del gobierno de Álvaro Uribe, impondrá las condiciones, ya que así nominalmente sea levemente inferior su participación accionaria en la empresa filial que se ordena crear en reemplazo del área de Telecomunicaciones, ese socio hará valer sus intereses como ha ocurrido en otras experiencias similares.
Además, la aprobación de este proyecto con el disfraz de inversión para la modernización abre el camino de la privatización de los otros componentes de Emcali (energía eléctrica y acueducto y alcantarillado), como ha sido el sueño de los grupos de poder económico en la región, ligados a grandes capitales financieros nacionales e internacionales.
Siguiendo las directrices de Uribe
La prestación de servicios públicos vitales para cualquier comunidad humana como lo son el de agua potable y el de energía eléctrica constituye un gran negocio para los empresarios particulares, quienes buscan comprar a precio de quema.
Como afirma el concejal Pérez, en el estudio de valoración de Emcali ni siquiera se tuvo en cuenta la marca, que de por sí representa un enorme capital por su trayectoria y posicionamiento nacional.
El gobierno de Uribe fomenta la venta de las empresas de servicios públicos. Las privatizaciones hacen parte medular de su política plutocrática, esto es, de favorecimiento de los intereses de los más ricos, que son para quienes realmente gobierna. El resultado de lo anterior, han denunciado expertos en el tema, es el incremento de los costos en la prestación de esos servicios. Además, lo privado no necesariamente es sinónimo de eficiencia.
Quienes aprobaron el proyecto privatizador argumentan, para justificar el hecho, que es la única forma de lograr la devolución a los caleños de la empresa intervenida. Si eso es así, aceptar el condicionamiento hace aún más gravosa la decisión tomada.
Lamentablemente, todo lo actuado en relación con Emcali contó con la participación de los dos concejales actuales del Polo Democrático, quienes no respetaron la orientación política de la dirección nacional de ese partido en contra de las privatizaciones.
“El Comité Ejecutivo Nacional del PDA fue informado de la intención del Concejo de Cali de reestructurar la Empresa Municipal Emcali autorizando la venta del 49% de Telecomunicaciones, así como la venta de Termoemcali, atentando contra el patrimonio de la ciudad y poniendo en peligro los derechos y la estabilidad laboral de sus trabajadores. Esa venta es contraria a la decisión de rechazar las privatizaciones de las empresas de servicios públicos adoptada por el Partido y ratificada plenamente en el Ideario de Unidad. En consecuencia, los concejales del PDA en Cali deben votar negativamente el proyecto de acuerdo de venta del 49% de Telecomunicaciones”, dice el pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático del 7 de septiembre del presente año, firmado por Jaime Dussán Calderón y Carlos Bula Camacho.
El ex concejal Wilson Arias Castillo fue claro al señalar que antes de retirarse del Cabildo para poder aspirar a la Cámara de Representantes recibió el compromiso de quien lo reemplazó en el sentido de respetar la orientación del Polo de rechazar el proyecto de Ospina, pero el nuevo edil no cumplió.
Si el pueblo caleño no tiene para pagar las facturas de los servicios públicos, menos tendrá para cancelar las millonarias sumas que ahora el gobierno del “corazón por Cali” les cobrará por concepto de Valorización.
Estamos en presencia de una claudicación sin atenuantes del Alcalde que cuando, a finales de 2007, buscaba los votos de los caleños les prometió, ante todo, la defensa de los intereses públicos. En el mandato de Ospina el presidente Uribe no sólo ordenó la liquidación de Emsirva, sin que el Alcalde reaccionara como era debido, sino que ahora Emcali emprende el camino de la privatización.
Ya hay casos concretos que muestran el resultado del manejo privado de las empresas públicas: incremento de tarifas y más deficiencia en la prestación del servicio. No es sino mirar a Telefónica de España que se quedó con Telecom de Colombia y hoy esta es una empresa récord en reclamos por abusos y malos servicios presentados por los usuarios: más de 600.000 quejas, de acuerdo con cifras del año pasado.
Pero, además, según reveló el senador Alexander López, la venta del 49% del área de Telecomunicaciones de Emcali “significa que cerca de $100.000 millones que ese componente aporta hoy al sostenimiento del servicio de acueducto y alcantarillado se perderían y para compensarlo se requeriría incrementar nuevamente la tarifa, lo que a todas luces es injusto con la ciudad”.
Así se incumple el Programa de Gobierno
En su Programa de Gobierno de la campaña electoral de 2007 Ospina firmó el siguiente compromiso: “Nuestras acciones estarán regidas a partir del interés supremo de proteger el patrimonio público como medio para el desarrollo integral y la equidad. Por eso se buscará que las grandes empresas públicas de Cali retornen a sus ciudadanos en condiciones de transparencia, eficacia y eficiencia administrativa” [1].
Más claro no lo canta un gallo: ¿con las decisiones tomadas en relación con Emcali y la actitud de pasividad ante lo ocurrido con Emsirva se cumplirán estos anuncios programáticos del hoy Alcalde, que son de obligatoria observancia?
Ha sido tan evidente la contradicción entre lo ofrecido en la campaña hacia la Alcaldía (recuperación de Emcali sin su división) con lo practicado, que de inmediato, tan pronto Ospina formuló su idea sobre el área de Telecomunicaciones el miércoles 15 de julio en el Centro Cultural de Cali, muchos líderes de barrios y comunas la rechazaron e, incluso, anunciaron el respaldo a una campaña de revocatoria del mandato por incumplimiento de los compromisos programáticos.
Y si la privatización de las Telecomunicaciones de Emcali causa protestas, la obstinación del alcalde Ospina en no atender los reclamos por los cobros millonarios de la contribución de Valorización para las “megaobras” no para y, por el contrario, se extiende.
Ospina no sólo se ha negado a considerar las solicitudes de que se programen mejor las obras , sino que ha originado lo impensable hasta hace poco: que voceros, líderes e integrantes de todos los estratos sociales, desde los pudientes 5 y 6 hasta los más sencillos 1 y 2, pasando por los medios, se unan, dejando de lado sus diferencias de clase y sus discrepancias políticas e ideológicas, en procura de un objetivo común: evitar cobros abusivos por parte del Gobierno.
Así, Ospina ha puesto a hacer causa común a dirigentes de la izquierda del Polo Democrático como el senador Alexander López y el ex concejal de Cali Wilson Arias con dirigentes empresariales como Fabio Rodríguez y Rodrigo Salazar y políticos conservadores como el ex representante Ramiro Varela Marmolejo y el senador German Villegas.
Veedores cívicos, periodistas, estudiosos de los temas de la ciudad, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, Acopi, organizaciones no gubernamentales, juntas comunales y juntas administradoras locales, entre muchas otras organizaciones cívicas gremiales y sociales, hacen parte de esta unión.
En este punto de los multimillonarios costos que tendrán las obras y que saldrán de los bolsillos de los caleños tambien se sitúan claros incumplimientos del compromiso programático del Alcalde. Veamos. En su Programa de Gobierno Ospina expresó: “Toda la comunidad caleña tendrá el derecho efectivo de informarse, a participar y a incidir en las decisiones de gobierno, como ejercicio efectivo de ciudadanía” [2].
Y agregó: “Toda la inversión pública se hará con criterios de racionalización, participación, transparencia, satisfacción de beneficiarios y de focalización a partir de prioridades con presupuestos participativos” [3].
Pero, como para que no quedaran dudas, en otra parte del compromiso programático Ospina ofreció una “ciudad democrática”, mediante “la participación de ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones y en la inversión equitativa del recurso público a partir de presupuestos participativos” [4].
Con base en este documento, ¿habrá garantizado Ospina el derecho “a participar y a incidir en las decisiones de gobierno?” ¿Habrá definido con la ciudadanía “criterios de racionalización” a la hora de decidir sobre el enorme monto de las “megaobras"? O, más grave aún, ¿habrá llamado a los caleños a “la toma de decisiones” para una “inversión equitativa del recurso público”?
Las respuestas a estas preguntas, que surgen de la lectura simple de los puntos atinentes del Programa de Gobierno, radicado como ordena la ley antes de las elecciones, son negativas, y sirven de argumento no sólo a los reclamos ciudadanos sino a las solicitudes de revocatoria que ya se plantean.
“Tenaza económica injusta”
Vale la pena tener aquí antecedentes históricos sobre la contribución que ahora se cobra. Armando Palau Aldana, defensor del medio ambiente, recuerda: “El tributo de contribución por valorización es una figura adoptada por la legislación colombiana desde 1921, (son) piezas legales que obligan a definir todos los elementos de las obras de interés general en forma ‘clara e inequívoca’, esto es, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa, así como el sistema para definir los costos y beneficios, el modo de hacer su reparto, identificando la capacidad de pago de los propietarios que serán gravados”.
Además, y como lo reveló Fabio Rodríguez, ex presidente de la Cámara de Comercio de Cali, el cobro de Valorización es aún más inexplicable “cuando el propio Alcalde solicita al Concejo aprobar un acuerdo para rebajar los intereses de la cartera morosa que tenían los caleños con el Municipio en una suma de $425.305.504.842 por Impuesto Predial Unificado, todo en razón a la calamitosa condición socioeconómica por la que se atraviesa Cali”.
Por su parte, el senador Alexander López alertó también respecto de otras cargas que caerán sobre los hombros de los habitantes de la ciudad: “El Gobierno Nacional pretende financiar su Plan de Saneamiento Ambiental del Río Cauca cobrándoles a los caleños, vía tarifas durante ocho años, la suma de $600.000 millones, lo que significará un alza superior al 30% en los servicios de acueducto y alcantarillado”.
Según López, el Municipio debe aportar $28.000 millones para el mismo programa de Recuperación del río, que también saldrán del pueblo. “Es decir, doble aporte de los caleños al mismo programa, pese a que ya están pagando la Ptar, que es para reducir los impactos ambientales del río Cauca. Creo que aquí hay un triple abuso”, dijo.
“Como si fuera poco, el Gobierno Nacional ya anunció que no condonará la deuda que tiene Cali con la Nación por los créditos de la Ptar y, por el contrario, trasladará ese cobro al Fondo de Capitalización de Emcali, para que por esa vía se cobren más de $900.000 millones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puerto Mallarino”, agregó López.
Y puntualizó el congresista: “Lo que veo es una gran tenaza económica contra los caleños, formada entre el alcalde Ospina y el Gobierno Nacional para estrangular a Cali sin piedad ni consideración, cuando ambos gobiernos saben que no hay condiciones económicas en la ciudad para realizar esos cobros”.
Lo que faltaba: “guerra sucia”…
El Alcalde y la Administración Municipal en general han asumido una actitud orientada a tratar de bajarle el tono o menospreciar la protesta contra las “megaobras”, y, de acuerdo con varias denuncias, también pretende desacreditarla.
Ramiro Varela, en representación del Comité Cívico Ciudadano contra el Cobro de Valorización para las Megaobras, sostuvo que la Alcaldía no otorgó garantías para la marcha del pasado viernes 9 de octubre, la cual, a pesar de ello, el dirigente calificó de exitosa y calculó que contó con la participaron de más de cuatro mil personas.
Según un pronunciamiento hecho por el Comité sobre el comportamiento de Ospina: “El Alcalde finalmente, a pesar de sus declaraciones radiales, no dio el permiso, no dio garantías, lideró las diatribas y la guerra sucia, nos acusaron de politiqueros, populistas y corruptos, sacaron panfletos con el (supuestos) aplazamiento de la marcha, hicieron mensajes radiales para confundir a la gente, no le dio orden a la Policía de un acompañamiento y menos al Tránsito, los proveedores de pasacalles se negaron a hacerlos, los de tarimas y sonido también, quién dijo miedo, no prestó la plazoleta del CAM, desinformó con llamadas a periodistas (hablando) del fracaso de la marcha”.
Una denuncia similar había formulado horas antes de la marcha la oficina del senador López, contra quien personas no identificadas crearon un correo electrónico con el nombre del congresista para denigrarlo.
“Cali no se puede convertir en epicentro de panfletos, pasquines y persecuciones contra Alexander López, Ramiro Varela, Claudio Borrero y John Maro Rodríguez solamente por estar haciendo observaciones económicas, jurídicas y sociales al proceso de cómo se pretende adelantar las megaobras en la ciudad”, dijo la periodista María del Carmen Londoño.
Además, la Policía, con su brazo antimotines, el Esmad, arremetió contra parte de los manifestantes del 9 de octubre y los dispersó con gases lacrimógenos por el solo hecho de querer ingresar al recinto del Concejo de Cali. El ciudadano Germán Palacios Cabezas resultó lesionado y fue remitido a un centro asistencial de la ciudad.
Movilización contra la arrogancia
“Lo más curioso –opinó el ecólogo Palau-- es que en su soberbia el Alcalde y el Director de Planeación menospreciaron el mandato legal de expedir un Plan de Movilidad Sostenible, además de que se pasaron por la faja la orden judicial del Tribunal Contencioso Administrativo, que logramos un grupo de ciudadanos al interponer una acción de cumplimiento a mediados del año pasado”.
Palau explicó que la juez administrativa de conocimiento determinó en auto del 9 de julio que el decreto municipal que expidió Ospina en noviembre de 2008 no cumple ni lo prescrito por la pieza legal ni lo ordenado por el Tribunal Contencioso del Valle del Cauca.
Tal como lo dijera la Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social, que orientan los juristas Luz Bety Jiménez de Borrero y Pablo Borrero, la solución no es otra que “exigir al Alcalde la revocatoria inmediata de las resoluciones de asignación, distribución y cobro de la contribución de Valorización, que en las condiciones de crisis económica, con un 14,6% de tasa de desempleo y más de un millón de caleños empobrecidos, tal instrumento se convierte en un gravamen muy oneroso” que atenta contra el bienestar de los ciudadanos.
“El cobro es exagerado, 21 megaobras son imposibles de ejecutar en este gobierno, la gente no tiene plata y además todos los actos que ordenan el cobro de la contribución de Valorización no están a ajustados a la ley ni se basan en estudios que los sustenten. Por eso el señor Alcalde debe reunirse con este movimiento y concertar con la comunidad, tal como lo ordenan la democracia participativa y las normas de Valorización”, dijo, por su parte, el ex magistrado Rodrigo Ordoñez, quien, al lado del empresario Farut Kattán y de Rodrigo Salazar, presidente de Acopi, también se pronunció a favor de la movilización popular contra los cobros de las "megaobras".
Las acciones del Comité Cívico continuarán: ya anunció una nueva marcha para el 30 de octubre, el 27 del mismo mes habrá un debate en el Senado promovido por los congresistas López y Villegas, se anuncia que serán interpuestas múltiples acciones populares contra el cobro de las “megaobras” y serán instauradas quejas ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Zar Anticorrupción por la ilegalidad del cobro derivada de su falta de debate ciudadano, ausencia de estudios serios y errores en la notificación de los cobros.
Por todo lo reseñado y analizado, es probable que en vez de “remodelar el cielo”, como reza la profusa propaganda oficial, la población tenga que morder el polvo del pavimento ardiente si el Alcalde y las más altas cúpulas empresariales y sociales de Cali, ahora aliados, persisten en sus planes “modernizadores” y privatizadores a costa del bolsillo y del capital social construido a lo largo de años por los caleños.
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[1] Programa de Gobierno Para que Cali Vuelva a ser Cali. Parte 2: Criterios que orientarán todas las acciones del Gobierno, literal d: Defensa del Patrimonio Público de la Ciudad.
[2] Ídem, literal a: Comunicaciones para la Democracia.
[3] Ídem, literal f: Focalización de la Inversión Pública.
[4] Ídem, Parte 3: La Ciudad que Podemos.
Debe estar feliz la cúpula oligárquica de Cali con Jorge Iván Ospina, a quien ella tanto vituperó en la campaña electoral de 2007 y al que no se traga por ser hijo de uno de los comandantes del M-19 de los años 70, por haberse hecho médico en Cuba y por venir de abajo.
Lo está porque, finalmente, Ospina claudicó ante los voraces intereses de los negociantes de los servicios públicos con su propuesta de entregarle el 49% del componente de Telecomunicaciones de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, al sector privado, idea que el Concejo de la ciudad acaba de aprobar.
Y, además, porque las denominadas “21 megaobras” programadas por el Alcalde para que Cali se parezca a Medellín saldrán del bolsillo de los caleños de todos los estratos sociales a través de millonarios gravámenes de Valorización, sin tener en cuenta la crisis de desempleo que azota a la clase media y a los sectores populares, y que hoy alcanza el 14,6%.
La capital del Valle es una de las ciudades más damnificadas por la recesión económica, el cierre de empresas y la caída del comercio con los países vecinos, lo cual redunda en el desplome del ingreso promedio y tipifica una clarísima falta de capacidad de pago. Así, el gravamen, cercano a los $900.000 millones para 500.000 familias caleñas propietarias de predios, resulta no sólo inoportuno sino francamente abusivo.
Lo ocurrido el viernes 9 de octubre en el corazón de Cali, la plazoleta del Centro Administrativo Municipal, CAM, retrata de manera precisa y sintomática la coyuntura de la ciudad: mientras en el hemiciclo del Cabildo la inmensa mayoría de los ediles proclives a Uribe y, ahora, a Ospina, aprobaba la propuesta privatizadora del Alcalde (con la excepción de José Luis Pérez), afuera del recinto miles de personas repudiaban no sólo este hecho sino también el cobro anticipado de Valorización para la ejecución de 21 obras que no fueron consultadas por el burgomaestre con la ciudanía ni sometidas a estudios serios, como se ha denunciado insistentemente.
El 34% que del área de Telecomunicaciones de Emcali se les entregará a los particulares, de conformidad con el proyecto de acuerdo aprobado, se convertirá en el 49%, pues el 15% restante que, para guardar las apariencias, Ospina propuso con destino a trabajadores y usuarios de la empresa irá también a manos del pulpo que se quede finalmente con el componente más productivo de Emcali.
De esta forma, el socio estratégico que ahora buscará la Gerencia de Emcali, intervenida casi desde el principio del gobierno de Álvaro Uribe, impondrá las condiciones, ya que así nominalmente sea levemente inferior su participación accionaria en la empresa filial que se ordena crear en reemplazo del área de Telecomunicaciones, ese socio hará valer sus intereses como ha ocurrido en otras experiencias similares.
Además, la aprobación de este proyecto con el disfraz de inversión para la modernización abre el camino de la privatización de los otros componentes de Emcali (energía eléctrica y acueducto y alcantarillado), como ha sido el sueño de los grupos de poder económico en la región, ligados a grandes capitales financieros nacionales e internacionales.
Siguiendo las directrices de Uribe
La prestación de servicios públicos vitales para cualquier comunidad humana como lo son el de agua potable y el de energía eléctrica constituye un gran negocio para los empresarios particulares, quienes buscan comprar a precio de quema.
Como afirma el concejal Pérez, en el estudio de valoración de Emcali ni siquiera se tuvo en cuenta la marca, que de por sí representa un enorme capital por su trayectoria y posicionamiento nacional.
El gobierno de Uribe fomenta la venta de las empresas de servicios públicos. Las privatizaciones hacen parte medular de su política plutocrática, esto es, de favorecimiento de los intereses de los más ricos, que son para quienes realmente gobierna. El resultado de lo anterior, han denunciado expertos en el tema, es el incremento de los costos en la prestación de esos servicios. Además, lo privado no necesariamente es sinónimo de eficiencia.
Quienes aprobaron el proyecto privatizador argumentan, para justificar el hecho, que es la única forma de lograr la devolución a los caleños de la empresa intervenida. Si eso es así, aceptar el condicionamiento hace aún más gravosa la decisión tomada.
Lamentablemente, todo lo actuado en relación con Emcali contó con la participación de los dos concejales actuales del Polo Democrático, quienes no respetaron la orientación política de la dirección nacional de ese partido en contra de las privatizaciones.
“El Comité Ejecutivo Nacional del PDA fue informado de la intención del Concejo de Cali de reestructurar la Empresa Municipal Emcali autorizando la venta del 49% de Telecomunicaciones, así como la venta de Termoemcali, atentando contra el patrimonio de la ciudad y poniendo en peligro los derechos y la estabilidad laboral de sus trabajadores. Esa venta es contraria a la decisión de rechazar las privatizaciones de las empresas de servicios públicos adoptada por el Partido y ratificada plenamente en el Ideario de Unidad. En consecuencia, los concejales del PDA en Cali deben votar negativamente el proyecto de acuerdo de venta del 49% de Telecomunicaciones”, dice el pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático del 7 de septiembre del presente año, firmado por Jaime Dussán Calderón y Carlos Bula Camacho.
El ex concejal Wilson Arias Castillo fue claro al señalar que antes de retirarse del Cabildo para poder aspirar a la Cámara de Representantes recibió el compromiso de quien lo reemplazó en el sentido de respetar la orientación del Polo de rechazar el proyecto de Ospina, pero el nuevo edil no cumplió.
Si el pueblo caleño no tiene para pagar las facturas de los servicios públicos, menos tendrá para cancelar las millonarias sumas que ahora el gobierno del “corazón por Cali” les cobrará por concepto de Valorización.
Estamos en presencia de una claudicación sin atenuantes del Alcalde que cuando, a finales de 2007, buscaba los votos de los caleños les prometió, ante todo, la defensa de los intereses públicos. En el mandato de Ospina el presidente Uribe no sólo ordenó la liquidación de Emsirva, sin que el Alcalde reaccionara como era debido, sino que ahora Emcali emprende el camino de la privatización.
Ya hay casos concretos que muestran el resultado del manejo privado de las empresas públicas: incremento de tarifas y más deficiencia en la prestación del servicio. No es sino mirar a Telefónica de España que se quedó con Telecom de Colombia y hoy esta es una empresa récord en reclamos por abusos y malos servicios presentados por los usuarios: más de 600.000 quejas, de acuerdo con cifras del año pasado.
Pero, además, según reveló el senador Alexander López, la venta del 49% del área de Telecomunicaciones de Emcali “significa que cerca de $100.000 millones que ese componente aporta hoy al sostenimiento del servicio de acueducto y alcantarillado se perderían y para compensarlo se requeriría incrementar nuevamente la tarifa, lo que a todas luces es injusto con la ciudad”.
Así se incumple el Programa de Gobierno
En su Programa de Gobierno de la campaña electoral de 2007 Ospina firmó el siguiente compromiso: “Nuestras acciones estarán regidas a partir del interés supremo de proteger el patrimonio público como medio para el desarrollo integral y la equidad. Por eso se buscará que las grandes empresas públicas de Cali retornen a sus ciudadanos en condiciones de transparencia, eficacia y eficiencia administrativa” [1].
Más claro no lo canta un gallo: ¿con las decisiones tomadas en relación con Emcali y la actitud de pasividad ante lo ocurrido con Emsirva se cumplirán estos anuncios programáticos del hoy Alcalde, que son de obligatoria observancia?
Ha sido tan evidente la contradicción entre lo ofrecido en la campaña hacia la Alcaldía (recuperación de Emcali sin su división) con lo practicado, que de inmediato, tan pronto Ospina formuló su idea sobre el área de Telecomunicaciones el miércoles 15 de julio en el Centro Cultural de Cali, muchos líderes de barrios y comunas la rechazaron e, incluso, anunciaron el respaldo a una campaña de revocatoria del mandato por incumplimiento de los compromisos programáticos.
Y si la privatización de las Telecomunicaciones de Emcali causa protestas, la obstinación del alcalde Ospina en no atender los reclamos por los cobros millonarios de la contribución de Valorización para las “megaobras” no para y, por el contrario, se extiende.
Ospina no sólo se ha negado a considerar las solicitudes de que se programen mejor las obras , sino que ha originado lo impensable hasta hace poco: que voceros, líderes e integrantes de todos los estratos sociales, desde los pudientes 5 y 6 hasta los más sencillos 1 y 2, pasando por los medios, se unan, dejando de lado sus diferencias de clase y sus discrepancias políticas e ideológicas, en procura de un objetivo común: evitar cobros abusivos por parte del Gobierno.
Así, Ospina ha puesto a hacer causa común a dirigentes de la izquierda del Polo Democrático como el senador Alexander López y el ex concejal de Cali Wilson Arias con dirigentes empresariales como Fabio Rodríguez y Rodrigo Salazar y políticos conservadores como el ex representante Ramiro Varela Marmolejo y el senador German Villegas.
Veedores cívicos, periodistas, estudiosos de los temas de la ciudad, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, Acopi, organizaciones no gubernamentales, juntas comunales y juntas administradoras locales, entre muchas otras organizaciones cívicas gremiales y sociales, hacen parte de esta unión.
En este punto de los multimillonarios costos que tendrán las obras y que saldrán de los bolsillos de los caleños tambien se sitúan claros incumplimientos del compromiso programático del Alcalde. Veamos. En su Programa de Gobierno Ospina expresó: “Toda la comunidad caleña tendrá el derecho efectivo de informarse, a participar y a incidir en las decisiones de gobierno, como ejercicio efectivo de ciudadanía” [2].
Y agregó: “Toda la inversión pública se hará con criterios de racionalización, participación, transparencia, satisfacción de beneficiarios y de focalización a partir de prioridades con presupuestos participativos” [3].
Pero, como para que no quedaran dudas, en otra parte del compromiso programático Ospina ofreció una “ciudad democrática”, mediante “la participación de ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones y en la inversión equitativa del recurso público a partir de presupuestos participativos” [4].
Con base en este documento, ¿habrá garantizado Ospina el derecho “a participar y a incidir en las decisiones de gobierno?” ¿Habrá definido con la ciudadanía “criterios de racionalización” a la hora de decidir sobre el enorme monto de las “megaobras"? O, más grave aún, ¿habrá llamado a los caleños a “la toma de decisiones” para una “inversión equitativa del recurso público”?
Las respuestas a estas preguntas, que surgen de la lectura simple de los puntos atinentes del Programa de Gobierno, radicado como ordena la ley antes de las elecciones, son negativas, y sirven de argumento no sólo a los reclamos ciudadanos sino a las solicitudes de revocatoria que ya se plantean.
“Tenaza económica injusta”
Vale la pena tener aquí antecedentes históricos sobre la contribución que ahora se cobra. Armando Palau Aldana, defensor del medio ambiente, recuerda: “El tributo de contribución por valorización es una figura adoptada por la legislación colombiana desde 1921, (son) piezas legales que obligan a definir todos los elementos de las obras de interés general en forma ‘clara e inequívoca’, esto es, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa, así como el sistema para definir los costos y beneficios, el modo de hacer su reparto, identificando la capacidad de pago de los propietarios que serán gravados”.
Además, y como lo reveló Fabio Rodríguez, ex presidente de la Cámara de Comercio de Cali, el cobro de Valorización es aún más inexplicable “cuando el propio Alcalde solicita al Concejo aprobar un acuerdo para rebajar los intereses de la cartera morosa que tenían los caleños con el Municipio en una suma de $425.305.504.842 por Impuesto Predial Unificado, todo en razón a la calamitosa condición socioeconómica por la que se atraviesa Cali”.
Por su parte, el senador Alexander López alertó también respecto de otras cargas que caerán sobre los hombros de los habitantes de la ciudad: “El Gobierno Nacional pretende financiar su Plan de Saneamiento Ambiental del Río Cauca cobrándoles a los caleños, vía tarifas durante ocho años, la suma de $600.000 millones, lo que significará un alza superior al 30% en los servicios de acueducto y alcantarillado”.
Según López, el Municipio debe aportar $28.000 millones para el mismo programa de Recuperación del río, que también saldrán del pueblo. “Es decir, doble aporte de los caleños al mismo programa, pese a que ya están pagando la Ptar, que es para reducir los impactos ambientales del río Cauca. Creo que aquí hay un triple abuso”, dijo.
“Como si fuera poco, el Gobierno Nacional ya anunció que no condonará la deuda que tiene Cali con la Nación por los créditos de la Ptar y, por el contrario, trasladará ese cobro al Fondo de Capitalización de Emcali, para que por esa vía se cobren más de $900.000 millones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puerto Mallarino”, agregó López.
Y puntualizó el congresista: “Lo que veo es una gran tenaza económica contra los caleños, formada entre el alcalde Ospina y el Gobierno Nacional para estrangular a Cali sin piedad ni consideración, cuando ambos gobiernos saben que no hay condiciones económicas en la ciudad para realizar esos cobros”.
Lo que faltaba: “guerra sucia”…
El Alcalde y la Administración Municipal en general han asumido una actitud orientada a tratar de bajarle el tono o menospreciar la protesta contra las “megaobras”, y, de acuerdo con varias denuncias, también pretende desacreditarla.
Ramiro Varela, en representación del Comité Cívico Ciudadano contra el Cobro de Valorización para las Megaobras, sostuvo que la Alcaldía no otorgó garantías para la marcha del pasado viernes 9 de octubre, la cual, a pesar de ello, el dirigente calificó de exitosa y calculó que contó con la participaron de más de cuatro mil personas.
Según un pronunciamiento hecho por el Comité sobre el comportamiento de Ospina: “El Alcalde finalmente, a pesar de sus declaraciones radiales, no dio el permiso, no dio garantías, lideró las diatribas y la guerra sucia, nos acusaron de politiqueros, populistas y corruptos, sacaron panfletos con el (supuestos) aplazamiento de la marcha, hicieron mensajes radiales para confundir a la gente, no le dio orden a la Policía de un acompañamiento y menos al Tránsito, los proveedores de pasacalles se negaron a hacerlos, los de tarimas y sonido también, quién dijo miedo, no prestó la plazoleta del CAM, desinformó con llamadas a periodistas (hablando) del fracaso de la marcha”.
Una denuncia similar había formulado horas antes de la marcha la oficina del senador López, contra quien personas no identificadas crearon un correo electrónico con el nombre del congresista para denigrarlo.
“Cali no se puede convertir en epicentro de panfletos, pasquines y persecuciones contra Alexander López, Ramiro Varela, Claudio Borrero y John Maro Rodríguez solamente por estar haciendo observaciones económicas, jurídicas y sociales al proceso de cómo se pretende adelantar las megaobras en la ciudad”, dijo la periodista María del Carmen Londoño.
Además, la Policía, con su brazo antimotines, el Esmad, arremetió contra parte de los manifestantes del 9 de octubre y los dispersó con gases lacrimógenos por el solo hecho de querer ingresar al recinto del Concejo de Cali. El ciudadano Germán Palacios Cabezas resultó lesionado y fue remitido a un centro asistencial de la ciudad.
Movilización contra la arrogancia
“Lo más curioso –opinó el ecólogo Palau-- es que en su soberbia el Alcalde y el Director de Planeación menospreciaron el mandato legal de expedir un Plan de Movilidad Sostenible, además de que se pasaron por la faja la orden judicial del Tribunal Contencioso Administrativo, que logramos un grupo de ciudadanos al interponer una acción de cumplimiento a mediados del año pasado”.
Palau explicó que la juez administrativa de conocimiento determinó en auto del 9 de julio que el decreto municipal que expidió Ospina en noviembre de 2008 no cumple ni lo prescrito por la pieza legal ni lo ordenado por el Tribunal Contencioso del Valle del Cauca.
Tal como lo dijera la Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social, que orientan los juristas Luz Bety Jiménez de Borrero y Pablo Borrero, la solución no es otra que “exigir al Alcalde la revocatoria inmediata de las resoluciones de asignación, distribución y cobro de la contribución de Valorización, que en las condiciones de crisis económica, con un 14,6% de tasa de desempleo y más de un millón de caleños empobrecidos, tal instrumento se convierte en un gravamen muy oneroso” que atenta contra el bienestar de los ciudadanos.
“El cobro es exagerado, 21 megaobras son imposibles de ejecutar en este gobierno, la gente no tiene plata y además todos los actos que ordenan el cobro de la contribución de Valorización no están a ajustados a la ley ni se basan en estudios que los sustenten. Por eso el señor Alcalde debe reunirse con este movimiento y concertar con la comunidad, tal como lo ordenan la democracia participativa y las normas de Valorización”, dijo, por su parte, el ex magistrado Rodrigo Ordoñez, quien, al lado del empresario Farut Kattán y de Rodrigo Salazar, presidente de Acopi, también se pronunció a favor de la movilización popular contra los cobros de las "megaobras".
Las acciones del Comité Cívico continuarán: ya anunció una nueva marcha para el 30 de octubre, el 27 del mismo mes habrá un debate en el Senado promovido por los congresistas López y Villegas, se anuncia que serán interpuestas múltiples acciones populares contra el cobro de las “megaobras” y serán instauradas quejas ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Zar Anticorrupción por la ilegalidad del cobro derivada de su falta de debate ciudadano, ausencia de estudios serios y errores en la notificación de los cobros.
Por todo lo reseñado y analizado, es probable que en vez de “remodelar el cielo”, como reza la profusa propaganda oficial, la población tenga que morder el polvo del pavimento ardiente si el Alcalde y las más altas cúpulas empresariales y sociales de Cali, ahora aliados, persisten en sus planes “modernizadores” y privatizadores a costa del bolsillo y del capital social construido a lo largo de años por los caleños.
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[1] Programa de Gobierno Para que Cali Vuelva a ser Cali. Parte 2: Criterios que orientarán todas las acciones del Gobierno, literal d: Defensa del Patrimonio Público de la Ciudad.
[2] Ídem, literal a: Comunicaciones para la Democracia.
[3] Ídem, literal f: Focalización de la Inversión Pública.
[4] Ídem, Parte 3: La Ciudad que Podemos.
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Reportaje gráfico
Imágenes de la nutrida marcha contra los cobros de Valorización cumplida el 9 de octubre por el centro de Cali. La manifestación terminó en el CAM. Los caleños exigen ser escuchados por el Alcalde y que sean revocadas las decisiones relacionadas con las "21 megaobras".
(Fotos: especiales para ¡PERIODISMO LIBRE!).
Felicitaciones, Luis Alfonso, por el sostenimiento de este espacio. El análisis sobre la situación coyuntural de Cali, en materia de gobernabilidad, coincide con el sentimiento de muchos, aunque no se escuchen sus voces. Y un abrazo por lo de "periodista independiente". Ha sido un placer leerlo. Gracias.
ResponderEliminarEstimado Colega Dr, Mena reciba cordial saludo y un fraternal acompañamiento de mi parte, en la lucha que libra a traves de la palabra escrita, contra estos grandes focos de corrupción, descomposición política,degradación de la ética y moral de los gobernantes de turno; que solo velan por su taja de torta y de sus secuases.
ResponderEliminarTriste, doloroso y sin calificativos, los hechos que se suceden con nuestro políticos: donde reina la mentira, la farza, el engaño y el exterminio de la verdadera democraciay sus objetivos en pro del pueblo.
un abrazo amigo, No permitamos que la maldad sea la vox populi.
fdo.
LUIS CARLOS LOZANO O.
Luis Alfonso:
ResponderEliminarMuy buen analisis, creo que lo unico que le añadiria, seria, el para que de las 21 Mega obras. No han podido este ultimo lustro con el MIO, para que 21 Megaobras?, para entregar a la ciudad obras inconclusas como lo han hecho con el sistema se transporte -MIO-?, con el cual siguen robando dia a dia, lo que suena ridiculo es que una ciudad que deberia estar a la cabeza con el tema de la accesibilidad -y esto implica democracia-, por las obras realizadas, resulto siendo una ciudad fea, llena de barreras arquitectonicas trazadas por quienes diseñaron ese sistema, que de lo que se trataba originalmente era de darle a la ciudad un sistema integrado de transporte masivo, en el que se incorporaran sistemas de ciclorutas, vias peatonales dignas y sin barreras arquitectonicas, vias vehiculares y por supuesto vias para los buses articulados, esto en conjunto funcionaria muy bien, pero con el tiempo dicho proyecto se fue desvaneciando tras el montaje y artimaña de aquellos que como siempre no les alcanza el presupuesto, generando casos tan aberrantes como el del secto donde se encunetra la Universidad Santiago de Cali -como uno de los tantos ejemplos-, en donde pretenden con una rampa -y que no cumple con las normas tecnicas-que se encuentra en el espacio original del trazado de la via resolver un flujo peatonal tan alto -convirtiendo este en un cuello de botella vehicular-, pues no son solo se concentra ahi, el que produce la Universidad como tal, sino el producido por la misma vecindad de esta, la solucion, "GUARDAS CIVICOS", que en manada, aparecen dos o tres horas al dia, de las cuales de dos a tres horas se la pasan en magnificos tertuliaderos entre ellos o con vecinos -que tambien guardas de transito o de seguridad de edificios aledaños-, obviamente pagados de nuestros impuestos.
Y DEPUES DE ESTO PARA QUE 21 MEGAOBRAS, QUE SENTIDO TIENE ESTA INVERSION.
Nos vemos!
Felicitaciones profe por su análisis,medios de comunicación independientes que muestren la verdad de una manera objetiva es lo que se necesita en este país para que la gente deje de estar obnubilada. Sin embargo, esto demuestra una vez más, como las élites manejan a su antojo a quienes nos gobiernan, y como ellos pagan los favores polítcos sin importar el verdadero significado de la democracia.
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