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| Izq., Omar Romero Díaz, cuando concedía una entrevista a los portales alternativos Paréntesis y ¡Periodismo Libre!, el 24 de febrero de 2014. Der. Manifestación campesina en la Localidad San Pedro de Usme de Bogotá, en agosto de 2013, durante el Paro Nacional Agrario, Étnico y Popular. (Fotos: Luis Alfonso Mena S.). |
LA MANO CRIMINAL DISPARA
EN EL SUROCCIDENTE
Por Luis
Alfonso Mena S.
Director de
Pazífico Noticias
Desde hace algo más de dos semanas, la mano violenta y
tenebrosa de la extrema derecha, en sus múltiples formas y procedencias, se
pasea por el sur occidente colombiano, hasta que en la noche del viernes 20 de
octubre llegó de nuevo al Valle del Cauca y, en Cali, intentó arrebatarle la
vida a Omar Romero Díaz, uno de los líderes obreros de la región.
La rápida reacción del equipo de escoltas del
dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, evitó que la mano larga
del terror cumpliera su cometido, pero el nuevo atentado no puede quedar en la
impunidad, como ha ocurrido con miles de hechos similares en la historia de
Colombia y el Estado tiene el deber de responder.
El atentado contra Romero Díaz, abogado y dirigente
del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la
Construcción, Sutimac, en Yumbo, es una campanada de alerta, pues recientemente
ya se había conocido un comunicado de uno de los grupos paramilitares que
pululan en el país profiriendo amenazas contra orientadores de la Unión
Patriótica, movimiento del que Romero es integrante, así como lo es del Partido
Comunista Colombiano.
De tiempo en tiempo se sabe de listados de bandas
criminales, como se le denomina ahora a la mayoría de los grupos paramilitares,
que por la vía de la amenaza intentan desestimular las luchas sociales y las propuestas
alternativas, de manera especial luego de la dejación de armas por parte de las
Farc-EP y de su conversión en partido político legal.
Ola
inusitada de crímenes
La coyuntura en la región suroccidental del país es
especialmente preocupante por la serie de crímenes ocurridos desde el jueves 5
de octubre, cuando un comando de la Policía asesinó a siete cultivadores en la
región de Alto Mira, Tumaco, hecho de gravedad suma que con pleno cinismo el
Gobierno de Juan Manuel Santos sigue negando.
Luego, el domingo 8 de octubre, se produjo el
asesinato de la periodista indígena Efigenia Vásquez Astudillo, en acciones
atribuidas a la Policía por la comunidad que reivindica el derecho a la tierra
en Coconuco, departamento del Cauca.
El domingo 15 de octubre, de acuerdo con el testimonio
dado a Pazífico Noticias por René Hertz, líder del Espacio Territorial de
Capacitación y Reincorporación ‘Aldemar Galán’ de Policarpa, Nariño, ocurrió
otra masacre en la que fueron asesinados seis excombatientes de las Farc. Los
hechos se presentaron en jurisdicción de Isupí, San José de Tapaje, municipio
de El Charco, a manos de una banda criminal.
Poco después, el martes 17 de octubre, fue perpetrado
en Tumaco el homicidio aleve de José Jair Cortés, reconocido y carismático
líder de Alto Mira, quien al lado del consejo comunitario del que hacía parte
se había pronunciado exigiendo castigo contra los responsables de la masacre
cometida por la Policía doce días atrás.
El miércoles 18 de octubre se conoció la terrible
noticia de los homicidios de Alirio y Geovanny Zabala, padre e hijo, de la
comunidad awá asentada en la zona rural de Tumaco y activistas de la misma. De
acuerdo con el testimonio entregado a Pazífico Noticias por Javier Cortés,
líder del Pueblo Indígena Awá, hacía un año que Alirio Zabala había sido
víctima de otro atentado, en el que fueron asesinados dos de sus hijos.
Varios crímenes más han sido cometidos en las personas
de activistas sociales en Villa Rica, Corinto, Miranda y otros municipios del
Cauca, el más reciente de los cuales es el de Berenice Tovar, en Guachené. Y
este sábado 21 de octubre se informó sobre el asesinato del excombatiente Henry
Meneses Ruiz, en Miranda, Cauca.
En el resto del país la situación no es menos
preocupante y lo demuestran los crímenes cometidos contra Patricia Cataño,
líder de la Comuna 13 de Medellín; Liliana Astrid Ramírez, docente y dirigente
sindical del Tolima, y Eliécer Carvajal, activista social en el departamento
del Putumayo.
En lo que va corrido del año han sido asesinados 120
líderes populares por paramilitares y agentes de la extrema derecha en todo el
país, al tiempo que el número de excombatientes y familiares de éstos también
víctimas de homicidios se acerca al medio centenar.
¿Se repite
la historia?
Groso modo, el anterior es el crítico panorama que en
materia de derechos humanos se visualiza en el suroccidente colombiano,
radiografía que refleja la puesta en marcha de las mismas estrategias
desarrolladas por diferentes actores de la extrema derecha paramilitar y
estatal en los años ochenta y noventa del Siglo XX, cuando se produjo el
exterminio, a sangre y fuego, de la Unión Patriótica, movimiento político
surgido de un acuerdo de paz frustrado entre el Estado y las Farc, en 1984,
durante el gobierno de Belisario Betancur.
Las estrategias y las acciones se empiezan a repetir:
ahora el Establecimiento y su clase dirigente usan la matriz según la cual
quienes actúan en muchos de esos casos son “disidencias” de las Farc, argumento
falaz con el que se pretende encubrir el
operar de grupos violentos de la extrema derecha e incluso de actores solapados
del Estado, bajo la cubierta de múltiples siglas y parapetos, como ocurrió 30
años atrás contra la UP.
Lo más grave del momento, es que, a diferencia de los
años ochenta, en este 2017 está en plena vigencia un Acuerdo de Paz firmado,
pero cuya implementación registra una seguidilla inaudita de incumplimientos
fatales por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, en puntos claves como el
agrario y el de sustitución de cultivos, lo mismo que en el de la protección y
las medidas de seguridad para los excombatientes y, en general, para los
líderes sociales y populares que se la han jugado por la paz en campos y ciudades.
Paro
Nacional Indefinido
Lo único que puede detener que se repita la historia
de la UP en los ochenta es la movilización de la sociedad y visiones
estratégicas con miras a 2018, que permitan un poder que dé continuidad a lo
firmado en el Acuerdo Final.
Y por ello es tan importante el paro nacional que se
plantea a partir de este lunes 23 de octubre, para exigir la implementación por
parte del Gobierno Nacional del Acuerdo de Paz y de los centenares de acuerdos
sectoriales y regionales pactados con múltiples comunidades, entre ellas las de
Tumaco, el Chocó y Buenaventura.
De igual manera, la movilización, que será pacífica,
pero firme, en veredas, calles, avenidas y carreteras del país, reclamará
garantías para el ejercicio de la protesta social y de la acción política de
las comunidades rurales y urbanas y de las fuerzas alternativas a lo largo y
ancho de todo el territorio colombiano.
El Paro Nacional Indefinido, PNI, ha sido convocado,
entre otras organizaciones, por la Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria, Fensuagro; la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas, Conpi;
la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes,
Conafro; la Coordinación Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Marihuana y
Amapola, Coccam; el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y la
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc.
Entre los incumplimientos más sensibles en el plano
social del Gobierno de Santos figura el de los acuerdos pactados en agosto de
2013, hace cuatro años, durante las grandes jornadas del Paro Nacional Agrario,
Étnico y Popular, del que surgió una mesa de negociación que se propondría ser
reactivada.
Así, pues, el Valle del Cauca, que recibirá en Cali el
próximo miércoles 25 de octubre delegaciones de organizaciones indígenas,
campesinas, afrodescendientes y populares de todo el departamento, en un acto
programado para las 4:00 p.m. en la Plaza de San Francisco, debe estar alerta
frente a la extensión de la mano del terror de la extrema derecha a la región.
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