Pague y contamine
Bajo el nombre de tasa retributiva y compensatoria se legitima la contaminación. “¿Qué prefiere usted: morir lentamente, sin darse cuenta, o morir de una?”, declaró un funcionario ambiental al referirse a la calidad del agua potable tratada del río Cauca. El 83,33% de los municipios del Valle no tiene planta de tratamiento.
Por José Julián Mena Rivera y Wilson Rengifo Montero
“Qué prefiere usted: ¿morir lentamente, sin darse cuenta, o morir de una?”, preguntó un funcionario ambiental de Cali al referirse a la calidad del agua potable tratada del río Cauca.
Las políticas ambientales determinan que “quien contamina, paga”, pero continúan siendo ineficaces en las exigencias para la conservación del recurso hídrico. Entre tanto, el Cauca languidece a su paso por el departamento del Valle.
En el monitoreo hecho por la CVC al río Cauca, durante el primer semestre de 2011, se puede determinar la reducción en la calidad del agua: a su ingreso, un 58% y a su salida, un 35%, según informó a PARÉNTESIS Wilson García, jefe de Comunicaciones de la CVC.
De igual manera, el informe designa el punto más crítico de contaminación en el interregno entre Yumbo y Mediacanoa, “posiblemente producto de los vertimientos del municipio de Cali y el sector industrial de Yumbo, lo cual confirma la llegada a la corriente de efluentes domésticos e industriales, sin previo o con deficiente tratamiento”.
“Los 33 poblados municipales asentados en la cuenca vierten sus aguas residuales domésticas e industriales de manera directa al río Cauca o a sus tributarios”, dice un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, de 2009.
La tasa retributiva y compensatoria se aplica a todos aquellos usuarios que contaminen por encima de los límites permisibles.
Sin embargo, las empresas “prestadoras” de servicios públicos aparentan ser las afectadas, cuando es el usuario quien en sus facturas ve reflejado el incremento de la tarifa de servicios públicos.
Lo anterior sólo deja de manifiesto que muchas de las empresas que “pagan la tasa retributiva por contaminar” no tienen prisa en cumplir los plazos, ni mucho menos en mejorar la calidad de nuestro ecosistema. De ahí que se entienda la negligencia para adoptar medidas de recuperación y conservación de los recursos naturales.
Sin plantas
La Ley 99 de 1993 declaró la obligatoriedad en la preservación y cuidado de las fuentes hídricas, por medio de la creación del Ministerio del Medio Ambiente, máximo responsable y ejecutor de políticas ambientales. En orden de jerarquía le siguen las corporaciones autónomas regionales, CAR, los departamentos y los distritos o municipios.
De acuerdo con la Ley, nuestros recursos son jerarquizados por proyectos. De mayor a menor, la prioridad es el abastecimiento de agua potable; en segundo lugar, la recolección y disposición de aguas residuales y, por último, su tratamiento.
En el Valle del Cauca los municipios han presentado proyectos en audiencia pública consultiva, bajo el marco del Plan Departamental del Agua, PDA. A esta fecha se encuentran en la fase III.
Cuentan con un presupuesto de $554.000 millones. Ante la cifra, Leyla Rojas Molano, viceministra de Agua y Saneamiento, dijo que las inversiones requeridas en acueducto y alcantarillado eran demasiado cuantiosas.
Sin embargo, aclaró que el comprometer esos recursos (de 15 o 20 años de presupuesto) implicaba una gran responsabilidad en la administración y ejecución de los mismos.
La situación se torna más preocupante si se observa que el 83,33 % de los municipios del Valle no cuentan con plantaa de tratamiento de aguas residuales, Ptar.
El panorama se repite en todo el territorio nacional: de los 1.099 municipios, tan sólo 454 cuentan con plantas, de las cuales 108 se encuentran en buen estado; 122, en estado regular; 100, en estado deficiente, y de 124 no se conoce su situación.
Lo anterior, unido a la falta de políticas eficaces por parte del Ministerio del Medio Ambiente, de las corporaciones regionales autónomas, de las empresas de servicios públicos, a la falta de rigurosidad de los entes de control y a la irresponsabilidad ciudadana, sólo manifiesta el grado de deterioro de los recursos naturales.
La Ptar de Yumbo
Basados en informes que sitúan a Yumbo en el foco de la contaminación, PARÉNTESIS abordó la problemática de contaminación por vertidos domiciliarios e industriales en Yumbo.
Le preguntó al concejal Adolfo Guevara (quien recientemente hizo una denuncia pública con respecto a la licitación para la recolección de vertidos sólidos) por la Ptar del municipio, y respondió: “La empresa no tiene en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales porque infortunadamente cuando se adquirió esta planta no se tuvieron en cuenta muchos aspectos”.
La planta fue construida en 1995, bajo un decreto de urgencia manifiesta.
Tuvo un costo de $2.958 millones que reposan como un elefante blanco. Estás anomalías ya han sido investigadas. Lo cierto es que pasados 16 años los yumbeños siguen sin Ptar.
“De hecho, la planta no garantiza el tratamiento en el 100% del agua que resulta en el municipio de Yumbo”, concluyó.
Los ciudadanos
Vecinos del sector de Juanchito, en Cali, denunciaron la incomodidad que genera el vertimiento de aguas negras al lado de sus viviendas. “Los niños se mantienen enfermos. Esto lo que hace es atraer a los zancudos”, afirmó una vecina.
De igual manera, un habitante del corregimiento de Mulaló, en Yumbo, denunció la molestia que causa el funcionamiento de una laguna de estabilización de vertidos domiciliarios.
PARÉNTESIS visitó la zona y constató la veracidad de las denuncias. Melba Hurtado, otra vecina, dijo que “en la tarde el olor se hace insoportable”.
En el artículo 174 del Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS, se “recomienda” mantener un mínimo de distancia con las viviendas más próximas: 1.000 metros para lagunas anaerobias y reactores descubiertos; 500 metros para lagunas facultativas y reactores cubiertos y 100 metros para sistemas con lagunas aireadas.
En Mulaló esta “recomendación” no se cumple. La vivienda más próxima está ubicada aproximadamente a 25 metros. Las autoridades no se pronuncian. Los mulaleños y los vecinos de Juanchito siguen esperando una solución.
El río Cauca proporciona el 70% del agua para el tratamiento y posterior consumo potable en el departamento. Esto debería provocar que todas las miradas se dirigieran a su conservación.
Desde Puerto Isaac hasta Mediacanoa el nivel de oxígeno disuelto, OD, llega difícilmente al valor de 1 mg/l, alcanzando, en gran parte de su recorrido, una condición anaeróbica, es decir, nivel cero de oxígeno. La Resolución 1.096 de 2000 establece que la cantidad de OD debe ser mayor o igual a 4.0 mg/l en una fuente aceptable.
Estamos viviendo a expensas de una explotación indiscriminada y, además, pagamos por verla.
(*) Estudiantes de Comunicación de la Usaca. j-j_mena@hotmail.com, wiki-1301@hotmail.com.
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