 |
| Durante 53 días los campesinos del Catatumbo resistieron la represión estatal y la arrogancia del Gobierno, resistencia que empieza a dar logros concretos. (Foto: Contagio Radio). |
Catatumbo: conversaciones en medio de la tensión
A pesar de que
el fiscal Eduardo Montealegre sostuvo que había garantías legales y que no
serían judicializados los campesinos que participaron en la protesta, miembros
de Ascamcat aseguran que continúan los montajes judiciales por parte del
Ejército y la Policía en su contra.
-----
Por
Camila Ramírez y Omar Vera
Este
martes 13 de agosto, los campesinos del Catatumbo y
el Gobierno Nacional retomaron los diálogos iniciados la semana pasada, luego
del levantamiento del bloqueo de la vía entre Cúcuta y Tibú y de un movimiento
de más de 53 días que puso los ojos del país sobre esta región del nororiente
colombiano.
Sin
embargo, los campesinos han manifestado su preocupación por los pocos avances
en las negociaciones y porque consideran que el gobierno tiene poca voluntad
para resolver sus reclamos, a pesar de que ellos sí han cumplido
con los acuerdos de levantar temporalmente el paro y desbloquear las vías.
Asimismo, los voceros de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat)
aseguran que durante los últimos días se han agudizado la crisis humanitaria,
la violación a los derechos humanos y la militarización en
la región del Catatumbo.
Desbloqueo para dialogar
El
movimiento campesino liderado por Ascamcat se lanzó a protestar sobre las vías
del Catatumbo el pasado 11 de junio y se mantuvo luchando durante 53 días en
los municipios de Ocaña y Tibú (Norte de Santander), exigiendo la constitución
de una zona de reserva campesina para frenar el acaparamiento de tierras, la
suspensión de la erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca,
desmilitarización de la región, garantías en materia de derechos humanos, vías,
hospitales, escuelas y otra serie de necesidades de inversión social para esta
zona, una de las más pobres del país.
La
respuesta estatal fue de represión y de negación constante de las
reivindicaciones campesinas. El 21 de junio, el presidente Juan Manuel Santos
señaló que las protestas estaban “infiltradas por la guerrilla” y ordenó el
despliegue de un enorme dispositivo militar y policial en la región,
indicando que “en ninguna parte del país vamos a permitir que el orden
público sea vulnerado”.
Como
resultado de la militarización del Catatumbo, cuatro
campesinos –Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Angarita y Hermídez
Palacio– fueron asesinados por disparos de fusil provenientes de la Policía,
según ha manifestado la Fiscalía, otra veintena resultaron heridos de bala y un
número indeterminado resultó con lesiones por el uso indiscriminado de gases
lacrimógenos, explosivos artesanales, balas de goma y granadas de dispersión
que, en algunos casos, eran modificadas para lanzar metralla –como fragmentos
de tornillos, clavos y alambre de púas– sobre los manifestantes.
Adicionalmente,
el 26 de junio, una comisión de verificación conformada por la Oficina en
Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (Oacnudh), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y el Consejo Noruego para los Refugiados pudo comprobar denuncias por torturas,
saqueos, robos, destrucción de viviendas, incendios y daños a los bienes de los
campesinos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. Todo
esto fue incluido en un informe que el gobierno objetó de inmediato, amenazando
con pedir la salida de Oacnudh del país.
Al
respecto, la alta comisionada Navi Pillay señaló, el 19 de julio, en su
reciente visita a Colombia que “nosotros monitoreamos y alertamos sobre
violaciones [de derechos humanos] como los asesinatos de manifestantes y
llamamos a que haya una investigación”, agregando que su oficina ha basado su
trabajo en los testimonios de los campesinos, “en el sentido de que los
disparos provenían de fusiles”, como luego comprobó la Fiscalía, y que los
“derechos a la reunión y a la libertad de expresión deben ser respetados” porque
“cuando la gente es arrinconada y no ve soluciones a las quejas que ha tenido
durante muchos años, desafortunadamente, toma medidas desesperadas como estas
manifestaciones”.
Pasaron
37 días en que el gobierno cambió constantemente su equipo negociador e impuso
condiciones variadas a los campesinos para el dialogo, siempre dilatando los
diálogos y negándose a solucionar el punto de la zona de reserva, según
denunció Ascamcat. Finalmente, después de incontables encuentros entre los
líderes campesinos y los delegados del presidente, ahora encabezados por el
vicepresidente Angelino Garzón, el viernes 2 de agosto en la vereda La Aduana
del municipio de Tibú se realizó la jornada de “Acuerdo social por el
Catatumbo”, donde se pactaron como condiciones para desbloquear las vías y
levantar el paro una serie de garantías para el retorno de los campesinos a sus
viviendas y para la negociación de los puntos básicos del pliego de exigencias
de los campesinos, contado con el acompañamiento de una comisión de garantes
compuesta por el expresidente Ernesto Samper; el sacerdote Francisco de Roux,
provincial jesuita en Colombia; el senador Juan Fernando Cristo; el
representante Iván Cepeda; la Comisión de Paz del Congreso de la Republica;
monseñor Ómar Alberto Sánchez, obispo de Tibú; y el representante de la
Oacnudh, Todd Howland.
En
la jornada, César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas
Campesinas (Anzorc), denunció las precarias condiciones de vida de los
campesinos del Catatumbo: “Acá tomamos agua del pozo petrolero. No puede ser
que después de 83 años no haya agua potable ni acceso al gas en Tibú. No puede
ser que esta carretera, que es una carretera nacional [vía de Cúcuta a Tibú]
sea prácticamente una trocha”. Además, agregó que “el Catatumbo merece ya un
hospital de tercer nivel”.
Por
su parte, Angelino Garzón indicó que el presidente quería crear en el Catatumbo
un laboratorio de paz para Colombia y que éste sería un plan piloto para
consolidar una política de dialogo y mostrarle al país acuerdos concretos a
favor de los campesinos.
Por
otro lado, el representante a la Cámara Iván Cepeda manifestó que los garantes
deben acompañar el procesos para “que esos acuerdos se cumplan y que no se
queden simplemente en el papel; ésa es nuestra función de garantes, así la
asumimos y así nos comprometemos hoy a cumplirla con ustedes”.
El
sábado 3 de agosto, hacia las 6:00 am, se desbloqueó la vía que conduce de
Cúcuta a Tibú, al mismo tiempo miembros de la ONU estuvieron monitoreando las
carreteras. Sin embargo, entre los manifestantes se refleja la desconfianza a
la voluntad real de diálogo que tenga el gobierno y la expectativa por lo que
pueda pasar en la mesa de negociación. Al respecto, Pedro*, un campesino de la
zona, expresó cómo se sienten después del paro y qué esperan de los acuerdos:
“Impresionante, por el agotamiento, el estrés, el cansancio, la fatiga. Ya son
53 días en esta situación […] Esperamos de ellos que las palabras no se queden
únicamente ahí plasmadas en un documento, en un acto, sino que esperamos que
todo lo que se ha dicho se haga realidad. Es lo que nosotros necesitamos, es lo
que realmente reclamamos y esperamos que eso se cristalice en muy poco tiempo”.
Zonas de reserva campesina
El
primer punto y el de más álgida discusión en la agenda de la mesa de
negociación es la declaratoria de la zona de reserva campesina en el Catatumbo.
A pesar de que la creación de zonas de reserva campesina, como figura de
protección de la pequeña propiedad rural, esté establecida en la Ley 160 de
1994 y en el Decreto 1777 de 1996, y de que Ascamcat ha cumplido con todos los
requisitos para la conformación de una en el Catatumbo, el gobierno viene
dilatando el proceso usando distintos argumentos que van desde la seguridad en
la región, pasando por inconvenientes jurídicos inexistentes, hasta la
necesidad de realizar un proceso de consulta previa con los indígenas Barí que
habitan allí y que ya habían dado su visto bueno a la iniciativa.
A
pesar de esto, según los trámites definidos por la Ley, sólo falta en este
momento que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) reúna a su
consejo directivo para aprobar la zona de reserva, por lo que los campesinos
creen que existen otros motivos para la reticencia del Ejecutivo ante el tema.
Olga
Lucia Quintero, una de las líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo
(Ascamcat), aseguró que “hemos cumplido con absolutamente todos los requisitos,
creemos que si el Incoder nos dio $350 millones para hacer los estudios era
porque creía que sí era viable, pero detrás de todo esto está el ministro de
Defensa”.
Al
inicio de las protestas, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se declaró
en abierta oposición a la constitución de la zona de reserva campesina en el
Catatumbo y ha reiterado que el Estado no puede ceder en este punto porque,
según sostiene el funcionario, lo que se busca es imponer una zona autónoma que
sirva como corredor de armas y de cocaína.
Sin
embargo, Olga Quintero asegura que lo que hay detrás de los pronunciamientos
del ministro más poderoso del gabinete de Juan Manuel Santos son una serie de
poderosos intereses económicos sobre el territorio que hoy ocupan los
campesinos: “En esta región hay muchos intereses de minería. Contamos con una
reserva de carbón de más o menos 70 km² que quieren explotar a cielo abierto,
contamos con una reserva petrolera […] se quieren implementar megaproyectos
como el de la palma. Acá hay inversionistas como el señor Carlos Murgas, que
fue viceministro de Agricultura en la época del presidente Pastrana y está
impulsando la extractora de aceite [de palma] más grande de América Latina”.
Adicionalmente,
la dirigente campesina asegura que los planes para “consolidar militarmente la
región son (sic.) para poder asegurar la región para
que esas empresas multinacionales puedan entrar y puedan saquear”. Actualmente,
el Catatumbo es uno de los lugares más militarizados de Colombia y los
municipios de Convención, Hacarí, Tibú, El Carmen, El Tarra y Teorama han sido
declarados como ‘zona de consolidación’ dentro de la actual estrategia militar
de la tercera fase del Plan Colombia, contando con la presencia de miles de
hombres del Ejército, que cuenta con brigadas móviles en La Gabarra, Convención
y El Tarra, cinco batallones y una base militar en Tibú, donde además opera la
Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, acusada de graves violaciones a los derechos
humanos.
Cultivos de coca
Otro
de los puntos mínimos a negociar es la sustitución gradual y concertada de los
cultivos de coca. Los campesinos expresan que necesitan que cesen los
operativos de erradicación forzada de los mismos y que se acuerden mecanismos
para que puedan vivir de otros productos porque, durante años, la hoja de coca
ha sido el medio de subsistencia para sus familias.
En
el pliego de exigencias presentado por Ascamcat se proponen subsidios de
$1’500.000 para los campesinos afectados por la erradicación forzada, pues, al
haberse arrancado por la fuerza sus cultivos, quedan sin ninguna fuente de
sustento económico y necesitan recursos para alimentar a sus familias. Además,
plantean la necesidad de implementar proyectos agrícolas productivos y
sostenibles para la región, de manera que la gente no tenga que depender de la
hoja de coca para vivir.
Sin
embargo, a pesar de las actuales negociaciones, los campesinos vienen
denunciando que después del levantamiento del paro se han intensificado los
operativos de erradicación forzada en el corregimiento La Gabarra del municipio
de Tibú y que el pasado lunes se presentó un incidente en el que un grupo de soldados
que acompañaba a los erradicadores disparó contra los campesinos,
afortunadamente, sin víctimas que lamentar. Este asunto es de altísima
gravedad, si se tiene en cuenta que, a inicios de junio, las protestas
campesinas se dispararon justamente por estas erradicaciones.
Al
respecto, Ascamcat señaló en un comunicado que esta situación “ha obligado al
campesinado a reunirse en asentamientos campesinos en las veredas para evitar
los atropellos a sus derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos
por parte de la Fuerza Pública desplegada en la región”, y defender los
cultivos de coca hasta que existan otras alternativas para sostener a sus
familias.
Garantías legales para los manifestantes
A
pesar de que el fiscal Eduardo Montealegre sostuvo que había garantías legales
y que no serían judicializados los campesinos que participaron en la protesta,
miembros de Ascamcat aseguran que continúan los montajes judiciales por parte
del Ejército y la Policía en su contra.
En
un comunicado manifiestan que “son 4 los compañeros que continúan recluidos en
cárceles, por obra de los montajes judiciales contra los manifestantes de Ocaña
y Tibú”. Al respecto, Olga Quintero denunció que “en el transcurso de lo que va
del año, van 468 campesinos detenidos por el Ejército [...] el 80% de estos
campesinos han sido víctimas de montajes judiciales”.
Fuente: http://elturbion.com/?p=7805
-----
Ascamcat saluda
la decisión del presidente Santos de suspender las erradicaciones de los
cultivos de coca en el Catatumbo
El
gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz Contreras, nos ha informado vía
telefónica que el presidente Juan Manuel Santos ha tomado la decisión de de
correr el cronograma de erradicación de los cultivos de coca en el Catatumbo
La
Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat ve muy positivamente la decisión
del presidente Santos, su actuación en la práctica significa suspender las
erradicaciones violentas y forzadas de los cultivos de coca, lo que garantiza
un ambiente propicio para el desarrollo de las conversaciones en la mesa de
interlocución y acuerdo entre el gobierno y el campesinado del Catatumbo.
Ascamcat
informa que tan pronto sea verificada la salida de los erradicadores del
territorio serán desmontados los asentamientos campesinos que hasta el día de
hoy confrontan e impiden la acción de los erradicadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario