5. Ponencia. Foro en la Universidad del Valle

En la gráfica, Luis Alfonso Mena S. cuando intervenía en el Foro realizado con ocasión de los 35 años de fundación de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, el jueves 28 de octubre de 2010. Aparecen también Alfredo Molano y Alejandro Ulloa, director de la escuela. (Foto: Ana Susen Cárdenas).

Los periodistas, los medios

y el conflicto colombiano

Reflexión presentada por el autor en el Foro Conflicto y Memoria: Medios de Comunicación y Perspectivas Políticas en Colombia 2010-2014, realizado en el Auditorio Carlos Restrepo con ocasión de los 35 años de creación de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Intervinieron, además de Luis Alfonso Mena S., el sociólogo Alfredo Molano y la investigadora social Claudia López.

Por Luis Alfonso Mena S. (*)

Agradezco la invitación a participar en este foro efectuada por el maestro Alejandro Ulloa, a quien conocí en el lejano 1981 cuando él, docente ya, y quien les habla, estudiante aún, nos encontramos en las aulas del Departamento de Comunicación Social y coincidimos en el bello ejercicio de la redacción de textos, ese al que muchos le auguran su extinción dentro de poco tiempo en beneficio del imperio de la oralidad mediática, pero que, estoy seguro, él y yo valoraremos ad infinitum, porque el pensamiento, el conocimiento, la opinión y la información escritos nunca perecerán.

Los años 80 en que se dio ese encuentro marcaron el derrotero de una generación de periodistas formados en las universidades, varios de los cuales hoy ya no nos acompañan, como Adolfo Pérez Arosemena, el filósofo univalluno que cayera asesinado luego de ser cruelmente torturado en 1989 por aquellos que eufemísticamente llaman “fuerzas oscuras”, pero que, de acuerdo con investigaciones de la época que quedaron prontamente en el olvido, fueron los mismos que 20 años después, en otros cuerpos, pero con prendas similares y fines parecidos, protagonizaron el también eufemísticamente denominado drama de los “falsos positivos”.

O como Alirio Mora Beltrán, el agudo y querido periodista con quien laborábamos en un conocido periódico de la ciudad que lleva por nombre el gentilicio de los naturales de estas tierras, y quien al entrar la noche del 19 de septiembre de 1983 fuera acribillado a balazos en las puertas del diario, según se dijo también en aquella época, por “fuerzas oscuras”.

En el caso de Pérez Arosemena, le cobraban su militancia política de izquierda y, seguramente, la osadía de, a pesar de ella, haberse convertido en periodista de radio y de diarios. Las insidias y los actos persecutorios a las ideas contrarias siempre han hecho parte de los comportamientos de los actores de la violencia que ha caracterizado la historia de Colombia desde los albores de la República. Y cobran vidas. Tarde o temprano cobran vidas.

En el caso de Mora Beltrán, no le perdonaron que tuviera en sus manos documentos que comprometían en actos de corrupción a personajes encumbrados que temían ser denunciados por la pluma del periodista palmirano, de cuyo suceso no se volvió a saber y hoy nadie, o casi nadie para ser justos, se acuerda de él, ni siquiera porque uno de los barrios más populares del Distrito de Aguablanca fue bautizado con su nombre.

Otros, como el profesor y periodista Didier Aristizábal, asesinado a tres cuadras de su universidad, la Santiago de Cali, en la noche del jueves 5 de marzo de 1998, hacen parte también de esa larga estela de caídos en el marco de la multiplicidad de factores que componen el conflicto nacional.

Así, pues, los años 80 del Siglo XX, los que siguieron al primer lustro de fundación del Departamento que hoy es la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Valle, fueron el escenario en el que muchos jóvenes llegaron a los medios de prensa locales y regionales para verter en ellos sus inquietudes políticas, pero principalmente para tratar de servirles a sus comunidades con la investigación y la denuncia. No pocos fueron acallados. Otros se acomodaron. Unos más persistieron…

No vamos a recurrir aquí al expediente trillado de mostrar a los periodistas como héroes. No, simplemente se trata de introducir, desde nuestro escenario, el de la información, una reflexión sobre el trasiego de los periodistas, cuya laborar no se ejecuta en blanco y negro, sino en un espectro multicolor. Muchos de ellos dan la batalla en procura de abrir espacios que hagan visibles a tantos actores de la sociedad que pugnan por hallar soluciones a sus problemas y que a través de la denuncia buscan que los males del país no se multipliquen.

Como digo en mi libro Descifrando huellas, que presentamos el pasado 20 de octubre y en el que intentamos sistematizar una experiencia periodística de tres décadas, “Los periodistas del momento (los de los años 80) nos apasionábamos con los golpes persistentes, sonoros y rítmicos de los tipos en el rodillo de la máquina (de escribir). Cada tecleo era como un puñetazo a tantas injusticias y falsedades que queríamos denunciar y combatir”.

Si logramos el objetivo o fracasamos en él lo dirá el tiempo. Lo cierto es que lo intentamos. Hoy algunos estamos de regreso de esa experiencia refugiados en el periodismo alternativo, luego de andar por los vericuetos de los medios masivos tradicionales tratando de aprovechar sus resquicios, de meternos por los interregnos que dejaban los descuidos editoriales, de superar los filtros de dueños y directores, de hacer valer las osadías que dibujaban los Adolfo o los Alirio o los Didier, hoy desaparecidos como resultado de la violencia que viene de todos lados.

No denostamos de ese ejercicio. Por el contrario. En esos medios bregamos por encender luces. De hecho hoy, otros jóvenes formados en nuestras aulas inician ese camino ya recorrido por quienes en los años 80 andábamos por los pasillos de la Universidad del Valle promoviendo el debate sobre si valía la pena trabajar en los medios de las élites. Hoy el debate ya no es ese.

La experiencia nos enseñó que donde esté, el periodista que entiende su función crítica dentro de la sociedad debería pugnar por cumplirla sin temer a la censura y sin vestirse con el disfraz de la autocensura. Nos enseñó a separar los intereses de los dueños de los medios de los intereses de los obreros que usan las máquinas hacedoras de palabras, de voces o de imágenes. Nos enseñó que ahí estaba el primer eslabón del conflicto. Un conflicto que involucra hasta la vida misma, y que en términos de la ética salta a cada momento de la cotidianidad a manera de dilemas: cómo cumplir la tarea de procurar decir la verdad dentro de una sociedad cada vez más cercada por el discurso hegemónico de los grupos de poder, como eufemísticamente también hoy nos referimos a lo que en realidad deberíamos llamar por su nombre: los oligopolios.

El conflicto armado interno

En primer lugar, partamos del reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno y de su caracterización como político y social, a despecho del discurso uribista que en todos los escenarios ha tratado de desvirtuar esa tipificación y ha insistido en la variante de la denominada amenaza terrorista que, además, complementa con el concepto reduccionista según el cual estamos en presencia de unas bandas convertidas en simples carteles de las drogas que hace rato habrían dejado de ser fuerzas insurgentes.

Creo que el papel jugado por los medios masivos de comunicación tradicionales en relación con el conflicto existente desde hace más de cinco décadas en nuestro país ha estado en correspondencia con la pertenencia de la inmensa mayoría de sus propietarios a las clases que han detentado históricamente el mando económico en Colombia, pues más que un cuarto poder, la prensa, entendida como institución global, no como sumatoria de componentes, obra como parte y expresión de ese poder. Como su gran corneta.

Como lo exponemos en nuestro ensayo Las afinidades histórico-políticas de Alberto Fujimori y Álvaro Uribe: En Colombia el factor mediático tiene grandes similitudes con el del Perú de los años 90, pues la inmensa mayoría de los medios está al servicio del discurso único, hegemónico, de una verdad oficial que se irradia desde la Casa de Nariño y para difundir la cual, aunque se guardan las apariencias de “independencia”, los monopolios de la televisión, la radio y la prensa, todos identificados con las políticas centrales del Gobierno, aplican el poder de la presión o la censura abierta.

Los medios entonces cumplen un papel casi de púlpito, desde el que se vitupera a los opositores, pero se bate incienso a favor de las políticas oficiales. El mayor ejemplo de ello está representado en Radio Cadena Nacional, RCN, con circuitos de televisión y radio propiedad de uno de los verdaderos dueños del país, la Organización Ardilla Lule, detentadora del monopolio de los refrescos, las embotelladoras, los ingenios más poderosos y otros medios de comunicación, además de los mencionados, con lo cual se ha configurado un círculo que concentra toda la producción de insumos, envasado y publicidad del pulpo de las gaseosas.

Con un país que, según estadísticas, se informa en un 67% a través de la televisión, el discurso hegemónico tiene garantizado el monopolio también de la información, como lo tenía el poder fujimorista en el Perú, en ese caso por la vía de la corrupción que desacreditó a medios de toda índole que durante años estuvieron al servicio del poder.

En la década de los años 60 Colombia había vivido una etapa sui géneris, por cuanto las élites, en aras de defender el sistema bipartidista que tantos resultados les había dado a lo largo de la historia, decidieron solucionar con un pacto de los partidos tradicionales la crisis causada por la dictadura del teniente general Gustavo Rojas Pinilla (a quien también ellas habían instalado en el poder mediante un acuerdo que procuraba frenar la ola de violencia desatada desde el gobierno de Mariano Ospina Pérez, en 1946, y que había continuado en el del también conservador Laureano Gómez Castro, en 1950). Nació así el Frente Nacional.

Las élites colombiana habían aplicado lo que el politólogo holandés Arend Liphart denomina consociacionalismo, es decir, la forma como sociedades fragmentadas se ponen de acuerdo para mantener la democracia compartiendo el poder. Traducida a buen romance, esta teoría no fue más que la aplicación del consenso entre los dos partidos tradicionales para salvar su régimen bipartidista con la alternación en el poder.

Al respecto se puede ver La democracia en sociedades pluralistas (1977), texto en el que Liphart explica su teoría del consociacionalismo, que no es más que pactos entre las élites, entre socios, entre amigos para evitar la confrontación en espacios conflictivos, divididos, y procurar la cohabitación. Se trata, a nuestro modo de ver, de un pacto en las alturas, como los hechos por los grupos de poder tantas veces en Colombia para preservar sus privilegios ante el avance de los movimientos sociales y de terceras fuerzas.

En el caso colombiano, ese acuerdo fue impuesto a las demás fuerzas políticas con asiento en la sociedad, que resultaron excluidas. Y fue esa exclusión la que dio origen luego no sólo a fracciones rebeldes dentro de los mismos partidos tradicionales, como el MRL, sino a movimientos guerrilleros de todas las tendencias ideológicas, según la fragmentación de la izquierda internacional de los años 60 y 70 del Siglo XX.

Aunque no tuvo éxito en llegar al gobierno, el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, que lideró Alfonso López Michelsen, expresó el malestar de sectores de la misma colectividad “roja” que se sentían excluidos por las élites de su partido en el pacto del Frente Nacional.

Un detallado estudio de la manipulación mediática en ese período es efectuado por el historiador César Augusto Ayala Diago en Exclusión, discriminación y abuso de poder en El Tiempo del Frente Nacional. Una aproximación desde el análisis crítico del discurso.

El estudio toma tres ejes periodísticos de análisis, los editoriales, las noticias políticas y las caricaturas publicadas por el periódico El Tiempo entre 1958 y 1974 (el de duración del Frente Nacional), para demostrar la manipulación desarrollada por el periódico del que ha sido propietaria la familia del actual Presidente de la República y del Vicepresidente del gobierno anterior contra las terceras fuerzas del momento: el rojaspinillismo, posterior Anapo, y el MRL, entre otras.

En el Frente Nacional surgió el mayor número de movimientos guerrilleros en Colombia. Las Farc, el 27 de mayo de 1964, en la operación del Gobierno contra las denominadas “repúblicas independientes” (Marquetalia, Río Chiquito y Guayabero). El ELN, el 4 de julio de de 1964, con el Manifiesto de Simacota, Santander. El EPL, el 17 de diciembre de 1967, en Sinú, Córdoba. Y el M-19, el 17 de enero de 1974, con el hurto de la espada de Simón Bolívar en Bogotá.

Como afirma Jonathan Hartlyn en Política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional en Colombia, “el proceso político colombiano ha desconcertado a los pesimistas y desilusionado a los optimistas. Si el pasado reciente es el mejor indicador del futuro inmediato, el proceso de la transformación consonciacionalista, del acomodamiento político, será prolongado, resistido, desigual” (Hartlyn.1992: 291).

El régimen uribo-santista

En consonancia con la teoría de Hartlyn, algunos agentes del bipartidismo, como el liberalismo, que estuvieron por fuera del gobierno de Uribe terminaron buscando ser absorbidos por su sucesor, como única tabla de salvación, antes de desembocar en el retorno a la alternación que ahora aparece en crisis por lo “resistido” del actual régimen. Este, en vez de bipartidista, ahora es simplemente uribo-santista y avanza en el camino de configurar, con su archipiélago de grupos, movimientos y partidos uribistas, un PRI a la colombiana.

Esa es la perspectiva del Partido de la U, que busca con el liderazgo de Álvaro Uribe una hegemonía dentro del espectro político de la derecha y el centro derecha, al estilo del Partido Revolucionario Institucional, el viejo partido de la élite mexicana que detentó el poder por espacio de 71 años, desde 1929 hasta 2000, cuando perdió las elecciones presidenciales con el Partido Acción Nacional.

Una visión más contemporánea, la del español Martín Santiváñez Vivanco, se aproxima a la anterior en su texto Álvaro Uribe: un Fujimori en Colombia, escrito en 2004. Santiváñez sostiene que “el sólido bipartidismo ha sido desafiado por un tecnócrata neoliberal que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de la oligarquía local” y agrega que “Uribe es el último paladín de una derecha popular latinoamericana que ha perdido respaldo ante la ola progresista…”.

Pero concluye, para desazón de quienes querían a Uribe para siempre en el mando: “El poder de los partidos históricos colombianos es enorme y su influencia imposible de erradicar. La historia colombiana nos enseña que sólo temporalmente las élites partidistas han buscado la alianza con los caudillos populistas, para luego desprenderse de ataduras autoritarias y retornar a la convivencia, al pacto institucional y los gobiernos de coalición” (Santiváñez. 2004).

Es, ni más ni menos, el nuevo pacto denominado por Santos Acuerdo de Unidad Nacional. Allí recaló el liberalismo, ávido de burocracia, y también los partidos uribistas, incluidos Cambio Radical, el conservatismo y el PIN, aunque siga entrando por la cocina.

Lo cierto es que aquel proceso que buscaba iniciar el desmonte de 55 años de conflicto interno (si lo situamos desde 1946, cuando comienza el periodo conocido como de La Violencia con el arribo al gobierno de Mariano Ospina, y lo dejamos en 2001, cuando lanza su candidatura presidencial Álvaro Uribe), tuvo desinteligencias y grandes enemigos desde su nacimiento.

De un lado, en la guerrilla predominaron las posiciones militares sobre las políticas y ello derivó en una sobrevaloración del momento, que al parecer las Farc visualizaban casi como un preámbulo insurreccional y por lo tanto dilataron las conversaciones sin que fructificaran los acuerdos, mientras incurrían en actos que contrariaban la necesaria detente de un proceso de paz en marcha.

Entre tanto, desde el otro extremo, el de la ultraderecha estatal, civil y paramilitar, se disparaban los esfuerzos para desacreditar el proceso con la maximización de todo cuanto ocurría dentro de la llamada Zona de Distensión, creada para el desarrollo de las conversaciones, y en los medios de las élites se hacían esfuerzos permanentes por inflamar más hogueras.

De esta forma, en la opinión pública se generalizó una percepción negativa del proceso de paz, que finalmente fracasó. Uribe tomó la fotografía del momento y sacó miles de copias. Sus réditos electorales se multiplicaron: era el único de los candidatos que desde 2001 se oponía abiertamente a los diálogos.

Identificar el foco central, luego de tomar la foto del instante, fue lo que hicieron Uribe en Colombia y Fujimori en el Perú, con casi diez años de diferencia. Los dos definieron como el eje de sus gobiernos el combate a los grupos guerrilleros más fuertes, abandonando el énfasis en problemas estructurales en el orden social, que fueron dejados para el frente asistencialista, el cual permitía, al mismo tiempo, irrigar redes clientelares con miras a futuras reelecciones en ambos casos.

Uribe, como Fujimori, promovió mecanismos denominados de autodefensa que derivaron en grupos paramilitares responsables de torturas, masacres, desapariciones forzadas, secuestros y desplazamientos. Las rondas campesinas de Fujimori y las Convivir de Uribe, patrocinadas de manera decidida durante su gestión como gobernador de Antioquia en la década de los 80, nos muestran su proclividad a la acción de actores civiles armados en el enfrentamiento a las fuerzas insurgentes.

En el caso peruano, como lo señala Cristina de la Torre en su libro Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia, “las rondas campesinas fueron el ingrediente básico de la estrategia antisubversiva que terminó por desarticular a la guerrilla maoísta en el Perú. Por medio de ellas, un sector significativo del campesinado se incorporó directamente al conflicto armado” (De la Torre. 2005a: 37).

Aunque desde el punto de vista ideológico, organizativo y operacional eran movimientos muy distintos, las Farc, en Colombia, y Sendero Luminoso, en Perú, tenían en común la pérdida de popularidad en sectores grandes de la población. Así que combatirlos se volvió la tarea central de Uribe y Fujimori, y cabalgar sobre ellos redundó en más popularidad. Así, las guerrillas se volvieron una necesidad del círculo gubernamental en un país y en el otro, porque cada éxito en el combate contra ellas significaban puntos de más en las encuestas.

Ganar el respaldo de los altos mandos, adversos allá y acá a acercamientos de paz, no fue tarea difícil. Y de la mano llegó el redoblamiento de la ayuda extranjera materializada en el Plan Colombia, firmado con Estados Unidos durante el gobierno de Pastrana.

Los altos mandos de las dos Fuerzas Armadas cerraron filas en torno de Uribe y Fujimori y se convirtieron en respaldos solidarios, pero cuestionados en materia de derechos humanos por excesos y violaciones de los mismos. En suma, ambos usaron la guerra como mecanismo de manipulación para unificar al electorado.

Por otro lado, el contexto internacional del ascenso de Fujimori y el posterior de Uribe resultó un caldo de cultivo para sus gobiernos autoritarios, pues el primero llegó en pleno derrumbe del mundo socialista (1989-1990) y del inusitado despliegue del neoliberalismo que se erigía como la fórmula del capitalismo triunfante sobre las ruinas de la mayoría de los estados socialistas que antes combatió con intensidad y ahora caían como fichas de dominó en Europa (mas no el sudeste asiático ni en Cuba).

El analista Isaac Bigio lo resume de la siguiente forma: “Fujimori logró destruir a la izquierda subversiva y a la legal aprovechándose de la guerra que entre sí ambas tenían. También se benefició de una coyuntura mundial donde se desplomaba el bloque soviético y EE.UU. imponía su modelo en todos los países de América Latina y de Europa. (Mientras tanto) Uribe se catapultó gracias a que tras el 11-S-2001 crecía la moda de seguir a Bush en la ‘guerra antiterrorista global’” (Bigio. 2009).

Hoy, con Obama en el poder, las relaciones no varían sustancialmente en materia internacional, porque su procedencia racial no es garantía de cambios en el comportamiento imperial del gobierno estadounidense hacia Irak, Afganistán, Pakistán, Yemen, Oriente Próximo, Venezuela, Cuba...

Y con Santos, a pesar de algunas puntadas diferenciadoras, todo indica que se mantendrán las líneas estratégicas del régimen instaurado por Uribe. Éste no ha regresado: sencillamente no se ha ido, y está en la práctica de jefe del Partido de la U y dispuesto a cogobernar para garantizar la continuidad de su políticade seguridad democrática.

Una forma de cogobernar podría ser ganar la Alcaldía de Bogotá. Arrebatarla al Polo Democrático tendría el doble significado de derrotar a la izquierda en la principal ciudad del país y de disponer de un escenario ejecutivo de enorme alcance paralelo al del poder central. Por ello, no es gratuito todo lo que pasa en relación con la actual Alcaldía, la de Samuel Moreno. Todo indica que está en marcha una estrategia para desacreditar la gestión de gobierno de la izquierda y facilitar aún más el nuevo espacio de poder efectivo de Uribe, el mismo que le permitirá el cogobierno.

Negociación política, única salida

Los secuestros se convirtieron en el principal error de la guerrilla, pues no solo condujeron a su aislamiento, sino que acrecentaron la percepción en la ciudadanía de que se trataba de un movimiento deshumanizado y sin contenido político, circunstancia que los medios se han encargado de amplificar.

Con todo, y a pesar del descrédito de la guerrilla por sus prácticas violatorias de derechos humanos, el conflicto colombiano no tiene otra salida que la negociación política. Los sucesivos gobiernos de Uribe y Santos le apostaron y a su derrota. Sin embargo, la experiencia histórica ha demostrado que, por sobre la desaparición de los líderes, jefes o caudillos, los movimientos insurgentes derivan de condiciones sociales y económicas en las geografías de su influencia que conducen a su reproducción.

Así, pues, los golpes infligidos a las Farc seguramente las han debilitado, pero no las han derrotado. Su germen está ahí, tanto en el plano social como en el de sus estructuras. Las élites colombianas, empero, creen en la derrota. Nunca antes las guerrillas colombianas había perdido tanto espacio.

El predominio en ellas de las tendencias militares la introdujo en el pantano y no le permitió visualizar las posibilidades que se derivaban de los espacios abiertos durante el gobierno de Pastrana. La guerrilla no supo sobreponerse a la forma soterrada como desde el otro lado la ultraderecha apostaba por el fracaso del Caguan. Cayó en el juego y perdió una oportunidad política histórica.

Hoy, como lo han dicho Fidel Castro y el presidente Hugo Chávez, el camino no es el de la lucha armada. Ello implicaría para las Farc una revaloración de la situación colombiana, la adopción de decisiones políticas antes que militares que conduzcan a contrarrestar el ostracismo en que se hallan y a posibilitar salidas negociadas con alcances sociales estructurales.

Pero no hay motivos para ser optimistas en relación con esto. No sólo porque en las mismas fuerzas insurgentes se perciben aún fuertes tendencias militares, sino porque en el país hay una ultraderecha envalentonada que no admite ni un ápice de diálogo y, menos, de negociación, una posición que encuentra fuerte respaldo en no pocos medios de comunicación.

Los crímenes de lesa humanidad deben recibir el rechazo de todos vengan de donde vengan. Y aunque es innegable que desde algunos medios ha habido aportes significativos en el desenmascaramiento del fenómeno paramilitar, y hoy en la mesa de este foro hay dos periodistas evidencia de ello, también es indudable que el comportamiento mediático respecto de los actores de la violencia en nuestro país ha sido diferenciado.

Un caso paradigmático de lo anterior se reflejó en el papel de la gran prensa con ocasión de las protestas del 4 de febrero y del 6 de marzo de 2008, la primera contra las Farc y la segunda, contra el paramilitarismo y los crímenes de Estado.

La diferenciación fue clara: mientras para la primera protesta todos los medios cerraron filas, la publicidad sobró y la información tuvo magnitudes enormes, para la segunda el compromiso escaseó, el perfil del reclamo se diluyó y finalmente la repercusión fue mucho menor.

Ello hace parte de una percepción predominante en la sociedad colombiana de hoy, en la que a pesar de las profusas investigaciones y condenas en contra de parapolíticos, prevalece una cierta indiferencia ante los crímenes del paramilitarismo.

En Colombia el fenómeno paramilitar adquiere ribetes monstruosos, con crímenes atroces confesados por jefes y soldados ‘paras’ en una cantidad que supera los 30.000 homicidios, cifra mayor cien veces que los asesinatos cometidos bajo la dictadura de Pinochet en Chile, con el agravante de que la impunidad campea.

Y ni qué decir del fenómeno conocido como de los ‘falsos positivos’: crímenes de Estado cometidos bajo incentivos derivados de las políticas ideadas por el Ministerio de la Defensa y que condujeron a la desaparición y posterior reporte como “guerrilleros dados de baja en combate” de civiles inocentes que habían sido disfrazados para reclamar recompensas.

Pero lo peor ha sido la connivencia de un alto porcentaje de la población con estas prácticas, dentro de una creencia generalizada, pero perversa, según la cual "el combate al mal mayor perdona el mal menor". Creencia que ha conducido a bajarle el tono a los miles de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y torturas cometidas por el paramilitarismo, con la participación de miles de agentes del Estado. Uribe y Santos auparon esta consigna, en su afán de acabar con la guerrilla al costo que fuera.

Casi un centenar de congresistas en la cárcel, el 95% de ellos de la bancada de Uribe, sindicados o condenados por sus nexos con el paramilitarismo, complementan el increíble panorama de la política colombiana.

Es claro, pues, el papel de los medios como empresas enmarcadas en la defensa de unos intereses institucionales, de grupos de poder, y el de los periodistas tomados individualmente como ejecutores de valores deontológicos como los de la independencia, la veracidad y la responsabilidad social.

Creo que el deber del periodista en el terreno en que esté es propugnar por la búsqueda de la verdad, así finalmente la empresa periodística, que no le pertenece, lo constriña. Su misión va más allá de ese cercenamiento. Pero puede dar otros pasos que lo conduzcan a que sus hallazgos vean la luz en otros escenarios.

De ahí la importancia del periodismo independiente y alternativo que enfrente la imposición de las agendas mediáticas, que genere espacios de participación ciudadana real en la información y la opinión, que ejerza la contra información ante la visión hegemónica que quiere establecer el poder sobre la realidad y la sociedad.

Ese es ni más ni menos el reto al que nos enfrentamos hoy. Para aportar a la sociedad. Y para  rendir homenaje a Adolfo, Alirio, Didier y tantos otros periodistas que con sus vidas dieron testimonio de lucha por acercarse a la verdad.

Bibliografía

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Hartlyn, Jonathan (1992). La política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo Editores.

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__________________________ (2001). “El paradigma no era Fujimori”, en: diario El País, Cali, domingo 8 de abril de 2001, p. 18 A.

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_________________________. (2009) “¿Todo ocurre a espaldas de Uribe?”, en el blog ¡Periodismo Libre! http://luisalfonsomenas.blogspot.com.

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(*) Director de ¡Periodismo Libre! y del periódico universitario Paréntesis.