Represión militarista en el sur del Tolima
La región de Chaparral, Ríoblanco, Ataco, Planadas, Roncesvalles y San Antonio está convertida en zona de concentración, donde el campesino es humillado por los militares apostados en el área. Hay una campaña sistematizada para obligar al desplazamiento y facilitar el apoderamiento de las tierras por las multinacionales.
Por Nelson Lombana Silva (*)
Los campesinos del sur del departamento del Tolima son víctimas de la más violenta y agresiva represión militarista, en el marco del denominado “Plan Consolidación” que se viene desarrollando fundamentalmente encaminado a garantizar la expoliación de los recursos naturales por parte de multinacionales y transnacionales.
El terrorismo de Estado se acentúa cada vez con más virulencia, en medio de la cinematográfica militarización e incomunicación por parte de los medios de comunicación, quienes solo pasan a medias los boletines de prensa de los militares. La vasta región de Chaparral, Rioblanco, Ataco, Planadas, Roncesvalles y San Antonio está convertida en zona de concentración, donde el campesino es literalmente humillado por los militares apostados en la zona.
Ante los últimos hechos graves contra los labriegos, la corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos Reiniciar presentó acción urgente y denuncia pública, nacional e internacional, sobre los últimos hechos que se presentaron en el Cañón de las Hermosas de Chaparral, al terminar el 2011 y comenzar el 2012.
Según Reiniciar, el 11 de diciembre, hacia las 10:15 de la noche, se presentó ametrallamiento sobre las veredas Florestal y Alto Ambeima; se presentaron sobrevuelos rasantes sobre los techos de las casas, lanzando luces de bengalas, muchas de las cuales cayeron en los patios de las humildes viviendas, llenando de terror a los residentes, chicos y grandes, hombres y mujeres.
El domingo 1 de enero, a las 6:00 de la mañana, en la vereda Alto Ambeima, concretamente en las fincas La Esmeralda y Horizonte y la vereda Florestal, se produjo otro ametrallamiento indiscriminado por parte de dos aviones de guerra y varias bombas cayeron en los patios de las viviendas. La onda expansiva tiene a varios labriegos con aturdimiento, dolor de cabeza, angustia y temor generalizado.
Luego se produjo un desembarco de tropas helicoportadas. Estos aparatos aterrizaron sobre cultivos de papa, tomate de árbol, pasto de corte, los cuales fueron totalmente destruidos. Es más. Varios animales domésticos fueron heridos y la bocatoma de uno de los acueductos fue totalmente destruida por acción del bombardeo y, como si fuera poco, las mangueras fueron destruidas a punta de machetazos por parte de las unidades militares.
El dos de enero, un campesino de la finca El Horizonte, que se desplazaba a la bocatoma del acueducto veredal para restablecer el servicio del preciado líquido, fue sorprendido por el Ejército y una de sus unidades lo encuelló y lo amenazó diciéndole que agradeciera que estaba fumándose un cigarrillo y tenía el fusil en el suelo o si no lo había matado.
La violenta actitud militarista, especialmente contra la población civil acusándola de ser amiga de la insurgencia armada, cada vez se hace más intensa, lo cual viene generando el desplazamiento masivo. En ese sentido, señala la corporación defensora de los derechos humanos: “De más de cincuenta familias que vivían en el sector, sólo quedan catorce, las demás se han desplazado en forma progresiva y los que aún resisten tienen que soportar las arbitrariedades del Ejército Nacional”.
Agrega Reiniciar: “En medio de las operaciones militares quedan atrapadas familias enteras, siendo los niños y las niñas los más afectados, quienes se resisten a asistir a la escuela por temor a los sobrevuelos de aviones y helicópteros”.
La campaña psicológica de los militares contra la población civil es intensa. El 23 de enero, por ejemplo, el campesino Gonzalo Torres salió de la finca El Horizonte a aserrar madera, llevando consigo la motosierra, combustible y dos mulas. En el camino fue interceptado por unidades militares y fue ultrajado. Intentaron amordazarlo y llevárselo en helicóptero, lo mismo despojarlo de sus herramientas de trabajo. Fue intensamente interrogado y le preguntaban una y otra vez por Jorge Eliécer Torres, reconocido vecino, apodado por los militares como alias ‘Pucheros’, diciendo que tenía orden de captura.
Al decir de algunos labriegos, hay toda una campaña de terror debidamente sistematizada para obligar al desplazamiento y facilitar así el apoderamiento de las tierras por parte de las multinacionales y transnacionales. Por eso, cada vez es más desesperante la destrucción de los acueductos comunitarios, de los cultivos de pan coger, la restricción en el ingreso de alimentos y la constante estigmatización contra campesinos señalados de que son auxiliadores de la insurgencia que permanece en la zona.
La represión no es de ahora
Sin embargo, la represión militarista no es de ahora. El primero de diciembre de 2009 fue bombardeada la vereda Alto Ambeima, corregimiento de la Marina, municipio de Chaparral, dejando como trágico resultado cinco semovientes muertos propiedad de José Antonio Salazar. Leydi Paola, hija de don Antonio Salazar y en estado de embarazo, fue gravemente afectada, por lo que fue llevada al hospital local donde nació la criatura prematuramente.
El dos de febrero de 2010 se produjo otro ametrallamiento, operación conjunta entre la FAC y Ejército, sobre esta misma vereda en la cual cayeron al parecer varios guerrilleros. Uno de ellos quedó con vida y al parecer fue rematado a sangre fría, caso que viene investigando la Fiscalía.
Las detenciones masivas y los montajes siempre han estado a la orden del día en la zona sur del Tolima. El 20 de noviembre de 2011 fueron detenidos los siguientes campesinos: Arcesio Díaz Reinoso, reconocido finquero de la vereda Alto Ambeima; Saan Maceto, dirigente campesino; Edwin Lugo Caballero, agricultor; Alexander Guerrero, presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda La Marina; Armando Montilla Rey, dirigente campesino. Además, las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) de los campesinos Héctor Orozco y Gildardo García, hechos criminales ocurridos en abril de 2011.
De igual manera, el 30 de enero fueron detenidos tres campesinos de la vereda Cocora, municipio de Ibagué, entre ellos una enfermera, acusados de pertenecer a la insurgencia. Se trata de Edilma Rendón Gil, Rodolfo Rendón Gil y Fidelina Castaño. La comunidad del cañón de Cocora suscribió un documento de solidaridad, en el cual da fe de que son labriegos de la zona, personas de excelente comportamiento. Dicho documento lleva la firma de más de cien persona de esta zona campesina.
Acosados por el terror, el desempleo, la miseria y el deterioro del medio ambiente por los ametrallamientos y los megaproyectos, las comunidades lanzan un dramático llamado a la comunidad nacional e internacional para que se solidaricen y soliciten al presidente Juan Manuel Santos parar el “Plan Consolidación” y para que como, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ordene a sus hombres el respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario, DIH, y los derechos humanos en su conjunto. Solicitan de las autoridades regionales, igualmente, un pronto y oportuno pronunciamiento. Solicitan hechos de paz y civilización, espacio para labrar la tierra y hacerla producir y así llenar las plazas de mercado de Ibagué y de Colombia.
(*) Ibagué, febrero 2 de 2012.
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