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| Caricatura tomada de nojota.blogspot.com |
Santos se lavó las manos,
pero el lodo quedó regado
Lo que se ha develado es la profunda crisis no sólo
del Congreso sino de los tres poderes clásicos del Estado que, en los asuntos esenciales,
obraron en contubernio y que, cuando se vieron descubiertos por la opinión
pública, tuvieron que confluir, a regañadientes o callando, en el camino del
hundimiento, por vía de una riesgosa interpretación constitucional, del Acto
cuestionado. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial son tres poderes en
crisis de credibilidad. La rama electoral, también (no es sino ver el caso denunciado
en el Valle). Y los órganos de control “autónomos” operan a media máquina…
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Enterado del
repudio general a su Reforma Judicial, Juan Manuel Santos descendió raudo de
las nubes procedente de la Cumbre de Rio y aterrizó en una alocución televisada
para abortar el golpe dado a la Constitución de 1991 un día atrás, el martes 20
de junio, por su bancada en el Congreso de la República.
La decisión de
Santos tuvo un propósito claramente político con el fin de evitar que el
referendo derogatorio del acto legislativo mediante el cual se tramitó la
reforma se abriera paso y se convierta en un movimiento nacional que afectara
su reelección.
Todo indica que
de no haberse producido la multitudinaria reacción ciudadana contra tal reforma,
Santos habría pasado de agache, pues el proyecto era de origen gubernamental y
tanto el ministro del Interior anterior, Germán Vargas Lleras, como el ministro
de Justicia caído en desgracia, Juan Carlos Esguerra, estuvieron al milímetro
impulsándolo, con la anuencia de Santos.
Es más, en la
noche de ese 20 de junio, luego de votado el informe de conciliación por la
aplanadora de la coalición de gobierno en las dos cámaras, Esguerra clamó desde
el atril del Senado: “Ustedes han aprobado una gran reforma”.
La inmensa
mayoría del Congreso de la República legisló con el mayor cinismo en causa
propia para ponerse una escafandra que lo colmara de impunidad, con lo cual
acrecentó su desprestigio nacional y demostró que las razones que condujeron a
los constituyentes del 91 a determinar una dura normativa contra la corrupción
histórica de este organismo no han sido superadas.
Pero no lo hizo
solo, sino a la sombra del cálculo cómplice del Gobierno, que le apostaba a que
“lo importante” era que la reforma fuera aprobada, así hubiera que ceder, como
en toda negociación, según dijera Esguerra antes de su renuncia, el viernes 22 de
junio.
Luego, todos se
lavaron las manos, de Santos para abajo. El mismo Esguerra dijo que no dijo lo
que dijo… Simón Gaviria, el flamante presidente de la Cámara, director único
del Partido Liberal, confesó que no había leído el acta de conciliación, confiado
en el Gobierno, y los miembros de las comisiones de conciliación también fueron
a la pila de agua a justificar sus acciones.
Los magistrados de las
altas cortes han estado, salvo el presidente del Consejo de Estado, Gustavo
Muñoz, callados, pues ellos, los jueces de más alto nivel, muchos de los cuales
dieron la pelea jurídica durante el gobierno autoritario de Álvaro Uribe,
también cayeron en la componenda con tal de que les aumentaran los períodos de
su ejercicio de 8 a 12 años, les permitieran disfrutar de sus elevados sueldos
más tiempo (hasta a los 70 años) y se les beneficiara con el retorno del
sistema de la cooptación para la integración de sus corporaciones.
Parapolíticos iban para afuera
Ahora, 12 días
después, en un evidente plan mediático destinado a enfrentar su desplome
general en las encuestas, Santos insiste en endilgarles a los demás sus propias
culpas e incluso, el martes 3 de julio, dijo al siempre progubernamental
noticiero Caracol de televisión que los “micos” de la reforma fueron
engendrados en las cárceles donde están los parapolíticos y los altos ex
funcionarios del gobierno de Uribe procesados por corrupción.
Esa denuncia ya había
sido formulada con antelación en diferentes sectores, pues era evidente, como
quedó constatado en el Acto Legislativo finalmente aprobado y hundido una
semana después, el miércoles 27 de junio, que la reforma tenía entre sus
objetivos propiciar la libertad de parapolíticos y corruptos de alto turmequé
(de AIS, Dian, Yidispolítica, ‘chuzadas’…) y era imposible que Santos no se
enterara de ello.
Evidencia de que todo
estaba fríamente calculado por los congresistas alfiles del uribismo y
alcahueteados por Santos en su afán de volver a ganar la amistad de Uribe, es
que el abogado de éste y de varios de los procesados por corrupción madrugó al
día siguiente de la expedición de la malhadada reforma a pedir ante los jueces,
sin ningún sonrojo, la libertad de nadie más ni nadie menos que del ex
secretario general de la Presidencia del anterior Gobierno, Bernardo Moreno,
juzgado por el escándalo de las ‘chuzadas’.
Además, el Gobierno
quería, con el argumento de descongestionarla, privatizar la Justicia
entregándoles facultades de jueces a abogados litigantes y notarios que
cobrarían por ejercer la potestad que la Constitución sólo les reconoce a los
funcionarios exclusivamente destinados para tal fin.
Lo anterior era
simplemente alejar aún más la Justicia de los de abajo. ¡Qué tal! La injusticia
para los de ruana.
La crisis de los poderes
En fin, lo que se ha
develado es la profunda crisis no sólo del Congreso sino de los tres poderes
clásicos del Estado burgués que, como hemos visto, en los asuntos esenciales,
obraron en contubernio y, cuando se vieron descubiertos por la opinión pública,
tuvieron que confluir, a regañadientes o callando, en el camino del
hundimiento, por vía de una extraña y riesgosa interpretación constitucional,
del Acto cuestionado.
El Legislativo, el
Ejecutivo y el Judicial están en crisis de credibilidad. El poder electoral
también (no es sino ver el caso de corrupción abortado en el Valle del Cauca).
Y los órganos de control “autónomos” operan, a pesar de su enorme fronda
burocrática, a media máquina…
Así que lo que se
impone es una reestructuración radical del Estado, que empiece por el Congreso,
manteniendo los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades de los
parlamentarios, la pérdida de investidura y su juzgamiento sin esguinces.
Pero, además,
extendiendo el tiempo de sesiones de los congresistas, que hoy sólo es de ocho meses
en total, disminuyendo sus jugosos sueldos (más de $21 millones mensuales por
cada uno de los 102 senados y 165 representantes a la Cámara, trabajen o no) y
acabando con el régimen de prebendas y beneficios, convertidos en odiosos
privilegios.
Éstos hieren la
dignidad de la mayoría de los colombianos, sometidos a salarios de hambre,
mientras burócratas profesionales, especializados en triquiñuelas y doctorados
en clientelismo, como los secretarios generales de Cámara y Senado, devengan
¡un millón de pesos diarios!
La discusión está en los
caminos para la reestructuración de las instituciones del Estado. Por lo
pronto, unos insisten sólo en el referendo derogatorio de la Reforma Judicial,
mecanismo que se haría viable si, por ejemplo, al responder la demanda
presentada contra el Acto Legislativo respectivo, la Corte Constitucional lo declarara
exequible y, en consecuencia, vigente la hundida reforma. Otros proponen ir más
allá, revocar el actual Congreso, lo que sólo sería factible por vía de una
asamblea constituyente.
Lo cierto es que la
crisis de los poderes del Estado, no sólo del Legislativo, amerita su
transformación radical. El debate está abierto. Apenas comienza. La sociedad
toda debe asumirlo y no bajar los brazos, en alto cuando se descubrió todo el
entramado de los tres poderes públicos en contubernio.
(*) Director
del periódico alternativo PARÉNTESIS, de Cali, Colombia.
Luismena7@gmail.com.
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