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| Los proletarios de la caña figuran entre los sectores laborales más desprotegidos en Colombia. |
Trago amargo para la oligarquía del azúcar
Por Luis Alfonso Mena S.
Los empresarios de los ingenios azucareros del Valle se
rasgan las vestiduras por la sanción que les impuso la Superintendencia de
Industria y Comercio, SIC, al detectarlos inmersos en el denominado Cartel del
Azúcar, y amenazan con despidos masivos de trabajadores.
Lo anterior, a pesar de que nunca se han preocupado por los
corteros y proletarios de la caña, tercerizados, explotados sin misericordia y
a quienes pagan salarios de hambre por uno de los trabajos más duros en el
campo laboral.
Además, el empresariado del azúcar tampoco se detiene en la
elevación de los precios del producto en el mercado interno, con los que
perjudica la canasta básica de los colombianos.
La sanción, contenida en la Resolución No. 80847 del 7 de
octubre último, abarca a doce ingenios, a dos comercializadoras, a la
Asociación de Cultivadores de Caña, Asocaña, y a catorce personas naturales,
“por haber incurrido en la conducta de acuerdos anticorporativos, o
cartelización empresarial para obstruir de manera concertada, coordinada y continuada las importaciones de azúcar
hacia Colombia desde países como Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica”.
En respuesta a la sanción, que es en total de $324.000
millones, los empresarios y sus defensores han dicho que ella redundará en la
cancelación de numerosos puestos de trabajo, que calculan en 188.000, aunque,
según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane,
los empleos directos solo llegan a siete mil, y datos en poder de
organizaciones sindicales señalan que son únicamente tres mil.
Se trata de una nueva treta, de aquellas a las que siempre
recurre la clase empresarial del Valle
del Cauca, pues, como lo afirma Omar Romero, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores en el departamento,
hoy tal generación de empleo por parte de los cañicultores es un sofisma.
“En la práctica hay una política
de mecanizar el corte de caña”, dice Romero, y agrega: “No olvidemos que cuando
se realizó el primer paro, en el año 2005, habían 28.000 corteros. Para el paro
del año 2008 quedaban 18.000, y en el año 2014 no había más de 5.000 corteros,
producto de la mecanización”.
Según Romero, la mecanización está
programada por los empresarios del azúcar hasta 2018, lo cual indica que la
disminución de más puestos de trabajo ya estaba planificada de antemano y
seguirá su marcha en los próximos tres años.
Además de ahorrar dinero en el pago de corteros, los
propietarios de los ingenios sancionados, apoyados en la legislación laboral y
comercial colombiana, contratan a través de terceros, con lo que le hacen el
quite a las responsabilidades sociales.
Monocultivo y biocombustible
El Valle está sometido al
monocultivo de la caña de azúcar, que copó parte de las mejores tierras en las
que se hacían otras siembras, con el agravante de que una cantidad importante
de la producción de caña es para un destino que resulta más lucrativo a los
empresarios: el biocombustible.
“Hay que ser realista: esta
producción es para el biocombustible, hoy se produce para las máquinas, mas no
para los seres humanos; hoy inclusive los mismo empresarios importan azúcar con
el ánimo de parar la competencia y seguir con el monopolio de ella”, explica
Romero.
De acuerdo con el dirigente
sindical, “el Valle debe volver a lo que era antes con la siembra de alimentos
como la soya, el maíz y otros productos agrícolas, pues hoy estamos importando
más de catorce millones de toneladas de alimentos al año”.
Por
su parte, Armando Palau, experto ambientalista vallecaucano, declaró al
informativo local Pazífico Noticias: “El perjuicio de los cañicultores, del
cartel de los pirómanos de la caña de azúcar, es inversamente proporcional a
los réditos que obtienen esas pocas familias, así que tenemos que decir: en
hora buena han sido sancionados esos señores”.
Palau
recordó, además, algo muy importante: que los empresarios de la caña son los
únicos agricultores del país que se benefician de tres subsidios: el del
antiguo Agroingreso Seguro, que en el gobierno de Santos tiene otro nombre; el
de protección del precio interno y el de producción de alcohol carburante.
A propósito de la práctica de la quema
de la caña, el jefe de la Oficina Departamental de la
Gestión del Riesgo del Valle, Alberto Ramos, recordó en reciente
pronunciamiento sobre los graves incendios forestales que han azotado al Valle
del Cauca, que “los cañicultores queman el follaje porque abarata los costos de
las empresas, cargándolos al ambiente y a la salud pública”.
En su queja, el funcionario agregó que,
sin embargo, “no se contabilizan los gases de efecto invernadero que producen
las quemas, no se contabiliza la muerte de diversas especies a causa del fuego,
ni los casos de asma y enfermedades respiratorias de los pobladores vecinos y
de los propios trabajadores de las fincas propiedad del ingenio”.
Ramos, en misiva al ministro del Medio
Ambiente, pide la suspensión de la práctica de las quemas de los ingenios,
implementada desde hace 20 años, y sostiene: “Lo más impresionante del caso es
la situación en cifras dadas por los bomberos: en más de 1.300 hectáreas
de caña de azúcar, durante los meses de julio y agosto de 2015, se han hecho
quemas por fuera del mismo control de los ingenios”.
Las sanciones
Los
sancionados son los ingenios Rio Paila-Castilla (con $40.157 millones), del
Cauca ($49.059 millones), Manuelita ($32.854 millones), Providencia ($35.399
millones), Mayagüez ($28.732 millones), La Cabaña (18.419 millones), Pichichí
($13.399 millones), Risaralda ($16.687 millones), San Carlos ($5.361 millones),
Carmelita ($7.492 millones), Central Tumaco ($1.794 millones) y María Luisa
($2.223 millones).
En
la misma Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio se señala
que la sanción para Asocaña es de $30.455 millones, para la Comercializadora
Industrial de Azúcares y Mieles S.A., Ciamsa, de $36.470 millones, y para la
firma Desarrollos Industriales y Comerciales S.A., Dicsa, de $900 millones.
Entre
tanto, las catorce personas naturales sancionadas por la misma medida pagarán
montos que van desde los $61 millones hasta los 1.089 millones, para un
subtotal de $5.042 millones.
Debido
al peso económico que en la región del Valle del Cauca, el norte del Cauca y
Risaralda tienen los sancionados, automáticamente se levantaron voces en el
Congreso de la República, la clase política del Valle y medios de comunicación
poniendo el grito en el cielo y reclamando contra lo que califican como un
“atropello” y un “acto de persecución del Gobierno Nacional”.
Sin
embargo, esas mismas voces, que en realidad están expresando una solidaridad de
clase entre burgueses, no se ha hecho sentir para reclamar soluciones
estructurales a la profunda crisis que afronta el Hospital Universitario del
Valle, por ejemplo.
No
se debe olvidar que los ingenios son patrocinadores de muchos políticos en sus
campañas electorales, y seguramente esperan ahora ser retribuidos con el apoyo
de los congresistas, una evidencia de lo cual es el reclamo de moción de
censura contra el Superintendente de Industria y Comercio.
Además,
no faltan quienes ahora estén llegando al absurdo de promover una
“independencia” del Valle del Cauca respecto de Colombia, como si las
diferencias entre las oligarquías de Cali y de Bogotá fueran de fondo, y no,
como ocurre realmente, circunstanciales.
Lo
más sintomático es que varios de los sindicatos patronales existentes en los
ingenios ya anunciaron, a través de RCN, cadena propiedad de empresarios del
azúcar, que realizarán “una movilización” y “paralizarán carreteras” si el
Gobierno no deroga esa medida.
Se
trata, pues, de la instrumentalización de los trabajadores al servicio de unos
empresarios que históricamente han violado sus derechos, que obtienen
billonarias ganancias con el monocultivo de la caña y que fueron conniventes
con la aprobación de los tratados de libre comercio.
Cali, lunes 12 de
octubre de 2015.
(*) Periodista
independiente, editor de los blogs PARÉNTESIS y ¡PERIODISMO LIBRE!
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